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Página 1 de 2  Muertes Intolerables Amnistía Internacional MÉXICO
Más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 137 presentan violencia sexual, reflejan una cruda realidad de la violencia que, según la información recibida por Amnistía Internacional, sufren las mujeres y las adolescentes en el Estado de Chihuahua desde 1993. A estas cifras hay que añadir alrededor de 70 jóvenes todavía desaparecidas, según las autoridades, y más de 400 según organizaciones no gubernamentales mexicanas. En su inmensa mayoría, mujeres jóvenes y de origen humilde son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas y dejadas en lotes abandonados junto con los escombros.
En algunos casos, sus restos son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después. En otras ocasiones las mujeres nunca son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero. Todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad. Suelen ser trabajadoras de las industrias maquiladoras de compañías multinacionales que dominan la economía de Ciudad Juárez, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. Muchas de ellas viven en circunstancias precarias, a veces con hijas e hijos que mantener. La respuesta de las autoridades durante los diez años ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación. La política de la desinformación y la falta de acceso a los expedientes han sido una constante. No se ha mostrado interés ni por sistematizar la información de los casos reportados ni por crear un registro de datos eficaz que facilite las investigaciones, la búsqueda y la sanción de los presuntos responsables de los crímenes. Amnistía Internacional ha documentado demoras injustificables en las investigaciones iniciales y una falta de seguimiento a pruebas o declaraciones de testigos que podrían ser esenciales. En otros casos, los exámenes forenses practicados han sido inadecuados, proporcionando información contradictoria e incorrecta a las familias sobre las identidades de los cuerpos, agravando así su dolor y alterando bruscamente su proceso de duelo. Las irregularidades también pasan por la falsificación de pruebas e incluso el presunto uso de la tortura para obtener información o confesiones de culpabilidad. En lugar de responder a las preocupaciones de las familias y las ONG y apoyar a los abogados en la búsqueda de la verdad y la justicia, en algunas ocasiones las autoridades han intentado desacreditar su trabajo o cooptar las organizaciones afectadas. Familiares y defensores de los derechos humanos han sido también blanco de hostigamientos por parte de individuos no identificados. En ninguno de los casos reportados, los responsables han sido identificados y llevados ante la justicia. También se tienen informes de familiares que han sido directamente advertidos para que desistan de sus esfuerzos de hacer justicia. En los últimos meses se informó en los medios que la Procuraduría General de la República (PGR) había aceptado varios casos por encontrar indicios de delitos federales, como el tráfico de órganos . Aunque la intervención de la PGR no garantice una investigación eficaz - porque en parte sufre de las mismas deficiencias que las procuradurías estatales- su participación podría contribuir a corregir los errores en las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades locales en estos casos. Sobre todo, es imprescindible que se reconozca la violencia contra la mujer y la discriminación que caracteriza el patrón y que las autoridades federales asuman su responsabilidad de asegurar que se hace justicia en todos los casos destinando todos los recursos necesarios. Por esa razón, es esencial que los mecanismos adoptados para garantizar la coordinación entre todas las instancias a nivel municipal, estatal federal e internacional para prevenir, sancionar y erradicar las desapariciones y asesinatos de mujeres sean eficaces y cuenten con la colaboración de familiares y las organizaciones no gubernamentales que las representan. El presente documento se centra en los casos de homicidios con violencia sexual y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua por ser la manifestación más alarmante de la violencia contra la mujer, y aborda la incapacidad de las autoridades mexicanas de tratar los casos en el contexto de un patrón de desapariciones y muertes de mujeres y niñas con características similares, negando a los familiares una respuesta debida y un remedio judicial efectivo. Examina el contexto en el que tienen lugar los crímenes y pone de relieve un número elevado de casos de violencia contra la mujer. A través de casos concretos, el informe proporciona un análisis de la falta de diligencia debida del Estado de prevenir, investigar y sancionar los crímenes. También expone las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, además de una serie de conclusiones. El informe concluye con un conjunto de recomendaciones que, en opinión de Amnistía Internacional, es necesario cumplir íntegra y eficazmente . . Este texto resume el documento "Muertes Intolerables- México: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua" publicado por Amnistía Internacional en agosto del 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org , y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico http://web.amnesty.org/ai.nsf/news . Para los documentos traducidos al español consulten la sección "centro de documentación" de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro .
Apéndice
México
Muertes Intolerables
10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez y Chihuahua
Capítulo 1: A las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua, ¿quién las protege?
Noche del 19 de febrero de 2001. A las 22:15 vecinos de un terreno baldío cerca de una maquila en Ciudad Juárez marcaron el 060 de los servicios de emergencia de la policía municipal para alertarles de que una mujer joven, aparentemente desnuda, estaba siendo golpeada y violada por dos hombres en un coche.
A la primera llamada no fue enviada ninguna patrulla. Después de una segunda llamada, acudió una unidad policial pero no llegó hasta las 23:25, demasiado tarde para intervenir. El coche ya se había ido.
Cuatro días antes, la madre de Lilia Alejandra García había reportado como desaparecida a su hija, de 17 años de edad, a la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Contra de la Familia. Lilia Alejandra, madre de un bebé y de un niño de tres años de edad, trabajaba en la maquiladora Servicios Plásticos y Ensambles. A las 19:30 de la noche anterior, sus colegas la habían visto caminar hacia un lote baldío sin iluminación, cerca de la fábrica. Lilia Alejandra cruzaba todos los días ese lote para tomar el camión rumbo a su casa. Pero esa noche no llegó a su destino.
El 21 de febrero fue hallado el cuerpo de una mujer joven en el terreno baldío cerca de donde se hizo la llamada de emergencia. Estaba envuelto en una cobija y presentaba señales de violencia física y sexual. La causa de muerte se determinó como asfixia por medio de estrangulación. El cuerpo de la mujer joven fue reconocido por los padres como el de Lilia Alejandra. El informe forense concluyó que llevaba muerta un día y medio y que permaneció en cautiverio al menos cinco días antes de su muerte.
Un informe de la Policía Municipal tomado a las 23:05 del 19 de febrero dice simplemente "reporte sin novedad". La identidad de la mujer que fue atacada ese día nunca se estableció ni se hizo un intento por investigar si existe una conexión entre ese incidente y la desaparición de Lilia Alejandra o cualquier otro caso. Las autoridades nunca investigaron la falta de reacción de la Central 060 de Emergencias de Ciudad Juárez. El lote baldío cerca de la empresa maquiladora continúa sin iluminación. Una pequeña cruz recuerda el lugar donde fue encontrado su cuerpo.
Más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 137 presentan violencia sexual, reflejan una cruda realidad de la violencia que, según la información recibida por Amnistía Internacional, sufren las mujeres y las adolescentes en el Estado de Chihuahua desde 1993. A estas cifras hay que añadir alrededor de 70 jóvenes todavía desaparecidas, según las autoridades, y más de 400 según organizaciones no gubernamentales mexicanas. La respuesta de las autoridades durante los 10 años ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación. La falta de voluntad de las autoridades, tanto del gobierno del estado de Chihuahua como de las instancias federales,(1) de asumir su plena responsabilidad de reconocer las dimensiones de este patrón e implementar políticas públicas efectivas ha dejado a la sociedad chihuahuense sin la debida protección que le corresponde y sin un remedio efectivo para las familias que han sufrido la pérdida de sus hijas, madres y hermanas.
"No merecemos este trato ni este dolor que sentimos todos los días, sólo estoy pidiendo que busquen a mi hija y que se haga justicia."(2)
No hay duda de que los homicidios con violencia sexual en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua son una de las manifestaciones más preocupantes y terribles de violencia contra la mujer. En su inmensa mayoría, mujeres jóvenes y de origen humilde son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas y dejadas en lotes abandonados junto con los escombros. En algunos casos, sus restos son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después. En otras ocasiones las mujeres no son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero.
Todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad chihuahuense, caracterizada de por si por altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana debido al narcotráfico y el crimen organizado que opera en la zona. Suelen ser trabajadoras de las industrias maquiladoras de compañías multinacionales que dominan la economía de Ciudad Juárez, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. Muchas viven en circunstancias precarias, a veces con hijas e hijos que mantener. Son mujeres que se ven obligadas a viajar solas recorriendo en autobús largas rutas que van desde las colonias pobres que rodean Ciudad Juárez hasta sus lugares de trabajo, estudio u ocio.
Los crímenes horrendos de mujeres y jóvenes secuestradas, posteriormente encontradas muertas con señales de violencia sexual, son quizás la cara más dramática y más publicitada de la violencia contra la mujer en el Estado de Chihuahua, que también incluye la violencia doméstica o el acoso sexual en la comunidad y en el ámbito laboral. Sin embargo, la violencia doméstica, aun existiendo un elevado número de casos, no fue tipificada como delito en la legislación estatal hasta hace tres años, y según informes, hasta la fecha, nadie ha sido sentenciado por este delito penal, indicando una reacción tardía y limitada de las autoridades ante las distintas manifestaciones de violencia contra la mujer.
El dolor de las familias que desconocen el paradero de las jóvenes y de las otras familias cuyas hijas luego son encontradas asesinadas de la forma más cruel no ha recibido la respuesta debida por parte del estado de prevenir, investigar y sancionar los crímenes. Ante esta actitud, han sido las mismas familias y las organizaciones no gubernamentales que las representan quienes han denunciado la actuación del estado y luchan para que se haga justicia. Han conseguido que el mundo conozca los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua y que las autoridades mexicanas tengan que rendir cuentas nacional e internacionalmente. La persistente lucha que han llevado a cabo las familias y las organizaciones de derechos humanos ha captado la atención e intervención de los diferentes mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( cidh ). Además han logrado que en su discurso público las autoridades hayan disminuido la abierta discriminación hacia las víctimas y sus familiares que caracterizó los primeros años de los crímenes. Sin embargo, esta presión todavía no ha derivado en la erradicación de los homicidios y las autoridades locales aún se resisten a reconocer las características comunes de los diferentes crímenes.
Con la constatación de nuevos homicidios, la presión local, nacional e internacional se ha multiplicado. Mientras tanto, a cada nuevo caso las autoridades locales anuncian el "fin del problema" con la detención de uno o varios presuntos responsables. Pero nuevos crímenes continúan llevando dolor a las familias y sembrando más temor entre la población, restando credibilidad a las acciones de las autoridades, que parecen más preocupadas por el impacto político que éstos puedan tener que por su responsabilidad de proteger a sus ciudadanas y garantizar la justicia. Además, las autoridades estatales actuales han eludido su responsabilidad para investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la anterior administración.(3)
Discriminación por razones de género
"Las mujeres que tienen vida nocturna, salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse".(4)
La discriminación ha sido un elemento persistente tanto en la naturaleza de los diferentes crímenes contra mujeres como en la respuesta dada por el Estado. La relatora especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( cidh), Marta Altolaguirre, hace hincapié sobre esta cuestión en su informe publicado en marzo de 2003.(5) Resalta que en 1993, ante el inicio de los crímenes con un determinado patrón, las autoridades reiteradamente culparon a las mismas mujeres de su desaparición o asesinato descartando la existencia de una situación excepcional. Asimismo, la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir, en su informe sobre México de 1999 señaló que: "La conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran «sólo» muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida."(6)
La discriminación no sólo se refleja en la violencia que sufren las víctimas, sino que presenta otras caras. La reacción de las autoridades ante la desaparición de las jóvenes, la forma con la que se investigan los asesinatos y los insuficientes programas de protección para prevenir los homicidios también presentan un trato discriminatorio. Además, el origen humilde de la mayoría de las mujeres asesinadas o que son reportadas como desaparecidas genera una discriminación de doble impacto: de género y de clase social.
En su informe, la relatora de la CIDH afirma: " La denegación de una respuesta eficaz se origina y se propaga en virtud de la percepción de que la violencia contra la mujer —el caso más elocuente es el de la violencia doméstica— no es un delito grave. La falta de una respuesta oficial eficaz forma parte del contexto más amplio de la discriminación. Para encarar los asesinatos se requiere necesariamente hacer frente a los problemas de mayor escala de la violencia y la discriminación basadas en el género, primero y principalmente a través de un pronto y eficaz acceso a la justicia ".(7)
Nada de esto ocurre en el estado de Chihuahua, donde las autoridades niegan la existencia de un patrón de violencia contra la mujer basada en la discriminación de género. Prueba de ello es la minimización de los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. La política de la desinformación y la falta de acceso a los expedientes han sido una constante. No se ha mostrado interés ni por sistematizar la información de los casos reportados ni por crear un registro de datos eficaz que facilite las investigaciones, la búsqueda y la sanción de los presuntos responsables de los crímenes.
En este contexto, la desconfianza que sienten los familiares y las organizaciones que trabajan en favor de las víctimas es comprensible. Sin embargo, las personas que más han alzado sus voces en contra de la versión oficial han sido blanco de intimidaciones y hostigamientos, sin que estos incidentes hayan sido esclarecidos y los responsables identificados. Además, frecuentemente el estado ha intentado desprestigiar ante la opinión pública a personas y organizaciones que luchan por la justicia y la verdad con el objetivo de marginalizar estas voces críticas, contribuyendo aún más a un escepticismo sobre la voluntad real de las autoridades de proteger los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.
En la mayoría de los casos de desapariciones de mujeres jóvenes, en particular durante las horas inmediatas a la desaparición, no hay testigos o evidencias claras de secuestro u otro delito. Sin embargo las familias, al desconocer el motivo de la desaparición y sabiendo el patrón que existe, están angustiadas. A pesar de esto, las autoridades se niegan a abrir una investigación penal ( averiguación previa ) para determinar si se ha cometido un delito penal como la privación de la libertad o el secuestro, ignorando la pauta que debe orientar la conducta del estado desde el principio. Aunque las autoridades aseguraron a Amnistía Internacional que se investiga un reporte de desaparición con la misma urgencia que una averiguación penal, según información recibida por la organización las investigaciones iniciales son deficientes en muchos aspectos y persiste la percepción de que la experiencia de diez años de desapariciones y homicidios similares no ha servido lo suficiente para agilizar y mejorar las investigaciones.
Precisamente, debido a que los homicidios sexuales en Ciudad Juárez, y desde 2000 en la ciudad de Chihuahua, presentan un patrón claro, cuando una joven desaparece los familiares temen que algo malo le pueda haber ocurrido. Desde el primer momento buscan información sobre su posible paradero a través de las amigas, con otras familias, en su colegio o en su lugar de trabajo. A medida que avanzan las horas y la joven continúa sin aparecer, los temores crecen. Saben que a veces, tal y como sucede en otras partes del mundo, algunas jóvenes se van de casa sin avisar y luego regresan de repente o son encontradas en otro lugar vivas y sanas. Sin embargo, también son conscientes de los casos en que las jóvenes han desaparecido sin ningún tipo de explicación, nunca más han vuelto a ser vistas o han sido halladas brutalmente asesinadas. Teniendo en cuenta estos antecedentes, aun sin saber si la desaparición es voluntaria o involuntaria, Amnistía Internacional considera que es un deber de las autoridades iniciar una investigación penal inmediatamente después de que se dan a conocer los hechos. Esta investigación debe contar con los recursos necesarios y voluntad política, debe estar integrada en los demás mecanismos de investigación del Estado y debe dar a las familias la posibilidad de actuar en plena coadyuvancia.(8)
La administración de justicia en México necesita una profunda reforma estructural para que sus procedimientos y capacidades de investigación tengan como finalidad reducir los altos índices de impunidad en todo tipo de crímenes, garantizar a las víctimas de delitos el pleno acceso a la justicia y un proceso justo al acusado que garantice sus derechos. Amnistía Internacional ha documentado durante décadas las deficiencias del sistema de justicia, en particular el papel preponderante del Ministerio Público, que le permite evitar rendir cuentas, sobre todo en la etapa de la averiguación previa.
Acto de solidaridad con las mujeres desaparecidas y asesinadas de Ciudad Juárez y Chihuahua organizado por las sociedad civil. © Guillermo Sologuren/LA JORNADA.
La organización también ha criticado este poder cuasi jurisdiccional que frecuentemente está al servicio del ejecutivo, dado que las Procuradurías Generales de Justicia forman parte del ejecutivo a nivel federal y estatal.(9) Sin embargo, aunque las deficiencias estructurales de la administración de justicia son endémicas, es notorio que, en casos que conllevan un alto costo político, las autoridades han logrado investigaciones efectivas, como ocurre en algunos casos vinculados al narcotráfico.
En el caso de la violencia contra la mujer, la discriminación en la administración de justicia se convierte en un elemento más de la impunidad. La justicia imparcial sin discriminación es todavía un sueño para la mayoría, tanto a nivel federal como estatal. Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua son una muestra clara del desafío que afrontan las autoridades mexicanas de reformar a fondo el sistema para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la justicia.
El hecho de que el estado no haya logrado esclarecer ni erradicar los crímenes contra las mujeres ha fomentado una profunda desconfianza hacia el aparato de justicia y la clase política. La falta de una respuesta transparente de las autoridades ha promovido especulaciones e hipótesis sobre qué es lo que hay detrás de los crímenes. Existen rumores de que se protege a los responsables, de la supuesta participación de narcotraficantes y otros elementos del crimen organizado, de la posible intervención de personas que residen en Estados Unidos, así como teorías sobre motivaciones satánicas, pornográficas y tráfico de órganos. Mientras la justicia no funciona, tales especulaciones se extienden.
Ante la impunidad reinante en la mayoría de los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua, los familiares y las organizaciones civiles han solicitado insistentemente que la Procuraduría General de la República ( pgr ) atraiga los casos y asuma responsabilidad en las investigaciones.(10) Durante años la pgr negó tal posibilidad por considerar que los asesinatos no presentaban delitos federales como el crimen organizado, lo cual implicaría su atracción, sino que se trataba de delitos de secuestro u homicidio cometidos por un particular, que son normalmente de competencia estatal.
En los últimos meses se informó en los medios que la pgr había aceptado varios casos por encontrar indicios de delitos federales, como el tráfico de órganos. Aunque la intervención de la pgr no garantice una investigación eficaz —porque en parte sufre de las mismas deficiencias que las procuradurías estatales— su participación podría contribuir a corregir los errores en las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades locales. Sobre todo, es imprescindible que se reconozcan la violencia contra la mujer y la discriminación que caracterizan el patrón y que las autoridades federales asuman su responsabilidad de asegurar que se hace justicia en todos los casos destinando todos los recursos necesarios. Por esa razón, es esencial que los mecanismos adoptados para garantizar la coordinación entre todas las instancias a nivel municipal, estatal, federal e internacional para prevenir, sancionar y erradicar las desapariciones y asesinatos de mujeres sean eficaces y cuenten con la colaboración de familiares y las organizaciones no gubernamentales que los representan.
El presidente Vicente Fox y su administración se han comprometido a promover la protección de los derechos humanos a todos los niveles, dentro y fuera del país. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta apertura y compromiso como un primer paso esencial para abordar seriamente muchas de las violaciones de derechos humanos en México. Los casos de mujeres asesinadas o desaparecidas de Ciudad Juárez y Chihuahua contienen muchos de los elementos que socavan la credibilidad de la administración de justicia y promueven la impunidad en el país. La división entre las autoridades municipales, estatales y federales es aprovechada por los partidos gobernantes en los diferentes niveles de la federación para sus propios intereses y para evitar la responsabilidad de abordar las violaciones de derechos humanos. Es un reto y un deber de las autoridades mexicanas superar estas deficiencias institucionales que promueven la impunidad y asegurar el cumplimiento efectivo de los principios establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales México es Estado parte.
Investigación de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha detectado una deficiente base informativa oficial con referencia a los casos de desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua. Por ese motivo decidió compilar la información en una propia base de datos desde la perspectiva de género y derechos humanos cruzando información de diversas fuentes: oficiales, no gubernamentales, judiciales, académicas y testimonios de familias afectadas. Las cifras que se presentan no pretenden ser definitivas sino un intento de cuantificar de la forma más precisa los datos que ponen de relieve la dimensión de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y más recientemente en la ciudad de Chihuahua. Mucha de la información se ha obtenido a través de las visitas realizadas por delegados de Amnistía Internacional al estado de Chihuahua y Ciudad de México en 2002 y 2003, a partir del testimonio de familiares de las víctimas, organizaciones de mujeres y de derechos humanos y entrevistas con autoridades locales y federales.
El presente documento se centra en los casos de homicidios con violencia sexual y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua por ser una de las manifestaciones más alarmantes de la violencia contra la mujer, y aborda la incapacidad de las autoridades mexicanas para tratar los casos de desapariciones y muertes de mujeres y niñas con características similares, negando a los familiares una respuesta debida y un remedio judicial efectivo. A través de casos concretos, el informe proporciona un análisis de la falta de la diligencia debida del Estado de prevenir, investigar y sancionar los crímenes. También expone las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, además de una serie de conclusiones. El informe concluye con un conjunto de recomendaciones que, en opinión de Amnistía Internacional, es necesario cumplir íntegra y eficazmente.
Capítulo 2: Las dimensiones del problema
"…Fuimos al trabajo, fuimos donde sus amigas, fuimos donde sus clientes. El lunes fui a la Fiscalía y no encontraron la hoja del reporte. Todos los días buscábamos y dijimos con otras madres y familiares de desaparecidos ¿qué vamos a hacer? [...] Fuimos a la Fiscalía, después a Atención a Víctimas y a todas esas partes [...] después camb iaron al procurador. åbamos e íbamos. Allá se quedó el expediente. Decían que no había líneas de investigación, pasó por muchos fiscales, pero no se llevó una investigación ni la búsqueda de ella tampoco.
Fuimos con el procurador, le pregunté por qué no la habían buscado, por qué no seguían las investigaciones y dijo que no había líneas de investigación, le dije sí hay. Le dije ustedes tienen nombres de las personas, ¿por qué no las han llamado a declarar? Me contestaron que ya habían hablado a donde los mandaron. Eso me decían a mí, como si estuvieran haciendo cosas, pero no estaban haciendo nada. Fuimos a Chihuahua, pedimos copias del expediente, ahí vimos que el proceso no se movió durante cuatro años y medio, ni buscaron a Silvia [...].
Fuimos con el gobernador, le dije lo que estaba pasando, le pregunté que si porque los hombres eran de los mismos no había derecho a castigarlos, me dijo no te preocupes, los vamos a mandar traer, te vamos a hacer justicia. A la siguiente vez que volvimos, nos dijo que por qué le pedimos justicia a él, que la fuéramos al anterior gobernador, así dijo y ya..."-
Evangelina Arce, madre de Silvia Arce, desaparecida el 12 de marzo de 1998
Cronología de 10 años de desapariciones y homicidios de mujeres
1993
12 de mayo de 1993. Localizado el cuerpo de una mujer no identificada [...] en las faldas del Cerro Bola [...] en posición de decúbito dorsal y vestido con pantalón de mezclilla con el zipper abierto y dicha prenda en las rodillas [...] herida punzo penetrante en seno izquierdo, escoriaciones en brazo izquierdo, golpe contuso con hematoma a nivel maxilar y a nivel de pómulo derecho, escoriación en mentón, hemorragia bucal y nasal, escoriación lineal cerca del cuello, de tez morena clara, 1,75 cm, pelo castaño, ojos grandes color café, 24 años, brasiere blanco por encima de los senos. Causa de muerte asfixia por estrangulamiento .(11)
Entre mayo y octubre se encuentran 10 cuerpos de jóvenes con huellas de violencia, entre ellos el de Mireya Hernández .
Se registra un total de 25 mujeres asesinadas, la tercera parte presenta características de violencia sexual.
1994
Se conocen los casos de al menos siete mujeres violadas, varias estranguladas y una incinerada.
Se encuentra el cuerpo de una niña de 12 años, vista por última vez cuando se dirigía a una parada de transporte público en el centro de la ciudad.
Cinco hombres son señalados presuntos responsables y consignados.
1995
Se disparan las cifras de asesinatos. Las organizaciones locales registran al menos 42 casos de homicidios,(12) 18 casos presentan huellas de violencia sexual.
Entre agosto y noviembre se encuentran ocho cadáveres. Se identifica a Elizabeth Castro , obrera de la maquila, de 17 años, desaparecida desde el 14 de agosto anterior. Su cuerpo es hallado con las manos atadas con las cintas de sus zapatos. Fue violada y estrangulada.
El 22 de agosto se localiza la osamenta de Angélica Márquez Ledezma, de 16 años. El día en que desapareció fue a buscar trabajo a una maquila con su esposo. Nunca regresó a su casa. Junto con Angélica Márquez se encuentra el cadáver de una mujer que quedó sin identificar.
Silvia Elena Rivera , de 16 años, es encontrada muerta el 1 de septiembre en Lote Bravo. Ocho días después se encuentra el cuerpo de Olga Alicia Carrillo , de 20 años, en Zacate Blanco. La autopsia revela mordeduras y amputaciones de la mama izquierda y amputación parcial del pezón por mordedura, posiblemente humana.
Se encuentran los cadáveres de Adriana Torres , de 15 años, Ignacia Morales y Cecilia Covarrubia , de 16 años. Cecilia había desaparecido con su bebé, quien continúa desaparecida.
1996
Entre marzo y abril son encontrados ocho cuerpos en Lomas de Poleo, un sector despoblado en la periferia desértica de la ciudad. Entre ellos, los cadáveres semidesnudos de Verónica Guadalupe Castro , de 16 años, muerta de heridas con arma blanca, quien apareció atada de manos con una cuerda de zapatos, y Rosario García Leal , de 17 años, estrangulada. Los otros seis cuerpos restantes no fueron identificados.
En el segundo semestre aparece el cuerpo de Sandra Juárez , de 17 años, originaria de Zacatecas. Había conseguido un trabajo como obrera de la maquiladora CENECO, donde debía presentarse el 8 de julio. Apareció estrangulada en una zona de Río Bravo.
El 10 de agosto se descubre el cuerpo de Sandra Ivette Ramírez , de 14 años, trabajadora de la maquila.
Tres meses después, el 14 de noviembre, es encontrada muerta en un barranco Leticia García Rosales , de 35 años. En diciembre desaparecen Brenda Lizeth Najera , de 15 años, y Susana Flores , de 13 años. Las dos son encontradas muertas con huellas de violencia sexual y de tortura.
En este año 43 mujeres son asesinadas y 19 casos presentan violencia sexual.
1997
Entre marzo y abril una mujer desaparece y 10 son asesinadas, seis de ellas con signos de violencia sexual, desnudas o semidesnudas. Se identifican los cuerpos de Cinthia Rocío Acosta , de 10 años, Ana María Gardea de 11, Maribel Palomino de 19, Silvia Guadalupe de 19 y Myriam Aguilar de 16.
Cinco jóvenes son halladas muertas en el último trimestre del año. Se identifica a Marta Gutiérrez y Plancarte.
El 13 de octubre María Ester Afarro es hallada muerta, semidesnuda, en los campos de fútbol de PEMEX. En noviembre se encuentra en un terreno baldío a Erendira Buendía Gómez , de 19 años. Presenta señales de estrangulamiento y violencia sexual.
Este año, al menos 16 mujeres de un total de 37 son asesinadas con violencia sexual.
1998
Se cometen 38 homicidios contra mujeres, 17 de los cuales presentan violencia sexual.
El 3 de enero se encuentra el cadáver de Jessica Martínez Morales , de 13 años, en el cauce de un arroyo. Había desaparecido la Navidad anterior. Según informes, murió 12 horas antes de ser encontrada.
El 11 de marzo desaparece Silvia Arce . No ha vuelto a ser vista desde entonces.
El 13 de marzo Argelia Irene Salazar , de 22 años, obrera de la maquiladora Mallinckrodt Medical , desapareció cuando iba a trabajar a las seis de la mañana. Su cuerpo semidesnudo es encontrado el 21 de abril bajo un puente de las vías de tren.
En julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la Recomendación 44/98 después de realizar una investigación. Concluye responsabilidad por negligencia y omisión culposa a varios niveles de las autoridades judiciales, estatales y municipales.
En septiembre se encuentra el cuerpo de Hester van Nierop , una joven turista holandesa que se había desplazado a Ciudad Juárez. Fue hallada muerta bajo la cama de un cuarto de un hotel. Según informes estaba semidegollada.
Se crea la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres (FEIHM).
1999
El 17 de febrero Irma Rosales , de 13 años, obrera de la maquila, es encontrada muerta por asfixia. Había sido violada.
El 17 de marzo, Nancy Villalba , de 14 años, obrera de la maquiladora Motores Eléctricos , sobrevive a un ataque sexual. Su captor era el chofer de un bus de transporte de la empresa maquiladora donde ella trabajaba. Después de ser asaltada, la abandonó creyéndola muerta. El individuo fue detenido días después.
De un total de 28 asesinadas, nueve presentan violencia sexual.
2000
El fenómeno de desapariciones y homicidios con violencia sexual de mujeres jóvenes se extiende de Ciudad Juárez a la capital del estado, Chihuahua. En mayo las familias denuncian la desaparición de Myriam Cristina Gallegos , de 17 años, y Jacquelín Cristina Sánchez Hernández , de 14 años. Jacquelín es encontrada al día siguiente muerta, semidesnuda, entre los matorrales de un arroyo. Myriam continúa desaparecida hasta la fecha.
El 25 de julio Irma Márquez , obrera de la maquiladora Electromex , Ciudad Juárez, salió de su trabajo pero nunca llegó a su casa. Su familia la reportó como desaparecida. Su cuerpo es hallado un día después dentro de una bolsa de plástico en un terreno baldío con huellas de violación y cuatro puñaladas. El presunto autor es consignado.
El 19 de octubre se reporta la desaparición en Ciudad Juárez de Verónica Martínez , de 18 años, obrera de la empresa maquiladora Motores FASCO.
Este año se encuentran 39 mujeres asesinadas, nueve con violencia sexual.
2001
En la ciudad de Chihuahua entre febrero y marzo Rosalba Pizarro, Minerva Teresa Torres, Julieta Marleng González y Yesenia Concepción Vega , todas entre 16 y 18 años, desaparecieron. Sus familiares no las han vuelto a ver.
Cerca de Ciudad Juárez, el 21 de febrero es hallada muerta Lilia Alejandra García Andrade , de 17 años, obrera de la maquila. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija y se determina como causa de muerte asfixia por estrangulamiento.
El 10 de octubre Claudia Ivette González Banda , de 20 años, obrera de la maquiladora LEAR 173 , es reportada como desaparecida después de que no la dejaran entrar al trabajo por llegar dos minutos tarde. El 29 de octubre, Brenda Esmeralda Herrera Monreal , de 15 años, es vista por última vez.
El 6 y el 7 de noviembre se encuentran ocho cuerpos frente a la sede de la Asociación de Maquiladoras (AMAC) en un antiguo campo algodonero que está situado a cien metros de ejes viales muy transitados. El hallazgo conmociona a la opinión pública. Cientos de personas en Ciudad Juárez realizan una protesta masiva y un acto simbólico en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Ocho cruces recuerdan a las jóvenes ( véase fotografía portada )
El 14 de diciembre más de 300 organizaciones de mujeres, sociales y de derechos humanos, incluyendo las principales ONG mexicanas y grupos de mujeres y familiares en Ciudad Juárez y Chihuahua, se unen para lanzar la campaña "Alto a la Impunidad, ni una muerta más".
Se reportan un total de 51 casos, 22 de los cuales son homicidios sexuales.
2002
El 25 de enero unos niños encuentran el cuerpo de Merced Ramírez Morales , trabajadora de la maquila Admeco en las faldas del Cerro Bola. Murió después de ser atacada sexualmente.
El 22 de septiembre se halla una osamenta femenina con una bata azul de la maquiladora FASCO en la entrada del Parque Industrial Juárez. Informes preliminares señalaron que llevaba muerta alrededor de 12 meses.
En octubre se descubren en el Cerro Cristo Negro una osamenta y un cadáver semidesnudo, ambos de unos 18 a 20 años. Meses después, al parecer, se confirma que pertenecen a Teresita López y Gloria Rivas Martínez .
En la ciudad de Chihuahua, el 2 de marzo Paloma Angélica Escobar , obrera de la maquila Aerotec y estudiante, es reportada como desaparecida. Un mes después se encuentra su cadáver con señales de violencia sexual y estrangulamiento en un arroyo en la carretera a Aldama.
En la misma ciudad, Bianca Socorro Quezada Pérez , de 17 años, y Yesenia Barraza , de 15 años, también son reportadas como desaparecidas el 1 de abril.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta medidas de protección para las esposas de dos detenidos, que presuntamente fueron torturados, el abogado defensor y una defensora local de derechos humanos. Habían recibido amenazas e intimidaciones.
De un total de 43 asesinatos de mujeres, al menos ocho presentan violencia sexual.
2003
En marzo, la relatora especial de la CIDH sobre los Derechos de la Mujer, Marta Altolaguirre, presenta el informe "Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación".
Esmeralda Juárez Alarcón , de 16 años, trabajadora de la maquila Venusa , es encontrada muerta el 17 de febrero. Había sido vista por última vez el 8 de enero. Se encuentra su cadáver junto a los de Violeta Mabel Alvídrez , de 18 años, y Juana Sandoval Reyna , de 17 años, reportadas como desaparecidas desde el 4 de febrero de 2003 y el 23 de septiembre de 2002, respectivamente.
El 28 de mayo Marcela Viviana Rayas , de 16 años, es encontrada muerta en un lugar solitario cerca de la ciudad de Chihuahua. Sus familiares habían denunciado su desaparición el 16 de marzo.
El 14 de julio aparecen en la ciudad de Chihuahua los restos de otra mujer. Según informes el cuerpo podría corresponder a Neyra Azucena Cervantes, 19 años de edad, aunque la identidad no ha sido totalmente confirmada por la familia.
Ciudad Juárez: Puerta hacia el norte
"Tengo aquí nueve años buscándoles una vida mejor a mis hijos. Mi hija había terminado su secundaria y quería seguir estudiando. Tenía dos semanas que había comenzado a trabajar. Mi hija se fue a trabajar. De ahí no sé si mi hija tomó la ruta, pero nadie supo dar razón."(13)
Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, es uno de los 67 municipios de Chihuahua, el estado más grande del país. La ciudad está situada en el desierto y separada del vecino del norte, Estados Unidos, y la ciudad de El Paso por el Río Bravo. Hoy es la ciudad más poblada del estado de Chihuahua con 1.220.000 habitantes. Su ubicación le ha permitido un desarrollo económico importante pero también ha atraído al crimen organizado, en particular el narcotráfico, que ha generado altos niveles de violencia.
A mediados de los años sesenta el Estado mexicano adoptó el Programa de Industrialización de la Frontera Norte, creando las condiciones necesarias para la instalación en la zona de empresas ensambladoras de productos de exportación, las llamadas maquiladoras . Desde entonces las relaciones económicas entre Estados Unidos y México se han estrechado. Las ventajas ofrecidas a las empresas para establecer fábricas en la zona ha supuesto que una gran cantidad de compañías transnacionales se instalen para aprovechar las condiciones favorables, incluyendo mano de obra barata, impuestos muy reducidos o inexistentes, el patrocinio político y sólo unas normas reguladoras mínimas.
El crecimiento vertiginoso de la actividad maquiladora en la zona de Ciudad Juárez se aceleró con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con sus vecinos del norte en 1994 y se extendió al interior de México, incluyendo la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, la recesión mundial a partir del 2000 ha tenido un impacto severo en la zona.
Como uno de los efectos de la globalización económica, también experimentado en otras regiones del mundo, la rentabilidad de la industria maquiladora de Ciudad Juárez en gran parte se sustenta sobre los bajos salarios de los empleados en comparación con los de Estados Unidos y otros países desarrollados. Sin embargo, dentro de México, la posibilidad de obtener un sueldo comparativamente superior a otros ha convertido la industria de la maquila en un fuerte imán que atrae a un gran número de personas de otras partes del país, golpeadas por la pobreza a causa de las crisis económicas y la reestructuración industrial, en busca de trabajo o como primer paso antes de intentar entrar en Estados Unidos.
Durante muchos años las mujeres han representado la mayoría de la fuerza de trabajo en las maquilas, aunque actualmente esta situación se ha reducido al 50 por ciento.(14) Sobre el papel de las maquiladoras en la sociedad juarense , la relatora especial sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH recuerda al estado mexicano que "es responsable de garantizar que las maquilas cumplan sus obligaciones legales frente a sus trabajadores, y también tiene un rol especial de alentar a que las maquilas inviertan en mecanismos de respaldo para los trabajadores y comunidades que los sirven, y para ayudarlos a canalizar esas inversiones en pro del bien público".(15)
Amnistía Internacional pide a las empresas que adopten una política explícita de derechos humanos. Ésta debe ponerse en práctica a todos los niveles de la empresa y debe aplicarse a compañías filiales y asociadas, socios y subcontratistas. En el contexto de Ciudad Juárez, donde existe un patrón de violencia contra la mujer que afecta a muchas empleadas, la organización considera que las maquiladoras deben preocuparse por la seguridad de sus empleadas dentro y fuera de sus instalaciones. En particular, las empresas deben promover e invertir en la mejora del alumbrado público y en la seguridad para sus empleados en el servicio de transporte para ir y regresar del trabajo. Aunque las autoridades tienen la responsabilidad de mejorar el entorno social de todos los habitantes, las maquilas deben usar su influencia y colaborar con las autoridades en la mejora de la seguridad pública y el esclarecimiento de los crímenes de género. Amnistía Internacional ha sido informada de que la gerencia de algunas maquilas está promoviendo talleres para concienciar a sus empleados sobre la problemática de la violencia contra la mujer. Amnistía Internacional acoge con satisfacción estas iniciativas e insta a las compañías a extenderlas y contar con la plena participación de las organizaciones de mujeres.
Según cifras oficiales del año 2000, el 43 por ciento de los habitantes de Ciudad Juárez llegaron allí como migrantes, generando una población flotante muy alta. Esta población ha creado su propio espacio en la ciudad, en lugares desfavorecidos en los que se refuerzan mutuamente la pobreza, el deterioro de la vivienda y los servicios urbanos, la criminalidad y la degradación ambiental. La polarización social y urbana dio como resultado una ciudad de fuertes contrastes. En un extremo se observan ciertos enclaves ricos y en el otro, zonas muy pobres y deterioradas. El paisaje urbano es una mezcla de grandes sectores industriales y centros comerciales, áreas con todos los servicios, vías pavimentadas y arboladas, con enormes lotes baldíos, caminos sin pavimentar, desierto, pequeños caseríos rodeados de basurales y calles anónimas sin ningún tipo de mobiliario urbano. La marginalización de esta parte de la población constituye un grave obstáculo para los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez si se tiene en cuenta que las víctimas de la violencia contra la mujer pertenecen en su gran mayoría a los sectores más vulnerables.
Un gran número de mujeres jóvenes llegan a Ciudad Juárez provenientes de zonas rurales o pequeños pueblos de todas partes de México. Son mujeres humildes que migran y se enfrentan a los numerosos riesgos que comporta vivir en una sociedad urbana industrializada, caracterizada por altos niveles de delincuencia común y crimen organizado.
Violencia generalizada y violencia de género
"Si bien Ciudad Juárez, como localidad, padece dificultades especiales, incluidos altos niveles de violencia que afectan a hombres, mujeres y niños, los niveles de violencia contra la mujer y la impunidad que subsiste en la mayoría de los casos muestran que aún no se han adoptado medidas eficaces con respecto a las dimensiones de género de esta violencia."(16)
Desde 1993 las cifras de homicidios en general aumentaron considerablemente en Ciudad Juárez, convirtiéndose en una de las ciudades con los índices de violencia más altos de México. El gran número de asesinatos de hombres se relaciona con el impacto del narcotráfico en el estado y la crisis económica. Precisamente, la presencia del narcotráfico y otros elementos del crimen organizado en esta ciudad fronteriza creció vertiginosamente durante ese periodo, generando un clima de inseguridad y corrupción.(17)
Aunque los homicidios en general aumentaron a partir de 1993, los asesinatos de mujeres se cuadriplicaron mientras que los de hombres se triplicaron. En 1985, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por cada 10 homicidios de hombres uno era de mujeres; una década después, por cada seis asesinatos de hombres había uno de mujeres. En el mismo periodo, el Distrito Federal de la Ciudad de México se mantuvo con la misma proporción que en 1985. A partir de 1997, INEGI no ha publicado estadísticas de víctimas de homicidio separadas por género, dificultando el proceso de comparación. Sin embargo, como queda expuesto en la cronología, los niveles de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez se han mantenido altos durante la última década y sin grandes fluctuaciones.
Aunque los homicidios de mujeres se pueden atribuir a una gran variedad de motivos y de perpetradores, muchos casos demuestran características comunes que indican que se trata de violencia de género; es decir, el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida y la respuesta de las autoridades a ella. Por tanto, a pesar de que el cuadro general de violencia en la comunidad de Ciudad Juárez y de Chihuahua afecta a hombres, mujeres y niños, el estudio de los asesinatos y las desapariciones de mujeres permite vislumbrar un patrón de violencia contra la mujer, es decir, violencia con claras dimensiones de género.
La Violencia contra la Mujer
"Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado."
"Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica [...].
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra."
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará") (arts. 1 y 2)
Las normas internacionales sobre violencia contra la mujer afirman que esta violencia "tiene sus raíces en las relaciones históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, y es uno de los mecanismos sociales cruciales por el cual las mujeres son obligadas a permanecer en un lugar subordinado en comparación con los hombres". La violencia contra la mujer es reconocida como una forma de discriminación contra la mujer "que impide total o parcialmente el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales".(18)
La violencia contra la mujer se manifiesta de distintas formas y en distintos contextos. Los asesinatos de Ciudad Juárez y Chihuahua incluyen una proporción significativa de casos en el contexto de la violencia doméstica e intrafamiliar. La relatora especial de la CIDH destaca en su informe: " El asesinato de mujeres está estrechamente vinculado con, y sufre la influencia de la prevalencia de, la violencia doméstica e intrafamiliar ".(19) El hecho de que el estado admitiera la violencia familiar como delito específico hace sólo tres años indica una resistencia a reconocer la gravedad de este fenómeno y su relación con los otros asesinatos de mujeres.
Actualmente, las autoridades distinguen entre homicidios "seriales" y "situacionales". Dentro de esta segunda categoría se incluyen los que el estado califica como "crímenes pasionales", los relacionados con el narcotráfico o con asaltos, delitos sexuales, peleas, violencia intrafamiliar, actos de venganza y homicidios culposos o por móviles desconocidos. Sin embargo, esta clasificación no permite determinar hasta qué punto el género de la víctima tuvo que ver en estos asesinatos. Sin determinar este elemento es difícil que el Estado pueda diseñar estrategias de investigación y mecanismos de prevención.
En el presente informe Amnistía Internacional enfoca su investigación y recomendaciones sobre los casos de secuestros y asesinatos con violencia sexual,(20) por ser la manifestación más extrema de la violencia contra la mujer y de la impunidad, aun reconociendo que los casos de homicidios con características distintas merecen una respuesta integral del estado, en particular una investigación pronta, exhaustiva e imparcial. El informe hace hincapié en el hecho de que la violencia contra la mujer y la falta de actuación efectiva del estado para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los crímenes son manifestaciones de la discriminación contra la mujer. Por lo tanto, para combatir este tipo de violencia se requieren políticas públicas basadas en una perspectiva de género, es decir una perspectiva sensible a las múltiples formas en las que se manifiesta la discriminación en la perpetuación de estos crímenes.
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