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 De las pequeñas empresas mexicanas al monopolio extranjero.
La industria eléctrica ha sido factor clave en los procesos de industrialización y de gran valor estratégico para el desarrollo social y económico. Desde sus inicios a fines del siglo XIX y principios del XX, impactó las condiciones de vida social y al modificar los procesos de producción, afectó también la vida económica.
La introducción de la iluminación eléctrica en las minas redujo la cantidad de accidentes y aumentó la productividad. En las fábricas textiles incrementó la jornada de trabajo.
Al inundar grandes extensiones de tierra para crear presas generadoras de energía, también modificó la vida rural. En las ciudades, algunos de sus habitantes comenzaron a llevar cada vez más vidas más cómodas y a transformar sus costumbres gracias también a la electricidad.
En 1879, en la fábrica de hilados y tejidos La Americana, en la ciudad de León, Guanajuato, fue introducida por primera vez en México la energía eléctrica, al instalarse una planta termoeléctrica para su servicio; otras fábricas y minas también la adoptaron. Muy pronto comenzaron a ser alumbrados los centros urbanos más desarrollados; así, en 1880, fueron instalados los primeros focos en el zócalo de la ciudad de México y poco después, la antigua calle de Plateros -hoy Madero- fue iluminada. En 1881 la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se encargó del alumbrado público y residencial en la Ciudad de México. Ya en 1890 había más de dos mil focos alumbrando la ciudad de México. El alumbrado público se introdujo en Guadalajara en 1884, en Monterrey en 1888 y en 1889 en Veracruz y Mérida. Al alumbrado público siguió el uso de la electricidad en los transportes. Se estima que en 1900 la capacidad de generación de electricidad instalada en México era de 22.3 mil KW, de los cuales el 44% correspondía a plantas construidas por fábricas textiles en Orizaba, Veracruz, Monterrey, Nuevo León y Atlixco, Puebla.
 Muy pronto la industria nacional vio las ventajas de electrificar sus sistemas productivos, de modo que entre 1887 y 1911 había ya 199 empresas de luz ubicadas principalmente en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Así, la industria eléctrica evolucionó localmente, pues cada ciudad tenía su propia empresa o compañía eléctrica. Al poco tiempo, estas empresas se consolidaron como monopolios regionales, la mayoría extranjeros, situación que permaneció hasta la nacionalización.
En este contexto, el 10 de septiembre de 1902, en Toronto, Canadá, se creó la empresa Mexican Light and Power Company Ltd. con capital anglocanadiense e inició sus operaciones en las principales zonas mineras del centro del país. La inversión, de 12 millones de dólares fue una de las más grandes de la época. Para 1905, ya controlaba a las empresas: Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Compañía Explotadora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso, que operaban en su zona de influencia. En 1906, obtuvo nuevas concesiones del gobierno federal y de las autoridades de los estados de Puebla, Hidalgo, México y Michoacán. Derivada de la misma empresa, Mexican Light and Power Company Ltd. surgió la Mexican Tramways, las cuales compartirán oficinas, talleres, operarios y administradores hasta 1933. Ambas empresas acabaron con las pequeñas locales y al poco tiempo constituyeron el más grande monopolio generador de energía eléctrica de México, el cual obtuvo concesiones para el aprovechamiento de aguas propiedad de la nación, instaló plantas hidroeléctricas, redes de transmisión y distribución, y oficinas de comercialización.
De este modo, durante el régimen de Porfirio Díaz, las concesiones a las  empresas eléctricas privadas fueron otorgadas por 50 años en algunos casos, en otros por 97 años y a veces a perpetuidad. En general, la inversión extranjera en sectores estratégicos consolidó la dependencia de la economía nacional a los propósitos de acumulación del capital extranjero. Dado que los fines de las empresas y los de sus países de origen rara vez coinciden con el interés nacional, muy pronto la producción nacional se vio sometida al uso de tecnología atrasada, no competitiva y que en consecuencia, solo abasteciera materia prima y servicios intermedios y en cambio pagara intereses, regalías, utilidades y otros rubros derivados de la inversión extranjera directa e indirecta. Además, como el propósito natural de toda empresa privada es la obtención de utilidades, en el caso de la industria eléctrica solamente se cubrieron las áreas más rentables, esto es, las ciudades en las que había concentración tanto de industria como de población con segmentos sociales más redituables; lógicamente, no realizaron inversiones de muy largo plazo, o con una ganancia dudosa, como fue el caso de las áreas semi-rurales o rurales o de pobreza urbana.
En sus inicios el sector eléctrico fue impulsado por capital nacional pero fue desplazado por la inversión extranjera que formó un monopolio de la electricidad. Las empresas nacionales participaron sólo con el dos por ciento de capital asociado.
Esta forma de electrificación comenzó a ser un obstáculo para la industrialización del país; además, los sistemas eléctricos no estaban integrados, lo que limitaba la expansión de la cobertura de suministro. En materia laboral, desde sus primeros años, la Mexican Light and Power Company Ltd., sus filiales y la empresa después formada “American & Foreign Power” impidieron que los trabajadores electricistas se organizaran para defender sus derechos mediante la represión selectiva, amenazas generalizadas, la obligación de aportar herramientas para el desempeño del trabajo para ser contratados, insalubridad, cuerpos policíacos internos, administraciones y trato despóticos, injusticias con enfermos y accidentados, retención de sueldo a trabajadores, despidos injustificados, etc. El abuso y el despotismo ejercido sobre los trabajadores y los consumidores, extendido a los gobiernos municipales, estatales y aún el gobierno federal, generaron un abierto conflicto entre las empresas eléctricas privadas y el Estado.
Fue este conflicto, el creciente reclamo nacional de otorgar un carácter estratégico y prioritario a la industria eléctrica y la resistencia del monopolio a sacrificar sus beneficios privados por el mayor bienestar social, lo que obligó a las autoridades  mexicanas a tratar de regular y controlar esta industria; esfuerzo que finalmente, llevó a su nacionalización.
El Estado intenta sujetar el monopolio a las necesidades nacionales
En 1923, el presidente Álvaro Obregón creó la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza Eléctrica, que puso en práctica algunas acciones para restringir tanto el monopolio como las ganancias excesivas.
El 30 de abril de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles expidió el Código Nacional Eléctrico que permitió al gobierno controlar las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, el manejo y la conservación de las instalaciones eléctricas. Asimismo, la reforma al Artículo 73 de la Constitución, otorgó al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de electricidad, declaró a la industria eléctrica de utilidad pública, así como la exclusiva jurisdicción del Poder Federal en la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía eléctrica por medios industriales, en los requisitos técnicos para la construcción, manejo y conservación de las instalaciones, así como para la generación, transformación, transmisión, distribución y utilización de dicha energía; además, reguló las tarifas y obligó a las empresas generadoras a firmar contratos de suministro con los consumidores.
La empresa pública nacional subsana la acción privada extranjera
El 2 de diciembre de 1933, Abelardo L. Rodríguez, presidente constitucional substituto, envió al Congreso de la Unión la iniciativa para autorizar al titular del Ejecutivo Federal la creación de la Comisión Federal de Electricidad, misma que fue aprobada el 20 de enero de 1934. Su objetivo fundamental fue organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin propósito de lucro y en beneficio del interés general. La medida obedecía a que las tarifas de la electricidad eran exorbitantemente altas y había gran disparidad entre los precios pagados entre los consumidores grandes y pequeños. El estado intentaría proveer a la población y a industriales nacionales de un servicio básico barato, y presionaría a las compañías privadas a reducir los costos y de ser posible reducir el rango de tarifas.
Entre 1937 y 1943, el crecimiento promedio anual fue de menos del uno por ciento, quizás porque las empresas eléctricas ya habían concluido la construcción de las plantas generadoras necesarias para abastecer a las áreas rentables, lo que agudizó el conflicto de intereses entre el Estado mexicano, las empresas eléctricas extranjeras y la opinión pública. Fue así como el gobierno mexicano comenzó por controlar los principales recursos hidráulicos -fuentes de energía eléctrica-, comenzó a construir nuevas plantas, pues las empresas extranjeras ya no hacían inversión alguna.
Otro problema era que los sistemas de generación de energía eléctrica no eran uniformes, lo que impedía la unificación del servicio en todo el país: había empresas cuyo sistema operaba a 50 ciclos, otros a 60, 45, 42, 40, y 25 ciclos.
Hacia 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes y solamente tres empresas ofrecían el servicio de energía eléctrica a siete millones de mexicanos, que representaban el 38% de la población. La oferta no satisfacía la demanda, las interrupciones en el servicio eran constantes y las tarifas muy elevadas, situaciones que no permitían el desarrollo económico del país.  Las empresas se dedicaban principalmente a los mercados urbanos más redituables sin contemplar en sus planes de expansión a las poblaciones rurales, donde todavía habitaba el 67% de la población.
Ante estos hechos y con el propósito de construir plantas generadoras para satisfacer sin fines de lucro la demanda existente, el Presidente Lázaro Cárdenas decretó en Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937, la constitución formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que se encargaría estudiar la planeación del sistema nacional de electrificación, ejecutar y adquirir obras relacionadas con la generación, transmisión y distribución eléctrica. La CFE cambiaba la perspectiva regionalista de la electrificación, de modo que el campo se viera favorecido al poder bombear el agua de riego, el arrastre y la molienda, pero sobre todo, se trataba de impulsar el alumbrado público de ciudades pequeñas. La medida era parte de la política de cambio estructural del Presidente Cárdenas, en la cual, el sector energético (petróleo y electricidad) junto con el fomento de la banca de desarrollo eran instrumentos utilizados para apoyar el programa de industrialización nacional.
 Los primeros proyectos de CFE se realizaron en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora. Como para entonces, las empresas privadas habían dejado de invertir, la nueva empresa pública se vio obligada a generar energía para que aquellas la revendieran. Fue así que mientras en 1938, la CFE tenía una capacidad de 64 kW, creció de tal modo que en 1946 era de 45 mil 594 kW.
En 1939 fue publicada la Ley de la Industria Eléctrica cuyo reglamento se expidió hasta el 4 de octubre de 1945. Pero no se excluyó a la empresa privada de la industria eléctrica, sino se abrieron nuevas áreas de inversión que eran necesarias para su desarrollo. Así, el 25 de agosto de 1945, un grupo de inversionistas encabezados por el Banco Nacional de México, constituyeron la empresa denominada: Industria Eléctrica de México, S.A.
El 14 de enero de 1949, la Ley que establece Bases para el Funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, ayudó a precisar sus objetivos, entre otros, la función de coordinar la industria eléctrica en México. Posteriormente, en ese mismo año, el Presidente Miguel Alemán, expidió el Decreto que hizo de la Comisión Federal de Electricidad un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Se reivindica la soberanía nacional
 El proceso de Nacionalización de la Industria Eléctrica inició el 27 de septiembre de 1960 durante la administración del Presidente Adolfo López Mateos conforme al principio de que el suministro de energía eléctrica como un servicio público no debía ser prestado por compañías extranjeras. Detrás de este esfuerzo de nacionalización, estaba la terrible experiencia histórica de una sucesión indignante de concesiones otorgadas a las empresas extranjeras que afectaban la soberanía nacional y deformaban el desarrollo del país.
En 1960, la población era de 34.9 millones de habitantes; de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, la CFE aportaba el 54%, la Mexican Light Light and Power Co., el 25%, la American and Foreign el 12% y el resto de las compañías el 9%. Solo el 44% de la población contaba con electricidad. Desde que había sido creada la CFE, la población había crecido 91%, acompañada de un vertiginoso desarrollo de la industria, la agricultura y otras actividades urbanas y rurales.
Para nacionalizar la industria eléctrica, en abril de 1960, el Ejecutivo Federal inició negociaciones para comprar las acciones de las empresas que tenían a su cargo el suministro de energía eléctrica, de los bienes e instalaciones de las compañías privadas y que operaban con serias deficiencias por la falta de inversión de capital y por los problemas laborales que enfrentaban y que habían quedado bajo el control de la C.F.E.
El gobierno adquirió en 52 millones de dólares, el 90% de las acciones de The Mexican Light and Power Co., y se comprometió a saldar los pasivos de esa empresa que ascendían a 78 millones de dólares. El pago por las acciones de la American and Foreign Power Co., fue de 70 millones de dólares (otros datos señalan que fueron 65) y la negociación fue cerrada con el compromiso de las empresas de invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva exportación de divisas.
Así, la nación adquirió 19 plantas generadoras que daban servicio al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 plantas hidráulicas y 3 térmicas, varios cientos de líneas de transmisión y distribución; dos subestaciones transformadoras; 38 subestaciones receptoras; de bancos de transformadores; 11,000 transformadores de distribución y 6,800 Km., de líneas de baja tensión. 15 plantas hidroeléctricas; 3 plantas termoeléctricas; el edificio de la esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional de la Ciudad de México y todos los demás inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como equipos y materiales de oficina. También fueron comprados los activos de las siete empresas administradas por la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas”.
 El primero de septiembre de 1960, López Mateos anunció la reforma al artículo 27 constitucional, a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio público de energía eléctrica. “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
“¡Adelante, México es Nuestro!”: Adolfo López Mateos
 El 27 de septiembre de 1960, el Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz MENA, tomó posesión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (denominación de The Mexican Light and Power Co.”) e izó la bandera nacional en el edificio de la Calzada de Melchor Ocampo. Miles de trabajadores del sector eléctrico estaban presentes y luego se dirigieron en manifestación hacia el Zócalo. Los líderes sindicales llegaron al despacho del Presidente y lo invitaron a izar la bandera del Zócalo. El Presidente López Mateos bajó, cruzó la plaza llena de toda clase de personas e izó la bandera, poco después regresó a Palacio Nacional, y desde el balcón central pronunció un breve discurso en que señaló: “ Al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos.. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución.. invitamos al pueblo de México a que, en posesión de su energía eléctrica, acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos, los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización”.
También López Mateos expresó un severo juicio contra Jaime Ignacio Merino, superintendente en Poza Rica de Petróleos Mexicanos quien fue expulsado ignominiosamente de la empresa por malos manejos: “hemos de velar todos porque la industria eléctrica se maneje con la mayor honradez… estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quien falte a esa lealtad que debe a la patria y al pueblo” Y continuó su discurso al puntualizar que acciones como la de mexicanizar la industria eléctrica son manifestaciones de soberanía que hacen al país “cada vez más libre, cada día más independiente” y concluyó ¡Adelante, México es Nuestro!”.
 Fue entonces cuando el entusiasmo popular se desbordó en vivas, aplausos, lágrimas, porras sobre las cuales poco a poco fue imponiéndose la Marcha de Zacatecas que tocaban docenas de cilindreros que habían concurrido al acto. Desde Palacio, el Presidente compartía el gozo popular que terminó al caer la tarde.
El 21 de octubre siguiente, en la Iniciativa de Ley para elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica López Mateos expuso: “La presentación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto requieren, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado, a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básica, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano". […] "Para garantizar la efectiva realización de este propósito de que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, debe sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular…”
Con este texto, sintetizó la historia de las empresas eléctricas privadas en México: no planearon su crecimiento de acuerdo con las necesidades del desarrollo nacional; su único objetivo fue el desmedido afán de lucro; para obtener más ganancias impusieron precios altos en las tarifas eléctricas; presionaron al Estado para defender sus intereses privados. Y estos hechos, no la supuesta eficiencia y honradez que hoy la propaganda atribuye a la empresa privada, son los que hacen que hoy, la nacionalización de la industria eléctrica mantenga su vigencia histórica.
La función social de la propiedad: tesis de la Revolución Mexicana
 Durante su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Adolfo López Mateos expresó: “...La Revolución plasmó los conceptos del pueblo mexicano sobre las relaciones de posesión y propiedad. Poseer o disfrutar de la propiedad de bienes debe constituir una función social que beneficie a todos, y que no tienda a estéril acumulación que origina el dispendio de los recursos o la explotación del hombre. La propiedad privada, social o nacional, debe cumplir su finalidad productiva mediante el trabajo, ofreciendo a todos los mexicanos las mismas oportunidades para participar en el patrimonio común... Los procedimientos empleados para realizar nuestra Revolución, se contienen en el vasto sistema de la Reforma Agraria; en las leyes tutelares y la estructuración sindical de los trabajadores mexicanos; en el organismo educativo nacional; en el esfuerzo sistemático de nuestra industrialización; en la nacionalización y mexicanización de las actividades y de los recursos básicos que fomentan las tareas de todos; en la expansión constante de los servicios sociales frente al desamparo, la enfermedad y la inseguridad; en el conjunto de instrumentos financieros al servicio del campo, de la industria y del comercio, y en el plan nacional de obras públicas que tiende a transformar y mejorar el ambiente natural para hacer más fecundo el trabajo y estimular la inversión productiva, garantizando sus legítimos resultados...Tenemos que seguir el camino que nos marca la Revolución Mexicana, sorteando la incertidumbre que domina al mundo; poner al día el cuadro de medios y procedimientos, y ajustar al país institucional e históricamente, para que pueda encauzar mejor su vida durante los próximos cincuenta años. Esa tarea ni la renunciaremos ni la abandonaremos cualesquiera que sean las presiones contrarias interiores o exteriores, pues México debe seguir siendo fiel al destino que su propia Revolución le señala y rechazar todo lo que contradiga su idiosincrasia, limite su crecimiento, o reduzca sus propósitos de ser soberano e independiente.”
En diciembre de 1974, el presidente Luis Echeverría Álvarez promovió una reforma al artículo 27 de la Constitución, en la que se otorga exclusivamente a la nación, el aprovechamiento de los materiales radioactivos y combustibles nucleares necesarios en la producción de energía atómica, lo cual era indispensable en el proceso de instalación y operación de plantas nucleares generadoras de energía eléctrica.
¿Puede confiarse el bienestar de los pueblos a empresas lucrativas y extranjeras?
Que hablen los hechos de nuestra historia.
BIBLIOGRAFIA
Ceceña, José Luis. México en la Órbita Imperial. Ediciones el Caballito. México. 1975
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González Navarro Moisés, Población y Sociedad en México (1900-1970). México, UNAM. 1974
Sánchez Sánchez Víctor Manuel. Surgimiento del sindicalismo electricista. México, UNAM, 1978
http://www.cfe.gob.mx
http://www.lfc.gob.mx/
http://www.uom.edu.mx
http://www-azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num5/doc13.htm
Doralicia Carmona Dávila. Historiadora UIA. Maestría UNAM. Profesora de la Universidad de Guanajuato. Directora de Promoción del INEP. dcarcamona@inep.org
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