Lo primero es el estado de la riqueza pública: hecho de consecuencias inmensas. Las naciones son más o menos ricas, según que los recursos con que cuenten, les permitan, después de haber cubierto sus primeras necesidades, atender a las exigencias de lujo y aumentar constantemente sus capitales; y lejos de que nosotros estemos en este último caso, nuestros productos apenas bastan para las primeras necesidades de la sociedad; y nuestros capitales, disminuyéndose sin cesar.

La agricultura está reducida a ministrarnos solamente los primeros y más sencillos alimentos; la industria se limita a operaciones muy parciales, ya para sacar algunas sustancias poco estimables de esos frutos primeros, o bien para proporcionar a las últimas clases de la sociedad parte de sus toscos vestidos. Las artes son reducidas y atrasadas.

La agricultura está reducida a ministrarnos solamente los primeros y más sencillos alimentos; la industria se limita a operaciones muy parciales, ya para sacar algunas sustancias poco estimables de esos frutos primeros, o bien para proporcionar a las últimas clases de la sociedad parte de sus toscos vestidos. Las artes son reducidas y atrasadas.

En cuanto a la industria, nos proporciona aún menos productos que ofrecer a cambio de los extranjeros.

Los desastres de la guerra, la carestía de los azogues y la pérdida o paralización de muchas de las más célebres negociaciones, han disminuido considerablemente los productos de la minería.

El comercio no está equilibrado por la repartición de los capitales entre él y las otras fuentes de riqueza; está reducido a recibir las mercancías extranjeras y mandar en cambio el dinero que debía animar la circulación. Sus capitales no se pueden considerar como parte de la riqueza nacional.

Los que buscan las instituciones y las leyes de un país como ingeniosas combinaciones de números, ignoran que esa constitución existe toda entera en la organización de la propiedad. Šsta el principio generador del que salen como de un origen común todos los fenómenos sociales que parecen aislados.

Mostrándonos el estado de la propiedad en nuestro país una verdadera quiebra, nos ha advertido que indefectiblemente el desorden y la miseria debían reinar en el seno de la sociedad. La repartición de la propiedad ha dividido a la población en las diversas clases que constituyen el estado.

El primer fenómeno es la vinculación de considerables partes del territorio en favor de algunas familias nobles y privilegiadas. Sin embargo, abandonadas sus propiedades al cuidado de administradores, vivían indolentemente en las capitales, gozando sólo la influencia que les daban sus rentas, y de la que disfrutaran igualmente todos los que las tenían por cualquier otro título.

Después viene la propiedad estancada en favor del clero, que era el más rico propietario de la República. Su acción se hacía sentir en todas partes, pues a mas de estar sus bienes raíces diseminados en toda la República y de que los capitales impuestos se habían repartido en todo su territorio, el cobro de la contribuciones parroquiales hacía que no hubiera un solo hombre que estuviese exento de tener relaciones personales y precisas respecto de la propiedad eclesiástica. Además, toda la educación de la juventud estaba toda en su poder, así como los numerosos establecimientos de beneficencia y caridad para refugio de las miserables clases oprimidas.

El clero era un gran poder social, y constituyó el principal elemento de las colonias españolas. Pero sería un error lamentable creer que esta organización, considerada como elemento político, fuese perfecta o duradera.

El clero se componía de tres clases: los obispos y los individuos de los cabildos eclesiásticos, en su mayoría españoles, que gozaban de las más ping¸es rentas; los simples sacerdotes, naturales del país, que no contaban con tantos recursos, pero que por su mayor contacto con la población era la más numerosa, querida y respetada; y los religiosos de las órdenes regulares, que, disfrutando de numerosas rentas, comenzaron a relajarse en la observación de las instituciones monásticas.

Los propietarios de fincas rústicas no tenían la grande influencia que dan las riquezas, al igual que la clase de capitalistas de la industria manufacturera. Por el contrario, la clase que se dedicaba a la minería contaba con grandes capitalistas y comprendía una multitud de graduaciones, que se presentaban como una de las partes más notables de los capitalistas del país.

La clase media (que constituía el verdadero carácter de la población, que representaba la mayor suma de la riqueza, y en la que se hallaban todas las profesiones que elevan la inteligencia), debía naturalmente venir a ser el principal elemento de la sociedad, que encontraba en ella el verdadero germen de progreso y el elemento político más natural y favorable que pudiera desearse para la futura constitución de la República.

Estaban los que no tenían más recursos que un trabajo mercenario. Eran la población conquistada, y que, mezclada con los esclavos traídos de otras partes del mundo y con los propios españoles, han producido esa población abyecta y miserable que forma los cuatros quintos de la total de la República, y que está destinada a la miseria por la escasez de los medios para satisfacer sus necesidades físicas y morales.

La fisonomía de la República eran la imperfección de las relaciones sociales de un todo sin armonía, sostenido únicamente por el atraso general de la sociedad.

Este edificio sufrió gran conmoción con la independencia, en cuya búsqueda se lanzaron la clase más numerosa, excluida de los beneficios sociales; el clero bajo, que estaba reducido a la parte más molesta y menos lucrativa de las funciones eclesiásticas, alejados de los privilegios de los clérigos españoles; este mismo celo movió a los mexicanos que servían en el ejército y a los comerciantes que eran víctimas del monopolio de las casas españolas y el resto de las clases que sufrían el peso de las prohibiciones, monopolios y exacciones de la corte.

En esa lucha no se conquistó más que la emancipación, y el mismo día que acabó la lucha de la independencia nacional comenzó la de la libertad pública. Las clases mismas que se unieron para la independencia han estado desacordes en la manera de organizar a la Nación, y ésta no ha podido recibir todavía una forma en la que conciliándose los intereses, presentase un conjunto lleno de unidad y de vida.

Con la independencia, la parte instruida de la población, que naturalmente fue llamada a encargarse de la administración de los negocios, fue a sostener para el gobierno nacional el goce de los mismos derechos de que antes disfrutaba el soberano extranjero; y así vimos desde entonces una lucha constante entre los hombres que querían sostener este arreglo y los que pretendían que con la independencia el clero había sacudido el yugo que lo sujetaba al monarca.

Los capitales que se le graduaron al clero por el goce de las rentas que percibían en calidad de contribuciones forzosas disminuyeron de manera asombrosa cuando las nuevas ideas, desarrolladas al favor de la libertad del pensamiento, se introducían en todas partes mostrando lo gravoso de su exacción y lo inconveniente de su repartición. Los elementos de su influencia moral no corrían mejor suerte, ya que la juventud entraba bajo la influencia de las nuevas ideas. Quedaba así el clero reducido a su verdadero poder, es decir, a la influencia moral de una religión sublime y consoladora.

No había nada que pudiera unirse en el empeño por los intereses comunes que forman las diversas clases de la sociedad. Las diversas facciones igualmente interesadas en la conservación de los abusos, no estaban acordes ni en los medios ni en el fin. Con tal anarquía, un poder incoherente en sus partes, dividido en su acción y aislado en sus recursos, de ninguna manera podía venir a ser la constitución de un pueblo.

El poder político de la República no podía permanecer en esas clases débiles y fue naturalmente a parar en manos de la mayoría; y aunque en esa mayoría estaba sin disputa todo lo que había de más noble e inteligente, no tenía ni la escuela que sólo da la experiencia, ni la facilidad de que todo se arreglase por sí mismo; todo era nuevo y difícil.

En vez de medidas profundamente calculadas para disminuir diariamente el número y la fuerza de los intereses antiliberales que existían en el seno de la Nación, no se hizo más que darles ataques bruscos y persecuciones rencorosas que excitaron su energía sin disminuir su fuerza, y que les procuraron simpatías en vez de aislar su acción: debieron ocuparse en educar y moralizar a la multitud y en llamarla a la participación de los beneficios sociales; y esta obra lenta que suponía una diestra preparación, que requería grandes e importantes trabajos en el orden moral tanto como en el material, y que necesitaba del tiempo para fructificar, fue abandonada, creyendo que todo se había hecho con llamar a la multitud al funesto aprendizaje de las revoluciones y los desórdenes que corrompían el corazón sin ilustrar la inteligencia, ni mejorar la condición de esos hombres; y si en todo esto no había más que mala dirección y una ineptitud a toda prueba, venían luego los destierros y las persecuciones más atroces, muchas veces menos merecidas (y siempre estériles e inútiles) a mostrar qué libertad era la que daba aquel partido.

Entonces se elevaron dos clases que ocuparon un lugar digno de atención en la sociedad: el comercio extranjero, que sacrificaba y tiranizaba a productores y consumidores; ese comercio prestó al gobierno ciento, sacrificándoles después el doble. Los que hacían estos negocios en nombre de la Nación podían fácilmente encontrar en ellos un medio de enriquecerse. Así se estableció el agio más funesto e inmoral que pueda darse: Esa profesión vergonzosa y eminentemente antinacional de aprovecharse de las rentas públicas formó una clase atendida, solicitada y considerada; corrompidos los altos funcionarios, se vieron esas fortunas escandalosas adquiridas por el delito y ostentadas por la impudencia.

La otra clase consistía en la fuerza armada. El ejército vino a ser un todo compacto: los jefes militares adquirieron importancia en el orden social por su papel en el triunfo de la independencia, y se había dado ya el ejemplo de que la administración civil estuviese en manos del ejército. Pero ellos mismos reconocieron la necesidad de partir ese poder con las otras partes de la sociedad. Sin embargo, los partidos se extendían al ejército y las contiendas políticas se relacionaban con las ambiciones militares, de suerte que en todas las luchas la fuerza armada se ha dividido en dos partes. Este es uno de nuestro más grandes males, porque así se ha corrompido y desmoralizado el ejército, haciendo nacer en él inclinaciones viciosas y ambiciones desmesuradas.

La Nación, atrasada y miserable, débil e incoherente, no estaba organizada, y ella se ha agitado indispensablemente para adquirir una forma, que es la que se dará en el estado actual de los pueblos civilizados. Se entiende que la República no puede llegar al estado de civilización sin que los diversos elementos que la componen y que han existido hasta ahora en la manera conveniente para constituir el estado actual, se cambien en la forma necesaria para ese nuevo estado.

Se requiere un cambio general que debe comenzar por las relaciones materiales de la sociedad, por estas mismas relaciones que hasta hoy han decidido de nuestra situación.

Si los giros que debieran satisfacer abundantemente las necesidades materiales de la población tomasen incremento, si los capitales aumentasen su valor y los productos, excediendo al consumo, hiciesen crecer diariamente el número de estos capitales, entonces indudablemente los giros se aumentarían y perfeccionarían, y los que vivían de estos giros aumentarían también sus comodidades y sus goces, de los que resultaría no sólo el bien material de la abundancia, sino las ventajas consiguientes al cultivo y preparación de las artes mecánicas y de las ciencias, con lo que la instrucción sustituiría a la ignorancia, la sociabilidad al aislamiento, y la dulzura de costumbres a la dureza de carácter.

Para el progreso de nuestra agricultura se requiere de la introducción del cultivo de algunas de las cosas que ahora recibimos del extranjero y la introducción de los procedimientos que en Europa han elevado la agricultura a una prosperidad admirable. De ello tanto los dueños del terrenos como los que lo fecundan con su trabajo, podrían obtener mejores beneficios y animarse para emprender nuevas especulaciones.

Con ello la industria se naturalizaría indispensablemente entre nosotros, liberándonos de la necesidad de ocurrir al extranjero, los capitales se quedarían para fomentar los diversos ramos de la prosperidad, y nuestros productos mineros vendrían a aumentar incesantemente esos capitales.

El fomento de los diversos ramos de la prosperidad pública es nuestra primera y más indispensable necesidad, porque con ella tienen una relación estrechísima todas las demás. Si la propiedad ha estado mal repartida y esto ha producido las más funestas consecuencias, con sólo fomentar su prosperidad y sin ofender el menor interés, los vicios de esa repartición desaparecerán.

Debemos calcular que el crecimiento consiguiente de las clases industriosas y trabajadoras, y el aumento de sus goces y comodidades harán de esta población un gran poder político eminentemente superior al de otras clases acomodadas. Todo lo que sea aumentar el número de los propietarios particulares, que solos forman la población de la mayor parte de las ciudades y los lugares de la República, será dar fuerza a esas poblaciones y extender por todas partes la vida y la ilustración. Estas clases, dueñas de los recursos materiales y morales que dan la influencia, ellas vendrán a ser el verdadero principio constitutivo de la República.

En cuanto a la clase proletaria: perfeccionados los métodos que emplea en su trabajo y adquiriendo mayor valor sus productos, empezará a aplicar su inteligencia al mejor empleo de sus fuerzas y, teniendo más recursos con que vivir, empezará a sentir las necesidades de los seres inteligentes, es decir, comenzará la carrera de perfección física y moral.

El establecimiento de un orden social equitativo y justo en el que la libertad sustituya un día completamente a la servidumbre, la igualdad a los privilegios, y la voluntad nacional a la fuerza bruta, depende también de la realización de estas condiciones.

Las leyes se deben dirigir a garantizar a cada individuo, con el menor sacrificio posible, la satisfacción de todas sus facultades de hombre, y la organización de los poderes públicos no tiene otro objeto que el de establecer el poder más propio para expedir, conservar y ejecutar esas leyes tutelares de los derechos humanos y de las relaciones sociales. Estos son los fines, y lo demás no es más que la ciencia de los medios que alcanzan su realización.

El derecho de propiedad, el primero de todos en el estado social, reconoce su origen en la necesidad que el hombre tiene de aplicar a la conservación de su vida los frutos de la naturaleza, tiene diversos grados, y se aumenta y extiende en proporción que esta necesidad se cultiva más o menos. Tal cual existe en la mayoría de nuestra población, no es el derecho de propiedad que figura en el catálogo de los derechos de los pueblos libres; porque es necesario que el hombre haya llegado a aquel estado de adelanto en el que no se contenta ya con alimentos y vestidos groseros, ni limita sus deseos al día de hoy, sino que procura la satisfacción de las necesidades físicas desarrolladas y perfeccionadas, y trata de reunir acopios para que exista la necesidad de ser garantizado en estos derechos y en esos proyectos; de suerte que la verdadera necesidad de las garantías de la propiedad comienza cuando se pasa del consumo a la capitalización, y es necesario todavía que la propiedad, en los diversos giros que la constituyen, haya adquirido actividad y perfección, para que todos los interesados en esos giros comprendan y sientan la necesidad de que la protección de las leyes sanciones todos los esfuerzos que se hagan para mejorar esos giros, y sólo entonces la libertad de la industria y la libertad del comercio vienen a entran en el número de las garantías que componen el derecho de propiedad. Sólo entonces los hombres comprenden que la justicia y la moderación son las reglas que deben guiar al poder público en la imposición de las contribuciones, y, consiguientemente, cuando las instituciones organizan de tal suerte los poderes que las decretan y distribuyen, que la acción toda de los ciudadanos vela sin cesar sobre ellas a fin de impedir que el fruto de su trabajo les sea arrebatado para satisfacer la avaricia o prodigalidad de los jefes de las naciones.

El derecho de seguridad personal (este derecho precioso que consiste en no estar sometido más que a la ley, en no obedecer otra autoridad que la establecida por la ley, y en tener la dulce confianza de que fuera de estos dos poderes tutelares ningún otro podrá privarlo de la vida, del honor de la libertad y de los demás bienes a que aspira el hombre), es también un derecho profundamente arraigado en su naturaleza y cuya necesidad siente con más o menos fuerza en todos los grados de la vida social.

Lo mismo es la igualdad. Siempre que los miembros de la sociedad reconozcan que la bondad de las leyes consiste en proteger y favorecer los derechos individuales de cada hombre, ellos sentirán irremisiblemente la necesidad de que esa protección sea igual para todos, y de que no se concedan a ninguno ventajas ni monopolios que disminuyan la protección de los demás derechos.

Lo mismo sucede respecto de la libertad de pensamiento, del más precioso y sublime de todos los derechos humanos.

La adquisición de las leyes que con el menor sacrificio posible garanticen a cada individuo la satisfacción de sus facultades o derechos, depende de que el progreso de las relaciones materiales de la sociedad haya creado en el mayor número de los ciudadanos que la componen la necesidad de gozar de esos derechos; y a la verdad que una vez adquirido esto, sería ya también mucho más fácil y enteramente asequible el organizar los poderes públicos en forma conveniente para conservar las garantías individuales.

Cuando el poder y la influencia social están concentrados en la minoría, que subsiste a expensas de la mayoría, es muy natural que esta mayoría débil e ignorante no conozca ni defienda sus intereses; debemos esperar indefectiblemente que cuando ella venga a ser dueña de la mayor parte de las propiedades nacionales, y goce de las demás ventajas que hemos visto le traerá la mejora de los giros de que subsiste, que entonces esa mayoría, cuyos enemigos entre nosotros son tan débiles y están pereciendo de una manera tan rápida, como antes hemos visto, adquirirá toda la influencia de los negocios, y dirigida la acción pública por el espíritu de justicia del interés mutuo de los asociados, se establecerán las formas más convenientes para lograr ese objeto común, y los funcionarios encargados del poder público abusarán de él con tanta menos facilidad, cuanto que el interés general evitará y corregirá esos abusos.

Antes, en el calor de las pasiones hemos creído que conquistada la adopción de un principio o conseguido el nombramiento de un funcionario todo estaba hecho, desconociendo la complicación y profundidad de las causas del malestar; y ahora por el contrario, reconocidas éstas, generalmente el conocimiento de que la obra de nuestra regeneración consistía en un trabajo inmenso en su extensión, pues que abrazaba todas las partes de la constitución social, y lento en sus resultados, lo grande de la empresa parece que desalienta a los hombres y que les hace abandonar a la casualidad la solución de las más grandes cuestiones.

Preciso es, pues, que convengamos en que si la salvación de nuestros capitales, la perfección de nuestros procedimientos industriales y agrícolas, al aumento de la población, la construcción de nuevos y mejores caminos, la difusión de los conocimientos, la elevación de la industria y de la minería y la creación de un comercio nacional son las primeras y más importantes necesidades de la República. Ellas tienen una relación indiscutible con el arreglo de los diversos intereses sociales más propios ya para facilitar, ya para entorpecer el desarrollo de ese progreso, y por esto desde luego se conoce que las leyes que arreglen la repartición de la propiedad, la clasificación de los moradores de la República y las franquicias o las restricciones de los diversos ramos de la prosperidad pública, tienen una relación necesaria e inseparable con las exigencias de ese estado material que deciden hasta cierto punto de la suerte de la actual generación y el adelanto que las siguieren, y que forman por tanto un conjunto de cuestiones que yo llamaría del orden legislativo, puesto que pertenecen a las leyes comunes.

Nuestra frontera norte se encuentra desierta, y se encuentra en un peligro inminente de ser invadido por esa formidable raza de los Estados Unidos abusando de nuestra debilidad y aprovechándose de la proximidad de su población y de las ventajas de su situación política. Por eso, en el número de nuestras preferentes atenciones se debe contar con la de asegurar la integridad nacional.

De esta manera el doble conjunto de nuestras relaciones interiores y de nuestra situación exterior, nos muestra que hoy en medio de males de tan diversa naturaleza y de tan grande intensidad, dos son los grandes bienes a que debemos de aspirar: el progreso de nuestros elementos sociales y la conservación de la unidad nacional.


Mariano Otero
Mariano Otero nació en Guadalajara el 4 de febrero de 1817, misma ciudad en la que realizó sus estudios de leyes, recibiéndose como abogado a la edad de 18 años.

En el ejercicio de su profesión y como orador y escritor político pronto alcanzó un gran reconocimiento.

En el ámbito político, obtuvo varios cargos importantes: en 1841 fue nombrado delegado por Jalisco a la Junta de Representantes de los Departamentos; en 1842, fue electo diputado de su estado para participar en el Congreso Nacional Extraordinario, en el que se manifestó abiertamente contra el proyecto de Constitución, debido a su contenido altamente centralista. Por ello, y junto con otros diputados liberales, aunque en franca minoría, elaboró un voto particular que les permitiera presentar un proyecto distinto. Por supuesto, en dicho Congreso fue una importante figura.

También hizo varios planteamientos que estaban dirigidos a la protección de los ciudadanos frente a los abusos del poder.

En 1846, el Congreso que elaboraba la nueva Constitución fue desconocido en 1846 por el presidente Nicolás Bravo. Sin embargo, Otero fue nuevamente nominado al Congreso Nacional en el mismo año. A él se debe buena parte de la redacción del Acta Constitutiva y de reformas constitucionales a la Constitución de 1824, que fueron realizadas en 1847 Entre las más importantes reformas estaba la primera versión federal del juicio de amparo, cuya redacción compartió con don Manuel Crescencio Rejón.

Durante la intervención norteamericana, cuya amenaza había previsto con claridad años antes, fue uno de los pocos diputados que se opuso a la paz que se establecía en los Tratados de Guadalupe Hidalgo.

Durante el gobierno de José Joaquín Herrera, ocupó el Ministerio de Relaciones. También participó activamente en uno de los periódicos mexicanos más importantes de la historia: El Siglo XIX, el que utilizó como importante tribuna para exponer sus ideas liberales. Sin embargo, su fulgurante carrera política fue bruscamente interrumpida el 31 de mayo de 1850, fecha en que murió víctima del cólera.

En 1842 es cuando publicó su célebre Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, en el que, a sus cortos veinticinco años, realizó un análisis clásico en el que practicó sus dos vocaciones: la política y la literaria. En su extraordinario texto parte de una importante tesis: la organización de la propiedad es el principio generador de los fenómenos sociales. Después de su descripción de la sociedad en la que vivió, concluye que el cambio general debe comenzar por las relaciones materiales de la sociedad, por lo que debería cambiarse la situación de una propiedad mal repartida.