El proceso de globalización obliga a los gobiernos a reinventarse con miras a lograr una administración más eficiente de sus recursos. En el caso de los países en vías de desarrollo como el nuestro, el gobierno se ha visto obligado a reinventarse debido a una coyuntura cada vez compleja de escasez de recursos económicos y creciente deuda externa. El estado mexicano padece el shock de la modernidad capitalista. Por una parte, el rápido incremento del comercio mundial forzó al gobierno mexicano a entablar una negociación con los Estados Unidos en una situación de desventaja.

El resultado en el corto plazo fue el desequilibrio en el intercambio comercial que ha afectado a diversos sectores de la economía mexicana. Por otro lado, el proceso de transición democrática de las últimas dos décadas hizo estallar el presidencialismo autoritario, y con ello elevo el nivel de demanda y presión social hacia el gobierno.

Este es el nuevo escenario de la modernidad mexicana que tiene en la encrucijada al actual gobierno panista. En el panorama económico enfrenta un escenario por demás adverso de nulo crecimiento económico, una reforma fiscal encasquillada en el Congreso y una deuda asfixiante producto de los recientes trastornos financieros, lo que lo ha obligado a recortar drásticamente el gasto público. En el ámbito político, el gobierno del presidente Fox no tiene mayoría en el Legislativo con la que pudiera aliarse para destrabar sus propuestas de política económica y así elevar el nivel de recaudación impositiva, lo que le favorecería apuntalar los distintos proyectos de desarrollo económico y social asentados en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el nuevo contexto de pluralidad democrática que vive México aún son vastas las tareas pendientes. El autoritarismo de viejo cuño ha perdido fuerza, sin embargo, la sombra del presidencialismo continua orbitando al sistema político. Como principios de actuación, donde la corrupción, la discrecionalidad y el abuso de poder todavía están presentes en muchos de los funcionarios de la administración pública actual, incluido el propio presidente de la república.

La transición a la democracia puede hacernos caer en la falsa creencia de que la metamorfosis del régimen político por sí sólo iba a extinguir el autoritarismo del partido hegemónico. Hoy nos hemos dado cuenta que la alternancia en el poder en sí misma no es suficiente, se requiere más que eso. El dilema no se encuentra en determinar si nos hallamos en cierta etapa de la transición democrática o si encallamos en definitiva en la consolidación democrática, el dilema es todavía más práctico, se trata de establecer qué tanto hemos avanzado en construir una infraestructura institucional sólida que nos permita restringir los excesos del poder unipersonal y que por más de setenta años aplazó el juego democrático, el equilibrio de poderes, y sobre todo omitió la posibilidad de rendir cuentas ante quienes, se supone, le otorgaron el privilegio del mandato público.

La tarea urgente que viene tras la alternancia debe consistir en el rediseño de las instituciones políticas, en particular de los poderes legislativo y judicial de manera que éstos desempeñen el papel de auténticos contrapesos el Ejecutivo. Semejante tarea no es sencilla puesto que, históricamente esos dos poderes crecieron como simples apéndices del Ejecutivo lo que les restó credibilidad ante la ciudadanía. En el caso del Poder Judicial éste enfrenta un complejo proceso de reconstrucción en donde sobresale la necesidad de superar los graves problemas de rezago en materia de impartición de justicia. Entre muchos de los estigmas que deberá de despojarse se hallan la corrupción que impera entre su personal y que se manifiesta en la venta de la justicia al mejor postor, así como la impunidad con la que muchos de sus funcionarios se conducen.

Por su parte, el ingreso del PoderLegislativo al territorio de la pluralidad política representa un considerable adelanto en su búsqueda por alcanzar una verdadera autonomía frente al Ejecutivo. Actualmente, hemos presenciado que el Congreso, efectivamente, ha asumido su papel de forma más seria disponiendo el debate y la negociación con el Presidente de la República en aquellos asuntos cruciales para el futuro del país. Sin embargo, son aún muchas la cuestiones por ventilar, una de éstas se refiere al control que el Legislativo debe tener sobre el Ejecutivo y que no se queda en el nivel del jaloneo político o en el enfrentamiento entre funcionarios del gabinete y los legisladores al momento de la glosa del informe de gobierno.

Se trata del otro tipo de control, de aquel que tiene que ver con cada una de las acciones que realizan los funcionarios de la administración pública. Nos referimos al trabajo que realiza la Auditoria Superior de la Federación anteriormente conocida como Contaduría Mayor de Hacienda. La creación de la primera representa una gran oportunidad para atenuar los malestares provocados por la corrupción que por décadas ha lacerado a la sociedad mexicana.

El reto más importante para la nueva institución no es nada fácil: recuperar la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Esto conlleva a un nuevo imperativo: exigir una rendición de cuentas cabal y oportuna a los tres poderes por igual. No deben existir canonjías para ninguno de ellos, ni siquiera para el Legislativo quien es el que directamente supervisa las actividades de la Auditoria.

De este último punto se desprende la importancia de contar también con una institución ciudadana que testifique que las acciones de la Auditoria no sufran la presión política de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia -de la cual depende-. La presencia ciudadana, hasta hoy ausente en el esquema de rendición de cuentas legal, también evitaría los vicios del pasado tales como el excesivo hermetismo con el que se hacían los trabajos de auditoria, los criterios de persecución que guiaban la realización de las auditorías, así como el ocultamiento de los resultados de las auditorías y que por lo tanto no permitían ni siquiera a los diputados conocer la eficiencia, la legalidad y el desempeño con la que se manejaban las instituciones, los programas y los dineros públicos.

No podemos obligar a los funcionarios a rendir cuentas si antes no realizamos un impecable trabajo de fiscalización. Al haberse aplazado por tanto tiempo, un verdadero trabajo de fiscalización, la nueva Auditoria Superior de la Federación tiene un gran reto enfrente. En principio deberá luchar por despojarse de la mala reputación que le crearon los anteriores gobiernos de sólo ser una institución parásita siempre dispuesta a encubrir la corrupción gubernamental.

En el pasado reciente, la fiscalización que llevo a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda tuvo muy poca efectividad. Sus recomendaciones no se tomaban en cuenta. No tenía el poder suficiente para auditar a determinadas instituciones y organismos. La presión de los partidos políticos a su vez obligaba a atender aquellos casos en los cuales los legisladores mostraban algún interés partidista. Por otro lado, el Ejecutivo tampoco estaba en disponibilidad de entregar información a esta instancia del legislativo. Otro de los problemas consistía en que las auditorías realizadas por la Contaduría se hacían en un período excesivamente largo. La debacle de fiscalización legislativa tocó fondo cuando no fue capaz de auditar el gran escándalo del Fobaproa, para lo cual se tuvo que recurrir a un despacho de auditoria privado, y para colmo extranjero.

De estos vicios y errores quienes están al mando de las instituciones públicas deberían aprender para, en el futuro inmediato, paulatinamente ir solucionando el caos que padece la administración pública y que ha traído como consecuencia de manera indirecta el deterioro de las condiciones de vida de la población.

El tema de la fiscalización superior y la rendición de cuentas en México debe ser ubicado como un tema prioritario en la agenda gubernamental. La fiscalización superior entendida como la actividad de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, por parte del gobierno, así como la búsqueda de prácticas administrativas sanas entre las instituciones públicas, es decir, de la práctica del buen gobierno, está apenas empezando a tomar forma. No se puede sostener que exista una rendición de cuentas si se entiende que ésta es la responsabilidad que tienen los funcionarios de informar y responder oportunamente tanto por el manejo de los recursos públicos como por su desempeño al frente de un cargo público. La verdadera rendición de cuentas, aquella que abriga profesionalismo, capacidad, probidad y apego a derecho, sigue brillando por su ausencia.

La rendición de cuentas debe ser entendida como un concepto amplio que exige un desempeño honesto, eficiente y responsable de los servidores públicos. También incluye principios como la responsabilidad, la honradez y el espíritu de servicio, así como la difusión de valores éticos que contrarresten las prácticas de corrupción, y en ese sentido, las instituciones encargadas de vigilar el correcto desempeño de los funcionarios adolecen de muchas deficiencias, como ya hemos comentado, para iniciar no se observa la presencia ciudadana en el perímetro de actuación de la propia Entidad Superior de Fiscalización. Se necesita que los ciudadanos sean tomados en cuenta en el esquema de la rendición de cuentas, existen muchas formas en las que esto se puede lograr, una de ellas podría ser que los resultados de las auditorias que realiza la Entidad estuvieran disponibles al ciudadano común para que éste tuviera la información suficiente para hacerse un juicio más objetivo de qué tanto los recursos públicos se están administrando eficientemente.

BIBLIOGRAFÍA

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Moctezuma, Esteban y Roemer, Andrés. Por un Gobierno con Resultados, FCE, México, 2000.

Juan Miguel Ramírez Zozaya Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Profesor de la ENEP Acatlán UNAM