Supongo que ninguna ciencia práctica se estudia, en caso de que no sea necesario conocerla. Por tanto, el hecho de que la cien­cia eminentemente práctica de la adminis­tración encuentre su lugar en los cursos de Colegio Superior de este país, pruebe que en él se necesita saber más acerca de la admi­nistración, en el caso de que se requiera una prueba de este hecho para demostrarlo. Sin embargo, no es necesario decir que nosotros no miramos los programas de Colegio Supe­rior para tener una prueba de ello. Se da por sabido entre nosotros que el movimiento actual llamado Reforma del Servicio Civil debe, después de cumplir su primer objetivo, ampliar sus esfuerzos para mejorar, no solamente el personal, sino también la organi­zación y los métodos de nuestras oficinas gubernamentales; porque es obvio que su organización y sus métodos necesitan mejora solamente en menor medida que su personal. El objeto del estudio administrativo es descubrir, primero, qué puede hacer adecuada y exitosamente el gobierno y, en segundo lugar, cómo puede hacerlo con la máxima eficiencia y al mínimo costo posible, ya sea de dinero o de esfuerzo. Es evidente que so­bre estos puntos se necesita mucha luz entre nosotros, y solamente un estudio cuidadoso puede proveerla. No obstante, antes de entrar en ese estudio es necesario:

II. Averiguar exactamente cuál es el objeto del estudio.

lll. Determinar cuáles son los mejores mé­todos para desarrollarlo y las concepcio­nes políticas más esclarecedoras de que debemos proveernos para introducirnos en él.

A menos que sepamos y solucionemos estos puntos, partiremos sin mapa ni brújula.

La ciencia de la administración es el fruto más reciente de la ciencia política, materia que se originó hace 2200 años aproximadamen­te. Es un producto de nuestro propio siglo, casi de nuestra propia generación.

¿Por qué llegó tan tarde? ¿Por qué esperó hasta este tan ocupado siglo para demandar atención por sí misma? La administración es la parte más obvia del gobierno; es este mismo en acción; es el aspecto más visible del gobier­no, el ejecutivo, el operativo; y es, por supues­to, tan antigua como él mismo. Por ser el gobierno en acción, se podría esperar de ma­nera natural que el gobierno en acción hubie­ra atraído la atención y provocado el examen de los politólogos muy pronto en la histo­ria del pensamiento sistemático.

Pero ese no fue el caso. Nadie escribió sistemáticamente acerca de la administración como una rama de la ciencia del gobierno, hasta que el presente siglo había pasado su primera juventud y había empezado a mos­trarnos su flor característica del conocimiento sistemático. Hasta nuestros días, todos los politólogos que ahora leemos habían pensado discutido y dogmatizado solamente acerca de la constitución del gobierno; acerca de la naturaleza del Estado; de la esencia y sede de la soberanía, del poder popular y de la prerrogativa real; acerca de los significados más profundos residentes en el corazón del gobierno y acerca de los altos fines puestos como objetivos a éste por los deseos y la naturaleza del hombre. El punto central de controversia era este gran campo de la teoría, en el cual la monarquía se inclinaba frente a la democracia, en el cual la oligarquía había construido para sí misma baluartes de privi­legio y en el cual la tiranía buscó oportunidad para hacer cierta su pretensión de recibir sumisión por parte de todos sus competidores. En medio de esta confusión de principios, la administración no pudo imponer pausa para su propia consideración. La pregunta fue siempre: ¿Quién debe hacer la Ley y cuál debe ser esa Ley? La otra pregunta, cómo debería ser ad ministrada la Ley con sabiduría, con equidad, con rapidez y sin fricción, se marginaba como "un detalle práctico^" que los empleados podrían resolver después de que los doctores hubiesen acordado sobre principios.

Que la filosofía política tomara esta di­rección no fue, por supuesto, un accidente ni capricho perverso de los filósofos políti­cos. La filosofía de cualquier época es, como dice Hegel, "nada sino el espíritu de ese tiempo expresado en pensamiento abstracto^"; la filosofía política, como la filosofía de cual­quier otra clase, solamente ha enfrentado al espejo los hechos contemporáneos. El pro­blema en los primeros tiempos era casi por entero la constitución del gobierno y, por consiguiente, era eso lo que absorbía los pensa­mientos de los hombres. Había muy poca o casi nada de preocupación acerca de la admi­nistración; por lo menos los administradores no la tuvieron en cuenta. Las funciones del gobierno eran sencillas porque la vida, en si misma, era sencilla. El gobierno operaba imperativamente y obligaba a los hombres sin antes pensar en consultar sus deseos. No había ningún sistema complejo de ingresos públicos ni de deuda pública para confundir a financieros; consecuentemente, no había financieros a quienes confundir. Quienquiera que tuviere poder no estaba desorientado sobre cómo usarlo. La única y gran pregunta era: ¿Quién debe poseerlo? Las poblacio­nes eran de números manejables, la propie­dad era de tipos simples. Había muchas haciendas, pero no había acciones ni bonos; más cabezas de ganado que intereses creados.

He dicho que todo esto era cierto en ^"tiempos remotos"; pero también es verdad para tiempos relativamente recientes. Uno no tiene que remontarse al siglo pasado para encontrar los comienzos de las complejidades actuales del comercio y de la confusión de la especulación comercial, ni del portentoso nacimiento de las deudas nacionales. La buena reina Isabel*, sin duda pensó que los monopolios del siglo XVI eran suficientemen­te difíciles de manejar sin quemarse las ma­nos; pero no se les recuerda en la presencia de los gigantescos monopolios del siglo XIX. Cuando Blackstone se lamentaba que las empresas no tenían cuerpos para darles de patadas ni alma para ser condenadas, estaba anticipando el tiempo para proferir lamen­taciones parecidas por un siglo entero. Los desacuerdos perennes entre el patrón y los tra­bajadores que actualmente perturban a la so­ciedad industrial con tanta frecuencia, empezaron antes de la Muerte Negra y el Reglamento de Trabajo; pero nunca antes de nuestros días tuvieron proporciones tan nefastas como las tienen ahora. En resumen, sí las dificultades de la acción gubernamental se empezaron a barruntar en otros siglos, en el nuestro se están viendo culminar.

Esta es la razón por la cual las tareas ad­ministrativas tienen que ser tan cuidadosa y sistemáticamente ajustadas a estándares de política cuidadosamente probada; la ra­zón por la que tenemos ahora lo que nunca antes tuvimos: una ciencia de la adminis­tración. Los más importantes debates de principio constitucional todavía ni siquiera están concluidos, pero ya no tienen tanta im­portancia práctica como las cuestiones de administración. Se ha vuelto más difícil admi­nistrar una constitución, que hacerla.

Aquí está la forma gráfica y caprichosa del Sr. Bagehot para reflejar la diferencia entre lo nuevo y lo viejo en administración:

"En tiempos remotos cuando un déspota deseaba gobernar una provincia distante, mandaba un sátrapa en un gran caballo y a otra gente en caballos pequeños; y muy poco se vuelve a oír del sátrapa a menos que envíe a alguna de la gente pequeña a contar lo que ha estado haciendo. No es posible una gran labor de superintendencia. El rumor común y el reporte casual son las fuentes de información. Si parece cierto que la provincia está en mal estado, el sátrapa número uno es regresado y se manda al sátrapa número dos, en su lugar. En países civilizados este proceso es diferente. Se construye una oficina en la provincia que se desea gobernar; se le hace escribir y copiar cartas, mandando ocho reportes diarios a la jefatura en San Petersbur­go. Nadie hace una suma en la provincia sin que alguien haga la misma suma en la capital, para "revisarla" y ver que la hace correctamente. La consecuencia de esto es lanzar a las cabezas de los departamentos tal canti­dad de lectura y de trabajo que sólo puede llevarse a cabo mediante la mayor aptitud na­tural, el entrenamiento más eficiente y el trabajo más firme y regular".

Difícilmente hay un solo deber de gobier­no que, siendo antes sencillo, no sea complejo ahora; el gobierno tenía antes pocos je­fes; ahora son numerosos. Las mayorías antes sobrellevaban al gobierno; ahora lo conducen. En donde antes el gobierno seguía los capri­chos de una corte, ahora debe seguir los puntos de vista de una nación.

Y esos puntos de vista se van ampliando hacia nuevas concepciones del deber del Estado de forma que, al mismo tiempo que las funciones del gobierno se vuelven cada día más complejas y difíciles, se están multipli­cando bastamente en número. La adminis­tración está en todos lados poniendo manos nuevas iniciativas. Por ejemplo, la utilidad, el bajo precio y el éxito del servicio postal del gobierno, apuntan hacia el establecimien­to del control gubernamental sobre el sistema de telégrafos. O, aunque nuestro gobierno no siga el liderazgo de otros gobiernos de Europa en el sentido de comprar o construir el telé­grafo y el ferrocarril, nadie puede dudar que de alguna forma debe hacerse el amo de corporaciones dominantes. La creación de comisionados nacionales de ferrocarriles, además de las comisiones estatales anterio­res, implica una importante y delicada extensión en las funciones administrativas. Cualquiera que sea la autoridad de los estados o del gobierno federal sobre ciertas corporaciones, deben seguirse cuidados y responsabilidades que requerirán no poca sabiduría, conocimiento y experiencia. Cosas como ésas deben estudiarse para poder hacerse bien. Y éstas, como he dicho, son solamente unas pocas de las puertas que se le están abriendo a las oficinas de gobierno. La idea del Estado y el consiguiente ideal de su deber están sufriendo cambios notables. Y ^"la idea del Estado es la conciencia de la ad­ministración". Viendo cada día cosas nuevas que el Estado debe hacer, lo siguiente es ver claramente cómo debe hacerlas.

Por ello debe haber una ciencia de la administración que procure enderezar los caminos del gobierno, para hacer sus negocios menos informales, para reforzar y purificar su organización y coronar sus deberes con escrupulosidad. Esta es una razón del por qué existe esa ciencia.

Pero, ¿dónde ha crecido esta ciencia? Con toda seguridad no de este lado del océano. No se puede encontrar un método científico im­parcial en nuestras prácticas administrativas. La atmósfera venenosa del gobierno munici­pal, los secretos aviesos de la administración estatal, la confusión, el sinecurismo, la corrup­ción siempre y de nuevo descubierta en las oficinas de Washington, nos impiden creer que haya, por el momento, concepciones claras en los Estados Unidos de lo que consti­tuye una buena administración. No, los escritores norteamericanos no han tomado parte hasta el momento en el avance de esta ciencia. Ella ha encontrado sus doctores en Europa. No la hemos hecho nosotros, es una ciencia extranjera que, habla muy poco el idioma de los orígenes ingleses o americanos. Solamente emplea lenguajes extranjeros; no balbucea nada que no sean ideas extrañas a nuestro mundo. Sus objetivos, sus ejemplos, sus condiciones, están casi exclusivamente enraizadas en las historias de razas extranjeras, en los precedentes de sistemas extranje­ros y en las lecciones de revoluciones extran­jeras. La han desarrollado profesores franceses y alemanes y, por consiguiente, está adaptada en todas sus partes a las necesidades de un Es­tado compacto y ajustada a formas de gobier­no sumamente centralizadas. Para responder a nuestros propósitos, la administración debe ser adaptada, no a un Estado simple y com­pacto, sino a un Estado complejo y multifor­me, y hecha a la medida de unas formas de gobierno sumamente descentralizadas. Si hemos de emplearla, la debemos norteame­ricanizar y eso no sólo formal y exclusivamen­te en lenguaje, sino también en forma radical en pensamiento, principios y objetivos. Debe aprender nuestras constituciones de memoria, debe alejar la fiebre burocrática de sus venas, debe inhalar mucho aire libre norteamericano.

Si se tuviera que buscar una explicación al por qué una ciencia tan susceptible de ser aplicada a todos los gobiernos ha recibido atención primero en Europa, donde el gobierno ha sido desde siempre un monopolio, más que en Inglaterra o en los Estados Unidos, donde el gobierno ha sido por largo tiempo una franquicia común, la razón será sin duda do­ble: primero, porque en Europa había más gobierno qué hacer por el hecho de ser el go­bierno independiente del consentimiento popu­lar y, segundo, porque el deseo de conservar al gobierno como monopolio hizo que los monopolistas estuvieran interesados en descu­brir los medios menos irritantes de gobernar. Además, ellos fueron lo suficientemente poco numerosos como para adoptar de inmedia­to medidas adecuadas.

Será instructivo mirar esta materia un po­co más de cerca. Hablando de gobiernos europeos no incluyo, por supuesto, a Inglate­rra. Ella no se ha negado a cambiar con el tiempo. Ha atemperado simplemente la seve­ridad de la transición de un régimen de privi­legio aristocrático a un sistema de poder democrático, al través de medidas lentas de reforma constitucional, las que, sin evitar una revolución, la han confinado a brechas de paz. Mas los países del continente lucharon desesperadamente por largo tiempo contra cualquier cambio y hubieran podido alejar la revolución ablandando las asperezas del gobierno absoluto. Ellos buscaron perfeccio­nar su maquinaria de tal modo, que se evitara cualquier fricción, intentaron endulzar sus métodos considerando los intereses de los gobernados para aplacar cualquier odio obstaculizador y ofrecieron tan asidua y oportunamente su ayuda para cualquier tipo de iniciativa, como para hacerse indis­pensable a los industriosos. Por último, dieron constituciones y franquicia al pue­blo, pero incluso después de eso, obtuvieron permiso de continuar despóticos volviéndose paternales. Se hicieron demasiado eficientes como para ser ignorados; se hicieron opera­tivos con demasiada suavidad para llamar la atención; demasiado ilustrados para que se les preguntara inconsideradamente; demasia­do benevolentes para ser sospechosos; y de­masiado poderosos para enfrentárseles. Todo esto ha requerido estudio y ellos lo han es­tudiado en forma cuidadosa.

Mientras tanto, en este lado del Océano nosotros no habíamos conocido grandes dificultades de gobierno. Como país nuevo en el que había espacio y empleo remunerado para todo el mundo, con principios libe­rales de gobierno y arte ilimitado en política práctica, estuvimos por largo tiempo eximidos de la necesidad de anhelar ser cuidadosos acer­ca de planes y métodos de administración. Naturalmente que hemos sido lentos para ver el uso o significación de esos muchos volú­menes de investigación erudita y doloroso examen de las formas y los modos de condu­cir el gobierno, con que las prensas de Europa han estado invadiendo nuestras bibliotecas. Como un muchacho inquieto, entre noso­tros el gobierno se ha expandido en naturaleza y crecido en estatura, pero se ha vuelto torpe en movimientos. El vigor y el incremento de su vida han estado fuera de proporción con su saber vivir. Ha ganado fuerza, pero no ha adquirido porte. Por tanto, grande como ha sido nuestra ventaja sobre los países de Europa en cuanto a facilidad y salud en el desarrollo constitucional, cuando nos ha llegado el tiempo para un cuidadoso ajuste y un mayor conocimiento administrativos, esta­mos en fuerte desventaja comparados con las naciones trasatlánticas. Y esto por razones que trataré de aclarar.

A juzgar por las historias constitucionales de las principales naciones del mundo moder­no, se puede decir que existen tres periodos de crecimiento al través de los cuales han pasado plenamente gobiernos, los más altamente desarrollados sistemas existentes, y al través de los cuales prometen pasar todos los restantes. El primero de estos periodos es el de los gobernantes absolutos y de un sistema administrativo adaptado al gobierno absoluto; el segundo es aquel en que las constituciones están estructuradas para acabar con los gober­nantes absolutos y sustituirlos por el control popular y en el cual la administración es marginada por esos fines más elevados; y el tercero es aquel en que el pueblo soberano emprende el desarrollo de la administración bajo esa nueva constitución, que lo ha llevado al poder.

Los gobiernos más adelantados en la prác­tica administrativa son hoy los que tuvieron gobernantes absolutistas, pero iluminados con la idea, evidente a todos menos para los ciegos, que los gobernantes son propiamente los servidores de los gobernados. En esos gobiernos la administración se ha organi­zado para servir al propósito general con la simplicidad y la efectividad propias de las iniciativas regidas por una voluntad única.

Ese fue el caso de Prusia, por ejemplo, donde la administración ha sido más es­tudiada y más perfeccionada. Federico el Grande, duro y pleno de carácter como fue su gobierno, sinceramente se veía a sí mis­mo sólo como el mayor servidor del Estado, al considerar su cargo como fundamento pú­blico. Y fue él quien, construyendo sobre los fundamentos puestos por su padre, em­pezó a organizar la administración de Prusia con el más sincero servicio al público. Su sucesor, no menos absoluto, Guillermo Federico III, bajo la inspiración de Stein, nuevamente, a su vez, adelantó el trabajo más allá, planeando muchas de las caracte­rísticas estructurales más amplias que dieron firmeza y forma a la administración prusiana de hoy.* Casi en su totalidad el admirable sistema se desarrolló por iniciativa real.

De origen similar fue la práctica, si no el, plan, de la moderna administración francesa, con sus divisiones simétricas de territorio y sus jerarquizaciones ordenadas de cargos. Los días de la revolución; es decir, de la Asam­blea Constituyente, fueron días para escribir constituciones, pero difícilmente pueden llamarse días de hacer la constitución. La revolución anunció un periodo de desarrollo constitucional la entrada de Francia al segundo de esos periodos que acabo de mencionar—; pero ella misma no inauguró ese periodo. Interrumpió y desestabilizó el absolutis­mo, pero no lo destruyó. Napoleón sucedió a los monarcas de Francia para ejercer un po­der tan irrestricto como ellos habían ejercido.

Por lo tanto, la remodelación de la admi­nistración francesa llevada a cabo por Napoleón es mi segundo ejemplo del perfeccionamiento de la maquinaria civil por la sola voluntad de un gobernante absoluto, antes del amanecer de una era constitucional. Ninguna voluntad popular aglutinada podría haber nunca efectuado arreglos tales como aquellos que Napoleón ordenó. Arreglos tan sencillos a costa del perjuicio local, tan lógicos en su indiferencia a la elección popular, que no po­drían ser decretados por una Asamblea Constituyente; sino sólo establecidos por la autoridad ilimitada de un déspota. El siste­ma del año VIII fue tremendamente detallado y perfecto, sin corazón. Era, además, en su mayor parte un retorno al despotismo que acababa de ser derrocado.

Por otra parte, en aquellas naciones que entraron a la época de hacer constituciones y reformas populares antes de que la admi­nistración hubiera recibido la impronta de principios liberales, la mejora administrativa ha sido tardía y a medias. Una vez que una nación se ha embarcado en el negocio de manufacturar constituciones, encuentra que es extremadamente difícil terminar ese proceso y abrir al público oficinas de ad­ministración entrenadas y económicas. Parece que no hay fin a los retoques de las constitucio­nes. Una constitución ordinaria rara vez dura diez años sin reparaciones o adiciones, lle­gando tarde el tiempo para los detalles admi­nistrativos.

Aquí, por supuesto, nuestros ejemplos son Inglaterra y nuestro propio país. En los días de los reyes angevinos, antes de que la vida constitucional hubiera arraigado en la Carta Magna, las reformas legales y administrativas empezaron a proceder con sentido común y vigor bajo el impulso astuto, activo, emprendedor, espíritu indomable y propósito firme de Enrique II, y la iniciativa real en Inglaterra, parecía destinada como en cualquier otra parte, a conformar el creci­miento del gobierno de acuerdo con su propia voluntad. Pero el impulsivo y errático Ricardo y el débil y despreciable Juan, no eran los hombres para llevar a cabo esque­mas parecidos a los de su padre. El desarrollo administrativo cedió su lugar en sus reinos a luchas constitucionales; y el Parlamento se convirtió en rey antes que ningún monarca in­glés hubiera tenido el genio práctico o la conciencia iluminada para diseñar formas justas y duraderas para el servicio civil del Estado.

La raza inglesa, por tanto, ha estudiado durante largo tiempo y con éxito, el arte de doblegar el poder ejecutivo a expensas de marginar el arte de perfeccionar los métodos ejecutivos. Ha ejercitado más el arte de con­trolar que el arte de vigorizar al gobierno. Ha estado más preocupada por volver al gobierno justo y moderado, que hacerlo fácil, bien ordenado y efectivo. La historia política inglesa y norteamericana ha sido la historia no de desarrollo administrativo, sino de visión legislativa; no de progreso en organización gu­bernamental, sino de adelanto en hacer leyes y crítica política. Por consiguiente, hemos lle­gado a una época en la que el estudio y la creación administrativa son imperativamente necesarios para el bienestar de nuestros go­biernos, encastillarse en los hábitos de un largo periodo de hacer constituciones. Ese periodo se ha terminado en lo que concier­ne a establecer principios esenciales, pero no podemos sacudirnos su atmósfera. Seguimos criticando cuando debiéramos estar creando. Hemos llegado al tercero de los periodos que he mencionado; el periodo en que el pue­blo tiene que desarrollar la administración de acuerdo a las constituciones que él mismo ganó en un periodo anterior de lucha con el poder absoluto; pero no estamos preparados para las tareas del nuevo periodo.

Una explicación tal parece ofrecer la única salida a la perplejidad del hecho que, pese a nuestros grandes avances en materia de li­bertad política e, incluso, en toda materia de práctica y sagacidad políticas, muchas nacio­nes nos encabezan en organización y destrezas administrativas. Por ejemplo, ¿por qué acaba mas sólo de empezar a purificar un servicio civil que estaba podrido hace ya 50 años? Decir que la esclavitud nos lo impidió no es más que repetir lo que ya he dicho; que nos retardaron lagunas en nuestra constitución.

Por supuesto, toda preferencia razonable se declararía a favor del curso político inglés y norteamericano, más que por alguno otro de país europeo. No nos gustaría tener la historia de Prusia para poder alcanzar la habi­lidad prusiana en administración; el sistema particular de administración de Prusia casi nos sofocaría. Es mejor ser poco entrenado y libre, que servil y sistemático. Sin embar­go, no hay negación al hecho de que sería mejor ser ambos, libres de espíritu y expertos en la práctica. Es esta preferencia, aún más ra­zonable, lo que nos impulsa a descubrir qué puede haber que nos obstaculice o detenga pa­ra naturalizar tan deseada ciencia de la ad­ministración.

Entonces. ¿Qué es lo que nos lo impide? Pues, principalmente, la soberanía popular. Es más difícil para la democracia organizar la administración, que para la monarquía. Lo completo de nuestro más apreciado éxi­to político en el pasado nos es embarazoso. Hemos entronizado la opinión pública y nos está prohibido esperar durante su reinado cualquier aprendizaje rápido, por parte del nuevo soberano, de la habilidad administrativa o de las condiciones para un equilibrio fun­cional perfecto en el gobierno.

Precisamente el hecho de que hemos logrado por completo el gobierno popular, ha hecho la tarea de organizar ese reinado su­mamente complicado. Para hacer algún avance, debemos instruir y persuadir a un mo­narca multimillonario llamado opinión públi­ca; empresa mucho menos viable que influir en un único monarca, llamado rey. Un sobe rano individual adoptará un plan simple y lo llevará directamente a la práctica; tendrá una sola opinión y le dará cuerpo a esa opi­nión al través de una orden. Pero el otro soberano, "el pueblo", tendrá una variedad de opiniones diferentes. No puede estar de acuerdo sobre algo sencillo; los avances deben hacerse al través de compromisos, con la combinación de diferencias, con el recorte de planes y la supresión de intereses dema­siado directos. Habrá una serie de resoluciones a lo largo del curso de varios años, una cadena de órdenes atravesando una gama de modifi­caciones a cada una de ellas.

En el gobierno, como en la virtud, lo más duro de las cosas duras es progresar. Antiguamente la razón de esto era que la persona úni­ca el soberano era, por lo general, o bien egoísta, ignorante, tímido o recio, aunque de vez en cuando había uno que era sabio. Hoy en día, la razón es que los muchos, el pueblo, que son los soberanos, no tienen un oído único al que se pueda acercar; y son egoís­tas, ignorantes, tímidos, tercos y necios, con el egoísmo, la ignorancia, la terquedad, la timidez y la necedad de muchos miles de per­sonas, aunque hayan cientos que sean sabios. Antaño la ventaja del reformador era que la mente del soberano se localizaba en un punto definido, es decir, estaba contenida en la ca­beza de un solo hombre y, en consecuencia, se podía influir sobre él; aunque también era una desventaja el que esa mente aprendiera sólo a regañadientes, o en pequeñas canti­dades, o que estuviera bajo la influencia de alguien que le permitiera aprender sólo cosas erróneas. Ahora, por el contrario, el reforma­dor está asombrado por el hecho de que la mente del soberano no se localiza en un punto definido, sino que está contenida en los varios millones de cabezas de la mayoría votante; y está desconcertado por el hecho que la mente de este soberano también está bajo la influencia de favoritos, que son, a pesar de todo, favoritos en el buen sen­tido de la palabra, ya pasada de moda, porque no son personas sino opiniones preconcebi­das, por ejemplo, prejuicios, con los que no se puede razonar porque no son hijos de la razón.

Dondequiera que la atención de la opi­nión pública sea un primer principio de gobierno, la reforma práctica debe ser lenta; y toda reforma debe estar llena de com­promisos. En la medida en que la opinión pú­blica exista, debe gobernar. Este es ahora un axioma para más de la mitad del mundo e incluso, lo creerán en Rusia. Quienquiera que efectúe un cambio en un gobierno constitucional moderno, debe primero educar a sus conciudadanos para que deseen algún cambio, hecho lo cual ha de persuadirlos a querer precisamente el cambio que él desea. Primero debe hacer que la opinión pública desee oír y después procurar que oiga las cosas apropiadas. Debe excitarla para que exprese alguna opinión y entonces arreglárselas para poner la opinión correcta en el camino.

El primer paso no es menos difícil que el segundo. Con opiniones, la posesión lo es casi todo. Es casi imposible desalojarlas. Institu­ciones a las que una generación mira como aproximaciones provisionales para la realiza­ción de un principio, la siguiente generación las mira como las más cercanas aproximacio­nes a este principio y la consecuente las adora como el principio en sí. A duras pe­nas se lleva tres generaciones para la apoteosis. El nieto acepta el experimento vacilante de su abuelo como una parte integral de la constitución fija de la naturaleza.

Aunque tuviéramos una visión clara de todo el pasado político y pudiéramos for­mar, a partir de cerebros perfectamente instruidos unas pocas máximas de gobierno firmes, infalibles y gratamente sabias, con las que una doctrina política sólida fuera en último término resoluble ¿Actuaría el gobierno sobre ellas? Esa es la pregunta. La mayor parte de la humanidad es rígidamente no filosófica, y hoy en día la mayoría vota. Toda verdad debe venir no sólo llana sino también como lugar común, antes de que la vea la gente que va al trabajo muy temprano en la mañana; y el no actuar sobre ella antes de que esa misma gente haya decidido actuar, implica inconvenientes grandes y oprimentes.

¿Y dónde es este grueso no filosófico de la humanidad más multifacético en su com­posición que en los Estados Unidos? Para conocer la mentalidad pública de este país, uno debe conocer la mentalidad, no sólo de los norteamericanos de más raigambre, sino también de irlandeses, alemanes y negros.

Para tener una base de doctrina nueva, uno debe influir en las mentes fundidas en todos los moldes de raza, mentes que han heredado todas las parcialidades del entorno, desviadas por las historias de toda una serie de nacio­nes diferentes, calentadas o envueltas, cerra­das o expandidas por casi todos los climas del globo.

Hasta aquí, pues, algo sobre la historia del estudio de la administración y de las peculiarmente difíciles condiciones en las que, aden­trados en ella como lo estamos haciendo, debemos enfrentarnos. ¿Cuál es, entonces, el objeto de su estudio y cuáles son sus propósitos característicos?

II

El campo de la administración es el campo de los negocios. Está separado de la prisa y la contienda de la política; en muchos de los pun­tos permanece aparte, incluso, del terreno de­batible del estudio constitucional. Es una parte de la vida política en la misma forma que los métodos usados en los despachos son parte de la vida de la sociedad; lo es como la maquinaria es parte del producto manufacturado. Pero al mismo tiempo, está muy por encima del ni­vel aburrido del mero detalle técnico por el hecho que, al través de sus grandes principios, está directamente relacionada con las duraderas máximas de la sabiduría política y las perma­nentes verdades del progreso político.

El objeto del estudio administrativo es rescatar los métodos ejecutivos de la confusión y el costo del experimento empírico y ponerlos sobre cimientos profundamente enclavados en principios estables.

Es por esta razón que debemos mirar la reforma del servicio civil en su estado actual, nada más que como un preludio a una reforma administrativa más completa. Estamos rectificando ahora métodos de nombra miento; debemos ir adelante y ajustar funciones ejecutivas más convenientemente, y prescribir mejores métodos de organización y de acción ejecutivas. La reforma del servicio civil es como una preparación mo­ral para lo que tiene que seguir. Está clarifi­cando la atmósfera moral de la vida oficial mediante el establecimiento de la santidad del servicio civil, como un fideicomiso pú­blico; al hacer el servicio imparcial está abriendo el camino hacia una buena adminis­tración. Suavizando sus motivos está volvién­dose capaz de mejorar sus métodos de trabajo.

Trataré de extenderme un poco sobre lo que he dicho acerca del ámbito de la ad­ministración. Es muy importante observar la verdad en la que tantas veces, por fortuna, han insistido nuestros reformadores del servicio civil: precisamente que la administra­ción está fuera de la esfera propia de la política. Las cuestiones administrativas no son cuestiones políticas. Aunque la política se establece a las tareas de la administración, no se debe permitir que manipule sus oficinas.

Esta es una distinción de alta autoridad. Eminentes escritores alemanes insisten en ello como cosa sabida. Bluntschli, por ejem­plo, propone separar la administración tanto de la política, como del derecho. Política, dice, es la actividad del Estado "en cosas grandes y universales", mientras que, por otro lado, administración es "la actividad del Estado en cosas individuales y pequeñas. Así pues la política es la competencia especial del hombre de Estado, la administración del oficial técnico". La política hace nada sin la ayuda de la Administración; la administración no es, por tanto, política. Sin embargo, noso­tros no necesitamos una autoridad alemana para sustentar tal posición; esta discrimi­nación entre administración y política es ahora, felizmente, demasiado obvia para requerir mayor discusión.

Hay otra distinción que debe incorpo­rarse a todas nuestras conclusiones y que no es tan sencillo ignorar, aunque es un aspec­to más de la distinción entre política y admi­nistración: me refiero a la distinción entre cuestiones constitucionales y cuestiones admi­nistrativas, a aquellos ajustes de gobierno que son esenciales para el principio constitucional y a aquellos que son meramente instrumentales para las cambiantes metas de una conve­niencia adaptable con sabiduría.

No se puede aclarar a todos con facilidad exactamente dónde reside la administra­ción en los diferentes departamentos de un gobierno concreto, sin entrar en detalles tan numerosos que confundan y en distincio­nes tan pequeñas, que distraigan. Al separarse las funciones administrativas de las no admi­nistrativas, no pueden establecerse líneas de demarcación entre éste y aquel departamen­to del gobierno, sin tener que subir montes y bajar valles, moverse sobre alturas mareantes de distinciones y entre densas selvas de promulgaciones estatutarias, cerca y lejos de los "sies" y "peros", "cuandos", "sin embargos^", hasta que todo se pierde al ojo común no acostumbrado a esta clase de exploración y, consecuentemente, no acos­tumbrado al uso del teodolito del discer­nimiento lógico. Una gran parte de la administración pasa desapercibida para la ma­yoría del mundo, confundiéndose una vez en la "dirección" política y otra en el prin­cipio constitucional.

Quizá esta fácil confusión puede explicar algunas aserciones, como aquella de Niebuhr: "La libertad", dice, "depende incomparable mente más de la administración que de la constitución". A primera vista esto nos parece ser, en su mayor parte, verdad. En apariencia, la facilidad en el ejercicio real de la libertad depende más de arreglos administrativos que de garantías constitucionales; aunque las garantías constitucionales por sí mismas aseguran la existencia de la libertad. Pero, en un segundo pensamiento, ¿Es cierto esto' La libertad no consiste en fácil movimien­to funcional, del mismo modo que la inteli­gencia no consiste en la sencillez y fuerza con que los miembros de un hombre fuerte se mueven. Los principios que rigen dentro del hombre o de la constitución, son resortes vitales de libertad o servidumbre, porque la dependencia y la sujeción no existen sin cade­nas. Y aunque sean aligeradas por algún mecanismo de movimiento fácil de gobierno considerado y paternal, no por ello se trans­forman en libertad. La libertad no puede vivir separada del principio constitucional; ningu­na administración por perfectos y liberales que sean sus métodos, puede dar a los hom­bres más que una pequeña falsificación de libertad, si se basa en principios de gobierno no liberales.

Una visión clara de la diferencia entre el ámbito del derecho constitucional y el ámbito de la función administrativa no debería dejar espacio para confusiones; y es posible nom­brar algunos criterios definidos con aproxima­ción sobre los que puede construirse esa visión. La administración pública es la ejecución detallada y sistemática del derecho público. Cualquier aplicación particular de una ley general es un acto de administración. Por ejemplo, la devaluación y el alza de impues­tos, el ahorcar a un criminal, el transporte y la entrega de correos, el equipamiento y el reclutamiento del ejército y la marina, etc., son todos actos de administración; pero las leyes generales que dirigen el hacer estas co­sas están obviamente fuera y por encima de la administración. Los planes generales de acción gubernamental no son administrati­vos; la ejecución detallada de dichos planes es administrativa. Por tanto, las constitucio­nes se preocupan en forma debida únicamen­te de aquellas instrumentaciones de gobierno que existen para controlar la ley general. Nuestra constitución federal observa este principio al no decir nada de los más grandes de entre los puestos puramente ejecutivos y al hablar sólo del Presidente de la Unión, quien tiene que compartir las funciones legislativas de gobierno y el quehacer político; y de los jueces de la más alta jurisdicción que tienen que interpretar y guardar los principios de la ley y no de aquellos que únicamente de­ben darles forma.

Esta no es la distinción entre Voluntad y Hecho, porque el administrador debe te­ner y tiene una voluntad propia en la elección de medios para llevar a cabo su tarea. No es y no debe ser mero instrumento pasivo. La distinción es entre planes generales y medios especiales.

Hay un punto en que los estudios adminis­trativos entran en terreno constitucional, o al menos en lo que parece ser terreno consti­tucional. El estudio de la administración, desde un punto de vista filosófico, está estre­chamente relacionado con el estudio de la distribución correcta de la autoridad constitu­cional. Para ser eficiente debe describir los más sencillos arreglos mediante los cuales la responsabilidad puede fijarse a los funcio­narios sin error; es el mejor medio de dividir la autoridad, sin detenerla y definir la respon­sabilidad, sin obstaculizarla. Y esta cuestión de la distribución de autoridad, cuando se toma en la esfera de las funciones que origi­nan el gobierno, es obviamente una cuestión constitucional central. Si el estudio adminis­trativo puede descubrir los mejores princi­pios sobre los que ha de basarse esta distribución, habrá dado al estudio constitu­cional un servicio invaluable. Estoy convenci­do de que Montesquieu no dijo la última palabra acerca de esto.

Descubrir el mejor principio para la distri­bución de autoridad es posiblemente de mayor importancia en un sistema democráti­co, donde los funcionarios sirven a muchos jefes, que en otros regímenes donde sirven sólo a unos pocos. Todos los soberanos sospe­chan de sus servidores y el pueblo soberano no es la excepción a la regla. Pero ¿Cómo ali­viar su sospecha mediante el conocimiento? Si esa sospecha pudiera aclararse por medio de la vigilancia sabia, seria al menos saludable; si esa vigilancia pudiera ayudarla por la adscrip­ción sin errores de responsabilidad, sería beneficioso. La sospecha en sí misma no es nunca saludable, ni en la mente privada ni en la mente pública. La confianza es fuerza en todas las relaciones de la vida; ' y por ser el trabajo del reformador constitucional el crear condiciones de veracidad, así el trabajo del administrador ha de dar a la administración condiciones sin ambigüedades por cuanto a la responsabilidad, que debe infundir confianza.

Me atrevo a decir que poderes amplios y discreción sin límites, me parecen condiciones indispensables para la responsabilidad. La atención pública debe dirigirse fácilmente en caso de buena o mala administración, sólo al hombre merecedor de elogio o censura. No hay peligro en el poder mientras éste no sea irresponsable. Sí se divide, dando partes a muchos, se obstaculiza, y si se obstaculiza, se vuelve irresponsable_ Pero si se centra en las cabezas del servicio y en las cabezas de las ramas del servicio, se le vigila con facilidad y se le trae al orden. Si para conservar su puesto un hombre debe lograr éxito abierto y honesto, y si al mismo tiempo se siente depositario de gran libertad de maniobra, cuanto mayor sea su poder seguramente menos abusará de él; asimismo, tanto más se sentirá él potenciado, atemperado y elevado. Entre menos sea su poder y cuanto más obs­cura y sin relieve sienta que es su posición, tanto más rápidamente caerá en la negligencia.

Justamente aquí entramos en un campo que es todavía un problema mayor: la rela­ción entre opinión pública y administración.

¿A quién debe dársele la confianza de los asuntos oficiales y por quién debe ser premiada? ¿Debe volverse el oficial al públi­co para satisfacer su necesidad de elogio, de promoción, y o solamente a su superior en cargo? ¿Debe llamarse a la gente común pa­ra arreglar la disciplina administrativa, de la misma forma que se le llama para asentar los principios constitucionales? Estas pregun­tas evidentemente tienen su raíz en lo que es, sin duda, el problema fundamental de todo este estudio. Ese problema es: ¿Qué parte debe tomar la opinión pública en la conduc­ción de la administración?

Parece ser que la respuesta es que la opi­nión pública debe desempeñar el papel de crítico con autoridad.

Pero, ¿cuál es el método mediante el cual esta autoridad debe expresarse? Nuestra dificultad peculiar, como norteamericanos, para organizar la administración no es el peligro de perder libertad, sino el peligro de no ser capaces de separar lo esencial de la liber­tad, de sus accidentes. Nuestro éxito se vuelve dudoso por ese error dominante nuestro, el error de intentar hacer demasiadas cosas mayor importancia en un sistema democráti­co, donde los funcionarios sirven a muchos jefes, que en otros regímenes donde sirven sólo a unos pocos. Todos los soberanos sospe­chan de sus servidores y el pueblo soberano no es la excepción a la regla. Pero ¿Cómo ali­viar su sospecha mediante el conocimiento? Si esa sospecha pudiera aclararse por medio de la vigilancia sabia, sería al menos saludable; si esa vigilancia pudiera ayudarla por la adscrip­ción sin errores de responsabilidad, sería beneficioso. La sospecha en sí misma no es nunca saludable, ni en la mente privada ní en la mente pública. La confianza es fuerza en todas las relaciones de la vida; ' y por ser el trabajo del reformador constitucional el crear condiciones de veracidad, así el trabajo del administrador ha de dar a la administración condiciones sin ambigüedades por cuanto a la responsabilidad, que debe infundir confianza.

Me atrevo a decir que poderes amplios y discreción sin límites, me parecen condiciones indispensables para la responsabilidad. La atención pública debe dirigirse fácilmente en caso de buena o mala administración, sólo al hombre merecedor de elogio o censura. No hay peligro en el poder mientras éste no sea irresponsable. Si se divide, dando partes a muchos, se obstaculiza, y si se obstaculiza, se vuelve irresponsable. Pero si se centra en las cabezas del servicio y en las cabezas de las ramas del servicio, se le vigila con facilidad y se le trae al orden. Si para conservar su puesto un hombre debe lograr éxito abierto y honesto, y si al mismo tiempo se siente depositario de gran libertad de maniobra, cuanto mayor sea su poder seguramente menos abusará de él; asimismo, tanto más se sentirá él potenciado, atemperado y elevado. Entre menos sea su poder y cuanto más obs­cura y sin relieve sienta que es su posición, tanto más rápidamente caerá en la negligencia.

Justamente aquí entramos en un campo que es todavía un problema mayor: la rela­ción entre opinión pública y administración.

¿A quién debe dársele la confianza de los asuntos oficiales y por quién debe ser premiada? ¿Debe volverse el oficial al públi­co para satisfacer su necesidad de elogio, de promoción, y o solamente a su superior en cargo? ¿Debe llamarse a la gente común pa­ra arreglar la disciplina administrativa, de la misma forma que se le llama para asentar los principios constitucionales? Estas pregun­tas evidentemente tienen su raíz en lo que es, sin duda, el problema fundamental de todo este estudio. Ese problema es: ¿Qué parte debe tomar la opinión pública en la conduc­ción de la administración?

Parece ser que la respuesta es que la opi­nión pública debe desempeñar el papel de crítico con autoridad.

Pero, ¿cuál es el método mediante el cual esta autoridad debe expresarse? Nuestra dificultad peculiar, como norteamericanos, para organizar la administración no es el peli­gro de perder libertad, sino el peligro de no ser capaces de separar lo esencial de la liber­tad, de sus accidentes. Nuestro éxito se vuelve dudoso por ese error dominante nuestro, el error de intentar hacer demasiadas cosas mediante el voto. El autogobierno no consis­te en tener la mano en todo, de la misma forma que _.la labor de una casa no consiste necesariamente en cocinar la comida con nues­tras propias manos. Al cocinero debe dársele una gran discreción en el manejo de los fuegos y los hornos.

En aquellos países en los que la opinión pública todavía tiene que instruirse en sus pri­vilegios, en los que todavía tiene que acos­tumbrarse a seguir su propio camino, la cuestión relacionada al ámbito de la opinión pública es mucho más fácilmente soluble que en este país, donde la opinión pública está despierta y con intenciones de seguir su propio camino, de cualquier forma. Es paté­tico ver un libro entero escrito por un profesor alemán de ciencia política, con el objeto de decirle a sus conciudadanos: "por favor, tra­ten de tener una opinión acerca de los asuntos nacionales"; pero de un público, que es tan modesto, no puede sino esperarse que sea muy dócil y aquiescente en aprender sobre las cosas a las que no tiene derecho de pensar o de hablar, de forma imperativa. Puede ser pesado; pero no será entrometido. Se somete­rá a la instrucción antes que tratar de instruir. Su educación política vendrá antes que su actividad política. Tratando de instruir nues­tra opinión pública, estamos tratando con un alumno apto para pensar que está suficien­temente instruido de antemano.

El problema es el de hacer eficiente a la opinión pública sin tolerarle que sea entrome­tida. Directamente ejercida en la supervisión de los detalles diarios y en la elección de los medios diarios de gobierno, la crítica pública es, por supuesto, un estorbo torpe, un manejo rústico de una maquinaria delicada. Pero su­pervisando las fuerzas mayores de la política decisiva, tanto en política como en adminis­tración, la crítica pública es segura y be­nefactora; es indispensable. Hay que dejar al estudio administrativo el que encuentre los mejores medios para dar a la crítica pública este control y para aislarlo de cualquier otra interferencia.

Pero, ¿está completo el deber del estudio administrativo cuando ha enseñado a la gente qué tipo de administración debe desear y demandar, y cómo conseguir lo que demandan? ¿No debería salir también a buscar candidatos para el servicio público?

Existe un movimiento admirable hacia una educación política universal en este país. Pronto llegará el día en que ninguna univer­sidad respetable pueda dejar de tener una bien estructurada cátedra de ciencia políti­ca. Pero la educación impartida así no irá más lejos de un punto determinado. Multiplicará el número de críticos inteligentes del gobier­no, pero no creará un cuerpo competente de administradores. Preparará el camino para el desarrollo de un entendimiento seguro de los principios generales de gobierno, pero no necesariamente apadrinará destreza para con­ducir al gobierno. Es una educación que formará, quizá, legisladores, pero no funcio­narios ejecutivos. Si debemos mejorar la opinión pública; que es el poder motor del gobierno, debemos preparar mejores funciona­rios como aparato del gobierno. Si debemos poner mejores calderas y arreglar los fuegos que manejan nuestra maquinaria de gobierno, no debemos dejar las llantas viejas, las juntas, las válvulas y las bandas, ní crujir ni sonar ní cascabelear como mejor puedan, según se lo pida esta nueva fuerza. Debemos poner partes nuevas que se muevan en cualquier lu­gar en el que exista por lo menos falta de fuerza o ajuste. Será necesario organizar la democracia sometiendo a concursos de opo­sición para el servicio civil, a hombres defini­tivamente preparados para poner a prueba sus convicciones liberales y sus conocimientos técnicos. Un servicio civil académicamente preparado se habrá convertido en indispensable.

Yo sé que un cuerpo de servidores civiles preparados académicamente en forma especial y colocados después de sus nombramientos en una organización mejorada, en una jerar­quía apropiada y una disciplina característica, les parece a muchas personas muy preparadas, que contiene elementos combinables para hacer una clase oficial combativa; un cuerpo distinto, semicorporativo, con simpatías di­vorciadas de un pueblo progresista de espíritu libre y con corazones estrechados por la maldad de un oficialismo intolerante. Es cierto que una clase semejante sería, al mismo tiem­po, odiosa y dañina en los Estados Unidos. Cualesquiera de las medidas calculadas para producirla, serían para nosotros medidas de reacción y locura.

Pero el tener miedo a la creación de un oficialismo dominante y no liberal, como resultado de los estudios que estoy proponien­do aquí, es omitir completamente el principio sobre el que más quiero insistir. Ese princi­pio es que la administración en los Estados Unidos debe ser sensitiva a la opinión pú­blica en todos sus puntos. En cualquier caso, debemos tener un cuerpo de funcionarios cuidadosamente entrenados, sirviendo con buen comportamiento. Esa es una mera necesidad de la actividad. Pero la aprensión de que un cuerpo como ése sea algo anti­norteamericano, se despeja en el momento en que se pregunta ¿qué es lo que constituye un buen comportamiento? ya que esa pregun­ta lleva la respuesta obviamente, en su cara. Cumplimiento constante y entrega a la polí­tica del gobierno a que sirven, constituye buen comportamiento. Esa política no deberá tener ningún tinte de oficialismo. No se­rá la creación de funcionarios permanentes, sino de hombres de Estado cuya responsabi­lidad ante la opinión pública será directa e inevitable. La burocracia puede existir sólo donde todo el servicio del Estado es removido de la vida política común del pueblo, tanto los jefes como los subalternos. Sus motivos, objetivos, políticas, estándares: de­ben ser burocráticos. Resultaría difícil señalar algunos ejemplos de exclusividad impúdica y de arbitrariedad, por parte de funcionarios dando servicio bajo las órdenes de un jefe de departamento que de verdad sirva al pueblo, como debieran ser todos nues­tros jefes de departamento. Sería fácil, por otro lado, aducir otras instancias tales como la influencia de Stein en Prusia, donde el li­derazgo de un hombre de Estado, imbuido con verdadero espíritu público, transforma oficinas arrogantes y rutinarias en instrumen­tos con espíritu público de justo gobierno.

El ideal para nosotros es un servicio civil culto y autosuficiente para actuar con senti­do común y vigor, y, sin embargo, tan íntimamente relacionado con el pensamiento del pueblo, al través de las elecciones y del con­tinuo consejo público, que encuentre la ar­bitrariedad o el espíritu de clase totalmente fuera de lugar.

III

Una vez vistos en cierta extensión el obje­to y los propósitos del estudio de la admi­nistración, ¿qué debemos concluir con relación a los métodos que mejor se adapten a él, y a los puntos de vista más ventajosos para él?

El gobierno está tan cerca de nosotros, es tanto una cuestión de nuestro manejo familiar diario, que con dificultad podemos ver la necesidad de algún estudio filosófico acerca de él o el objeto exacto de ese estudio, en el caso de que éste se abordara. Hemos estado parados sobre nuestros pies demasiado tiempo para estudiar ahora el arte de caminar. Somos un pueblo práctico, tan apto, tan versados en autogobierno por siglos de ejercicio experi­mental, que difícilmente podemos percibir la rareza del sistema particular que estamos usando, solamente porque es tan fácil para nosotros utilizar cualquier sistema. No estu­diamos el arte de gobernar: gobernamos. Pero el mero genio natural para los asun­tos no nos salvará de lastimeros golpes en !a administración. A pesar de ser demócratas por herencia ancestral y elección repetida, somos todavía demócratas imperfectos. Antigua como es la democracia, su organización sobre una base de ideas y condiciones mo­dernas es todavía trabajo inconcluso. El Estado democrático todavía tiene que equi­parse para llevar esas enormes cargas de la ad­ministración, que las necesidades de esta época industrial y comercial están acumulando tan rápidamente. Sin estudios comparados sobre gobierno no podemos alejarnos de la concepción equivocada de que la adminis­tración se encuentra sobre bases esencialmente diferentes en un Estado democrático y en un Estado no democrático.

Después de un estudio semejante, podría­mos en último término darle a la demo­cracia el honor de determinar por debate todas las cuestiones esenciales que afecten al bienestar público; de basar todas las estructu­ras de política sobre la voluntad popular. Pero habríamos encontrado únicamente una regla de buena administración para cualquier tipo de gobierno. En cuanto concierne a las funciones administrativas, todos los gobiernos tienen un fuerte parecido estructural; más que eso, si deben ser uniformemente eficientes y útiles, deben tener un gran parecido estructural. Un hombre libre tiene los mismos órganos corporales, las mismas partes ejecutivas que el esclavo, no importando lo diferentes que puedan ser sus motivos, sus servicios, sus energías. Monarquías y democracias, radicalmente diferentes como son en otros aspectos, tienen en realidad que afrontar el mismo problema.

Es certero hoy en día insistir sobre este parecido de todos los gobiernos, porque estos son días en los que los abusos de poder son fácilmente expuestos y contenidos en países como el nuestro, por un audaz, alerta, inquisitivo pensamiento público y una tenaz autonomía popular, como nunca antes existió. Somos lentos en apreciar esto; pero es fácil apreciarlo. Traten de imaginar un gobierno personal en los Estados Unidos. Es como tra­tar de imaginar un culto nacional a Zeus. Nuestras imaginaciones son demasiado mo­dernas para ese culto.

Pero, además de ser cierto, es necesario ver que para todos los gobiernos los fines legítimos de administración son los mismos, para no asustarnos con la idea de tener que recurrir a sistemas de administración extran­jeros para instrucción y referencia para librarnos de la aprensión de que podríamos quizá adquirir a ciegas algo incompatible con nues­tros principios. El hombre que denuncia intentos de trasplantar sistemas extranjeros en este país, está errado. Es imposible: esos sistemas simplemente no progresarían aquí. Pero ¿por qué no usar las partes del ingenio extranjero que nosotros queramos, si ellas pueden ser útiles? No estamos ante el peligro de usarlas en una forma extranjera. Pedimos prestado el arroz, pero no nos lo come­mos con palillos. Adquirimos todo nuestro lenguaje político de Inglaterra, pero deja­mos las palabras "rey" y "lords" fuera de él. ¿Qué fue lo que creamos: salvo la acción del go­bierno federal sobre las personas y algunas de las funciones de la suprema corte federal?

Podemos tomar prestada la ciencia de la administración con seguridad y provecho, si sólo leemos todas las diferencias fundamentales de condición dentro de sus principios esenciales. Sólo tenemos que filtrarla a través de nuestras constituciones, sólo ponerla sobre el fuego lento de la crítica y destilar sus gases extranjeros.

Yo sé que existe un miedo irracional en algunas mentes conscientemente patrióticas de que el estudio de los sistemas europeos pueda señalar algunos métodos extranje­ros como mejores que los norteamericanos; y el miedo es fácilmente comprensible. Pero sería difícil confesarlo en cualquier contexto.

Es de lo más necesario insistir en ello, alejando de, esta forma, todos los prejuicios opuestos a buscar en cualquier parte en el mundo, excepto en casa, las sugerencias para este estudio, ya que en ningún otro sitio de todo el campo de la política podríamos hacer uso del método histórico comparado con más seguridad que en el campo de la administra­ción. Quizá cuanto más nuevas sean las formas que estudiamos, sea mejor. Con mayor rapi­dez aprenderemos las peculiaridades de nuestros propios métodos. No podremos nun­ca aprender nuestras debilidades o virtu­des, comparándonos con nosotros mismos. Estamos demasiado acostumbrados a la apariencia y al procedimiento de nuestro pro­pio sistema, para poder ver su verdadera significación. Quizá el mismo sistema inglés es demasiado parecido al nuestro, como para utilizarse en mayor beneficio e ilustra­ción. Es mejor, en términos generales, el salirnos enteramente fuera de nuestra propia at­mósfera y ser muy cuidadosos al examinar sistemas como los de Francia y Alemania. Si vemos nuestras instituciones a través de estos medios, nos vemos de la misma forma que los extranjeros nos podrían observar si nos vieran sin prejuicios. De nosotros no sabre­mos nada, mientras sólo nos conozcamos a nosotros mismos.

Hay que notar que es la distinción, ya señalada, entre administración y política lo que hace el método comparado tan certe­ro en el campo de la administración. Cuando estudiamos los sistemas administrativos de Francia y Alemania, a sabiendas que no esta­mos buscando principios políticos, no nece­ sitamos preocuparnos de nada por las razones constitucionales o políticas que los france­ses o los alemanes dan para sus prácticas, cuando nos las explican. Si yo veo a un asesino afilando astutamente su cuchillo, puedo tomar la fórmula de afilar el cuchi­llo sin adoptar su intención probable de asesinar con él. De la misma forma, si veo a un monárquico con peluca blanca diri­giendo bien una oficina pública, puedo aprender sus métodos en el asunto sin cam­biar ni uno solo de mis puntos republicanos. El puede servir a su rey, yo continuaré sir-viendo al pueblo; pero a mí me gustaría servir a mi soberano tan bien como él sirve al suyo. Si se tiene presente esta distinción, es decir, estudiar la administración como un medio de poner nuestra política en prác­tica conveniente, como un medio de hacer que lo democráticamente político sea en lo administrativo posible para cada uno de ellos, estamos en terreno perfectamente seguro, y podemos aprender sin error lo que los siste­mas extranjeros tienen que enseñarnos. Así

diseñamos el peso de ajuste para nuestro método comparado de estudio. De esta forma podemos escudriñar la anatomía de gobiernos extranjeros sin miedo de introducir algunas de sus enfermedades en nuestras venas; diseccionar sistemas extraños sin la aprensión a envenenarnos la sangre.

Nuestra propia política tiene que ser la piedra angular para todas las teorías. Los principios sobre los cuales basar una ciencia de la administración para Estados Unidos, de­ben ser principios que tomen a la política democrática muy en serio. Y, para ajustarse al hábito norteamericano, todas las teorías generales deben, como tales, estar modesta mente en segundo plano no sólo en argumento abierto, sino también en nuestras propias mentes; a menos que las opiniones satisfac­torias sólo para los estándares de la biblioteca, hayan de emplearse dogmáticamente como si fueran satisfactorias también a los estándares de la política práctica. Los proyectos doctri­narios deben ser pospuestos a las prácticas probadas. Los arreglos no sólo sancionados por experiencias concluyentes en algún otro lado, sino además que congenien con los hábitos nor­teamericanos, deben preferirse sin duda a la perfección teórica. En una palabra, la habilidad segura y práctica del estadista debe ir pri­mero; la doctrina de armario, en segundo lugar. El qué hacer cosmopolita debe ser siempre dirigido por el cómo hacerlo norteamericano.

Nuestro deber es el dar la mejor vida posi­ble a una organización federal, a un sistema dentro de sistemas; hacer que los gobiernos del pueblo, la ciudad, el condado, el estado y la federación, vivan con una fuerza parecida y una salud igualmente asegurada, haciendo que cada uno sea sin duda su propio señor y, sin embargo, haciéndolos a todos interdependientes y cooperativos, combinando in-dependencia con ayuda mutua. La tarea es suficientemente grande e importante para atraer a ella, los mejores cerebros.

Esta interacción de gobierno local con gobierno federal, es una concepción bastante moderna. No es como la organización de la federación imperial en Alemania. Allí el go­ bierno local no es todavía por completo gobier ­no autónomo. El burócrata está ocupado en todos lados. Su eficiencia deriva del esprit de corps, de su deseo de congraciarse median -te la obediencia a la autoridad de un superior o, en el mejor de los casos, del cultivo de una conciencia sensitiva. El sirve, no al público, sino al ministro irresponsable. La pregunta para nosotros es: ¿Cómo deben administrarse una serie de gobiernos dentro de gobiernos, para que siempre sea el interés del funciona­ rio público el servir, no sólo a su superior, sino a la comunidad, con los mejores esfuerzos de su talento y el más sobrio servicio de su conciencia? ¿Cómo debe ser modelado tal servicio al más común de sus intereses, contri ­buyendo mucho a su sustento, a su más que­rido interés, promoviendo su ambición y a su más alto interés al afirmar su honor y es­tableciendo su carácter? ¿Y, cómo puede hacerse esto, tanto para la parte local como para el todo nacional?

Si resolvemos este problema, encabeza­mos de nuevo al mundo. Hay una tenden­cia, no es así, una tendencia ligera, pero ya impulsada con firmeza y claramente desti­nada a prevalecer hacia, primero, la confede­ración de partes de imperios como el británico y, segundo, de grandes Estados por sí mismos. En vez de centralización de poder, habrá una amplia unión con divisiones de prerrogativas toleradas. Esta es una tendencia hacia el tipo norteamericano de gobiernos unidos con gobiernos, en la búsqueda de objetivos comu­nes, en igualdad honoraria y honorable subordinación. Principios parecidos de liber­tad civil se encuentran en todas partes patro­cinando métodos iguales de gobierno; y si estudios comparados de formas y medios de gobierno nos pueden permitir que se ofrezcan sugerencias que combinen prácticamente la apertura y el vigor en la administración de esos gobiernos, con docilidad dispuesta para una crítica pública, seria y bien fundamen­tada, habrán probado ser ellos mismos dignos de ser ubicados entre los más altos y más fruc­tíferos de los campos del estudio político. Espero, con confianza, que estas sugerencias sean tomadas en cuenta

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