(VERSIÓN I, BOSQUEJO INICIAL). Observaciones generales:

1.– Suponemos que el documento en cuestión ha sido elaborado por la Coordinación de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, que desarrolla funciones que anteriormente venían desempeñando en materia de planeación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Programación y Presupuesto o comisiones especiales del Poder Ejecutivo. Es conveniente que en la revisión que se haga de la Ley General de Planeación se determine la dependencia que estará a cargo de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y coordinar los planes sectoriales correspondientes en la nueva estructura de la Administración Pública Federal.

3. El documento contiene algunas metas cuantificadas, pero sería deseable, donde corresponda, ser más específico en cuanto a metas para fundamentar el proceso evaluatorio correspondiente.

4 .Hay repeticiones que conviene consolidar y señalar, específicamente, las entidades o dependencias responsables de su ejecución.

5. Se aprecia en el documento una peligrosa tendencia a multiplicar oficinas, dependencias del Ejecutivo, institutos, consejos, comisiones y fondos, lo cual tiene el riesgo de dispersar excesivamente la Administración Pública Federal, con merma de su eficacia, eficiencia y control, como se ha experimentado en el pasado. En lo posible, sería conveniente ubicar los programas respectivos en dependencias ya establecidas, directamente, o a través de organismos desconcentrados, o bien de organismos descentralizados. En lo posible, conviene evitar la proliferación de consejos, agencias, institutos y fondos especiales y, en todo caso, atribuir la responsabilidad de decisión o de coordinación a las dependencias del ejecutivo correspondientes. La multiplicación de coordinaciones directamente dependientes del Presidente de la República propicia la irresponsabilidad de actividades y confusión en líneas de autoridad. Debemos aspirar a fijar con claridad metas y responsables, evitando la dispersión que afecta resultados.

Para ilustrar esta observación baste señalar que una apreciación inicial del documento que se comenta se fija como metas la creación de tres oficinas, dos secretarías de Estado y seis dependencias nuevas o transformadas. En cuanto a institutos o centros, el documento que se comenta propone cinco dependencias nuevas.

Lo mismo conviene apuntar en materia de consejos, comisiones y fondos, algunos de ellos a nivel nacional y otros con multiplicación regional. Entendemos que la propuesta de varios de estos mecanismos persiguen una mayor participación social, pero otros son nuevas entidades. La misma observación de proliferación de entidades es aquí aplicable. De proceder a esta proliferación de oficinas, secretarías, dependencias, consejos, comisiones y fondos tarde o temprano será necesario iniciar una tarea de simplificación y depuración de la Administración Pública Federal como ha sucedido en el pasado.

6. Existen objetivos o líneas de acción demasiado vagos, que convendría especificar.

7. El establecimiento de una Comisión de reforma del Estado es una propuesta compleja, ya que esta tarea, entendida en su sentido amplio, implica la colaboración de los tres poderes a nivel federal y de los gobiernos de los estados. Recientemente el Congreso de la Unión ha reclamado esa responsabilidad, en cuanto que los diferentes aspectos de la reforma del Estado necesitarán acciones legislativas o, por lo menos, aprobaciones presupuestales.

8. En algunas partes del documento se propone el impulso o la definición del servicio civil o profesional de carrera. Existe ya en el Senado una iniciativa de ley sobre esta materia, en materia federal, por lo que convendría centralizar los estudios, consultas y discusiones alrededor de esta iniciativa.

9. Las propuestas relativas a los poderes judiciales, federal y locales, deberían ser objeto de consulta específica con dichos poderes.

Cuestiones políticas:

10. El establecimiento de los mecanismos que permitan el voto de los ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero para la elección del Presidente de la República debe ser objeto de un cuidadoso estudio y reflexión, dada la complejidad de la tarea, sobre todo, en Estados Unidos, su costo y la inconveniencia de ampliar las campañas electorales a territorio extranjero. Ello vulnera cuestiones delicadas de soberanía.

Asimismo, conviene un profundo estudio y reflexión sobre el establecimiento de la segunda vuelta electoral dada nuestra realidad política multipartidaria, además de mayores costos administrativos.
La propuesta para la existencia de condiciones para formar diversas organizaciones políticas debe ponderarse con la necesidad de fortalecer a los partidos y evitar su excesiva proliferación.

Necesitamos reorganizar los partidos para que sean más representativos de la sociedad, con una mayor consistencia programática.

11. Es muy delicado el tema del acceso de las iglesias a los medios masivos de comunicación, dado el carácter laico del Estado mexicano y a la separación del Estado respecto de las iglesias, principio que está plasmado en el artículo 130 de la Constitución Federal. Este asunto debe analizarse con mucha prudencia. Yo, en principio, lo juzgo inconveniente, sobre todo si este acceso pretende llevarse al exceso del manejo de dichos medios por las iglesias.

Asimismo, requiere una amplia reflexión la propuesta de deducibilidad para efectos de impuestos en los donativos que reciben las asociaciones religiosas. Peor aún, la propuesta de constituir conjuntamente con Sedesol fondos de apoyo social para combatir la pobreza a ser canalizados mediante asociaciones religiosas, ya que ello constituye una violación al principio de la separación del Estado respecto de las iglesias.

Cuestiones internacionales

12. Falta un mayor énfasis en las relaciones de México con Latinoamérica, que es una fuerte tradición de nuestra política exterior. La propuesta para «actualizar la política exterior» mexicana amerita una seria reflexión, ya que la Constitución señala claramente cuales son los principios que deben guiar esta política.

13. El planteo que hace el documento de que la mano de obra generada en México en los próximos 20 a 25 años pueda tener total libertad de movimiento en los países del TLCAN es una idea sumamente delicada, sobre todo cuando también se apunta en el documento de referencia desde ahora la idea de transitar de un TLCAN a un mercado común entre los tres países norteamericanos, empezando por la energía. Como lo muestra la experiencia europea, el establecimiento de un mercado común conduce necesariamente, tarde o temprano, a la integración política, lo cual constituye un serio peligro para la soberanía nacional. En los países de Norteamérica no existe la simetría y el equilibrio de potencialidades que existe en Europa, por lo que rechazo la idea de una integración política con los Estados Unidos de Norteamérica. Esta idea muy difícilmente sería aceptada por Canadá, dado el nacionalismo que caracteriza a dicho país, y, en el caso de México, implicaría establecer la condiciones para una total absorción por parte de los Estados Unidos de América.

Respecto a este mismo punto, no hay la congruencia explícita necesaria entre la idea de promover la comunidad latinoamericana de naciones (ideal bolivariano) y la de perseguir la creación de un mercado común hemisférico. ¿Cómo conciliaría México estos dos objetivos? ¿Mediante una integración total bajo la hegemonía de los Estados Unidos de América? ¿Esta idea es viable en Estados Unidos? Este punto es de los más preocupantes en el gobierno del Presidente Fox. Ojalá él lo deseche a la brevedad posible.

14. En cuanto a los esfuerzos para promover la cultura mexicana en América Latina y el Caribe debe tomarse en cuenta el papel que ya ha jugado y debe seguir desempeñando el Fondo de Cultura Económica, a través de una operación regional tanto en la edición como en ventas de libros.

15. Lo que sí parece conveniente, a corto plazo, es promover el establecimiento de un mercado común de la cultura en el área latinoamericana, o, inclusive en todo Iberoamérica. Con voluntad política, este proyecto es viable en el corto plazo.

16. En política exterior conviene definir con mayor precisión la política de México en cuanto a la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la ALADI, el Sistema Económico Latinoamericano, entre otros.

17. Cuando se habla de un mayor acercamiento con África, y particularmente con las naciones árabes del Mediterráneo, convendría también incluir a Israel. (Aunque este país y otros árabes están ubicados en Asia.)En el área de las Naciones Unidas es recomendable una política de aliento al empleo de mexicanos en las dependencias de dicha organización, lo mismo que en la OEA y otros organismos internacionales.

18. Es muy vago el objetivo de un «programa de participación activa» de México ante el Banco Mundial, el BID y el FMI, a lo que convendría agregar la Organización Mundial de Comercio. En este punto es recomendable procurar una actitud coordinada de los países de América Latina y el Caribe para promover nuestros intereses con un mayor poder de negociación.

19. En materia de desarme, conviene incorporar explícitamente los esfuerzos de México en materia de armas convencionales.

En materia de participación de México en la paz y el desarme, conviene tener la cautela indispensable, ya que muchas de estas operaciones se han debido a la voluntad unilateral de los Estados Unidos de América, quienes, dado el actual equilibrio mundial de fuerzas, se impone tanto en la ONU como en la OEA.

Cuestiones de seguridad

20. Se proponen reformas constitucionales y legales en diferentes partes del documento; habría que precisarlas.

21. Se propone excluir constitucionalmente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ello sólo será posible en la medida en que se fortalezcan los cuerpos policíacos correspondientes.

22. Es muy vago el propósito de mejorar los programas de formación policial. Conviene precisarlos, sobre todo para tomar medidas de medio y largo plazos, ya que, hasta ahora, se han limitado estos esfuerzos a los programas de corto plazo que no resuelven los problemas en firme. Lo importante es fomentar un servicio profesional de carrera, mediante los sistemas conducentes a su preparación profesional progresiva, mejorar los métodos de reclutamiento, la capacitación permanente, la evaluación continua y un sistema de premios y castigos, todo ello con remuneraciones y prestaciones adecuadas.

23. Se propone la instrumentación del proyecto de la Agencia Federal de Investigación como instancia auxiliar del Ministerio Público que realice la investigación de los delitos de manera profesional y especializada, provista de excelentes tecnologías adecuadas, bajo un esquema de desconcentración territorial. Este proyecto constituye una novedad que debe analizarse profundamente ya que rompería con la norma constitucional actual que dispone que las policías judiciales encargadas de la investigación, dependen del Ministerio Público.

24. Análogo comentario corresponde a la idea de crear el Instituto Nacional de Servicios Periciales.

25. Es de apoyarse la consolidación del servicio civil de carrera para dignificar y desarrollar profesionalmente a los agentes del Ministerio Público, de la policía judicial, investigadores federales y peritos. Conviene orientar estos programas para que tengan una visión de largo plazo y no limiten sus operaciones a llenar solamente las necesidades de corto plazo, que conllevan el riesgo de la improvisación.

26. Crear la Secretaría de Seguridad Pública. Ya está realizada. Su responsabilidad es enorme, sobre todo al encargarle también las funciones de prevención y readaptación social, los distintos cuerpos de seguridad pública, policías federales, inteligencia policial y política migratoria, entre otros.
Reitero mi recomendación de que en esta Secretaría se aseguren los trabajos para el desarrollo del sistema de servicio civil o profesional de carrera con visión de largo plazo.

Derechos humanos y justicia

27. De trascendental y compleja importancia es la propuesta de atribuir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos facultades para conocer de actos administrativos dentro de los procedimientos laborales así como los del Poder Judicial de la Federación. Esta sugerencia implicaría seguir recargando las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estas facultades pueden propiciar un conflicto con los poderes judiciales y tribunales correspondientes. Igualmente, la de atribuir a la Comisión la facultad de tener acciones de inconstitucio-nalidad en contra de leyes que violen derechos humanos. Me parece bien, en cambio, que se establezca un control por parte del Senado de la República sobre dicha Comisión. También apoyo conferir a la Comisión prerrogativas similares a la de los partidos políticos en el uso de los medios masivos de comunicación.

28. Considero que la sugerencia de colocar bajo la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación a los tribunales federales que en la actualidad dependen del poder ejecutivo, siendo atractiva, en principio, amerita un análisis detenido y consulta con las partes interesadas.

29. Se proponen reformas a la sección I del numeral 115 de la Constitución. No se indican en qué sentido. Convendría especificar.

30. Se sugiere la promoción del aumento de la penalización de los delitos de violación, robo, secuestro, homicidio, delincuencia organizada y delitos cometidos contra la infancia. Se sugiere consultar a los especialistas en criminología y derecho penal, ya que la tendencia a aumentar las penas ha sido excesiva.

31. Me parece positiva la sugerencia de limitar la prisión preventiva de manera que el derecho de acceso a la jurisdicción por el inculpado no necesariamente implique la pérdida provisional de su libertad. Conviene revisar la figura del arraigo que se ha venido practicando últimamente con resultados dudosos, y que equivale, de hecho, a una prisión preventiva.

32. Se propone restituir al Ejército Mexicano a sus funciones naturales sin inmiscuirlo en el narcotráfico lo cual conviene ser revisado por especialistas, en cuanto este delito afecta la seguridad nacional. Esta sugerencia es aconsejable en la medida en que la persecución del narcotráfico pueda ser llevada a cabo eficazmente por los cuerpos especiales correspondientes, algo que, por ahora, no existe con la suficiente consistencia.

Descentralización y administración pública:

33. Reitero mi apoyo y recomiendo la implantación del servicio civil de carrera en toda la Administración Pública a nivel federal, estatal y municipal. Al respecto, recuerdo que ya hay una iniciativa presentada sobre este particular ante el Senado de la República. Convendría promover un programa paralelo en las administraciones estatales y municipales.

34. Coincido con la necesidad de tomar en cuenta la capacidad política y administrativa de los gobiernos locales y los municipios para modular el proceso de descentralización de la Administración Pública Federal.

Combate a la corrupción y ética social

35. Coincido con el propósito generalmente expreso de combatir la corrupción y la falta de transparencia en la Administración Pública Federal y me parecen idóneas las líneas estratégicas y las líneas de acción que se mencionan. Observo que los programas relativos ya han sido puestos en marcha en sus etapas iniciales, lo cual demuestra voluntad política para realizarlos.

Me parece bien la actitud de iniciar este combate a la corrupción y la falta de transparencia en la Administración Pública Federal con una actitud que subraya la necesidad de cargar el acento en las acciones preventivas sin que se excluyan las ideas correctivas correspondientes.

En todo el mundo y en México, en particular, existe una creciente demanda de la sociedad para asumir en la práctica los valores y principios éticos del acontecer social, muy principalmente de los gobiernos, por su importancia ejemplificativa que tanto puede ser positiva como negativa. La responsabilidad de llevar adelante las acciones que doten de un mayor contenido ético a la acción del Estado y a la sociedad no pueden ser llevados, sólo por los gobiernos sino que se requiere en esto como en otros muchos campos de la participación de toda la sociedad. Cada día son más las voces que afirman que el desarrollo integral de las naciones debe guiarse por la ética.

Desarrollo humano o social

36. Simpatizo con las ideas y propuestas del documento en materia de desarrollo humano. El desarrollo social, incluyendo el combate a la pobreza y la desigualdad, se reconocen como prioridades destacadas de la política integral de desarrollo. En efecto, sin la prosecución de las metas correspondientes es imposible avanzar en el desarrollo integral de la sociedad. El crecimiento económico se ve afectado por estos fenómenos de rezago social y humano; sin crecimiento económico, la justicia social no se realiza y la libertad y la democracia se ven amenazadas por fenómenos de inestabilidad e ingobernabilidad. Son de apoyarse, en consecuencia, los objetivos, las acciones y las metas en estas materias.

Desde luego destaca la gran tarea pendiente de reconocer a los pueblos indígenas en su cultura y en sus derechos como partes integrantes del pueblo mexicano, ya que estos grupos presentan serios rezagos en su propio desarrollo y, más que todo, en su dignidad.

Confiemos en que el proceso en curso de las reformas constitucionales y la ley reglamentaria correspondiente a nivel federal y sus consecuencias en el orden jurídico de las entidades federativas se lleve a cabo en términos eficaces, todo ello dentro del más estricto apego de nuestro orden constitucional y jurídico y sin que las acciones de desarrollo a favor de los indígenas pretendan aislarlos sino, al contrario, darles el más amplio acceso para su incorporación al país.

Es de apoyarse la protección y el desarrollo a la niñez, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley y en las oportunidades de desarrollo. Desde luego, es necesario asegurar el acceso a la salud de todos los mexicanos, incrementar las facilidades de vivienda popular y de otros sectores sociales, eliminar circunstancias discriminatorias que afectan a muchos mexicanos, fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad, procurar la atención del número creciente de mexicanos que arriban a la tercera edad, así como la promoción especial de oportunidades de todo género para los jóvenes. La expansión de nuestro sistema cultural, el fortalecimiento y la innovación tecnológica para el desarrollo sustentable, y el apoyo al deporte social deben ser considerados justamente en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y estatales correspondientes. Se recomienda fijar las metas en estos programas.

Sin embargo, debe reconocerse que las acciones de desarrollo y justicia social solamente podrán progresar en la medida en que logremos más altas tasas de crecimiento económico y la consolidación de la estabilidad, lo cual solamente podrán ser asequible en la medida en que se logren las transformaciones productivas correspondientes con un sentido de competitividad internacional y, desde luego, con equidad. La formulación de estrategias de desarrollo es una tarea particularmente compleja y requiere, desde luego, una gran coordinación a nivel de los gobiernos, pero también de la corresponsabilidad y promoción de la participación social.

Planeación

37. Coincido con la necesidad de implantar un sistema de indicadores vinculados al Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales, para medir el grado de cumplimiento de las metas correspondientes, aunque insisto en la necesidad de que los planes sean más precisos en la fijación de metas cuantificadas, aunque éstas se ajusten dentro de los rangos que plantea la realidad.

38. Coincido con la necesidad de seguir desarrollando el Sistema Nacional de Planeación, muy probablemente a través de reformas a la Ley General de Planeación, con sus repercusiones correspondientes en los sistemas estatales y para definir mejor la participación del Congreso de la Unión y la ciudadanía en el proceso, así como los instrumentos de ejecución y evaluación correspondientes.

39. Coincido en la necesidad de revisar la situación de los órganos internos de control de las principales dependencias de la Administración Pública Federal. En mi opinión, conviene que las contralorías internas vuelvan a la jurisdicción de los titulares de las entidades, revocando la medida vigente de que dependan directamente de la Secretaría de la Contraloría Federal, situación que ha venido a disminuir la autonomía de gestión que se requiere en la administración pública y a plantear problemas de lealtad de los comisarios.

40. Se sugiere desregular el ramo 33 del presupuesto federal, aplicando una forma consensuada entre los tres órganos de gobierno para la distribución de los recursos de dicho ramo. Este procedimiento puede originar complejidades excesivas en la administración presupuestal y pérdidas en el control central a cargo del Ejecutivo Federal.

41. En cuanto a la necesidad del acceso a la información de interés público para toda la población, recuerdo que hay un proyecto de Ley Federal de Archivos Públicos preparada por el Archivo General de la Nación bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación. Es de la mayor urgencia regular y fortalecer los archivos públicos y señalar las modalidades del acceso de la ciudadanía a dichos archivos.

42. Se sugiere crear fondos sociales independientes, revolventes y no controlados por los gobiernos, en relación a la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Esta idea puede afectar en forma inconveniente el control y la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal y de los ejecutivos locales.

43. Respecto a la creación de un Programa Nacional de Alimentación que reuniera los recursos de varias dependencias, conviene analizar detenidamente la conveniencia de su concentración administrativa, aunque puede ser útil la consolidación presupuestal para la coordinación y control de los programas relativos.

44. Se propone diseñar nuevos vínculos políticos que faciliten la creación de organizaciones sociales, con un sentido de aliento. Este es un complejo problema que habría que examinar en detalle ya que las organizaciones sociales y, en general, las no-gubernamentales tienen calidades muy diferentes, por lo que su regulación es indispensable, sobre todo para hacerlas responsables de su participación en el diseño e instrumentación de políticas públicas y la eventual canalización del gasto público a través de dichas organizaciones.

Problema particular es el de las relaciones de las organizaciones sociales con mecanismos de cooperación internacional, ya que el problema actual es la ampliación del acceso de esas organizaciones a instituciones internacionales, sin el debido control y aprobación de los gobiernos nacionales.

Educación

45. Apoyo entusiastamente el establecimiento de un examen nacional para los egresados de educación primaria, secundaria y preparatoria y, en general, de un sistema de acreditamiento de conocimientos para los autodidactas. En el mismo sentido, creo muy importante la creación del Instituto de Evaluación Educativa, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Medidas paralelas deben seguirse alentando en la educación superior.

46. Es de apoyarse la propuesta de elaborar una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión para apoyar las industrias culturales nacionales, estableciendo los apoyos correspondientes.
Cuestiones laborales

47. Amerita una seria reflexión y estudio la propuesta para modificar la legislación laboral mexicana con el fin de hacerla más flexible bajo la inspiración de «una nueva cultura del trabajo». No comparto la idea de limitar los derechos de los trabajadores, particularmente los establecidos en el artículo 123 de la Constitución. Las organizaciones obreras han manifestado sus reservas sobre esta idea.

48. En cambio, apoyo la idea de diseñar una política industrial, con énfasis en la promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. También debe fomentarse una mayor diversificación de nuestras exportaciones no tradicionales aumentando el contenido nacional en las mismas. Es recomendable una política de fomento y apoyo al turismo.

Crecimiento, inflación y financiamiento

49. Me parece loable el propósito de crear las condiciones para que la economía crezca a tasas del 7% anual y genere al menos un millón 300 mil empleos anualmente, en tanto que se limita la tasa de inflación entre el 2 y 3%. Esto es el gran reto de la política de desarrollo.

50. Comparto también el objetivo de promover un mayor ahorro interno a través de distintos programas e instrumentos.

51. Igualmente comparto la idea de mantener el equilibrio y sanidad de las finanzas públicas mediante el equilibrio entre los ingresos y los egresos.

Desde luego, debe ejercerse un control racional sobre el gasto corriente para mantenerlo en los mínimos indispensables para garantizar la operación eficaz del gobierno, de tal manera que se incrementen las erogaciones en política social y en infraestructura.

52. Apoyo la idea de una reforma fiscal integral que logre la simplificación tributaria, la seguridad y la certidumbre fiscal, la reestructuración del sistema de aduanas y que simplifique, en general, nuestro sistema tributario, actualmente insuficiente, caro y difícil de entender y cumplir. Me parece bien el objetivo de alcanzar que la carga tributaria, sin considerar los ingresos adicionales derivados del petróleo, alcance una proporción del 15% durante este gobierno. La carga tributaria mexicana es de las más bajas del mundo y no satisface las necesidades de la Nación para financiar adecuadamente al gasto público, tanto el corriente como el de inversión. Sin una reforma tributaria adecuada, con las paralelas de gasto y deuda pública, las posibilidades de nuestro desarrollo están muy limitadas.

53. Falta en el documento el objetivo de reducir, en términos relativos, la deuda pública, tanto la interna como la externa. Sería aconsejable proponer un límite máximo de la deuda pública, tanto la interna como la externa, en relación al producto nacional. También resulta aconsejable, dada la experiencia negativa reciente, someter al control del Congreso de la Unión la facultad del Poder Ejecutivo Federal de asumir pasivos contingentes (Fobaproa, Pidiregas, Fideliq, programas como el de carreteras, etc.) ya que estos pasivos contingentes se han actualizado, en gran proporción, en pasivos directos a cargo del erario de una manera negativa e inconveniente. Para tal efecto, es necesario promover la reforma correspondiente en la Ley de Deuda Pública.

54. En la reforma tributaria es necesario garantizar la garantía constitucional de distribución equitativa y proporcional de la carga fiscal y evitar distorsiones inconvenientes sobre trabajo, inversión y ahorro.

55. Es necesario promover una actitud de responsabilidad fiscal –ingreso, gasto y deuda– de las entidades federativas y de los municipios, ya que un comportamiento inadecuado de las finanzas públicas locales contrarrestaría el esfuerzo federal correspondiente.

Es necesario minimizar el costo de la administración tributaria y promover el desarrollo de un servicio civil o de carrera en esta materia.

Es de la mayor importancia seguir avanzando en la redefinición de nuestro sistema federal, de tal manera de que prosiga la federalización de competencias, pero cuidando que el proceso sea eficaz, ya que la descentralización de facultades a favor de las entidades federativas y de los municipios no debe implicar el debilitamiento del gobierno federal, ya que éste debe mantener responsabilidades fundamentales del Estado mexicano.

56. Coincido en la prioridad que se otorga en el documento a la educación. De su cobertura y calidad depende nuestra capacidad de desarrollo y de mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Los niveles apropiados de educación y de capacitación para el trabajo son un elemento indispensable en un mundo crecientemente competitivo, donde el tamaño y la calidad de sus recursos humanos determina la capacidad de competencia en un mundo crecientemente globalizado.

57. Coincido con la prioridad que se otorga al desarrollo rural, por lo que debe propiciarse el desarrollo integral de este importante sector de la sociedad. En la estrategia correspondiente deberá cuidarse el desarrollo armónico de las formas de propiedad y organización que establece nuestra Constitución y apoyar a las organizaciones campesinas y de productores particulares.

58. Apoyo la idea de promover una mayor participación de las empresas nacionales en la industria maquiladora y en la industria de exportación para que estas actividades aporten mayores recursos al crecimiento de nuestro mercado interno y a la correspondiente generación de empleo.

59. Comparto el objetivo de reestructurar nuestro sistema financiero para que cumpla su mejor función de intermediario en el manejo de los recursos de crédito. Es preocupante la creciente extranjerización de nuestro sistema financiero ya que esta tendencia está dañando nuestra capacidad de autodeterminación en materia económica. Deben buscarse nuevas formas de intermediación financiera que incrementen el ahorro interno, así como modernos y eficaces sistemas de otorgamiento de crédito.

60. Coincido en la necesidad de modificar la legislación y la administración de justicia para aumentar sustancialmente la seguridad en las transacciones económicas y la agilidad de los procedimientos respectivos con el fin de abatir los costos de transacción. Sin embargo, la vigorización de nuestro Estado de derecho se ve gravemente afectada, tanto en su aspecto económico como en su aspecto social en las circunstancias presentes. Esta debe ser una de las prioridades más destacadas en los planes de desarrollo.

61. Comparto la prioridad que se otorga al concepto del desarrollo sustentable para conservar y desarrollar nuestros recursos naturales, los cuales se han visto sometidos a un grave proceso de demérito y agotamiento desde hace tiempo. Son urgentes y prioritarias las acciones que ya se han iniciado en materia de agua y de protección de bosques y selvas, pero también deben merecer atención prioritaria las acciones a combatir la contaminación de suelos y del aire. Esta es una responsabilidad que deben compartir todos los sectores de la sociedad para lo cual es indispensable la acción coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal. La preocupación del medio ambiente debe permear todos los aspectos de la política de desarrollo.

Las anteriores observaciones se formulan con la mejor buena fe y con el ánimo de colaboración a la importante tarea de la planeación democrática y participativa de nuestro desarrollo.

Es de esperarse que la versión final del proyecto se someta nuevamente a consulta popular antes de su promulgación.

*Presidente de la República 1982-1988