Convergencia, manifiesta su compromiso con la sociedad mexicana de conjuntar su voluntad política para definir y conducir sus acciones hacia el establecimiento de Un Nuevo Rumbo para la Nación, tal como lo determina su Declaración de Principios.

El presente Programa de Acción parte de una estrategia fundada en nuestras realidades y experiencias históricas, valora la creatividad y la inteligencia política de los mexicanos y tiene como propósito lograr que México sea un país en el que la democracia, la competencia civilizada, la igualdad de oportunidades, el respeto a las libertades y la tolerancia, sean parte de nuestra vida común. Nuestros objetivos sólo podrán llevarse a cabo mediante una intensa participación ciudadana, llena de connotaciones sociales y políticas, que se concrete en una alianza productiva y eficaz de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad. De ahí que propongamos opciones que buscan articular la dinámica de nuestra organización con la energía comunitaria de la sociedad mexicana para que, a partir de los postulados que define nuestra Declaración de Principios, prefigure objetivos y metas en torno a un propósito común que nos permita alcanzar el gran Acuerdo Nacional, que haga posible la consecución de nuestras coincidencias fundamentales.

Para dar cumplimiento a nuestra propuesta ideológica y ofrecer opciones viables que se traduzcan en una nueva política para una nueva sociedad nos comprometemos a seguir los lineamientos y a luchar por el logro de las metas del siguiente Programa de Acción:

I. Política y Democracia

La política es un medio al servicio de los más altos fines humanos y una profesión para quienes asumen como responsabilidad cotidiana la tarea de dirigir y gobernar a su comunidad.

La democracia es el elemento fundamental en la constitución de toda organización política que aspire a la consolidación de una sociedad abierta y justa. Por ello, es necesario extender las oportunidades de participación ciudadana a sectores cada vez más amplios del conglomerado social, en las decisiones de los diferentes niveles de gobierno.

Vamos a utilizar la política para darle un sentido ético al ejercicio del poder y encontrar con todos los mexicanos Un Nuevo Rumbo para la Nación, en un marco de respeto a nuestras libertades.

II. Una Sociedad Civil Responsable y Participativa

Como fuente de legitimidad del poder formal, la sociedad civil es también la expresión unificada de la voluntad popular y requiere de un eficiente sistema de participación en las grandes decisiones políticas, así como de los medios que le permitan concurrir de manera responsable a las instancias y entidades encargadas de la vigilancia, evaluación y control de la función pública

III. Reforma del Estado

El sistema político mexicano atraviesa por una de las crisis más agudas de su historia. Las instituciones y las prácticas políticas vigentes no responden a las exigencias y reclamos de la sociedad. Las diferentes reformas políticas llevadas a cabo han sido insuficientes al no originarse en propósitos claros de largo alcance y profundidad, sino en la necesidad de resolver, de manera coyuntural, presiones políticas impostergables.

Los cambios que la sociedad mexicana espera requieren de la modificación de los fundamentos sobre los cuales descansa la estructura del Estado, que es la expresión unificada de la sociedad. La acumulación de facultades metaconstitucionales y legales en torno al Poder Ejecutivo, contradice los principios democráticos en que se funda el régimen republicano. La supremacía que de hecho ejerce en México el Ejecutivo Federal sobre los demás poderes, los estados y los municipios, resta a todos, dignidad y eficacia, y rompe el fundamento de la organización democrática federal.

La reforma del Estado mexicano debe replantearse a la luz de un acuerdo nacional que, además de superar las urgencias del presente, se proyecte hacia el futuro. Nuestra propuesta es en favor del fortalecimiento del Estado en función de lo que le es común con la sociedad.

El México moderno requiere de la construcción de un Estado auténticamente democrático, que equilibre la disparidad que hoy presentan algunas instituciones con respecto al ordenamiento constitucional, que asegure el sufragio efectivo, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre, las garantías individuales y sociales y los derechos de la Nación sobre sus recursos naturales.

La transición política que ha emprendido México, deberá cumplir los anhelos democráticos de una sociedad dispuesta a participar de manera corresponsable, en la construcción de un proyecto renovado de Nación.

Para ello, el régimen autoritario que prevaleció por décadas, moralmente corrupto, socialmente excluyente y económicamente ineficiente, debe ser reemplazado plenamente por un sistema político eminentemente democrático que garantice la transformación estructural del Estado, lo cual implica no sólo reconocer al pueblo su poder original, sino respetar su derecho a un sufragio efectivo y hacer de la ley el cimiento de la organización estatal.

Para que la reforma del Estado mexicano pueda prosperar en beneficio de nuestra sociedad, es indispensable realizar la redistribución de facultades y competencias constitucionales que garanticen el equilibrio y la armonía en la correlación de poderes, e igualmente, revisar el contenido y alcance de nuestras instituciones y prácticas federalistas.

Para que un Estado sea moderno debe estar comprometido con la estabilidad y la armonía sociales. La modernización del Estado mexicano deberá ser el producto de una profunda consulta popular en la que participen todos los actores y fuerzas políticas del país y debe reflejar la pluralidad de nuestra sociedad.

IV. Un Nuevo Orden Jurídico

El Derecho es el medio por el cual se da forma a las organizaciones humanas. Su eficacia está supeditada a la existencia y permanencia de acuerdos básicos que permiten establecer, de manera condensada, las normas generales que regulan el comportamiento social.

La estructura jurídica debe ser concomitante con la realidad. No obstante, en aras de esta necesidad o para legitimar acciones de sucesivos gobiernos, nuestro marco normativo, desde la propia Constitución Política, ha sufrido incontables modificaciones que rompieron su uniformidad. Así, en tanto existen normas avanzadas, otras han quedado en el desuso, confrontando internamente posiciones en fondo y forma y disparidades que volvieron complicado y hasta contradictorio nuestro acervo legislativo.

La reforma del Estado y de sus instituciones y las nuevas reglas de su operación, suponen un nuevo orden político al que debe corresponder, necesariamente, un nuevo orden jurídico.

El nuevo orden jurídico deberá contener las respuestas a las demandas y aspiraciones de la sociedad. El nuevo orden jurídico debe reflejar el nuevo orden institucional. Se trata de actualizar nuestro sistema legal desde la Constitución hasta las leyes reglamentarias, tanto en los niveles federal como locales.

Es necesario transitar de un Estado de leyes a un auténtico Estado de Derecho. De ahí la necesidad de actualizar, a partir de las nuevas normas e instituciones, el conjunto de leyes generales y reglamentarias, a fin de lograr el establecimiento de un orden jurídico congruente, armónico y complementario

V. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos

La seguridad pública, la procuración e impartición eficaz de justicia, y el respeto a los derechos humanos requieren de una activa participación ciudadana. La tranquilidad ciudadana y la paz social son condiciones indispensables para la viabilidad de cualquier propósito humano.

La delincuencia organizada ha disminuido considerablemente la confianza de la población en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policíacas, debido a la incapacidad de respuesta y a la corrupción de éstos.

Los órganos de procuración e impartición de justicia viven permanentemente presionados, y en algunos casos, penetrados por la delincuencia organizada, limitando la acción del Estado en su combate. A esto se debe agregar el desequilibrio que aún persiste en la correlación de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo cual obstaculiza la autonomía de este último y pone en tela de juicio el principio de imparcialidad en sus decisiones.

Todos estos factores, aunados a la creciente vulnerabilidad de los derechos humanos, han dado lugar, particularmente en las grandes ciudades, a una atmósfera de inseguridad ciudadana asfixiante y a la evidente pérdida de la tranquilidad y paz públicas, circunstancia que tensa y muchas veces rompe el tejido social.

VI. Una Nueva Política Económica para una Nueva Sociedad

El pasado mediato

Durante el siglo XX México experimentó profundas transformaciones que son un reflejo de las aspiraciones y la voluntad de la mayoría de la población. Esas transformaciones imprimieron al Estado su carácter tutelar sobre los factores de la producción, permitieron al Gobierno Federal asumir comprometidamente el carácter de promotor de la actividad económica y el empleo, y afianzaron su papel como árbitro de las relaciones económicas entre los sectores privado y social.

Sin embargo, el principio tutelar del Estado y su carácter de promotor económico generaron prácticas administrativas discrecionales y un exceso de la intervención estatal en la economía. Estos modelos hicieron crisis al inicio de los años setenta, tanto por las condiciones económicas y políticas internas, como por la terminación de la etapa de estabilización y crecimiento económico del mundo occidental, surgida a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial.

Al final de esta etapa se produjeron grandes cambios en las relaciones internacionales y en sus instituciones, y surgieron nuevas ideas acerca del papel del Estado. Con base en esas ideas se cuestionaron severamente las políticas económicas y sociales hasta entonces aplicadas, especialmente en los países en desarrollo.

Aun cuando el entorno internacional se había transformado drásticamente ante el falso dilema de cambiar o profundizar la huella del camino recorrido, durante toda la década de los setenta, el Estado mexicano agudizó la aplicación de sus políticas intervencionistas sobre buena parte de la vida nacional e institucional; de manera relevante el Gobierno Federal amplió su acción administrativa hacia estados y municipios, trastocando las bases reales del pacto federal. Los resultados obtenidos fueron cada vez más adversos, tanto por lo que hace a la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, como por la creciente dependencia de los recursos externos provenientes de instituciones financieras privadas.

Las consecuencias se agudizaron a principios de la década de los años ochenta, a partir de la crisis inducida por el petróleo y el déficit fiscal y comercial de las economías desarrolladas, factores que generaron, a escala internacional, las tasas de interés más elevadas de los últimos cincuenta años, lo que llevó a países como México al borde de la insolvencia financiera.

El pasado reciente

Durante la década de los ochenta, los países desarrollados emprendieron una reestructuración económica al amparo de la liberación de los mercados y del libre movimiento de capitales. Los países del sudeste asiático irrumpieron en la arena internacional como fuertes proveedores de manufacturas, bajo el aliento de políticas públicas que impulsaron ventajas competitivas de sus economías; en tanto que la región latinoamericana entró en un proceso recurrente de crisis de ciclos cortos. Durante estas crisis se reestructuraron pasivos con el exterior, se privatizaron buena parte de las empresas públicas y se alcanzaron indicadores macroeconómicos sanos. Sin embargo, los resultados sociales obtenidos y la miseria de decenas de millones de ciudadanos terminaron por agudizar debilidades económicas estructurales, invalidando las políticas de apertura económica y cuestionando la no-intervención del Estado en la economía.

En este contexto de crisis recurrentes, México inició la segunda mitad de la década de los noventa con una de las mayores contradicciones económicas experimentadas en el siglo pasado, lo cual ha significado la destrucción de un alto porcentaje de su aparato productivo, elevados índices de desempleo y una drástica caída en los niveles de consumo y bienestar de la población. Paradójicamente, se intentó solventar la crisis desde la esfera del gobierno federal, inyectando recursos públicos para salvar de la quiebra a ciertos agentes económicos privados, especialmente bancos y empresas constructoras. La intervención estatal evitó así que operara la disciplina del mercado sobre un minúsculo grupo de empresarios, disciplina que debería castigar las ineficiencias económicas y beneficiar a los consumidores.

Lo ilógico y socialmente injusto radica en el hecho de que el Estado intervenga, mediante la inyección de recursos públicos, para sostener un modelo económico que ha resultado ineficaz para el conjunto de la economía, pero rentablemente positivo para unos cuantos beneficiarios directos de este nuevo tipo de intervencionismo.

Presente y futuro

Los resultados de las políticas públicas instrumentadas para combatir la crisis del inicio de los años ochenta—especialmente la caída del poder adquisitivo de los salarios en virtud de la inflación y la disminución drástica de los subsidios—generaron un gran descontento popular. Paralelamente, el servicio de la deuda pública externa, abultada por los pasivos privados asumidos ante los agentes externos por el gobierno federal, y las medidas aplicadas para combatir las tasas crecientes de inflación, produjeron un crecimiento muy bajo de la economía y un abundante desempleo. Los resultados económicos se convirtieron en fuente de crítica hacia las políticas públicas, en un ambiente de amplia especulación financiera y del tipo de cambio.

Por otra parte, desde finales de los años setenta se integra a la burocracia gubernamental un grupo de jóvenes técnicos—la mayor parte de ellos preparados en el extranjero—sin formación política, carentes de sensibilidad social y con escasa experiencia en el desempeño público, quienes acceden al poder y cubren, rápidamente, los espacios políticos de la burocracia gubernamental y los cargos del partido en el gobierno. Este grupo, en connivencia con un segmento del llamado capital financiero, condujo a la Nación a la peor crisis económica de la segunda mitad del siglo pasado, con su secuela de pobreza, corrupción, impunidad e injusticia.

El programa político y económico de estas élites, de supuestos visos modernizadores —con una década de retraso en su referente internacional y sin consideración alguna de la historia y el compromiso social del Estado mexicano— se manifestó en el llamado neoliberalismo, que tan funestos resultados ha tenido para la mayoría de la población.

Ante este panorama, México demanda una política económica que no sea producto del ejercicio vertical del poder, ajeno al sentir popular y carente de sensibilidad social.

Es necesario reconocer que en materia de desarrollo económico y social, el gran desafío que enfrenta nuestro país consiste en incrementar el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos. En las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se necesita un modelo económico participativo mediante el cual el Estado promueva, estimule y oriente —con el concurso de todos los sectores productivos— el desarrollo en beneficio de la sociedad, sin que esto signifique caer en soluciones populistas ni esquemas que favorezcan la intervención estatal indiscriminada en la regulación de la economía.

Lejos de abandonar la economía a las fuerzas del mercado, el Estado debe establecer un equilibrio entre la libertad de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad.

Por ello es necesario mantener un control estatal —como en la mayoría de los países desarrollados— sobre los sectores estratégicos de la economía e intervenir en la regulación de las actividades en las que el mercado, por falta de controles institucionales y normativos, podría dejar de atender demandas sociales y generar graves distorsiones en el proceso de desarrollo que terminarían por perpetuar las desigualdades sociales y acentuar la dependencia de la economía nacional en el exterior.

Por otra parte, para que la política económica tenga el éxito deseado y cumpla los objetivos de justicia social que propicien la distribución equitativa de la riqueza, se requiere de la confianza de los distintos agentes económicos en las instituciones, para lo cual es necesario que haya congruencia entre el decir y el hacer de nuestros servidores públicos.

El Estado, conjuntamente con los sectores productivos, debe crear las bases y apoyar el desarrollo de las ventajas competitivas del país. Bajo el principio de una economía abierta, los sectores público, privado y social habrán de convenir las políticas sectoriales que garanticen en el mediano plazo la plena competitividad de nuestra economía. El país debe dejar de ser un exportador de mano de obra barata para convertirse en una auténtica economía nacional inserta activamente en la economía mundial.

El modelo económico deberá comprender, básicamente, dos vertientes:

La primera debe atender nuestra realidad interna mediante la instrumentación de una política de desarrollo industrial que propicie la reactivación y la modernización de la planta productiva, aliente la creación de empleo, permita la formación de capital, fortalezca el mercado interno y logre la consolidación de las cadenas productivas que vinculen el sector externo con el resto de la economía.

La segunda debe servir para hacer frente a la globalización con la ejecución de acciones que promuevan la producción de bienes y servicios para la exportación. A ese respecto, es importante impulsar una nueva cultura en las relaciones entre empresarios, obreros, campesinos, maestros y trabajadores en general y gobierno, para aliarse en torno a una nueva política industrial y de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, que vincule e integre al sector exportador con el resto de las actividades productivas. Una nueva cultura económica basada en la productividad, la innovación, la capacitación y la corresponsabilidad y el reconocimiento de los derechos de todos.

Nuestro acceso a la globalización no puede simple y llanamente agotarse en la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos de América. Nuestro mercado interno deberá ser atendido pertinentemente, tanto con relación a la demanda de insumos y materias primas, como en lo relativo al consumo final. Hoy los productores nacionales no tienen que salir al exterior para enfrentarse a la competencia externa; nuestros mercados intermedios y finales están abarrotados de productos extranjeros, muchas veces de baja calidad y como resultado de prácticas comerciales desleales. Por ello, en reciprocidad se deben aplicar las mismas normas, criterios y prácticas que se aplican a nuestras exportaciones. Además, en unión con nuestros exportadores, el gobierno deberá estar pendiente para reclamar y litigar contra toda práctica de comercio desleal. Se requiere, también, de la cancelación de barreras de entrada y combatir las prácticas injustas para la comercialización de productos y servicios mexicanos en el exterior.

La desregulación económica ha terminado en un libertinaje en el que prevalecen prácticas oligopólicas de comercio y de servicios que constituyen un abuso sobre los consumidores. Toda desregulación significa la estructuración de nuevas normas, más pertinentes a la producción y al empleo y a la inserción competitiva de la economía nacional en el contexto mundial.

La desregulación debe tener como objetivo fundamental la búsqueda de la eficiencia económica, el fortalecimiento de mercados competitivos y prácticas comerciales sanas en beneficio último de la propia sociedad. De igual manera, la desregulación significa el fortalecimiento y creación de nuevas instituciones, encargadas del control y supervisión de áreas en las que ya no opera directamente el Estado, o sobre las cuales se ha cancelado a la burocracia la posibilidad de prácticas administrativas discrecionales y aún actitudes y conductas patrimonialistas.

Es indispensable considerar a la pequeña y mediana industria y al sector agropecuario, forestal y pesquero como partes estratégicas de las cadenas productivas internas, cuyas rupturas han creado el ciclo perverso de que a mayor crecimiento de la economía los resultados de éstas son deficitarios. Este ciclo, normalmente, ha terminado por beneficiar el empleo de nuestros socios comerciales y ha coadyuvado a las crisis económicas sexenales, que cada vez resultan de mayor profundidad y que requieren de más tiempo para la recuperación del país.

Por otra parte, aun en una economía global, el desarrollo de la pequeña, mediana y micro industria evidencia que es estratégica para generar empleo, armonizar las relaciones laborales tradicionales y hacer realidad la llamada empresa flexible del último cuarto de este siglo. Por ello, es necesario apoyar la convergencia económica de los diferentes tamaños de la empresa nacional para hacer más estable la producción, mejorar el empleo y poder ser plenamente competitivos dentro y fuera del país.

La globalización ha hecho altamente frágil la capacidad de abasto de los mercados nacionales. El riesgo, una vez más, de la carencia o al menos del aumento del precio de los granos básicos es una realidad. Por ello, se deben asegurar niveles básicos de abasto nacional que proporcionen seguridad alimentaria y que hagan posible el cumplimiento del compromiso postergado que se tiene con los hombres del campo y del medio rural.

Dada la necesidad de aprovechar racionalmente los variados y abundantes recursos de nuestros litorales, mar patrimonial y cuerpos de agua, es necesario establecer una política para el fomento y el desarrollo del sector pesquero del país, que satisfaga las necesidades de los mercados interno y externo y permita el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores del sector.

Los hidrocarburos son recursos estratégicos para el desarrollo nacional; su explotación y comercialización resultan de gran importancia para las finanzas públicas, por lo cual es indispensable que la Nación mantenga su soberanía sobre ellos y se evite su privatización. La importancia estratégica del petróleo debe vincularse de manera funcional al proyecto de modernización de la planta productiva nacional.

Es urgente que se estimulen la investigación y el desarrollo tecnológico, que se fomente la formación de mejores recursos humanos y se promueva la innovación y adaptación tecnológica.

El Estado debe asumir la responsabilidad fiduciaria que tiene sobre la moneda para estimular el ahorro nacional. El premio al ahorro debe estar directamente asociado al costo final del dinero para el inversionista o el acreditado. Sólo así haremos fluido y productivo el tránsito del ahorro a la inversión directa y productiva.

Las ineficiencias de los agentes financieros no las puede seguir pagando pasivamente el ahorrador o la sociedad en su conjunto por la vía de la deuda pública con la asunción de los quebrantos bancarios. El ahorro también deberá ser estimulado por la vía fiscal para fomentar la adquisición de bienes duraderos.

No puede haber más límite al secreto bancario que la soberanía nacional, la riqueza y el patrimonio público. A las prácticas monopólicas, de ineficiencia, irresponsabilidad y poca transparencia de los agentes financieros se les deberá cerrar el paso.

El Estado no puede seguir dejando al libre albedrío de unos cuantos agentes económicos la riqueza de la Nación. La especulación sobre nuestro mercado de dinero y de capitales debe ser combatida. Los flujos financieros internacionales hacia nuestro país deben ser bien administrados. En principio, se deben enterar al Banco Central, monetariamente, las salidas y las entradas de divisas que se derivan de la actividad económica. Esto es una simple razón de principio y orden.

El gobierno tiene la obligación moral y política de preservar la riqueza de nuestra Nación, por ello debe cumplir su obligación fiduciaria y de protección sobre nuestra moneda. Es el primer paso para fomentar el ahorro.

Hasta hoy el discurso político nacional permanece anclado en el pasado o simplemente se sabe lo que no se quiere; es tiempo de decir lo que se quiere y lo que deben hacer el Estado y la sociedad de manera conjunta. Es tiempo de decir lo que productivamente podemos hacer juntos. Los intereses de la Nación deben ser los intereses de nuestra convergencia.

En materia de política económica hay que actuar, primero, sobre las políticas generales y, después, sobre las políticas específicas que habrán de ser cambiadas. Es necesario recoger experiencias, considerar formas, procesos y esquemas organizativos y de producción propios para mejorarlos y potenciarlos. La nueva política económica que exige nuestra sociedad no significa cambiar un conjunto de dogmas por otro.

VIII. La Sociedad

Durante el siglo que está por terminar, nuestra sociedad ha estado sujeta a un proceso acelerado de cambio que la ha vuelto más participativa y consciente de su papel político. Sin embargo, las grandes diferencias sociales que aún persisten y que producen la paradoja de que seamos un país rico en recursos naturales, pero con una gran masa de pobres que cada día ven más lejos la posibilidad de alcanzar los beneficios de un desarrollo que nunca llega, exigen el cumplimiento del compromiso inaplazable, por parte del Estado, de llevar a cabo una política social que amplíe la cobertura y el impacto de sus acciones hacia las regiones marginadas del país.

Es necesario elevar significativamente los recursos aplicables al gasto social con objeto de subsanar los efectos negativos acumulados por las crisis económicas y que inciden sobre la estructura social y familiar.

Sin embargo, los recursos del gasto social requieren del complemento insustituible del trabajo comunitario. Sólo de esa manera se pueden desterrar los esquemas de atención paternalista y clientelar que siguen considerando a la población como un ente incapaz de dirigirse a sí mismo, inhiben la creatividad social y permiten la subsistencia de cacicazgos.

Para que una comunidad acceda a estadios superiores de bienestar es condición indispensable que su gente participe en la generación de su propio desarrollo.

IX. La Soberanía y la Dignidad del Estado Mexicano

La historia y la tradición han contribuido a formar en nuestras conciencias la idea de que la Nación es la resultante cultural de procesos sociales intensos, dolorosos y a veces trágicos, en los que siempre prevaleció la convicción de que la soberanía y la independencia son valores fundamentales para todos los mexicanos, sin importar su divisa o matiz ideológico.

Entendemos la soberanía como la cualidad estatal de independencia y autodeterminación, como la capacidad que tiene una sociedad organizada, en términos políticos, para hacer efectivo un ordenamiento jurídico dentro de un ámbito territorial, así como para adoptar sin injerencia externa, un modelo propio de desarrollo económico, político y social.

La política exterior de México es producto de su historia, por ello la soberanía es también la capacidad de México para ser dueño de su destino. Así, lejos de cerrarnos al exterior, México debe mantener una participación activa en los foros internacionales y promover iniciativas políticas para formar consensos en favor de la paz, la cooperación y el intercambio que beneficien los intereses nacionales, manteniendo incólumes nuestros principios de política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no-intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo ; y la lucha por la paz y seguridad internacionales.

Entendemos la soberanía como sinónimo de dignidad. En efecto, sin desconocer que nuestro país guarda una relación de interdependencia desde el punto de vista económico y comercial con el sistema económico mundial, ese hecho no anula nuestro derecho a reclamar un trato digno y justo en nuestras relaciones con el resto del mundo, en particular con los Estados de la región.