Título Primero Política Interior

Capítulo I Soberanía, Política y Gobernabilidad.

I. Lo Básico. Para el PRI es importante vislumbrar el futuro con la energía y la imaginación imprescindibles, a fin de cumplir con las exigencias del postulado síntesis de su ideario: Democracia y Justicia Social; hacerlo supone reconocer el pasado y efectuar el balance de la actuación que realizó en la conducción política de México. Sin complacencias, con una gran responsabilidad hacia el pasado y el mayor compromiso con el futuro, el PRI presenta su perspectiva del país.  La labor del Partido debe ser evaluada y proyectarse en lo que es su esencia: la representación de intereses populares, la defensa de la democracia y la justicia social y el ejercicio del poder público para llevar adelante las mejores causas de la Nación Mexicana.

Pensar el poder es pensar la política, es reflexionar y analizar el Estado como la expresión más acabada de aquéllos.

La política entendida como acuerdo, instrumento para la representación de aspiraciones, diseño de vías, medios y acciones que integren los anhelos diferentes y a veces en conflicto de la sociedad; el poder concebido como la capacidad para la conducción política, la cualidad para que las decisiones puedan ser llevadas a la práctica, y el Estado definido como la expresión de la sociedad políticamente organizada, el espacio de la institucionalización del poder, desde el que se orientan los destinos colectivos. Por ello el Estado es, a la vez, orden y movimiento.

La tarea de gobierno asumida como acción del régimen político para emprender y realizar programas, políticas y cumplir sus fines, y que define a la gobernabilidad como la capacidad de acción efectiva en el marco de la división de los poderes y de su interacción armónica.

El Estado Mexicano es el resultado de las luchas sociales de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución. Estas luchas permitieron edificar la soberanía, rescatar los recursos naturales del país para usufructo de los mexicanos, promover el desarrollo y la distribución equitativa de sus beneficios, así como proporcionar una educación laica y gratuita, y fortalecer las identidades locales y regionales en la unidad nacional.

El poder máximo que integra a una comunidad, y que no admite subordinación es la soberanía; de ahí su calidad imbatible. La soberanía otorgó a los Estados capacidad de dominio y a los pueblos la voluntad para decidir el sentido del mandato que confirieron. Se estableció, así, un vínculo indisoluble entre Estado, Nación y soberanía. Las naciones se dieron Estados y los Estados expresaron y moldearon naciones.

La facultad de expedir y derogar las leyes es inherente a la soberanía. Ley y poder formar parte de un diálogo inacabable que tiene lugar en el Estado, de modo que la Constitución es la máxima expresión de la soberanía popular, y el poder la capacidad de hacerla cumplir, impulsando el desarrollo de la justicia.

La Independencia nacional es la manifestación externa de la soberanía; hacia el interior significa la unidad del poder, que para alcanzarse requirió del acuerdo que resolviera la forma de integración nacional en el escenario de pugna entre centralistas y federalistas, entre un Estado unitario y un Estado Federal.

El triunfo del federalismo con la Reforma de 1857, creó un régimen republicano democrático, representativo y federal, a pesar de que en los hechos no siempre fue respetado. La Constitución de 1917 reiteró este mandato, afirmó la vocación federal mexicana y tiene su respaldo en el actual rostro de la República.

En la soberanía de las entidades federativas se asienta nuestro federalismo, que significa división del ejercicio de atribuciones entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Los Estados de la Unión son soberanos en lo concerniente a su capacidad de darse leyes y hacerlas cumplir en el ámbito de su territorio; crearon el Estado Federal para unirse frente al exterior y de conformidad con la ley suprema expresada en la Constitución General de la República, configurando una Nación.

El espíritu fundacional de nuestro federalismo es un llamado a saldar las deudas que se tienen para impulsar las grandes capacidades de los estados para su desarrollo. Se requiere un diálogo que vaya de los Estados a la Federación y no a la inversa; se requieren superar los vestigios centralistas que se mantienen y que deben ser erradicados para reconstruir las bases del auténtico desarrollo nacional en la fuerza del pacto federal y en la integración de sus regiones.

La Constitución dividió el ejercicio del poder, a fin de establecer límites y disminuir el riesgo de los abusos. Así, se logró combinar el propósito de crear una institución depositaria de la soberanía y que dé cauce a la Nación que representa, con el máximo poder, pero con un desempeño sujeto a equilibrios, automoderado y garante de la soberanía de las entidades federativas, de la autonomía de los municipios y de las libertades de los ciudadanos.

México surge como actor de la comunidad mundial, forjado por la idea de construir una Nación; para ello, hizo ejercicio de soberanía, que fue el medio para lograr dominio territorial y unidad en esa geografía y se dio un Estado.

La lucha social de 1810 fue por la Independencia, la soberanía y el nacionalismo; aparece así el primer afluente que daba lugar al Estado Mexicano.

La lucha social de 1857 fue por el liberalismo constitucional, que se propuso culminar las batallas contra las sobrevivencias del antiguo orden colonial; consolidar, hacia el interior, la soberanía del Estado frente a poderes fácticos que le disputaban el dominio e impedían la universalidad de la ley sobre fueros e intereses particulares. Surge ahí la gran conquista del Estado laico y se crean las condiciones para que el ciudadano pudiera manifestarse libre de tutelas en la vida de la República, y conformar la sociedad civil con su caudal de iniciativas y libertades. Este es el segundo gran afluente del Estado Mexicano.

La lucha social de 1910 conforma el Estado vigente, cuya característica es la síntesis de las afluentes de 1810 y 1857, que amalgamaron los afanes de independencia, soberanía, nacionalismo y liberalismo; también sumó, por vez primera en el mundo, las reivindicaciones sociales de campesinos, obreros e indígenas.

La Constitución de 1917 culmina ese ejercicio integrador para dar lugar al Estado Mexicano, con los rasgos que le son propios. Ahí se conjugan, de manera inédita, la soberanía con el dominio de los recursos naturales y la propiedad originaria de los bienes de la Nación; el diálogo entre libertad y justicia; entre democracia y justicia social. México sorprende al mundo con un arreglo político de vanguardia, expresado en la Constitución y en su Estado.

El Estado que surge en 1917 carecía de una fuerza política organizada para hacer realidad los postulados y el ideario que se había forjado a lo largo de la Revolución.

Hubo de transcurrir una década de lucha por el poder en circunstancias que se desenvolvían con la amenaza de la inestabilidad. Los hombres fuertes resolvían las disputas con instituciones en incipientes vías de consolidación

El Partido Nacional Revolucionario (PNR), surge en 1929 para dirimir la lucha por el poder, darle cauce y asegurar su transmisión pacífica, y pugnar por la continuidad del proyecto revolucionario. El PNR se asocia deliberadamente a la doctrina de la revolución y se asume como su intérprete, pero no hace de ella un proyecto totalitario que eliminara a los que diferían o a los que se oponían a ella.

La capacidad cohesionadora del PNR como un partido de partidos que integra y asocia a los principales líderes y fuerzas revolucionarias, le otorgó un dominio sin rivales de consideración; ganaba con ello un diseño para la aplicación del proyecto revolucionario que impulsó y legitimó su larga permanencia en el poder.

El predominio fue acompañado de grandes conquistas sociales, estabilidad, crecimiento económico y transformaciones del propio partido que, en 1938, se caracterizaría por su asimilación con las organizaciones sociales de obreros, campesinos y, más tarde, con los profesionistas, comerciantes, maestros, empleados gubernamentales, jóvenes y mujeres. En 1946, el PRI conforma una estructura que vincula las organizaciones sociales con la dirigencia territorial como una forma de producir acuerdos internos.

Los esfuerzos del PRI se encauzaron hacia la creación de instituciones para cumplir con las exigencias de la democracia y la justicia. Ese camino obligó a la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades en un contexto siempre sujeto a la polémica, en la que se inscribe toda acción política.

Sin duda, siempre se hubiera deseado hacer más y así alcanzar estadios más elevados para la democracia y el desarrollo social. Pero el ejercicio de la política, si bien se inspira en ideales y valores, se enfrenta a las realidades, resistencias y obstáculos que limitan los avances, de tal suerte que la perseverancia en los altos propósitos y el deseo de crear mejores posibilidades es lo que abre el camino. El PRI lo intentó y en el balance de los claros y obscuros tuvo conquistas incuestionables: la estabilidad, que nos puso a salvo de asonadas y fracturas que fueron comunes en todo el continente; la infraestructura para el desarrollo social, que hoy sostiene la base institucional para el otorgamiento de servicios como la salud, la educación y la proeza del reparto agrario; la democracia, que permitió consolidar un régimen plural y competitivo.

Los priístas tenemos que reafirmar, con orgullo, la hazaña de México en el siglo XX, y en ella nuestras aportaciones y, también, las insuficiencias que habrán de ser experiencias a superar con las transformaciones que habremos de emprender como Partido.

Ante el balance entre la historia y el proyecto hacia el futuro, el PRI consolidará un nuevo pacto interno de unidad, que deberá proyectarse hacia la sociedad como una convocatoria amplia a los nuevos acuerdos sociales.

II. Posiciones partidistas.

Soberanía

El Partido Revolucionario Institucional sostiene que la soberanía es indeclinable, que no admite subordinación. Corresponde a las mexicanas y mexicanos exigir la defensa de los principios constitucionales vigentes que la definen. La autodeterminación y la no intervención, deben ser los ejes rectores de la soberanía nacional. Por ello, en todos sus ámbitos, la soberanía debe defenderse como lo marca nuestra Constitución.

El Partido promoverá frente a la sociedad y entre sus bases y sectores, la importancia de la soberanía; se propone defenderla dentro de las entidades federativas y los municipios, como parte fundamental y directa del desarrollo de las comunidades, para que dentro del pacto federal la realicen y ejerzan cabalmente, desplegando así todas sus potencialidades.

El municipio debe afirmarse como un ámbito autónomo para el ejercicio del poder público, que defina al Ayuntamiento como su órgano de gobierno.

El PRI se propone defender la soberanía de la Nación y de los Estados, para que la conducción del país se lleve a cabo con base en la democracia y la justicia social. Sin justicia social, no puede haber una gobernabilidad duradera. Es por ello necesario que la representación popular, que entraña dicha soberanía, sea plena y reconsidere las complejas relaciones que hasta ahora existen entre la sociedad, el mercado y la Nación. El papel del Partido debe centrarse en abanderar la vigilancia permanente de las acciones de gobierno y exigir el cumplimiento de los postulados contenidos en la Constitución General de la República.

Los priístas debemos atender prioritariamente la equitativa distribución de la riqueza; propugnar por el fortalecimiento de los valores que nos han dado unidad como Nación, y encontrar un espacio en el que podamos establecer el vínculo entre globalidad y nuevos fenómenos tecnológicos y de información. El PRI no concibe la soberanía sin responsabilidad política.

La soberanía debe contemplar tanto los diversos aspectos que entraña la conservación de nuestra dignidad como Nación, como aquellos que preservan, con decisión, nuestra incorporación al concierto de naciones en el contexto de la globalidad.

Los priístas encabezamos la defensa del pleno dominio de la Nación sobre los recursos naturales y reclamamos del gobierno el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, particularmente con relación a los hidrocarburos, así como de la respectiva ley reglamentaria y sus reglamentos. La inversión social y privada deberá promoverse dentro del marco regulatorio vigente.

El Partido Revolucionario Institucional, a través de los integrantes del Senado de la República que emanen de sus filas, vigilará permanentemente que los acuerdos internacionales afirmen la soberanía nacional.

El PRI afirma que el sostenimiento de los espacios de libertad y ejercicio político pleno de la Nación requieren del compromiso y la cada vez mejor actuación de las fuerzas públicas encargadas de garantizar el orden y la seguridad públicos. La seguridad nacional debe volverse una prioridad en el ámbito de la coyuntura actual, ya que en los tiempos que corren nuestro país está enfrentando, también, a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

En el terreno de lo militar, el PRI se pronuncia por que las fuerzas armadas se continúen actualizando tanto en lo profesional como en su régimen jurídico, con objeto de preservar lo más importante de la sociedad: el disfrute pleno de sus libertades y garantías, de forma que siempre tengan la capacidad de defender la soberanía nacional, a partir de la probada y acendrada lealtad institucional de sus miembros.

El PRI rechaza cualquier calificación o certificación, otorgada por otro país o cualquier instancia internacional, sobre asuntos que son de nuestra competencia. Los priístas entendemos a la soberanía como el factor primordial que une al pueblo de México y nos pronunciamos por la vinculación de nuestro país a la economía mundial, con apego a los principios de independencia, coexistencia pacífica, corresponsabilidad y cooperación mutua entre las naciones.

El PRI entiende que los conceptos de soberanía nacional, seguridad nacional y desarrollo se encuentran íntimamente vinculados, por ello la seguridad nacional reviste una importancia estratégica para el país.

México es un país privilegiado por su ubicación geográfica. Además de contar con una gran extensión de tierra, rica en recursos naturales, se encuentra entre los dos océanos más grandes del planeta, situación que le facilita el incremento de las relaciones directas económicas, políticas y culturales con los países de Europa y Africa por el oriente, y de Asia y Oceanía por el Occidente.

Nuestro país cuenta con un considerable número de islas en el Golfo de México, Océano Pacífico, Golfo de California y Mar Caribe. A pesar de ello, las autoridades federales y locales no han sabido valorar la importancia que representa este vasto territorio.

El territorio insular mexicano nos ha permitido ampliar la Zona Económica Exclusiva (ZEE), captar recursos monetarios por cuestiones de turismo, y su ubicación estratégica frente a la organización de países pertenecientes a la Cuenca del Pacífico nos otorga grandes ventajas.

Es por ello que el Partido Revolucionario Institucional buscará mecanismos de estudio, cooperación, vinculación, intercambio, promoción y apoyo con instituciones nacionales y extranjeras, que permitan elaborar y presentar proyectos que se orienten hacia la explotación de los recursos insulares en beneficio de la economía nacional.

El PRI asume el compromiso de defender el interés nacional del territorio insular, para que sean explotados los recursos naturales por mexicanos.

El PRI está a favor de definir, en coordinación con todos los actores sociales, una política que incorpore las islas al proyecto nacional en todos sentidos, especialmente en el económico. Los priístas exigiremos e impulsaremos la elaboración de un censo preciso y verídico y la realización de actividades de investigación científica, oceanográfica, biológica y demográfica.

El territorio marino e insular es parte de nuestras razones de seguridad nacional y el eje articulador del desarrollo de México en el presente siglo.

En él existe un futuro prometedor para el país.

El PRI se pronuncia por una soberanía que no claudique ante las fuerzas del mercado; que las regule pero no las nulifique; un sí a favor de los intercambios económicos, sociales, comerciales, culturales y políticos, así como en pro de la cooperación para combatir amenazas comunes, epidemias, delincuencia organizada y terrorismo, sin atentar contra las bases soberanas del Estado Mexicano.

La soberanía debe ser capacidad para organizar la vida social y para aprovechar las riquezas, recursos y potencialidades de la Nación en beneficio de todos los mexicanos. En ejercicio de la soberanía, la Constitución de 1917 otorgó a la Nación la propiedad originaria de tierras y aguas, el derecho a imponer modalidades que dicte el interés público a la propiedad privada, y el dominio directo sobre los recursos del subsuelo, de la plataforma continental, del mar territorial y del espacio aéreo.

Cualquier subterfugio que tienda a disminuir esas atribuciones será tajantemente rechazado, porque atenta contra la integridad del Estado y disminuye su capacidad soberana.

El ejercicio de la soberanía reviste modalidades específicas en cada país. En México, la soberanía del Estado se encuentra indisolublemente asociada a dos aspectos fundamentales: el primero, la vigencia del orden constitucional, ya que el Estado se fortalece con la observancia de la ley y se debilita con su incumplimiento. El segundo se refiere al papel rector del Estado que expresa su responsabilidad indeclinable con el desarrollo del país, así como su preeminencia sobre los distintos intereses que interactúan complementándose o enfrentándose.

La rectoría del Estado tiene lugar mediante el control de actividades específicas que comúnmente llevan a su participación directa. En tanto que el Estado representa la voluntad general, su actividad no puede ser calificada o impugnada como desempeño monopólico, en aras de un mercado que ha demostrado su incapacidad para distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento.

Aunque reclamamos su participación en la inversión y apoyo a las causas populares, la actividad rectora del Estado no siempre obliga a la intervención directa. El Estado dispone de múltiples medios para garantizar su prevalencia, como son la regulación, la fiscalización y, en ocasiones, la coerción. Además, el Estado dispone de otros instrumentos, como son los incentivos, los estímulos y las políticas de fomento, inducción y persuasión para promover el desarrollo nacional.

Las condiciones mundiales de la economía y la determinación estatal de apoyar al mercado, ha conducido a que la rectoría estatal privilegie la promoción, sobre los mecanismos de control directo.

En tratándose de las actividades estratégicas, no existen dudas acerca de la necesidad de mantener el control directo del Estado. Así lo postula el PRI, en consonancia con lo establecido por los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo sexto, y 28 párrafos cuarto y sexto de la Constitución General de la República.

Los priístas reafirmamos nuestra convicción en la necesaria rectoría del Estado, ya que sólo así se garantiza la prevalencia del interés general, frente al cual todos los demás intereses son parciales; sólo los acérrimos defensores del mercado encuentran hostilidad o amenaza en la rectoría estatal.

Los irresponsables promotores de un mercado sin controles y sujeciones proponen el principio de la "subsidiariedad" del Estado, que es el nuevo disfraz del conservadurismo.

A la rectoría del Estado le han colgado un sinnúmero de epítetos, pero los hechos y la historia muestran que gracias a la rectoría estatal se desarrolló el mercado; se ampliaron las libertades; se realizó la apertura económica con la promoción de los tratados de libre comercio; y se estimuló la competitividad del aparato productivo. Existen fundadas dudas de que todo ello hubiese sido posible sin la rectoría económica del Estado.

Sólo la ignorancia y la mala fe equiparan rectoría del Estado con estatismo.
El PRI reivindica la rectoría del Estado como la gran cualidad para garantizar la conducción de la República, como instrumento privilegiado para cumplir con los fines de la Constitución, como mejor garante del orden jurídico y las libertades individuales y como el mecanismo más idóneo para promover la expansión del mercado, a pesar de sus insuficiencias, e impulsar el desarrollo social.

El PRI está a favor de la rectoría del Estado normada por la ley. Una rectoría ejercida sin arbitrariedades ni abusos, que garantice los intereses de la Nación y el bienestar de todos los mexicanos. Mientras los radicales defensores del mercado buscan reducir y anular el papel rector del Estado, los priístas pugnamos por una rectoría democrática, justa, apegada a la ley, que genere certidumbre y busque siempre la dignificación de la sociedad en todos sus estratos mediante la satisfacción de sus necesidades para el mejoramiento de la sociedad.

Así como consideramos irrenunciable la rectoría del Estado, el PRI considera indispensable el papel de la iniciativa privada en la construcción de la riqueza y el desarrollo nacional.

Política

México no tenía un camino hecho para cumplir con su destino democrático. Había que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar, paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a nuestras condiciones, e imaginar los nuevos derroteros después de cada conquista.

El PNR surge en 1929 como un partido de partidos, de convocatoria amplia, institución donde convergen fuerzas políticas afines pero distintas.

El PNR sería la institución más poderosa para la competencia política; fue entonces el lugar para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público; el medio que llevó a la realización de relevos de gobiernos por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad.

El amplio acuerdo hizo que el PNR surgiera con un gran predominio, porque en él convergieron los líderes y organizaciones más importantes del país, pero nunca propuso el totalitarismo a través de un Estado que negara la participación de otras fuerzas políticas.

De manera incipiente tuvo lugar un sistema de partidos, junto con el gran dominio del Partido de la Revolución Mexicana -en que se transformó el PNR-, ya que a partir de 1939 surgieron una serie de partidos con ideologías y principios diametralmente opuestos al cambio y a la transformación de la sociedad, caracterizados por su oposición ideológica a los postulados de la Revolución.

En paralelo se desarrollan las normas necesarias para regular y resolver la lucha por el poder, como sucedió en 1918 con la expedición de la primera ley electoral, y más adelante los ordenamientos que mejorarían la organización de las elecciones; la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946 y la Comisión Federal Electoral en 1951. México se ponía al día con las tendencias en la participación democrática del mundo, cuando en 1947 se reconoce el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección.

La estabilidad de entonces iba de la mano con el predominio del PRI (que había sustituido al PRM en 1946); lo uno sin lo otro resulta difícil de imaginar, pero más que ello -en sí mismo no poco- la contribución del Partido estuvo en mirar siempre hacia una mejor democracia, aún cuando esa posición conduciría a elevar las exigencias que él mismo enfrentaba para la preservación y conquista de los espacios de poder público.

Con el PRI en el gobierno y por su compromiso con el destino democrático del país, fue posible superar las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha, que aparecieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Con el PRI se realizaría una transformación de gran profundidad, al dejar atrás la tradición de los gobiernos presididos por militares, para arribar a los de carácter civil, en un proceso sin fracturas ni enfrentamientos.

Un nuevo paso hacia delante hacía necesario llevar la pluralidad de partidos a una pluralidad política en la conformación del gobierno; el trayecto que se iniciaba en 1963 con los diputados de partido, a fin de asegurar que otras fuerzas políticas accedieran al Congreso y con ello se fortalecieran, enriqueciendo la vida política del país. Nuevamente el PRI vislumbra ese sendero y es quien lo lleva a la práctica.

El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los cincuenta y en los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político, así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado. Todo ello mostraba que el régimen político requería cambiar para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría.

El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. Es a partir de entonces que los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La visión de esa iniciativa priísta no puede ser escatimada ni debe olvidarse; ella tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el Partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial. Esa propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraba en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia. Eso lo debemos recordar y de ello nos debemos enorgullecer.

El PRI recorría el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida a través de las disposiciones legales.

Frente a la crisis electoral de 1988, el PRI miró, una vez más, hacia la democracia. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminan en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, crearon el órgano jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.

En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas.

El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró siempre un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas están sujetos a revisión en los términos de las leyes y quien se compruebe que cometió ilícitos debe responder por ello. El PRI se pronuncia por la necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias legales el combate a la corrupción y se deslinda de los militantes que hayan cometido actos de esa índole, pues ponen en entredicho la honorabilidad de los miembros del Partido.

Como partido, el PRI impulsó una mejor vida democrática a través de las normas. Así, se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a combatir los rasgos autoritarios en el régimen político.

La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que siempre hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados, pero en el análisis de la política y sus márgenes de maniobra en los casos concretos, queda a discusión responder a la pregunta de si ello era posible.

El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en el ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México, como sucedió en 1996, cuando otras opciones políticas se opusieron a aprobar modificaciones legislativas de avanzada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los legisladores priístas aprobaron sin ser acompañados por los legisladores, de ningún otro partido, después del consenso constituido para lograr las reformas constitucionales de ese año.

No debe olvidarse que cuando otros escatimaron su contribución, el PRI se puso al frente. Explicar ese comportamiento del Partido sólo puede hacerse si se piensa en una auténtica vocación democrática. Hay que reiterarlo, el PRI estuvo en la vanguardia del compromiso con las exigencias de la democracia; otros privilegiaron intereses electorales de corto plazo.

En México tuvo lugar la alternancia política porque había democracia; es falaz y mentiroso pretender que la alternancia del 2000 inaugura la democracia y que estamos en una transición. Esta opinión pervierte la realidad pero es la más conveniente para la derecha que ocupa la Presidencia de la República, pues crea la ilusión de ubicarla al frente de la vida democrática del país.

El PRI acreditó, en los hechos y por décadas, su compromiso con la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el propio ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo.

La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático, no fue así porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI, la alternancia ocurrió dentro de un régimen democrático y sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Eso tampoco lo debemos olvidar.

Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI. Lo que se venció y se dejó a un lado fue el riesgo del totalitarismo, de un partido de Estado, de exclusión de los gobiernos civiles, de negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia. Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura; de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia en el régimen político. En todo ello ha sido fundamental el papel institucional que las fuerzas armadas de nuestro país han jugado a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Sin su compromiso y lealtad a las instituciones y sin su labor en los distintos ámbitos de la vida social, el desarrollo político de nuestro país hubiera sido muy distinto.

Sin duda los priístas pudimos haber cometido errores, pero el Partido siempre optó por la democracia y cerró las opciones que hubiesen significado los costos más altos para todos. Porque ya había democracia, México no tuvo que pasar por una transición, y eso no es obra de la casualidad; así lo entendió e impulsó el PRI.

El proceso que culminó en un ciclo hacia la democracia plenamente competitiva, con un sistema plural de partidos, mostró el arribo a un destino diseñado por la Constitución de 1917 al definir a México como una República representativa, democrática y federal. En ese sentido, el PRI cumplió con el proyecto de la Revolución Mexicana al comprometerse con el destino democrático que ésta se había propuesto alcanzar. El Partido Revolucionario Institucional luchará permanentemente por la preservación del régimen republicano, democrático, representativo y federal, sustentado en las grandes hazañas históricas liberales plasmadas en nuestra Carta Magna.

Ratificamos el fortalecimiento del sistema de división de poderes; así mismo seguiremos impulsando la integración a los congresos federal y locales de las minorías políticas que tengan un sustento popular, mediante el sistema de representación proporcional, que permite otorgar el espacio político que democráticamente le corresponda a las diversas corrientes de pensamiento que conforman el mosaico ideológico de la Nación Mexicana.

El PRI reivindica su contribución a la democracia; se asume como su principal promotor y compromete su visión para apoyar nuevas reformas que impulsen la democracia, la gobernabilidad y el compromiso social del Estado, así como para afirmar la realización más plena posible de la soberanía, porque ella da su vía de expresión al Estado Nacional Mexicano.

La perspectiva del porvenir pasa por la insistencia en los afanes democráticos a través de la consolidación de los partidos y de una competencia por el poder que privilegie la confrontación y contrastación de propuestas entre las fuerzas políticas y ajuste el papel e influencia del gasto en propaganda; la tarea de gobierno habrá de encontrar un andamiaje legal que le sea propicio, al tiempo que se deberá trabajar en el diseño que permita fincar nuevas capacidades de realización hacia el Estado social, que es la gran deuda del siglo XX, con todo y los avances que significaron los derechos sociales y las instituciones creadas para cumplirlos.

El PRI propone una visión del Estado, que se deriva de los afluentes que han orientado su devenir: el liberalismo de la Reforma, la política social, el nacionalismo, el compromiso por una vida normada por el derecho y la democracia.

El PRI se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto irrestricto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que crea opciones diferenciadas de desarrollo y que permite que el individuo elija entre alternativas diferentes y así ejerza cabalmente su libertad.

El PRI postula un Estado social, un Estado con claro compromiso con la justicia social, que se empeña en construir las mejores vías para superar los abismos de desigualdad entre grupos sociales, regiones o grupos étnicos; un Estado social que asume como la más grave injusticia la desigualdad fincada en la exclusión, la marginación y la falta de oportunidades; un Estado social empeñado en crear mejores posibilidades de desarrollo y opciones de superación para quienes mayor rezago enfrentan; un Estado social que se rebela a la idea de admitir como destino la pobreza para cualquier grupo de la sociedad y que busca recrear las condiciones del desarrollo de la Nación. De ahí, la vigencia de los valores expresados en el lema del Partido: Democracia y Justicia Social.

El PRI está por un Estado que viva en la ley, fundado en el derecho, como único medio para una convivencia armónica, en libertad y que otorgue certidumbre respecto del comportamiento de las autoridades y el desempeño del poder público promoviendo la justicia.

El PRI considera que el nacionalismo es expresión de la voluntad humana para vivir en comunidad, el derecho a poseer una identidad propia y a disfrutar de los recursos de un determinado territorio. El nacionalismo mexicano ha unido a los habitantes del país, incluso por encima de ideologías, ya que se sustenta en un pasado vivido en común, en una historia que se construyó en la lucha contra las intervenciones extranjeras, en la defensa de la soberanía del Estado y en un proyecto de país surgido de una revolución que se propuso hacer de México un país más justo y en virtud de ello reclamó para sí los recursos naturales. Los símbolos patrios son la expresión misma de nuestro nacionalismo y de nuestras raíces, nos pronunciamos por el respeto que éstos merecen dentro de la ley y por su defensa en contra de las expresiones publicitarias que los denigran y los pervierten.

Cada nacionalismo tiene su propia historia y expresión. El mexicano, a diferencia de otros, nunca pretendió fundarse en la expansión colonial, expandir su territorio o exportar sus principios. El nacionalismo mexicano ha sido, y deberá seguir siendo, pacifista, sin exclusivismos y respetuoso de la diversidad y, a la vez, celoso de la soberanía y opuesto a las hegemonías. Es el nacionalismo de la Revolución Mexicana.

Ese nacionalismo y su expresión, sin embargo, debemos llevarlo hacia delante, confrontarlo con la coyuntura y con la vida misma en la que la Nación está envuelta. Por ello el PRI se propone avanzar en la construcción de un Nacionalismo Democrático. Este deberá insistir en la vigencia de la Constitución Mexicana como una dinámica de cambio inconclusa, ya que existen muchas demandas insatisfechas. El Partido, entonces, deberá realizar una autocrítica de los errores del pasado, pero asumiendo la defensa de principios y demandas revolucionarias que siguen esperando su realización en el México actual.

El Nacionalismo Democrático define y defiende que sin hostilidades, ni exclusivismos, se privilegie la comprensión y solución de los problemas nacionales y así mismo asuma cabalmente, la defensa de nuestra independencia política y económica.

En conclusión, los priístas entendemos por Nacionalismo Democrático el cuerpo ideológico que conjuga la libertad, la igualdad, la democracia y la defensa de la soberanía. Un nuevo nacionalismo incluyente, moderno, firme en la defensa de los intereses populares y nacionales.

En suma, el PRI reivindica la aportación y capacidad que hacia el futuro otorgan cuatro afluentes principales, como lo son el pensamiento democrático-liberal, la justicia social, el orden jurídico como principio de la convivencia civilizada y el nacionalismo; en ese sentido la visión del PRI hacia el Estado es por uno de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y cuya acción siempre esté basada en el derecho; un Estado que honre la Constitución General de la República, como la máxima expresión de la soberanía y del acuerdo político. Un Estado que se realice en la Constitución y una Constitución que se realice a través del Estado.

Gobernabilidad

El PRI proclama la vigencia de los principios sociales y las decisiones fundamentales de la Constitución de 1917. El Partido reconoce a la Carta Magna como un cuerpo de principios, valores y normas que representa el pacto fundamental de los mexicanos. En ello está su valor y la necesidad de su preservación. La Constitución garantiza la armonía entre derechos individuales y derechos sociales; entre libertad de iniciativa y rectoría estatal; entre propiedad originaria de la Nación, propiedad pública y respeto a las formas ancestrales de usufructo de la tierra y la conformación de la propiedad privada; entre la vigencia de la soberanía de un Estado que adecua sus formas de regulación y dominio y las modalidades de la economía internacional. Este pacto fundamental es lo que defiende el PRI al pronunciarse por la vigencia de la Constitución de 1917.

Si bien su contenido fundamental no es objeto de negociación para los priístas, sí es posible y conveniente analizar aquellas disposiciones que pueden contribuir a actualizar el desempeño del gobierno en sus tres poderes, a fin de hacer posible que los empeños de las generaciones que nos precedieron se revitalicen en el ordenamiento superior de la Nación y sean impulso para el futuro.

El régimen constitucional mexicano, particularmente con relación al principio de la división de poderes y el diseño de los vínculos entre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, mantiene preceptos e instituciones que fueron moldeadas en la Constitución de 1857, reformadas mediante las adiciones de 1874 para reestablecer el bicamarismo y que pervivieron en sus trazos fundamentales con la Constitución de 1917. Es necesario reformar aquellas instituciones que requieren ser actualizadas y crear aquellas que las nuevas realidades demandan para garantizar la gobernabilidad democrática de la República.

En ese sentido, conviene aclarar que la discusión y el análisis exhaustivos de nuevas leyes y de las reformas a las ya existentes son una responsabilidad del Congreso de la Unión, como también lo es alcanzar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, anteponiendo el interés superior de la Nación. La deliberación responsable no debe ser acotada o saboteada con acusaciones tendenciosas que pretendan presentar al Poder Legislativo como fuente de ingobernabilidad.

En ese sentido, el PRI considera necesario alentar la deliberación para elaborar propuestas en torno a los siguientes temas:

a) Informe de gobierno.

El artículo 69 constitucional prevé que en la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año legislativo, el Presidente de la República presente un informe escrito sobre el estado que guarda la administración pública federal. Por otra parte, el artículo 93 de la propia Constitución prevé que los Secretarios del despacho den cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos, también al iniciarse el primer periodo de sesiones.

Es necesario modificar dichos preceptos de la Carta Magna para innovar la forma en la que se establecen las acciones entre el Congreso y el Ejecutivo, de tal suerte que la normatividad de esa sesión solemne prevea que el titular del Ejecutivo deberá depositar los informes de sus Secretarios del despacho; dar lectura a un breve informe general sobre la actividad del Gobierno y la administración; presentar su programa legislativo para el periodo de sesiones considerándose los plazos del envío de las iniciativas; y pronunciar un mensaje político.

Desde hace poco más de 20 años, el formato y el desarrollo de dicha sesión se han convertido en materia de controversia; una nueva regulación permitirá superarla y dar el debido cauce a la función de control de la gestión pública por parte del Poder Legislativo Federal.

Asimismo, el análisis de los aludidos informes de los Secretarios del Despacho se haría sobre la base de su turno a las Comisiones correspondientes de las Cámaras, las cuales estarían en posibilidad de citar a dichos funcionarios o a los subsecretarios para la ampliación y precisión de los elementos proporcionados; a resultas del trabajo en Comisiones, se adoptaría la determinación de citar a comparecer ante el pleno de las Cámaras a aquellos Secretarios del despacho que se considerara pertinente. Dichos funcionarios, en todo caso, participarían en el debate correspondiente. Las Cámaras del Congreso enviarían al Presidente de la República el resultado del análisis en Comisiones sobre el trabajo de sus Secretarios y, en su caso, de los debates que se produzcan en el pleno.

Desde esa perspectiva el Partido y sus representantes populares deberán mantener un vínculo indisoluble, que permita que la evaluación cameral sea compartida con sus electores en cada uno de sus distritos, a fin de propiciar una rendición de cuentas más efectiva y cercana a la sociedad.

b) Observaciones o veto del Ejecutivo.

Las diversas disposiciones del artículo 72 constitucional vigente sobre el procedimiento legislativo general datan prácticamente de la Constitución de 1857, salvo las reformas de 1874. Entre ellas se contienen las relativas a la posibilidad de que el Presidente de la República formule observaciones en torno a las leyes o decretos legislativos aprobados por las Cámaras del Congreso de la Unión.

Dichas observaciones o veto del Ejecutivo, constituyen una figura específica del sistema de frenos y contrapesos entre el Congreso y el Presidente de la República. Por la antigüedad del texto, es necesario establecer nuevas reglas para la formulación de las observaciones, plazos precisos y procedimientos actualizados en materia de discusión y votación de dichas observaciones.

c) Distinción entre gobierno y administración pública federal.

Con la evolución de las funciones del Estado durante el siglo XX, en México se dio una ampliación paulatina pero constante de las funciones administrativas a cargo del Ejecutivo Federal. Esta expansión de la administración ha tendido a desdibujar la distinción de la tarea específica de gobierno con las encomiendas propiamente administrativas que por igual corresponden al propio Ejecutivo.

Es conveniente recuperar esta distinción, destacándose que junto con el Presidente, los secretarios del despacho, subsecretarios y oficiales mayores constituyen el gobierno en sentido estricto, y a partir del nivel de directores generales se constituye la administración pública. Los primeros tienen una connotación eminentemente política y los segundos tendrían una connotación primordialmente profesional, que permitiría la integración del servicio civil de carrera.

d) Comisiones de investigación.

Con motivo de la reforma política de 1977, en el artículo 93 constitucional se encuentra prevista la integración de Comisiones de cualquiera de las Cámaras para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Esta forma de ejercicio del control de la gestión gubernamental del Ejecutivo por parte del Congreso, requiere, para su pleno y debido cumplimiento, que en el propio texto constitucional se establezcan las atribuciones mínimas de dichas Comisiones y el señalamiento en el propio artículo de que es deber del Congreso dictar la respectiva ley reglamentaria.

Asimismo, que se amplíen las materias que sean objeto de investigación por parte de este tipo de comisiones para incluir la supervisión o fiscalización de cualquier dependencia o procedimiento de la administración pública federal.

e) Procedimientos para el trabajo del Congreso.

Diversos preceptos constitucionales establecen la actuación del Congreso y, en los recesos de la Comisión Permanente, para la adopción de resoluciones materialmente administrativas, como por ejemplo los permisos previstos en el artículo 37 para que los ciudadanos de la República puedan prestar servicios oficiales a un gobierno extranjero, aceptar condecoraciones extranjeras y admitir títulos o funciones del gobierno de otro país.

Hoy en día el cumplimiento de las funciones constitucionales que corresponden al Congreso, particularmente las deliberativas, legislativas y de control de la gestión gubernamental que se realizan por sus respectivos plenos, ocupan en forma muy importante el tiempo dedicado a la celebración de las sesiones correspondientes. Con base en el conocimiento de las experiencias acuñadas en los Poderes Legislativos de otros países del mundo, es conveniente que cuestiones tales como los permisos aludidos y otras similares se resuelvan en Comisión ordinaria.

f) Régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

En realidad, los preceptos contenidos en el Título Cuarto de la Constitución General de la República para normar las responsabilidades de los servidores públicos, tanto desde la previsión originaria del Constituyente de 1916-1917, como de las reformas que se introdujeron a lo largo de su vigencia, no han permitido la conformación de un sistema adecuado en este ámbito de nuestro derecho público. Durante la vigencia de estos preceptos sólo ha culminado un juicio político y el procedimiento de declaración de procedencia puede resultar innecesariamente prolongado.

Es preciso pensar en la reformulación de las normas de dicho Título sobre bases modernas. Por un lado, deberán apreciarse las experiencias que, como el caso de nuestra Constitución, tomaron inspiración para normar esta materia en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787; por otro lado, deberán analizarse otras concepciones diferenciadas que a lo largo de dos siglos se han estructurado en las constituciones de otros países.

Sobre la base del antecedente histórico y del análisis de la legislación comparada relevante, se considera que los elementos para una nueva formulación de las previsiones sobre responsabilidad de los servidores públicos en la Carta Magna, deben considerar lo siguiente:

· La definición de los cargos, particularmente en el Ejecutivo Federal, que entrañan una responsabilidad de carácter político u oficial, a partir de la distinción entre gobierno y administración pública.

· El señalamiento preciso y la tipificación de las conductas, acciones o actuaciones directamente relacionadas con el ejercicio del cargo, distinguiéndolas de aquellas conductas de los funcionarios públicos que corresponden estrictamente al orden penal, administrativo o civil; dicha tipificación daría origen a la responsabilidad de carácter oficial.

· La modernización de los procedimientos para fincar la responsabilidad derivada del ejercicio de cargos públicos, con el fin de que las resoluciones pertinentes constituyan decisiones de estricto derecho.

g) Sistema de partidos.

Desde las adiciones de la reforma política de 1977 al artículo 41 constitucional, se estableció el objetivo del Estado Mexicano de fortalecer su sistema de partidos, particularmente a partir de concebir éstos como las organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado para hacer posible el acceso ciudadano al ejercicio de cargos públicos con base en la postulación de ideas, principios y programas. Un sistema de partidos sólido es consubstancial al desarrollo y fortalecimiento de la democracia política y electoral. Ante la alternancia en el poder que se produjo como resultado de los comicios del año 2000, resalta todavía más la importancia de un sistema de partidos que sostengan ideas, principios y programas, pues así la decisión del ciudadano es entre opciones políticas y puede superarse el riesgo de que la mercadotecnia domine el proceso electoral.

A partir de esta consideración, es posible afirmar que la gobernabilidad se sustenta también en la fortaleza del sistema de partidos; la mayor eficacia de éste requiere de la integración de todas las opiniones de los contendientes del juego político. Estos deben ser formaciones realmente representativas de corrientes de pensamiento con organización para la acción política.

En este orden de ideas, es pertinente considerar el sentido que en su momento tuvo la figura del registro condicionado al resultado de las elecciones para los partidos y reflexionar sobre la adopción de normas para regular desplazamientos oportunistas de precandidatos y de candidatos entre partidos; este último punto constituye un instrumento fundamental para la democracia, a partir del orden interno en la vida de los partidos.

De igual forma, debemos rechazar las actitudes de todos aquellos que actúen bajo intereses personales o de grupo en contra del Partido. Lo anterior significa un acuerdo político de gran envergadura entre los actores políticos.

El Partido promoverá las reformas correspondientes a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para consolidar la transparencia, imparcialidad y equidad en los procesos electorales, en los siguientes términos:

I. Que los consejeros electorales del IFE no puedan ser candidatos a cargo alguno de elección popular, ni desempeñar empleo o función pública en los diferentes órdenes de gobierno durante los tres años posteriores al término de su gestión.

II. Que por la naturaleza de las prerrogativas para el financiamiento público y privado que reciben los partidos políticos, en caso de que éstos pierdan su registro, estén obligados a reintegrar al Instituto Federal Electoral todos y cada uno de los bienes que se hayan adquirido con esos recursos.

h) Propaganda partidista en medios electrónicos.

Por la dimensión poblacional y territorial del Estado Mexicano y el avance tecnológico en los medios electrónicos de comunicación, las actividades políticas y en particular las campañas electorales basan sus estrategias de propaganda en el uso de dichos medios.

Es necesario recuperar el sentido de la disposición del artículo 41 constitucional sobre la concepción de los partidos a partir de que sostengan ideas, principios y programas para el ejercicio del poder público. La propaganda partidista ha de basarse en la divulgación de ideas y propuestas. A su vez, el gasto publicitario en los medios electrónicos no debe constituir el vehículo más importante para acceder al ciudadano y procurar la definición de su preferencia electoral. Los espacios para difundir propaganda en los medios electrónicos deben tener una regulación más estricta, los tiempos contratables deberán limitarse y la contratación realizarse obligatoriamente a través del Instituto Federal Electoral.

i) Reelección de legisladores.

Frente a las propuestas que plantean la reelección inmediata de los legisladores federales como mecanismo para fortalecer el Poder Legislativo, el PRI postula que una decisión de esa naturaleza obstruiría la formación y movilidad de los cuadros políticos, sobre todo si se considera el perfil demográfico de México. Por otro lado, el actual sistema de reelección no inmediata de los legisladores ha permitido, con base en las postulaciones de los partidos, la formación de cuadros competentes para su desempeño en el Congreso, al tiempo que el aliento al fortalecimiento del sistema de partidos conlleva a que cada uno de ellos promueva la formación de quienes presentarán sus ideas y propuestas en el Poder Legislativo.

No puede omitirse el peso histórico que el principio de no reelección tuvo y tiene en la historia de México. En ese marco debe reiterarse que su vigencia no es capricho alguno, sino acto de consecuencia y de aprendizaje que nos deja nuestro pasado.

j) Organos de fiscalización en las entidades de la Federación.

La creación de órganos de fiscalización en el país es una prioridad del priísmo nacional. La adecuación de los órganos encargados de fiscalizar los recursos públicos y hacer transparente su aplicación es labor fundamental del PRI. Por tanto, el Partido velará que estos organismos tengan existencia jurídica en los Estados.

De igual manera, el PRI impulsará que la fiscalización sobre el uso de los recursos públicos revise lo relativo al aprovechamiento que pueda hacerse de estos fondos con fines partidistas o para la difusión de imágenes que se asocien con las fuerzas políticas.

k) Situación jurídica de las Iglesias.

En el marco de la separación del Estado y las iglesias, es necesaria la reglamentación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Capítulo II

Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos

En general, se advierte una gran coincidencia tanto en el diagnóstico sobre los problemas que enfrenta la sociedad en las materias que nos ocupan, como en las proposiciones tendientes a superarlos.

Se aprecia que el actual Gobierno Federal no ha sido capaz de elaborar y poner en marcha un proyecto creíble de combate al delito; por el contrario, cada vez se advierten más la incapacidad y el extravío en los diversos niveles de mando para afrontar los retos. No ha cumplido con las expectativas que generó en la sociedad con sus promesas de cambio: abatir índices de criminalidad, disipar la inseguridad y erradicar el ambiente ominoso que resienten vastos sectores de nuestra población.

I. El Estado de Derecho.

El Estado moderno debe sustentarse en los conceptos de libertad y democracia, régimen constitucional y Estado de Derecho. Este último es el que corresponde a la organización que la sociedad hace de los poderes públicos, permitiendo que los asuntos de justicia, seguridad y derechos humanos se encuentren plasmados en las leyes.

Estado de Derecho significa imperio de la ley; significa que la actuación de toda persona y de cualquier autoridad se sujetan a la ley; que las personas ven salvaguardados sus derechos fundamentales frente al poder público, y que las controversias emanadas de las diferencias entre particulares encuentran cauces para su solución conforme a derecho.

En el Estado de Derecho, la justicia entraña primordialmente el acato y aplicación de la ley, toda vez que la justicia que se concentra en la distribución de cargas o de acceso al disfrute de bienes materiales es apreciada como un asunto de desarrollo social; la seguridad pública radica básicamente en la generación y preservación de condiciones para la convivencia sin el agravio del delito, y los derechos humanos representan exigencias para la actuación del poder público con relación a las personas.

La referencia al Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es necesaria para plantear las cuestiones de justicia, seguridad y derechos humanos. Ello obedece en gran medida a que habrá justicia, se superará la inseguridad y se consolidará el respeto a los derechos fundamentales cuando esas instituciones alcancen sus fines.

Para el PRI, los temas de seguridad, justicia y derechos humanos, en tanto también se refieren a problemas específicos de las entidades federativas, deben ser abordados y las propuestas enriquecidas por los órganos de dirección de nuestro Partido en dichas entidades, con la participación de los militantes.

A partir de la expedición de la Constitución General de la República y hasta 1994, el Poder Judicial de la Federación no fue objeto de grandes reformas. En ese año el PRI votó a favor de instituir la acción de inconstitucionalidad como medio para impugnar la conformidad a la Constitución de las normas generales emanadas de los órganos legislativos, y para establecer el Consejo de la Judicatura Federal para que la administración y disciplina de este poder público no gravitara sobre el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1996 el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación, dotándosele de atribuciones de control de la constitucionalidad en materia comicial.

También en 1994 se introdujeron modificaciones a la Carta Magna para establecer que la seguridad pública es corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, los cuales deberán actuar coordinadamente en beneficio de los habitantes del país, al tiempo que los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez deben regir la actuación de las corporaciones e instituciones. A su vez, se disponen las bases para la creación y operación de la policía preventiva en el orden federal.

Con estas adecuaciones, el Poder Judicial alcanzó la plenitud como poder de la Unión y la seguridad pública adquirió una concepción renovada. Esas connotaciones y su consolidación marcan la conveniencia de continuar con el proceso iniciado, sin perjuicio de señalar aquellas cuestiones que, por su relevancia, el PRI estima necesario impulsar.

II. La realidad.

No obstante las reformas concretadas hasta el año 2000, la realidad muestra que las transformaciones en los ámbitos legal e institucional han sido todavía insuficientes para recuperar la credibilidad ciudadana en las instituciones a cargo de procurar e impartir justicia y de disminuir los niveles de inseguridad.

El diagnóstico es negativo y reconoce, crudamente, que no se cumplen los valores perseguidos en las materias de seguridad, justicia y derechos humanos. En general, la ciudadanía siente gran desconfianza hacia los órganos responsables de la seguridad y la justicia, que adolecen de ineficacia, de exceso de formalismos y de poca celeridad en las funciones que desarrollan, así como de fenómenos amplios de corrupción.

Entre las mexicanas y los mexicanos existe un profundo sentimiento de frustración, de indefensión e irritación ante la incompetencia que muestran las autoridades para combatir eficazmente a la delincuencia.

Al PRI le preocupan las expresiones que en el extranjero se han manifestado respecto de la inseguridad que prevalece en el país, porque desalientan la inversión productiva y la generación de empleos.

En sí, el ciudadano estima que cuando es víctima de un delito, al clima de zozobra que se genera se agregan las complicaciones de acudir ante las autoridades encargadas de investigar el crimen y perseguir al delincuente o de sustanciar el procedimiento y dictar sentencia. Incluso, ocurren casos en los cuales la víctima o los testigos resultan en los hechos intimidados por quienes son señalados como sus autores. A veces, en las agencias del Ministerio Público o en la barandilla, la víctima recibe mayores agravios que los causados por la agresión delictiva. Así se desalienta la colaboración de la víctima y de los testigos, lo cual deviene en impunidad.

III. Concepción integral.

Para el PRI resulta de la mayor importancia afirmar que los asuntos de justicia, seguridad y derechos humanos no pueden verse o plantearse de manera inconexa. Es imprescindible armonizar las premisas de la prevención del delito, la lucha contra la delincuencia, la impartición de justicia, la readaptación social del delincuente y el respeto a los derechos humanos.

En estas materias, la concepción debe ser integral. Si se presentan fallas, deficiencias o insuficiencias en algún espacio de las responsabilidades del poder público, ello repercutirá en los demás. Por tal razón, es necesario identificar con cuidado los problemas y la ramificación de sus consecuencias, para que las soluciones obedezcan a un enfoque integral.

El PRI se preocupará por que sus militantes que forman parte de los órganos legislativos en toda la República, promuevan iniciativas para lograr una nueva concepción de la persecución del delito, un nuevo sistema de enjuiciamiento penal y la defensa de los derechos humanos.

A partir de esta visión, se presentan las propuestas del Partido en estos ámbitos.

IV. Posiciones partidistas.

Propuestas generales.

El PRI reclamará, de manera permanente, más y mejor justicia, así como el cumplimiento irrestricto de la Ley y su aplicación igualitaria.

El PRI pugnará por que nada esté encima de la Ley, el respeto a la dignidad personal, la vigencia del Estado de Derecho, la certeza y seguridad para todos los mexicanos.

El PRI se preocupará por la deshonestidad de los servidores públicos y propone la revisión y actualización de la Legislación que combata la impunidad.

Procuración de justicia

De manera reiterada, entre las grandes preocupaciones de la sociedad se han encontrado tres aspectos: la impunidad del delincuente; la corrupción en sus vertientes de ineficiencia y de venalidad, y el aumento cuantitativo y cualitativo del crimen, sobretodo en los delitos graves, como el secuestro, el homicidio, el robo con violencia, la violación, el robo de infantes, los asaltos en la vía pública o en los caminos, entre otros. La sociedad demanda que el gobierno sea capaz de asegurar la observancia y aplicación de la Ley, ya en la prevención del delito, la investigación o en la persecución y enjuiciamiento de los responsables, así como de garantizar la supervisión y vigilancia de la operación de los órganos de procuración de justicia.

Para el PRI, la procuración de justicia deberá buscar su fortalecimiento y mejoría a partir de estas medidas:

a) Procuración de justicia y su organización.

Está a discusión si la institución del Ministerio Público debe formar parte del Poder Ejecutivo; o crearse, para la investigación y persecución del delito un ente autónomo, así como la elección de éste por un órgano colegiado. El PRI se pronuncia por fortalecer la autonomía funcional, técnica y la profesionalización del Ministerio Público, sin modificar su adscripción presente al Poder Ejecutivo.

b) Recursos técnicos y materiales.

El PRI se pronuncia por el mejoramiento de los servicios periciales para fortalecer la utilización de los conocimientos y avances científicos y tecnológicos en el combate a la delincuencia y por dotar a la procuración de justicia con el equipo adecuado, particularmente en armamento, vehículos, así como en sistemas de comunicación con tecnología de punta y la automatización de la información.
En las entidades federativas donde existen pueblos y comunidades indígenas, el Partido demandará la designación y actuación de personal bilingüe para la atención de los asuntos en que actúen los miembros de esos pueblos y comunidades.

c) Modificación del orden normativo.

Es necesario el perfeccionamiento de las disposiciones legales relativas a la investigación y persecución de los delitos, de manera que las autoridades cuenten con mejores elementos de actuación y puedan brindar una adecuada seguridad jurídica al ciudadano.

El PRI propone alentar en la sociedad una cultura de la denuncia y regular con mayor precisión los actos del Ministerio Público que preceden a la solicitud de la orden de aprehensión, primordialmente en lo que se refiere al manejo de las órdenes de presentación, el arraigo y el cateo ministerial; abatir la impunidad derivada de las disposiciones procesales o de un mal desempeño de los servidores de la justicia; desarrollar en la ley las normas constitucionales sobre derechos de las víctimas del delito y reparación del daño; establecer preceptos que garanticen un trato adecuado al ciudadano en la formulación de denuncias y vigilar el cumplimiento de la integración de la averiguación previa.

El PRI está a favor de llevar a cabo cambios para perfeccionar la legislación del sistema de investigación y persecución del delito; promover la homogenización de las leyes penales del fuero común en el país sobre la base del pleno respeto a las garantías individuales y de dar continuidad a aquello que ha mostrado su eficacia; y revisar la edad de imputabilidad penal de los jóvenes, limitando el beneficio a reincidentes en conductas calificadas como delitos graves e integrar programas y grupos de trabajo para la atención y auxilio a las víctimas de violencia.

Impartición de justicia.

Los órganos que imparten justicia en el ámbito federal se ubican fundamentalmente en el Poder Judicial de la Federación, conformado para el ejercicio de la función jurisdiccional por los juzgados de distrito, los tribunales unitarios y colegiados de circuito, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la esfera administrativa destacan el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Agrario. En el ámbito estatal destacan los tribunales de justicia.

En cumplimiento del mandato constitucional, dichos órganos están obligados a impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial. Esos son los criterios indeclinables que rigen su actuación.

Poder Judicial y acceso a la justicia.

En esta materia, el PRI sostiene que lo fundamental es recuperar la credibilidad de la sociedad en la función jurisdiccional. Por ello alentaremos acciones sustantivas de manera que las instancias, más que incrementar competencias, puedan cumplir eficaz, honesta y eficientemente las tareas que se les han confiado y rendir cuentas a la sociedad sobre su gestión. En ese sentido están encaminadas las propuestas del PRI.

Es necesario que los jueces y magistrados cuenten con los medios legales, los recursos técnicos y los elementos materiales para que su función se manifieste con la alta dignidad de quienes aplican la ley para preservar el imperio del derecho y evitar la corrupción.

Deben atenderse igualmente los reclamos de justicia, en los ámbitos laboral, agrario, administrativo, civil, mercantil, familiar y ambiental.

Por otra parte, el Partido promoverá el fortalecimiento de la Defensoria de
Oficio en los ámbitos federal y estatal.

En particular, para fortalecer la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso expedito y franco a la impartición de justicia, el PRI plantea las siguientes medidas:

a) Recursos humanos, técnicos y materiales.

Dotar al Poder Judicial de los elementos técnicos y materiales suficientes para su desempeño es una necesidad; es pertinente que los titulares de sus órganos y todos los servidores cuenten con ingresos adecuados; aunque ya en el nivel federal se han elevado las remuneraciones, se hace necesario extenderlo a todos los órganos de impartición de justicia. En consecuencia, el PRI postula que los presupuestos de egresos del Poder Judicial se incrementen significativa y constantemente. También el Partido se pronuncia porque éstos cumplan con las formalidades para su aprobación y la rendición de cuentas.

b) Juicio de amparo.

No obstante ser el medio más importante para la defensa de los derechos fundamentales, a lo largo de los años ha perdido sistematicidad y no parece responder a los retos que enfrenta una materia tan sentida para la ciudadanía. El PRI se pronuncia por llevar a cabo una revisión integral de la legislación de amparo, cuyos ejes fundamentales sean hacerlo accesible a las personas y lograr que su protección sea efectiva y suficiente para quien lo solicita y, al mismo tiempo, evitar que este juicio sea objeto de abuso y perversión para favorecer a los delincuentes.

Poder Judicial y control de la constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye el rango más elevado de los órganos de impartición de justicia, en virtud de que le corresponde velar por la integridad de la Constitución. Sin embargo, existen quienes estiman pertinente instituir un Tribunal Constitucional como paso definitivo en la función del control de la constitucionalidad.

Con base en nuestra tradición jurídica y la evolución de dicha función, el PRI considera necesario mantener el sistema de la Corte como órgano supremo de control de las cuestiones de constitucionalidad y de legalidad.

Se trata de un desarrollo consistente con la afirmación de la Corte como guardián de la vigencia y aplicación de la Carta Magna que se llevó a cabo mediante las reformas de 1994. Por ello, el Partido también sostiene la relevancia de que el Consejo de la Judicatura Federal se consolide como el órgano responsable de la administración y disciplina del Poder Judicial; se trata de afirmar el significado sublime de la impartición de justicia con base en el imperio de la Constitución que corresponde a la Corte; y el reconocimiento de la necesidad de contar con la gestión administrativa eficaz, que compete al Consejo de la Judicatura.

Por otra parte, justamente por la naturaleza de la función de la Corte en materia de constitucionalidad, el PRI sostiene que a la luz del sistema previsto por nuestro orden jurídico para la integración de dicho órgano jurisdiccional, tanto el Ejecutivo de la Unión como el Senado de la República deben considerar la conveniencia de conformarlo a partir de apreciar la multiplicidad de los ámbitos de la formación de un jurista: la carrera judicial, la docencia y la investigación académica, el servicio público y el ejercicio libre de la profesión.

Al avanzarse hacia la solución de las controversias electorales en el ámbito de la función jurisdiccional, los procesos comiciales han incorporado a su desarrollo una etapa de naturaleza netamente judicial.

Con base en las experiencias del sistema y su evolución, el PRI se pronuncia por llevar a cabo modificaciones al orden normativo para que en las propuestas para la integración del Tribunal Electoral se considere el conocimiento y la experiencia en derecho electoral, así como por fijar con claridad las atribuciones del Poder Judicial de la Federación y fortalecerlo en el cumplimiento de sus funciones. Al efecto, el Partido propone precisar que el juicio de revisión constitucional electoral sólo deberá proceder para impugnar los actos o resoluciones de órganos estatales encargados estrictamente de la función electoral, exceptuando aquellos que en ejercicio de su soberanía realicen los poderes de los Estados; asimismo, señalar expresamente el alcance de la atribución de disponer el cumplimiento sustitutivo de sus resoluciones.

Tribunales Administrativos.

Ante el hecho de que en el ámbito del Poder Ejecutivo existen instituciones a cargo de funciones materialmente jurisdiccionales, algunos han sugerido de la pertinencia de concentrar todos los órganos federales de impartición de justicia en el Poder Judicial de la Federación. El PRI no puede dejar de reconocer que los tribunales administrativos son producto de necesidades específicas en la evolución de las funciones del Estado, al tiempo que su adscripción no constituye por sí un criterio de parcialidad.

A su vez, el PRI estima que la propuesta de incorporación de los tribunales administrativos al Poder Judicial requiere una consideración de mediano y largo plazos, sobre la base de analizar la situación específica de cada tribunal y se pronuncia porque estos tribunales cuenten con las garantías necesarias para actuar con independencia.

Por otra parte, el PRI propone impulsar amplias revisiones de los sistemas procesales correspondientes a las materias que competen a los tribunales administrativos, con el ánimo de lograr una mayor celeridad en los procedimientos y la disminución de trámites.

Profesionalización en procuración e impartición de
justicia.

Los priístas tenemos la convicción de que es indispensable contar con personal preparado, competente y probo en la procuración e impartición de justicia. Al considerar lo anterior y aunándose a ello la pertinencia de recoger las experiencias exitosas que nos presenta el análisis comparado de las instituciones de formación profesional de esos funcionarios en otros países, el PRI plantea la pertinencia de que existan instituciones establecidas para la formación de los funcionarios en las responsabilidades públicas de procurar e impartir justicia para que adquieran un mayor nivel académico, profesional y de enseñanza, así como para que la capacitación tenga una concepción integral pudiendo establecerse convenios con las instituciones de educación superior.

El Partido sostiene que el fortalecimiento de estas instituciones incluye los siguientes elementos: distinción de las tareas eminentemente técnicas, como los servicios periciales y la policía investigadora, de las estrictamente jurídicas, como las confiadas al Ministerio Público y a los jueces; programas obligatorios de estudio de por lo menos tres años posteriores a contar con el título de Licenciado en Derecho para ingresar al primer escalón de la carrera correspondiente al Ministerio Público o al juez, a fin de que pueda alcanzarse no sólo un alto grado de conocimiento técnico, sino la posibilidad de profundizar en cuestiones de formación ética; disposición legal de haber egresado de la institución en cuestión para poder ingresar a los servicios profesionales de procuración o de impartición de justicia, y establecimiento de programas específicos de reconocimiento y evaluación periódica del personal profesional. Ahora bien, para el PRI el establecimiento del servicio profesional en estas áreas demanda la conformación de una auténtica estructura para normar los ascensos y las adscripciones e integrar un sistema eficaz de servicio civil de carrera.

Ejecución de sentencias y readaptación social.

Un sistema eficaz de ejecución de sentencias, particularmente cuando éstas entrañan una pena privativa de libertad, constituye una justificada demanda social. El PRI se pronuncia por la revisión de las disposiciones que rigen esta materia para lograr que los responsables de la comisión de ilícitos compurguen efectivamente las penas que les hayan sido impuestas, al tiempo de que la readaptación social sea auténticamente el objetivo del sistema penitenciario. Por otra parte, el Partido procurará la dignificación de los centros de readaptación social.

El PRI estima que la ley penal debe contemplar una gama de posibilidades para distinguir sanciones de acuerdo con la naturaleza y gravedad del ilícito, promoviendo la conmutación de penas menores por trabajo voluntario en la comunidad.

El PRI se pronuncia por el establecimiento de colonias penitenciarias en nuestras islas, así como por buscar la formación de consensos para que los reos tengan la posibilidad de realizar un trabajo remunerado que contribuya a su sostenimiento.

El PRI se pronuncia por establecer nuevas políticas e instituciones para el tratamiento de menores infractores, a fin de brindarles auténticas oportunidades de rehabilitación y, cuando lo requieran, de atención y de protección. Al efecto se pronuncia por la creación de internados educativos.

Seguridad pública.

La seguridad pública es un tema de primer orden para nuestra sociedad. El Estado tiene la función fundamental de brindar seguridad a los ciudadanos en su integridad, su familia y su patrimonio. Sin embargo, prevalece en la comunidad un sentimiento de impotencia ante la delincuencia y una percepción de ineficacia de las autoridades para combatirla.

Es preciso señalar que en materia de seguridad existen deterioros preocupantes, principalmente porque las instituciones competentes quedaron rezagadas frente al ascenso de la delincuencia y la aparición de nuevas formas delictivas, pero, más grave aún, porque la delincuencia penetró en ellas.

El PRI considera imperativo señalar que los problemas de seguridad no se resolverán con planteamientos de corto plazo o golpes espectaculares. Se requieren una visión de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno; una concepción integral acorde con la Constitución, la modernización y la continuidad de las acciones emprendidas, basadas en esfuerzos institucionales y ciudadanos.

Para el PRI, la recuperación de la seguridad pública requiere:

a) Profesionalización de cuerpos policiales y modernización del equipo.

El PRI sostiene la necesidad de diseñar e instrumentar un sistema de normas y procedimientos que materialice la carrera policial, a partir de reglas de ingreso, promoción y retiro, así como de criterios para la fijación de percepciones y reglas precisas sobre previsiones sociales. Ello con el objetivo de contar con policías profesionales, que hagan posible erradicar la corrupción y mejorar las condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos, que constituye la gran preocupación de la ciudadanía.

Es imperativa la modernización del equipo de las instituciones encargadas de la seguridad en los tres órdenes de gobierno.

b) Coordinación institucional.

En el combate a la inseguridad no puede actuarse de manera aislada o dispersa. El PRI se pronuncia por mejorar las normas, órganos y mecanismos que dan cauce a la coordinación de todas las instancias competentes en la materia, a fin de consolidar estrategias nacionales con la participación de los tres órdenes de gobierno. A partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá concretarse la red nacional de información y datos, y mejorarse la capacidad tecnológica para combatir la delincuencia.

c) Prevención del delito.

La seguridad pública no puede apreciarse exclusivamente bajo una perspectiva policial; es necesario desentrañar los orígenes, causas y efectos del delito. El PRI se pronuncia por impulsar la adopción de un Programa Integral de Prevención del Delito con la participación de las diversas organizaciones de la sociedad civil y los sistemas de educación pública y privada. A su vez, el Partido impulsará la adopción y perfeccionamiento de normas para disuadir y combatir la violencia familiar, y las medidas para atender a los grupos y personas mayormente vulnerables a la violen- cia, de manera especial a las mujeres, niños, adultos mayores y discapacitados.

d) Combate al crimen organizado.

Esta faceta de la delincuencia constituye una amenaza grave para el Estado porque genera y mantiene condiciones de intranquilidad y alteración de la paz, afectando el desarrollo de las actividades sociales de toda índole; se trata de un reto a la legitima constitución de un orden jurídico para la convivencia.

El actual clima de violencia delictiva obedece en buena parte al impacto del narcotráfico. Su operación se desdobla en una cadena de acciones en el que cada eslabon corroe el ámbito social en que se produce. Su detonante crecimiento y la formación de cárteles que se pretenden repartir el territorio nacional y en supuestas regiones donde operan con exclusividad y el alto nivel de organización y corrupción que han adquirido lo hace ampliamente letal. El narcotráfico se ha convertido en un factor desestabilizador de la seguridad nacional por su capacidad erocionante de la sociedad y de las instituciones públicas, y no solamente de las corporaciones encargadas de combatirlo.

México, hace tiempo, dejó de ser país en el cual la droga transitaba hacia los países de consumo. Y ahora tenemos que reconocer que en México el consumo ha encontrado adictos en sectores frágiles, sobre todo en lo que más nos duele, como nuestra jueventud e incluso infantes.

El PRI reafirma que el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico son una prioridad en las tareas de procuración de justicia que deben realizarse con base en el interés y la seguridad nacional, con apego al principio de soberanía en la vertiente de cooperación internacional.

e) Valores éticos

La prevención de las conductas delictivas requiere del fortalecimiento de la formación ética de los miembros de nuestra sociedad. El PRI pugnará por el fortalecimiento a través de la educación, de la enseñanza de valores éticos, cívicos y sociales desde los primeros niveles escolares.

f) Participación ciudadana.

La participación ciudadana constituye un eje fundamental para el partido en la nueva concepción de la seguridad pública. El PRI promoverá el establecimiento de normas, mecanismos y condiciones para la integración de órganos municipales o por colonias para que los ciudadanos se organicen y participen en la toma de decisiones en esta materia y en las tareas que se convenga con las autoridades correspondientes.

Derechos Humanos.

Una de las características del Estado de Derecho es su compromiso con los derechos fundamentales de las personas. Estos entrañaron, primero, el disfrute de libertades frente al poder público; luego la intervención del Estado a favor de grupos sociales, y posteriormente la previsión de normas destinadas a salvaguardar bienes para la totalidad de la comunidad.

El PRI se pronuncia categóricamente a favor de las garantías establecidas por nuestra Constitución, con la convicción de que en el ámbito de los derechos humanos sólo es posible avanzar si las libertades individuales se hallan plenamente protegidas. El Partido exigirá el eficaz acatamiento de las normas constitucionales, actualizándolas con la realidad cotidiana y comprometerá a sus legisladores en esta modernización.

Toda vez que la procuración de justicia es una función social en defensa del interés público, el PRI rechaza la polarización entre las instituciones a cargo de esa tarea y los organismos protectores de los derechos humanos. El Partido sostiene que no puede haber conculcación de derechos fundamentales bajo el pretexto de cumplir la ley, ni abuso de esos derechos para evitar la acción de la justicia o para articular nuevas formas de injerencia en los asuntos políticos de la Nación.

México ha incorporado a su orden jurídico las convenciones y pactos internacionales que establecen derechos humanos. Ello ha venido a enriquecer la esfera de derechos de las personas. El PRI está a favor de esas determinaciones porque amplían el ámbito de las libertades públicas.

El PRI se pronuncia por establecer el respeto y la restauración de esos derechos puede ser planteado mediante la interpretación del juicio de garantías es decir, que la violación de esos preceptos sea causa suficiente para solicitar el amparo de la justicia federal, pues de esa forma tendrán una vía efeciva para hacerlos valer.

Los órganos de protección de los derechos humanos se establecieron en nuestro sistema jurídico durante los gobiernos emanados del PRI. El Partido se manifiesta a favor de que la acción institucional de dichos órganos mantenga su lealtad a los fines que inspiraron su creación y que deben orientar de manera actualizada su desempeño. En particular, el PRI pugnará por la mayor protección de los derechos humanos de los indígenas, de los trabajadores migratorios, de las mujeres, de los niños y las niñas, de los adultos mayores y los discapacitados.

Es preciso reconocer, por otro lado, que la tutela de los derechos fundamentales se for talece con el surgimiento y funcionamiento de otros órganos con competencia especializada. Así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene una atención de carácter general, en tanto que otras instnacias, se abocan específicamente a la tutela de ciertos derechos, como los usuarios de servicios médicos y de servicios financieros, o para prevenir y eliminar la discriminación.

El PRI sostiene que la diversidad de órganos con competencias precisas requiere una adecuada coordinación que permitirá una mayor y mejor protección de los derechos humanos; así mismo el Partido se esforzará por ser una vía para reclamar la defensa de estos derechos.

TÍTULO SEGUNDO
Política Económica

Capítulo I
Economía y Sustentabilidad

I. Presentación.

México cuenta con 100 millones de habitantes y una economía que, con poco más de 36 millones de mujeres y hombres en la fuerza de trabajo, genera un producto interno del orden de los 6 billones de pesos; ésta se ubica entre las primeras 15 del mundo.

El veintisiete por ciento de la población vive en zonas rurales y la tendencia hacia un México mayoritariamente urbano es clara. México es también un país de jóvenes. En cinco años la población de entre quince y veintinueve años alcanzará los treinta millones. No obstante, subsisten desigualdades enormes. Aliviar la situación de 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en la pobreza, de los cuales la mitad lo hace en condiciones extremas, constituye el principal reto para nuestro desarrollo.

La economía nacional es parte del sistema internacional, el cual vive el proceso que se conoce como globalización. Este hecho nos plantea desafíos adicionales: la intensa competencia y la aguda inestabilidad, que constituyen la característica distintiva de la economía mundial.

Los priístas asumimos como prioridad de desarrollo económico, dar respuesta a una sociedad que demanda condiciones de mayor justicia social y mantener la viabilidad de nuestra economía ante la compleja realidad del sistema económico internacional. Asimismo, a los priístas nos preocupa asegurar la sustentabilidad del crecimiento económico, lo que significa alcanzar una mejor relación entre los procesos económicos y el medio ambiente.

Entender la naturaleza de estos desafíos exige revisar la evolución de nuestra economía, su vinculación al sistema económico mundial, las distintas estrategias adoptadas en el pasado y las opciones reales para el futuro.

II. El pasado reciente, breve repaso.

La estrategia de desarrollo y la vinculación de la economía nacional a la mundial han variado a lo largo del tiempo, conforme a las transformaciones del sistema internacional.

En un primer momento, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los ochenta. México siguió una estrategia basada en la protección del mercado interno, la sustitución de importaciones y la activa intervención del Estado en la economía. Esta estrategia adoptada por gobiernos surgidos del PRI, rindió buenos resultados por casi 40 años: tasas de crecimiento económico alto (del orden de 6 por ciento en promedio anual o más), baja inflación (menos del 3 por ciento) e incremento real de los salarios (del rango de 3 por ciento por año). No obstante, se generaron problemas de índole estructural de baja productividad de la industria y los servicios, y hacia el final del periodo, en la agricultura. Este tramo coincidió con una fase de estabilidad y crecimiento de la economía y el comercio internacionales.

En ese lapso se dio una gran transformación, de un México rural a otro predominantemente urbano, con agua potable, alcantarillado y electrificación generalizados; una gran expansión de los servicios educativos, dejando atrás los altos índices de analfabetismo, y la ampliación de los servicios de salud, lo que elevó sustancialmente la esperanza de vida al nacer y erradicó enfermedades diversas, como el paludismo y la polio, todo ello a pesar de que se triplicó la población, por cuyo explosivo crecimiento se generaba una baja proporción de población económicamente activa.

En ese mismo periodo se desarrolló una gran infraestructura de riego, carretera, aeroportuaria y de telecomunicaciones, a la par que se creó una gran planta productora de energéticos, petroquímicos, acero y fertilizantes.

Con la decisión de los Estados Unidos, en 1972, de abandonar la libre convertibilidad del dólar en oro a tasa fija, que había dado estabilidad al sistema cambiario mundial, y la crisis petrolera de 1973, a mediados de los setenta se inició un período de menor crecimiento, mayor inflación e inestabilidad del sistema económico internacional, que duró hasta fines de los ochenta.

Este nuevo entorno externo, así como la falta de oportunidad en la adaptación de la estrategia económica a estas condiciones menos dinámicas e inestables, trajo consecuencias negativas: la tasa de crecimiento de la economía mexicana se redujo y mostró grandes fluctuaciones; el tipo de cambio y la inflación se desbordaron, y la deuda pública se disparó.

En esta etapa, México se benefició primero de altos precios del petróleo, para luego padecer una brusca caída, junto con una elevación internacional del costo del dinero, que produjo una crisis financiera al persistir en el esfuerzo presupuestal para abatir rezagos sociales y mantener una economía paraestatal, para, a su vez, sostener el crecimiento económico y el empleo dentro del modelo económico, entonces vigente.

En el mundo, a finales de la década de los ochenta, se inicia lo que ahora se denomina globalización, como consecuencia de los avances científicos y desarrollos tecnológicos que revolucionaron las comunicaciones y acercaron los mercados; la liberalización de éstos, particularmente de los financieros, y la mayor competencia por el ahorro externo. Este proceso, conducido por las grandes corporaciones multinacionales, por los gobiernos de los países con economías más desarrolladas -el Grupo de los Siete- y por los organismos financieros internacionales, se ha caracterizado por la eliminación de restricciones al comercio y a los flujos de inversión extranjera, la desregulación de los mercados, destacadamente de los financieros, y la mundialización de los procesos productivos.

En México, la acumulación de rezagos sociales, asociado a la presión demográfica y al pobre desempeño de la economía, generó presiones para adecuar la estrategia de desarrollo a las nuevas circunstancias del proceso -ya en marcha- de globalización de la economía internacional.

Así, hacia mediados de los ochenta, el gobierno también priísta, tomó la decisión de liberalizar nuestro comercio internacional y abrir la economía nacional, mediante la adhesión al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles; años más tarde, este proceso de apertura se aceleró con la firma de tratados de libre comercio, entre los que se incluyen los firmados con Estados Unidos y Canadá, con Chile y varios países de América Latina, con Israel y con la Unión Europea.

El cambio de estrategia implicó replantear el papel del Estado en la economía, abandonándose su carácter de propietario. Se impulsaron reformas estructurales en diversos sectores económicos que fueron abiertos a la competencia internacional y a la inversión privada; se trata de reformas que, a la distancia, resultaron incompletas, pues no estuvieron acompañadas de medidas que prepararan para la competencia a quienes no lo estaban en ese momento.

Esta estrategia abrió importantes oportunidades de inversión privada, en especial extranjera, debido a la intensa relocalización de las actividades industriales de las economías centrales hacia la periferia. Ello alentó el desarrollo de un sector exportador, principalmente de manufacturas; importantes inversiones, y la generación de un número considerable de nuevos empleos, más productivos y mejor remunerados.

Sin embargo, ha tenido como costo mayor desigualdad y pobreza. Amplias regiones del país, diversos sectores de actividad económica, muchas empresas y grupos sociales no tenían igual capacidad para enfrentar la mayor competencia del exterior. En consecuencia, la mayor competencia se ha traducido en marginación de amplios grupos, primordialmente en el sector rural. También ha significado que multitud de pequeñas y medianas empresas hayan desaparecido o sientan en riesgo su sobrevivencia, que se hayan ampliado las diferencias en posibilidades de desarrollo de los Estados del norte -más favorecidos con las nuevas condiciones económicas- y los Estados del sur, afectando a estos últimos, y que multitud de mexicanos sientan su futuro amenazado por la inestabilidad laboral.

En suma, a pesar del flujo de inversiones y del crecimiento económico, la pobreza aumentó, se acumularon rezagos y se profundizó la desigualdad económica entre personas y regiones.

En el año 2001, la situación económica se ha complicado por lo que parece ser la primer crisis generalizada del capitalismo global. La economía estadounidense se ha frenado y, junto con ella, las economías que conforman el núcleo central del sistema internacional también están en recesión o muestran un crecimiento débil.

Lo anterior ha puesto de manifiesto la gran vinculación de nuestra economía al sistema global, en particular a la economía de los Estados Unidos. La información disponible muestra que estamos en recesión y que las condiciones recesivas de la economía estadounidense se trasmitieron con gran rapidez a la nuestra. A esto, se agregan políticas internas que agudizan la recesión en lugar de atemperarla; políticas monetarias restrictivas; sobrevaluación del peso; subejercicio presupuestal, y falta de apoyo a la inversión nacional.

La recesión ha puesto de manifiesto hechos preocupantes: que el gobierno actual no ha tenido la capacidad para analizar esta realidad económica, anticipada desde diciembre de 2000, en forma correcta y oportuna; y, más grave aún, que tampoco ha podido señalarle a la Nación como enfrentarla.

III. Por una nueva política económica.

La realidad política y económica imponen restricciones que no podemos ignorar.

La primera se caracteriza por el hecho de que, a diferencia del pasado, hasta el 2006 el Poder Ejecutivo Federal estará en manos no priístas y de que el Partido no tiene la mayoría absoluta en ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, y por un propósito político priísta: la obtención de la mayoría en la Cámara de Diputados en 2003. Por ello, este Programa de Acción incorpora ideas que aspiran a servir a nuestros grupos parlamentarios en torno a los objetivos que el Partido considera necesario convertir en iniciativas de nuevas leyes o de modificaciones a las existentes y para definir su postura como partido de oposición. Estas orientaciones buscan de igual forma, ser útiles a la dirigencia para la fijación de posiciones y declaraciones frente a la opinión pública.

La realidad económica, por su parte, se caracteriza por el hecho de que participamos en la economía internacional y no tenemos, como alternativa real, la decisión de marginarnos; hacerlo así implicaría la destrucción de la economía nacional. Sin embargo, tampoco aceptamos la inacción del Estado (Federación, Estados y Municipios) frente a la desigualdad y la marginación como opción válida de política económica.

En este contexto, el PRI propone una estrategia responsable e innovadora. Es responsable porque asume las restricciones de la realidad y reconoce la necesidad de preservar los equilibrios y la estabilidad de la economía. Es innovadora porque va más allá; plantea la urgencia de desarrollar nuevos instrumentos de política económica -legales, de fomento y de regulación- para fortalecer la economía nacional, desarrollando sus capacidades y conexiones internas e incrementando su potencial de crecimiento endógeno para enfrentar mejor la inestabilidad de la economía global. Ello requiere mejores empleos y salarios; mercado y ahorro internos fortalecidos; programas sociales estables; consolidación de los sectores económicos estratégicos; desarrollo de la capacidad para competir de las empresas nacionales, particularmente de micro, pequeñas y medianas; recuperación del potencial de crecimiento, y generación de bienestar en el sector rural.

El PRI considera necesario, por tanto, un cambio de fondo en la política económica, que responda a las urgencias de la coyuntura recesiva y que se oriente con una visión de largo plazo, para no dejarse llevar pasiva e irresponsablemente por la inercia de la globalización, de la que no podemos sustraernos del todo pero que tampoco hemos de aceptar sin realizar los esfuerzos internos que nuestra realidad exige y son posibles.

En lo inmediato es urgente amortiguar las consecuencias de la recesión sobre la planta productiva y el empleo.

Es necesario apoyar la producción nacional, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante acciones que permitan la organización de la demanda del sector público federal y de los gobiernos locales; que amplíen el financiamiento preferente; que impulsen el turismo, las exportaciones y la sustitución de importaciones, así como por un ejercicio presupuestal oportuno y a plenitud, que haga efectiva la demanda pública, y la articulación consistente de esta política con la monetaria para hacer posible una política cambiaria competitiva.

Lo anterior protegerá y generará empleo, el cual debe además incrementarse con programas con alto contenido de mano de obra y beneficio social, como los de vivienda e infraestructura.

De manera más permanente el PRI sostiene la necesidad de una política económica que revalore el mercado como objetivo de promoción y a la vez como palanca de desarrollo. Hemos puesto un énfasis desmedido en el mercado externo y ahora sufrimos las consecuencias; no hay que desperdiciar las oportunidades que brinda ni dejar de responder a sus exigencias de competitividad, porque no podemos aislarnos, pero debemos fortalecer el mercado interno para depender menos del exterior.

Con ese propósito hay que proteger, apoyar e incluso subsidiar sin romper reglas internacionales inescapables a las empresas nacionales, como hacen los demás países. Debemos propugnar por salarios remuneradores que generen capacidad adquisitiva; más que una mano de obra barata, para competir se requiere mano de obra calificada, buena infraestructura y un ambiente institucional de certidumbre. Esto hay que complementarlo con mejores pensiones y prestaciones sociales, para proteger el nivel de vida de las clases populares.

También y de manera vital, debemos contener y revertir la creciente desigualdad y aliviar la pobreza que padecen amplios grupos y regiones del país, hasta lograr su erradicación. Todo ello a partir de una relación con el medio ambiente y un manejo de nuestros recursos naturales -agua, aire, suelo, bosques y biodiversidad- que asegure equidad generacional y un crecimiento sustentable. El agua, en particular es un factor estratégico que presenta una problemática delicada pues se tienen graves problemas e insuficiencia en amplias regiones del país, y en casi toda la geografía situaciones de contaminación y desperdicio; es indispensable una cultura de pleno y limpio aprovechamiento del agua y una administración del recurso estricta y de planeación a largo plazo, a fin de lograr un desarrollo sustentable de los núcleos urbanos, las actividades productivas y el medio ambiente.

De igual manera, la política económica debe considerar un desarrollo regional más equilibrado, no se debe seguir polarizando socialmente la geografía del país. Por ello las políticas públicas, en especial la presupuestal, la social y la de infraestructura deben tender a equilibrar el avance económico y social de las regiones, en especial para los Estados del sur y sureste que tienen los mayores rezagos.

IV. Postulados partidistas

1. El PRI plantea una rectoría estatal de mayor calidad, con visión federalista, capaz de diseñar e instrumentar políticas de fomento y postulados sociales para atemperar las desigualdades, erradicar la pobreza y enfrentar la inestabilidad de la economía internacional. Una rectoría democrática, justa, apegada a la ley, que genere certidumbre; capaz de orientar el desarrollo económico en función de las necesidades sociales de los mexicanos en un contesto de globalización.

2. Los priístas postulamos que los individuos y las comunidades no deben quedar indefensos ante las fuerzas del mercado, ni frente al Estado. El PRI rechaza también el estatismo que avasalla. Para el PRI la economía mexicana requiere de la construcción de un nuevo equilibrio que se resume así: a más mercado, corresponde un Estado con responsabilidad social.

3. Igualmente, nos pronunciamos por un sector productivo eficiente y competitivo que contribuya al desarrollo nacional; también consideramos necesario asegurar la participación efectiva y democrática de los distintos agentes económicos y sociales en la definición de la política económica.

4. En consecuencia, el PRI propone preservar y fortalecer o crear nuevas instituciones necesarias para la adecuada gestión de la economía, tales como: la banca de desarrollo, misma que debe mantenerse y fortalecerse como u