La modernización del sector energético, aunque significa en esta estrategia la piedra angular para alcanzar el desarrollo del país, supone cierta complejidad y demanda tiempo para consolidarse.

De ahí que, mientras se transita hacia un cambio de fondo y se empiezan a obtener resultados, tendríamos que reactivar de inmediato la economía para generar empleos. El principal problema del modelo neoliberal ha sido, precisamente, la falta de crecimiento de la economía: en dos décadas, de 1983 al 2003, el crecimiento del PIB promedio anual ha sido del 2.2 por ciento pero, si consideramos el aumento de la población, el Producto Per Cápita (PPc) creció en apenas el 0.3 por ciento; es decir, la política económica aplicada en las dos últimas décadas que no considera, entre otros factores, la distribución del ingreso, ni siquiera en el enfoque cuantitativo ha logrado eficacia y progreso para el país. Ahora bien, para ubicar correctamente este magro resultado conviene explicar el comportamiento histórico de la economía nacional, y los resultados que otros países obtuvieron durante el periodo 1983-2003 con la misma política económica.

Los defensores del modelo neoliberal aseguran que este crecimiento se logró con malos resultados macroeconómicos que, a la postre, provocaron las crisis económicas recientes.

En efecto, durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo hubo excesos en gasto público, déficits fiscales, desequilibrio en la balanza comercial, devaluaciones, inflación y crecimiento excesivo de la deuda externa. Pero, en el periodo anterior, conocido como el del Desarrollo Estabilizador, aunque se padeció del mal endémico de la desigual-dad, México creció a una tasa de casi 7 por ciento anual en forma constante, y con estabilidad macroeconómica en precios y finanzas públicas.

Lo cierto es que a partir de 1983, la conducción de la política económica ha sido un rotundo fracaso. Aun si aceptamos que el periodo llamado del Desarrollo Compartido produjo graves desequilibrios, es inadmisible que, luego de más de dos décadas del llamado cambio estructural, todavía padezcamos el estancamiento de la economía.

Incluso, podría justificarse la "década perdida" de los ochenta, pero no la recesión de 1995, cuando el PIB cayó en un 6.2 por ciento y, menos aun, el estancamiento de los años 2001-2003, cuando el PiB apenas creció a una tasa del 0.6 por ciento anual y el PPC cayó a menos 0.7 por ciento.

Tampoco es válido argumentar que el mal desempeño de la política económica nacional se debe a factores externos porque otros países, con las mismas circunstancias internacionales, han podido crecer más que México.

Por ejemplo, en el periodo 1983-2003, el PIB de España y el de Portugal aumentaron a una tasa promedio anual del 2.7; en Brasil el incremento fue del 2.4; en Corea del Sur del 7.2; en Tailandia del 5.7; en la India del 5.6 y en China del 9.4 por ciento anual. Es decir, el desempeño de la economía mexicana en este periodo ha sido notoriamente inferior al de todos estos países. Es más, México se ha quedado rezagado en comparación con naciones que hace dos décadas tenían me-nos desarrollo y ahora se han industrializado, como Corea del Sur.

Las razones del fracaso

Ahora bien, si la economía de estos países ha podido crecer, ¿por qué en México el modelo neoliberal ha sido inviable? ¿Cómo se explica la diferencia?

La clave radica, precisamente, en los estilos distintos de inserción en la globalidad. En otros países este proceso obedeció a un diseño propio, a partir de sus realidades, con gradualismo y aprovechando los márgenes de negociación para proteger sus intereses estratégicos. En México, por el contrario, los tecnócratas se adhirieron a la globalidad sin ninguna reserva o condición.

Por eso, más allá de los defectos estructurales del modelo neoliberal, el escaso crecimiento de la economía en el país debe localizarse en el mal manejo de la política económica y en la corrupción gubernamental.

Los tecnócratas han actuado como fundamentalistas. No sólo acataron la ortodoxia de los organismos financie-ros internacionales, sino que convirtieron en ideología sus recomendaciones.

Sólo así se explica que hayan optado por una estrategia extremista en todos sentidos: una apertura comercial unilateral, abrupta y casi indiscriminada; la supresión de las políticas de fomento económico; la drástica reducción de la inversión pública (del 10.4 del PIB en 1983 al 2.5 por ciento en el 2003); la desaforada venta de activos o privatizaciones del orden de 30 mil millones de dólares, y la pérdida del 70 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Todo ello sin que esta absurda política se tradujera en crecimiento económico y, mucho menos, en bienestar para la población; es decir, dos décadas perdidas para el país.

Pero no sólo eso ha marcado la diferencia. La inviabilidad del modelo neoliberal aplicado en México también se relaciona con la extravagante corrupción gubernamental que se ha producido durante este periodo.

Siempre se ha padecido de corrupción en México. En la Colonia, los puestos públicos deparaban jugosas ganancias ilícitas. En el siglo xix, con las excepciones respetables de algunos liberales, la política era el sendero más corto hacia la riqueza. Porfirio Díaz basó gran parte de su política en la eliminación o compra de sus potenciales adversarios y en los llamados gobiernos revolucionarios, muchos políticos se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza mal habida. El profesor Carlos Hank González decía que "un político pobre es un pobre político".

Pero, aunque parezca increíble, lo sucedido en materia de deshonestidad durante el actual periodo neoliberal no tiene comparación. Los tecnócratas convirtieron al gobierno en un comité al servicio de un puñado de especuladores y traficantes de influencias. Más allá del discurso neoliberal e, incluso, del fundamentalismo tecnocrático, la política económica sólo ha servido de parapeto para beneficiar a unos cuantos, sin interés alguno en el destino del país y en el bienestar de su pueblo.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político se llevaron a cabo las privatizaciones y en ese contexto debe verse también el asunto del Fobaproa: un rescate financiero de 102 mil millones de dólares que se produjo no sólo debido al agravamiento de la crisis económica a partir de 1995 sino también y, de modo fundamental, por el uso patrimonial del poder público que derivó en la realización de operaciones fraudulentas, cometidas por funcionarios públicos, banqueros y un grupo muy selecto de hombres de negocios.

La nueva estrategia económica

Dado lo anterior, la nueva estrategia económica debiera considerar, antes que cualquier otra cosa, el manejo técnico, no ideológico, de la política económica y el combate a fondo de la corrupción.

Además, debe darse importancia al papel promotor del Estado en el desarrollo, a la convergencia de la inversión pública y privada, al desarrollo regional y a la reactivación del crédito.

En primer término, es necesario considerar la intervención del Estado. A diferencia de quienes fincan todas las expectativas de crecimiento en factores externos y esperan a que el mercado reaccione por sí mismo, es fundamental la intervención pública para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo en épocas de recesión.

Debemos tomar en cuenta que el gobierno cuenta con instrumentos y es capaz de posibilitar la convergencia de los sectores público, privado y social para el desarrollo del país. Esta cooperación estrecha es el principio básico para construir una economía fuerte y una sociedad más justa: todos somos indispensables en el esfuerzo del desarrollo sostenible con equidad que postulamos.

De acuerdo con nuestra experiencia, esto es posible. Por ejemplo, en la Ciudad de México toda la rehabilitación del Corredor Reforma-Centro Histórico se ha realizado con la participación de la iniciativa privada, la sociedad civil, el gobierno federal y el de la ciudad.

Así se logró remodelar el Paseo de la Reforma, trabajo que no se hacía desde 1968; se le dio vida a la zona de La Alameda, que había quedado en ruinas desde los sismos de 1985 y se están recuperando, de manera integral, 37 manzanas del Centro Histórico.

En este programa, el gobierno ha invertido, a septiembre del 2004, 675 millones de pesos. Por su parte, la iniciativa privada desarrolla 195 proyectos de construcción y remodelación de inmuebles, con una inversión comprometida de 16 mil millones de pesos; o sea, cada peso de inversión pública atrajo 23.3 pesos de inversión privada.

Estos resultados se deben a que se ha generado confianza al simplificar trámites y otorgar estímulos fiscales. Con la suma de voluntades y esfuerzos, se está mejorando la infra-estructura y se dignifica la imagen urbana de la ciudad.

La convergencia de la inversión pública y privada tendría que darse a partir de estrategias de desarrollo regional. Desde hace mucho tiempo están bien estudiadas y definidas las distintas regiones del país y, con un enfoque de desarrollo sustentable, se podrían elaborar programas integrados para aprovechar sus recursos naturales, la tecnología y la inversión pública y privada, siempre con la participación activa y concertada del sector social y de los agentes económicos de las propias regiones.

Por eso, las políticas de fomento (en las áreas agrícola, manufacturera, turística, de infraestructura y otras) deben contemplar el ámbito regional no sólo como objetivo, sino como sujetos activos y participantes en el diseño y la ejecución de los programas que les atañen.

Por ejemplo, en la región del centro del país (Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Morelos) pueden aplicarse proyectos de inversión que orienten el crecimiento poblacional hacia zonas donde son más factibles el abasto de agua y otros servicios urbanos.

De ahí que no debería descartarse la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, Hidalgo, con la operación de un tren moderno y rápido hacia la Ciudad de México. Llevar a la práctica este proyecto implicaría también aprovechar el acuífero de la zona de Tula, que se ha formado a través del tiempo con el drenaje de aguas residuales del Distrito Federal y cuya capacidad se estima en 10 metros cúbicos por segundo. Lo anterior, desde luego, tendría que acompañarse de inversiones productivas, infraestructura y vivienda, para orientar el crecimiento poblacional hacia el norte de la zona conurbada.

Pero, al mismo tiempo, se debe impulsar la tendencia a la industrialización de Querétaro y apoyar a los agricultores de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México, que tienen experiencia y producen los alimentos que se consumen, en particular, en el área metropolitana del Valle de México.

El nuevo modelo de desarrollo económico que proponemos considera, entre sus instrumentos, la reordenación del sistema financiero para que sirva mejor a los propósitos del desarrollo nacional.

El crédito es fundamental para asegurar el crecimiento económico sostenible. El financiamiento de la banca comercial al sector privado en México asciende únicamente al 8.5 por ciento del PIB, proporción muy limitada si se compara con el 60 por ciento de Chile o el 38 por ciento de Brasil.

El financiamiento bancario al sector empresarial ha caído dramáticamente, a tal grado que en el 2002 apenas representó el 32.1 por ciento del crédito que recibían las empresas en 1994. Esto provocó que el crédito no bancario al sector priva-do sea hoy mayor que el crédito bancario: para el cuarto trimestre del 2003, el 57 por ciento del financiamiento obtenido por las empresas provino de sus propios proveedores y sólo el 20 por ciento emanó de la banca comercial.

Para que la economía crezca de manera sostenible y sea capaz de generar empleos suficientes, sería necesario aumentar la participación del crédito bancario a cuando menos el 40 por ciento del PIB.

Proponemos que la solución al problema de falta de crédito se consiga por tres vías. En primer lugar, como veremos más adelante, la renegociación de la deuda con los bancos tenedores de los títulos del Fobaproa debiera incluir también el compromiso de aumentar el número y el monto de los créditos. En segundo lugar, se estudiaría la posibilidad de otorgar concesiones para la operación de bancos regionales. Y, por último, debiera ser indispensable establecer una política de apoyo financiero a las actividades económicas prioritarias, mediante la banca nacional de desarrollo y sistemas de redescuento, operados por la banca comercial.

Acciones concretas

Entre las acciones concretas e inmediatas para reactivar la economía y crear empleos ofrecernos las siguientes:

1. Impulso a la industria de la construcción

La convocatoria para la generación de empleos debe darse a partir de una premisa aceptada en lo general: la forma más rápida de crear fuentes de trabajo radica en impulsar la industria de la construcción.

Tomemos en cuenta que el país goza de muchas ventajas para reactivar pronto la industria de la construcción. Contarnos con las materias primas y los productos que se requieren (gas, petrolíferos, acero, cemento); hay tecnología y mucha experiencia acumulada en ingeniería civil; los obreros de la construcción son de los mejores del mundo, y se cuenta con importantes empresas constructoras.

Pero, además, detonar la industria de la construcción no implica un alto grado de importaciones y sí produce un efecto multiplicador: se reactiva la economía, se realizan la infraestructura y las obras públicas que necesita el país y se generan muchos empleos.

De modo que puede convenirse y aplicarse, con la participación del sector público, privado y social, un programa de construcción de infra-estructura para el desarrollo y el bienestar (caminos, agua, drenaje, escuelas, hospitales y vivienda). En específico, proponemos convertir a la construcción de vivienda en un factor estratégico para el desarrollo del país.

La vivienda, como activo social, funge como un elemento fundamental del bienestar de la familia, al proporcionar seguridad, sentido de pertenencia e identidad. Asimismo, es un detonan-te de la actividad económica ya que estimula a cuando menos 37 ramas del sector industrial y de servicios, lo que se traduce en la generación de empleos directos e indirectos; permite la utilización de insumos nacionales, y promueve el desarrollo regional.

En los próximos diez años, las estimaciones demográficas indican que habrá cada día más jóvenes en edad de formar familias nuevas. Satisfacer este inminente crecimiento de la demanda de vivienda requerirá un enorme esfuerzo, sobre todo en cuanto a las necesidades de la población de menores ingresos.

Según cálculos del Consejo Nacional de Población (coNAPO), para el año 2007 se tendrá, en nivel nacional, un parque habitacional de 27 millones de viviendas y para el 2012 se habrán constituido 32.1 millones de nuevos hogares, lo que exigirá construir 5.1 millones de nuevas viviendas, a razón de 856 mil por año. A esta de-manda de vivienda nueva se suman 4.2 millones de casas existentes que requieren ser sustituidas o mejoradas lo que, en conjunto, demandará 1.5 millones de empleos al año.

La reserva territorial necesaria para soportar un programa amplio requeriría la intervención de los organismos estatales de vivienda con políticas unificadas y reglas claras, para aplicar criterios de ordenación del territorio que desalienten la especulación con el suelo, desincentiven la formación de asentamientos irregulares y promuevan una oferta suficiente, ordenada y legal del suelo urbano.

Una de las tareas prioritarias en los próximos años sería redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda, para hacer frente al déficit habitacional existente y a las nuevas demandas.

Para lograrlo, se debiera requerir el establecimiento de una Política Nacional de Vivienda con visión de mediano y largo plazos, que considerara la homologación de criterios para actuar, de forma coordinada, con las entidades estatales de vivienda y las instituciones financieras, poniendo especial énfasis en la atención de las necesidades de familias con menores ingresos.

El fortalecimiento institucional de este sector debería profundizar en la reforma estructural de los organismos, preservando su sentido social, ampliando su cobertura de atención y propician-do una mayor coordinación.

A la vez, es necesario mejorar y ampliar los servicios de financiamiento, para promover un mayor flujo de recursos a largo plazo, con costos competitivos y diversificación de esquemas de crédito, de acuerdo con el nivel de ingreso de la población.

De manera complementaria, se podría desarrollar un esquema de apoyo para que la gente más pobre pueda adquirir una vivienda a precios accesibles. Estos subsidios deberían considerar la capacidad económica y el esfuerzo de ahorro previo, de tal manera que se combinen la equidad, el ingreso y el ahorro con la magnitud de la ayuda.

La demanda de la población de bajos ingresos que no tiene acceso a las instituciones nacionales de vivienda debe atenderse desde una política coordinada de gobierno, con lineamientos y reglas uniformes, y debe aplicarse por los organismos estatales de vivienda, que deberán ser fortalecidos en sus presupuestos, en sus metas y con procedimientos unificados de operación.

Particular atención habría de prestarse al pie de casa y mejoramiento de la vivienda rural, tomando en cuenta no sólo la cultura, las tradiciones y el medio ambiente, sino, además, con un enfoque integral de necesidades y servicios básicos comunitarios. La instancia municipal sería la más adecuada para llevar a cabo este programa.

Se requiere también un esfuerzo adicional de simplificación administrativa, para disminuir los costos indirectos con la profundización de medidas relacionadas con la desregulación de trámites, permisos y licencias. Esto implicaría la homologación de reglamentos de construcción en los estados, para uniformar los criterios de operación y la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

Por último, la industria de la construcción y el sector inmobiliario debieran llevar a cabo un programa de investigación y desarrollo de tecnologías, para bajar costos directos al utilizar nuevas técnicas y materiales de construcción. Por ello, resultaría indispensable una vinculación más estrecha con las universidades y centros de investigación del país.

2. Fomento a la industria

Por medio de políticas sectorizadas de fomento, diseñadas y ejecutadas junto con los sectores privado y social, se puede promover, en especial, el desarrollo de las ramas industriales que más puedan contribuir a la generación acelerada de empleos directos e indirectos, así como las que más contribuyan a la balanza de comercio exterior (al incrementar el ingreso de divisas por exportaciones o reducir el egreso de divisas, vía sustitución de importaciones).

Habría que apoyar a las industrias existentes o susceptibles de desarrollarse en México, para que generen mayores efectos multiplicadores sobre la innovación tecnológica, la inversión productiva, el crecimiento económico y la generación de mejores empleos.

Los instrumentos sectoriales de política industrial (acceso a crédito preferencial, apoyos temporales, compras de gobierno, asociación con capital de riesgo por la banca de desarrollo y otros) deberán integrarse en paquetes específicos, contra compromisos de desempeño de los sectores beneficiados, según lo demuestran las experiencias de industrializaciones exitosas en otros países.

3. Apoyo a la industria maquiladora

Proponemos un trato directo con empresarios para detener la emigración de las maquiladoras. Es cierto que en China o en otras partes del mundo hay más ventajas comparativas, sobre todo por el bajo costo que representa la mano de obra, pero es posible ofrecer otros incentivos y revalorar la importancia que reviste la cercanía de nuestro país con el mercado más grande del mundo.

Se trata de pasar de una actitud pasiva, ante el desmantelamiento de la industria maquiladora, a la aplicación de una política de atención personalizada y de facilidades para consolidar estas actividades económicas que generan gran cantidad de empleos.

Asimismo, la industria maquiladora debe ser estimulada con apoyos especiales para que realice cambios en favor del desarrollo nacional, vía programas de transferencia de tecnología y apoyo a sus proveedores nacionales —en especial a la pequeña empresa—, a través de redes de subcontratación y de una creciente incorporación de componentes nacionales en sus productos finales. Es decir, debe incrementarse su articulación con la economía del país.

4. Fomento al turismo

Otro programa que puede implementarse con relativa facilidad es el destinado a fomentar la actividad turística. Hay que tomar en cuenta que, aun sin apoyo gubernamental, esta actividad es de suma relevancia para la economía nacional, sólo superada por los ingresos petroleros, las maquiladoras y las remesas de mexicanos en el extranjero.

México posee atractivos turísticos variados y extraordinarios: importantes zonas arqueológicas, playas, ciudades coloniales, flora y fauna excepcionales. Pero, además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo.

De manera específica, planteamos una estrecha colaboración entre la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (sRE), con el propósito de que las embajadas y consulados de México en el extranjero se ocupen de la promoción turística de nuestro país.

5. Fomento pesquero

México posee 235 mil kilómetros cuadrados de aguas interiores y 3 millones 160 mil kilómetros cuadrados de aguas en mares jurisdiccionales, los cuales pueden utilizarse de forma óptima y racional para generar crecimiento económico, poner al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios, crear empleos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país.

Con ese propósito debe impulsarse la acuacultura, aprovechando los conocimientos surgidos de los centros de investigación del país.

6. Fortalecimiento de la economía popular

En la estrategia económica que proponemos es indispensable el fortalecimiento de la economía familiar. La microeconomía genera bienestar.

Está demostrado que son las pequeñas empresas las que más empleos producen. De ahí la necesidad de otorgar créditos para el autoempleo y otras actividades productivas mediante mecanismos sencillos, no usureros ni burocráticos.

Por último, como es obvio, para impulsar todas estas actividades productivas, sería necesario incrementar la inversión pública a cuando menos el doble en el primer año de gobierno. Así, en el corto plazo, se reactivaría la economía, se generarían empleos y este proceso permitiría iniciar el despegue del país, luego de muchos años de estancamiento económico. Todo ello, a la par del proceso de modernización del sector energético, para hacer valer un desarrollo consistente y continuado.

El proyecto nacional de crecimiento con equidad no sería viable sin rescatar del abandono al campo y a sus pobladores.

Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, como parte de la solución de los grandes problemas nacionales.

Es obvio que primero debe atenderse a la gente y evitar su empobrecimiento; detener la emigración masiva y mejorar las condiciones de vida en rancherías, ejidos, comunidades y pueblos. Pero también hay que considerar que la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional.

Un sector agropecuario económicamente fuerte significa: alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, exportación de cultivos de alta densidad económica y generación de empleos agrícolas para reducir presiones sobre los mercados de trabajo urbanos y provocar efectos multiplicadores sobre el empleo en otras ramas de la economía.

El abandono del campo

Esta tarea de reivindicación y de impulso a las actividades productivas del campo requiere, en mi opinión, de un cambio profundo en las políticas implantadas durante varias décadas y, sobre todo, exige hacer a un lado la concepción neoliberal, según la cual el campo no tiene viabilidad económica y sus pobladores deben aceptar, con resignación, las condiciones impuestas por el mercado. Algo así como la libertad del zorro en el gallinero.

La concepción neoliberal partió de una premisa simplista e ineficaz: se suponía que sólo era cuestión de dejar en libertad a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado, para incrementar las inversiones de capital en el sector agropecuario, así como elevar la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas. Todo ello en el marco de una apertura comercial que se realizó a marchas forzadas a partir de los años ochenta y que fue amarrada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN).

A partir de esta visión neoliberal, los tecnócratas redujeron subsidios, eliminaron aranceles y permisos previos de importación y dejaron de considerar necesaria la inversión pública destinada al sector agropecuario.

La aplicación de una política de apertura comercial, apresurada y sin límites estratégicos, pronto originó que los productores nacionales quedaran en abierta desventaja para competir con los del extranjero. Esto favoreció principalmente a los productores de Estados Unidos, que pueden vender más barato en el mercado mundial porque poseen mejor tecnología y reciben subsidios, compensaciones y créditos blandos de su gobierno, mientras en México los productores no gozan de los mismos beneficios y más bien están abandonados a su suerte.

Los efectos de la apertura comercial se agravaron con la estrepitosa disminución de la inversión pública destinada al sector agropecuario. En el trienio 1980-1982 fue del 1.48 por ciento del PIB y, para el trienio 2001-2003, apenas representó el 0.68 por ciento. (En este apartado se utilizan promedios trianuales en diversos indicadores, a fin de reducir el efecto de factores climáticos en el análisis de los resultados del neoliberalismo en el campo mexicano)

Además, si se comparan los mismos periodos, el gasto público global en fomento agropecuario, que incluye inversión, apoyos a la comercialización, extensionismo, sanidad vegetal y animal y otros, cayó del 2.93 al 0.58 por ciento del PIB.

Entre las partidas afectadas figura el gasto en ciencia y tecnología para el sector agropecuario, forestal y pesquero. Aquí es menester señalar que, aun cuando organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocDE) recomiendan que el gasto de los países en ciencia y tecnología alcance por lo menos el 1 por ciento del PIB (los países desarrollados gastan alrededor del 3 por ciento), México sólo destinó a este rubro el 0.42 por ciento en el 2003 y al sector agropecuario, forestal y pesquero correspondió apenas el 0.03 por ciento del PIB.

En materia de crédito, el destinado al sector agropecuario presentó también una caída espectacular. En específico, la banca nacional de desarrollo disminuyó sus créditos agro-pecuarios de 18 mil 643 millones de pesos por año durante el trienio 1980-1982, a 3 mil 815 millones de pesos por año durante el trienio 2001-2003 (a precios de 1994); por su parte, la banca comercial redujo el crédito agropecuario de 15,782 millones de pesos anuales a 7 mil 492 millones anua-les en el mismo lapso.

Es más, aunque la escasez de crédito durante la época neoliberal ha perjudicado a todos los sectores de la economía del país, los créditos de la banca comercial y de desarrollo destinados a la industria y los servicios no financieros pasaron, en los mismos trienios comparados, del 66.1 por ciento del crédito total destinado a empresas y particulares, al 58.8. Mientras tanto, los créditos destinados al campo bajaron del 14.7 al 5.4 por ciento.

Los más afectados, en todos sentidos, han sido los campesinos. La superficie de cultivo habilitada por la banca de desarrollo se redujo de 6 millones 563 mil hectáreas por año en el trienio 1980-1982, a sólo 1 millón 424 mil hectáreas por año en el periodo 2001-2003.

Por si esto fuera poco, el sistema de precios de garantía para las cosechas básicas, instituido durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fue eliminado por la tecnocracia neoliberal con el pretexto de que era una política agrícola anticuada. Sin embargo, este instrumento se utiliza aún en otros países para otorgar certidumbre a la producción agro-pecuaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley Agrícola 2002-2007 lo establece bajo la forma de "ingreso objetivo", para garantizar los precios del maíz, trigo, soya, arroz, sorgo y otros.

El conjunto de políticas neoliberales aplicadas al campo ha originado un grave rezago productivo del sector agropecuario en relación con el crecimiento de la población. Del trienio 1980-1982 al de 2001-2003, el PIB agropecuario forestal y pesquero por habitante se redujo en un 11.1 por ciento. En otras palabras, en tanto la producción total de alimentos avanzó a un ritmo anual del 1.4 por ciento, la población del país creció, en el periodo de referencia, a una tasa del 1.9 por ciento anual.

Entre los productos afectados se encuentran los principales granos (maíz, frijol, trigo, arroz, soya, sorgo, cártamo y ajonjolí), cuya cosecha disminuyó de 341.2 kilogramos por habitante a 304.5 kilogramos, es decir, se redujo un 10.8 por ciento durante el mismo lapso.

La producción de carnes rojas (bovina, porcina, ovina y caprina) disminuyó de 36.5 kilogramos por habitante a 25.5 kilogramos, una reducción del 30.2 por ciento; la producción de leche bajó de 103.9 litros por habitante a 95.8 litros, una reducción del 7.9 por ciento; y la producción de maderas disminuyó de 131.6 decímetros cúbicos por habitante a 73.2 decímetros cúbicos, una caída del 44.2 por ciento.

En contrapartida, las importaciones agroalimentarias crecieron de 2 mil 756 millones de dólares anuales en el periodo 1980-82 a 5 mil 562 millones en el trienio 1991-93, antes de la entrada en vigor del TLCAN, y a 11 mil 881 millones de dólares por año en 2001-2003. Eso con la particularidad de que en el 2003 alcanzaron los 12 mil 833 millones de dólares, cifra superior al ingreso por inversión extranjera directa, que ascendió a 10 mil 731 millones de dólares en ese año.

Es cierto que la agricultura de exportación ha crecido pero se ha descuidado la producción para el mercado interno, al grado de que el incremento en las exportaciones no ha contrarrestado el crecimiento de las importaciones de alimentos y materias primas. De manera que el déficit en la balanza comercial agroalimentaria pasó de 694 millones de dólares anuales en el periodo 1980-1982 a 3 mil 55 millones de dólares por año en el trienio 2001-2003.

Hay que recordar que por cada dólar en alimentos que México importa, no sólo transfiere al exterior divisas escasas que podrían utilizarse para otros fines, sino que perdemos empleos rurales, al subutilizar nuestros recursos naturales, reducir los ingresos campesinos y aumentar la pobreza rural. Perdemos, además, efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre la producción, el empleo y la inversión en otras ramas de la economía.

Pérdida de empleos rurales

Debemos subrayar que, a causa del deterioro agropecuario, hemos perdido empleos rurales. En 1993, la población ocupada en el sector agropecuario era de 8 millones 842 mil 774 personas y en el 2003 se redujo a 6 millones 813 mil 644; esto es, se perdieron dos millones de empleos en el campo, tan sólo en este periodo. En consecuencia, se ha incrementa-do la emigración del campo hacia las grandes ciudades y el extranjero.

Quizá lo más grave de todo este panorama sea la creciente emigración de mexicanos a Estados Unidos. El abandono del campo no ha dejado alternativa. Millones de mexicanos, por necesidad, han debido abandonar sus comunidades de origen.

Según cifras del CONAPO, durante los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox el flujo de emigrantes mexicanos a Estados Unidos aumentó a un nivel histórico de 410 mil personas por año (véase el cuadro 4). En los últimos tiempos, México se ha convertido en el país que más mano de obra expulsa al extranjero.

Cuadro 4

Flujo neto anual (entradas menos salidas) por periodo

1/ SRE. Estudio Binacional México-Estados Unidos. México, 1997. 2/ Estimaciones del CONAPO.

3/ Estimación de Milenio Semanal. con base en los datos más reciente de CONAPO.

Este fenómeno socioeconómico se ha sobrepuesto, incluso, al profundo arraigo cultural prevaleciente en comunidades indígenas y campesinas del sur del país. Antes, la emigración era fundamentalmente de los esta-dos del norte y centro del país. Ahora, los campesinos de estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, sobre todo los jóvenes, están optando por emigrar y en muchas comunidades, como sucede también en otras entidades, permanecen sólo los niños, las mujeres y los ancianos.

Todo ello, insisto, a pesar de que en México, como en pocos países del mundo, hay recursos naturales en abundancia, un profundo amor por la tierra y una clara vocación productiva. Pero quienes dirigen la política vigente no piensan ni miran hacia el campo. Por el contrario, cada vez se escucha más en las esferas gubernamentales sobre la conveniencia de aceptar que la gente se vaya a trabajar a Estados Unidos; incluso llegan a plantear que el gobierno debe llevar a cabo un programa de capacitación para jardineros, enfermeros y especialistas en atender a adultos mayores. Porque, según los neoliberales, en Estados Unidos cada vez habrá más de-manda de este tipo de trabajadores debido al envejecimiento de la población.

Las acciones

Obviamente, no puede aceptarse semejante opción. Sería como rendirnos o renunciar a nuestra capacidad de desarrollo soberano. Desde luego, estamos conscientes de que no sería fácil revertir el profundo deterioro del campo mexicano: es mucho el atraso, el abandono y la miseria. Pero también creemos que, con una acción gubernamental decidida y eficaz en favor del campo y sus pobladores, es posible revertir la devastación y dar paso al progreso productivo y al bienestar social.

De manera puntual, proponemos:

1. Un programa integral de fomento agropecuario, instrumentado en concertación con los productores rurales y bajo un criterio incluyente en las tareas y los beneficios del desarrollo. Se trata de armonizar y apoyar, al mismo tiempo, la producción de autoconsumo, la producción para el mercado interno y la producción para exportar.

Una agricultura de exportación dinámica no se contrapone a una agricultura fuerte para el mercado interno. Nuestra experiencia histórica así lo indica: desde 1940 hasta 1960, las exportaciones agropecuarias generaron más de la mitad de las divisas que ingresaron a México por exportación de mercancías; y, al mismo tiempo, el campo mexicano satisfizo la demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias.

2. Habría que promover el fortalecimiento de la economía de autoconsumo en las comunidades. El propósito es que, con pequeños apoyos, se fomenten las actividades productivas tradicionales. El rescate del campo supone revalorar la importancia de la unidad de producción campesina. Tomemos en cuenta que hay comunidades y pueblos con actividades productivas integradas o complementarias que han permitido el sustento, durante muchas generaciones, de sus pobladores.

Es básico revalorar cultivos y tecnologías tradicionales que hemos venido olvidando debido a una mal entendida modernidad. Un caso concreto es el manejo de solares o patios para el cultivo de hortalizas, árboles frutales y maderables y plantas medicinales que, en combinación con la crianza de gallinas y cerdos, pueden significar un importante apoyo a la economía familiar.

Hay casos excepcionales en comunidades indígenas donde todavía se produce casi todo lo que se consume. Está también, por ejemplo, lo que históricamente ha sucedido en pueblos como los de Tlaxcala donde los campesinos, en pequeñas porciones de tierra, cultivan maíz, con buena productividad, y tienen en sus patios borregos, chivos, vacas y el telar dentro de la casa.

Hoy, en vez de alentar estas formas propias de producción, se ha decidido instalar granjas avícolas y porcinas, con animales de "raza" que son menos resistentes a las enfermedades y de-penden de insumos y alimentación especial o balanceada, producida por empresas comerciales ajenas a la comunidad, con poca o nula utilidad y beneficio para los campesinos.

Es lamentable que en algunas comunidades los campesinos tengan que comprar rejas de huevos de granja y gallinas de desecho, cuando ellos mismos pueden producir y comercializar estos alimentos.

La acción gubernamental que proponemos debe orientarse al otorgamiento de créditos a la palabra, para la compra de animales, granos y semillas, materiales de trabajo, insumos y todo aquello destinado a fortalecer las actividades productivas y las tecnologías tradicionales.

En específico, podríamos fortalecer, desde abajo y con la gente, la economía de las familias campesinas. Para ello, se convocaría a una gran cruzada nacional en favor del campo, incorporando a la actividad promotora a más de 20 mil agrónomos desempleados o subocupados fuera de su profesión, con criterio de servicio social y sensibilidad ante las realidades agropecuarias y culturales de nuestras comunidades rurales.

Apoyar estas actividades debe significar una mejora en la alimentación, el ingreso, la autosuficiencia y el bienestar y fortalecer la identidad cultural.

No basta crear empleos en el sector moderno, que siempre serán insuficientes. La absorción de la población rural por otros sectores de la actividad económica requeriría tasas de crecimiento superiores al 10 por ciento. Hace falta, pues, allegar al campo, a las pequeñas comunidades, medios de producción baratos; asimismo, hay que recuperar la economía de subsistencia, que permite producir para las necesidades familiares y propiciar la inserción, por modesta que sea, en el mercado.

3. Para fomentar la producción del mercado interno es necesario pasar a un nuevo sistema de precios de garantía o generalizar el sistema de "ingreso-objetivo", introducido en México a raíz de las movilizaciones campesinas del 2003, pero haciéndolo extensivo a todas las regiones del país y a productos básicos que hoy están excluidos. De esta manera el sistema de precios o ingresos garantizados abarcaría todos los granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz), las principales oleaginosas y fibras textiles (algodón, soya, cártamo, ajonjolí), así como el sorgo y la cebada. El programa tendría un carácter multianual con horizonte de 10 años.

Así, podría darse certidumbre a la producción agropecuaria, corrigiendo el carácter discriminatorio del actual sistema de apoyos a la comercialización, que muestra un fuerte sesgo en favor de pocas regiones productivas, con la correspondiente exclusión de estos apoyos para la mayoría de los productores del país, incluidos los campesinos de subsistencia que también generan excedentes para el mercado pero tienen que vender barato lo que producen.

4. Es fundamental apoyar las actividades agropecuarias de alta densidad económica para su exportación. Desde hace décadas México se ha ganado un lugar en el mercado mundial, en cuanto a la exportación de café, aguacate, jitomate, melón, garbanzo, mango y otros numerosos productos hortícolas y frutícolas. En todos estos casos debe mejorarse la tecnología y la calidad, así como facilitar todos los procesos de comercialización hacia el extranjero.

5. En lo referente a los programas gubernamentales en vigor, como Procampo, Alianza para el Campo y otros, proponemos una revisión a fondo para que se conviertan en un instrumento real de fomento al sector agropecuario.

Además, este subsidio debiera vincularse a programas de asistencia técnica, capitalización integral, redes de comercialización y a esquemas de financiamiento a cambio de compromisos de desempeño de los productores.

A su vez, los recursos de Alianza para el Campo tendrían que ser federalizados, a fin de apoyar el desarrollo agropecuario desde las regiones.

6. Debemos invertir en infraestructura rural con miras a aprovechar nuestro potencial de superficie irrigada; mejorar la utilización del agua en los actuales distritos y unidades de riego; construir y rehabilitar los caminos rurales y las carreteras, para facilitar y abaratar el desplazamiento de las cosechas; multiplicar y ampliar los centros de investigación y transferencia de tecnología, así como rehabilitar y ampliar las bodegas rurales.

Además de los beneficios para el sector agro-pecuario, dichas inversiones permitirían generar empleos directos en la construcción y serían un factor de arrastre del crecimiento económico nacional.

7. Debe incrementarse el crédito al sector agro-pecuario por medio de la banca nacional de desarrollo, pero también de la banca comercial con redescuentos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y apoyar el desarrollo de nuevos intermediarios financieros en el medio rural, promoviendo la organización de los propios productores.

Asimismo, se requiere fortalecer el sistema de seguro agropecuario otorgando apoyos fiscales.

Para asegurar la continuidad de las acciones de fomento, el presupuesto agropecuario debería elevarse, por lo menos, a 65 mil millones de pesos (a valor presente en el 2004) y mantenerlo constante, en términos reales, hasta el 2012.

8. Una prioridad tendría que ser la investigación científica destinada al campo. Para ello, se deben fortalecer los centros de investigación agro-pecuaria del país —el Instituto Nacional de

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y otros—, así como las universidades agropecuarias, prestando atención a las diversas opciones tecnológicas. La innovación productiva en los predios agrícolas sería estimulada con incentivos y un sistema eficiente de extensionismo agropecuario y forestal.

De manera particular, debe otorgarse mayor importancia al conocimiento, la conservación y la explotación racional y sustentable de los bosques. Es lamentable que, habiendo condiciones favorables para el desarrollo de la silvicultura, se haya permitido la deforestación de grandes ex-tensiones del territorio nacional. Se ha llegado al extremo de importar el 50 por ciento de la madera y derivados que consumimos en el país.

9. Es necesario impedir una mayor degradación de nuestro territorio. Se debe luchar por la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, fomentando en la sociedad una conciencia eco-lógica que reconcilie a las personas con la naturaleza; se ha de promover el cuidado de nuestra biodiversidad, en especial la flora y la fauna que se encuentran en vías de extinción e introducir incentivos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo ambiental.

En este aspecto, es menester dar gran impulso a los cultivos orgánicos e inducir, en la medida de lo posible, la reducción del uso de agroquímicos.

Un punto central no sólo para el desarrollo agropecuario sino para la conservación del medio ambiente es la definición de una política para el acopio, manejo y distribución del agua.

En resumen, estas políticas que proponemos permitirían al campo cumplir sus funciones en el desarrollo de la nación, para así revertir el profundo deterioro del sector agropecuario y dar paso al progreso productivo y al bienestar social.

10. Con los países integrantes del TLCAN, debemos buscar negociar diversos esquemas de cooperación, vía acuerdos complementarios que coadyuven a superar las asimetrías existentes en tecnología, productividad y apoyos al campo.

Si consideramos la atención especial que debe brindarse a la producción y comercialización de maíz y frijol —de cuyo cultivo dependen alrededor de tres millones de familias campesinas—, es indispensable instrumentar un mecanismo permanente de administración de las importaciones, utilizando los márgenes de maniobra que aún tenemos en el TLCAN en materia de cupos, aranceles y normas técnicas. Además, con nuestros socios comerciales debe negociarse —de acuerdo con las disposiciones del propio tratado— la exclusión de estos granos de los acuerdos de liberalización para el 2008.

Independientemente de estas negociaciones, es necesario hacer valer todos los instrumentos (aranceles, salvaguardas, normas técnicas y otras disposiciones) que México tiene en el TLCAN y en otros acuerdos comerciales, para salvaguardar también otras ramas importantes de nuestra producción interna de alimentos y evitar prácticas desleales de comercio internacional.

Como punto de partida, sostenemos que el país no será viable si persiste la enorme desigualdad. Es un imperativo ético, pero no sólo eso, sin justicia no hay garantía de seguridad ni de tranquilidad ni de paz social.

Nadie, ni siquiera los muy prósperos, por la lógica más elemental, podría dejar de considerar esta realidad lacerante. La pobreza no sólo debe darnos vergüenza sino que debe preocuparnos a todos.

La fraternidad no sólo tiene rostro humano sino que es la manera más eficaz para garantizar la tranquilidad y la seguridad públicas. Por eso, volvemos a postular que "por el bien de todos, primero los pobres".

Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos y debe entenderse que no es producto de la fatalidad o del destino. En buena medida, la pobreza se reproduce y se agrava ante la ausencia de un Estado con dimensión social.

Admitamos que el Estado —en cualquier parte del mundo— es fundamental para el bienestar de la población y, en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, resulta indispensable para la supervivencia.

Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal: al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando a la justicia social de la agenda de gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de pro-mover el bienestar de los más desfavorecidos.

El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes: por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundaría en mejor educación, salud y calidad de la vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar.

La propuesta consiste en auspiciar un Estado igualitario y fraterno, en el que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, y donde se pueda vivir sin angustias ni temores.

Ese Estado igualitario y fraterno debe concebir como ideal la protección de las personas a lo largo de su vida, garantizando el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la vivienda.

De manera puntual, se plantea lo siguiente:

Apoyo a los adultos mayores

Debería elevarse a rango de ley, como se hizo en el Distrito Federal, el derecho a la pensión alimentaria para todos los adultos mayores del país. Se trata de garantizar a todos los mayores de 70 años una pensión alimenticia no menor que la mitad del salario mínimo vigente.

Este programa se justifica por razones humanitarias y porque no podríamos hablar de justicia si tantos ancianos apenas subsisten en condiciones tan precarias. Ha crecido la expectativa de vida pero se trata de vivir mejor y sin la desazón de la carencia cotidiana.

Becas para discapacitados pobres

Con la experiencia del programa aplicado en la Ciudad de México, se podría proponer el otorgamiento de becas equivalentes a la mitad del salario mínimo a todas las personas pobres con discapacidad del país.

Ello implicaría un apoyo económico mensual a personas con capacidades diferentes que ahora carecen hasta de lo más indispensable. Hace falta también un programa de rehabilitación y educación especial, con prioridad para niñas y niños.

Atención médica y medicamentos gratuitos

Es necesario hacer valer el derecho constitucional de los mexicanos a la atención médica y los medicamentos gratuitos.

Más allá de cualquier reflexión teórica o filosófica, un buen gobierno es, sencillamente, aquel que contribuye a propiciar la felicidad de la gente. Y, de todos los beneficios que puede ofrecer el Estado, la salud es lo que produce una mayor sensación de seguridad y crea más expectativas de poder salir adelante en la vida.

Si bien el derecho a la protección de la salud se estableció en nuestra Constitución desde hace dos décadas, todavía la mitad de los mexicanos no tiene acceso a la seguridad social y se trata de los más pobres que son los que más se enferman y mueren debido a sus condiciones precarias de vida.

Una de las manifestaciones más dolorosas de la desigual-dad social que sufre el país es, precisamente, la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud. La mortalidad entre niños pequeños llega a ser hasta cuatro veces mayor en las zonas rurales de estados como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, que en Nuevo León o el Distrito Federal.

Resulta paradójico, que, a partir de que se reconoció el derecho a la salud, los recursos públicos dedicados a ese rubro disminuyeron en vez de aumentar; es decir, lo que se concedió en la ley se eliminó en el presupuesto.

Dadas las razones anteriores, consideramos impostergable la puesta en marcha de un Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos en centros de salud y hospitales del gobierno en todo el país, dirigido a quienes no cuentan con seguridad social. Así, la gente humilde podría ser atendida de manera oportuna, obtendría las medicinas y dejaría de recibir sólo la receta, como sucede en la actualidad.

Deben construirse nuevos centros de salud, clínicas y hospitales, equiparlos y dotarlos de personal a lo largo de los seis años de gobierno. Hay que empezar por los estados y regiones donde la pobreza es mayor y se dispone de menos servicios de salud; así también, buscar los mejores mecanismos para hacer un uso óptimo de los servicios de salud que ya existen. Es necesario coordinar a todas las instituciones públicas del sector en el camino hacia el gran objetivo de ofrecer al pueblo una solución eficiente y práctica a sus necesidades.

Se debe brindar atención especial a la medicina preventiva. Hoy se sabe la importancia de la detección temprana y el control eficiente de los padecimientos, y se conocen mejor las complejas causas de la enfermedad y cómo promover una buena salud.

De ahí que debamos asumir el compromiso de crear mejores condiciones sanitarias. Es decir, trabajar para garantizar una alimentación adecuada y suficiente; para proporcionar agua limpia y deshacerse en forma segura de los desechos; para disminuir la contaminación del aire, del agua y del suelo; para prevenir las epidemias y eliminar los efectos sobre la salud de los desastres naturales o los producidos por el hombre. Estos riesgos afectan a todos pero siempre perjudican más a los más pobres.

Para el cumplimiento de esta gran tarea podríamos apoyar-nos en la vocación humanitaria de los médicos, enfermeras y todos los trabajadores del sector salud.

Programa Nacional para el Desarrollo Social

Todas las acciones del gobierno, destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, podrían articularse en un Programa Nacional para el Desarrollo Social.

A partir de la experiencia que hemos obtenido con la aplicación de políticas sociales en la Ciudad de México, proponemos llevar a cabo un Programa Nacional para el Desarrollo Social en todo el país, con el propósito de atacar y detener la pobreza en las zonas y regiones urbanas y rurales con mayor atraso y marginación.

El programa deberá observar como principios fundamentales: la coordinación de acciones entre las instituciones y entre los tres órdenes de gobierno; la integración y complementación de acciones y recursos; la descentralización de responsabilidades; la eficiencia y transparencia en la aplicación del gasto público y la participación social en los programas.

Se requiere identificar estrategias diferenciadas de atención por entidad federativa y municipio, así como por ámbito urbano y rural y dar prioridad a las colonias populares pobres y a la población rural que habita en pequeñas localidades, muchas de ellas aisladas y dispersas.

Se trata de articular un número puntual de acciones básicas y estratégicas con un alto impacto social, integradas en un solo programa que coordine la actuación de las tres instancias de gobierno, bajo los principios de orden, complementariedad y congruencia.

Habría que dar importancia especial a la participación organizada de la gente en la identificación y jerarquización de sus demandas y en el seguimiento de los programas. Tanto en las áreas urbanas como en las rurales debe planearse desde abajo, con la participación de los colonos, los campesinos, los jóvenes y las mujeres, bajo principios de compromiso y responsabilidad.

El universo de trabajo lo componen mil 135 municipios considerados de alta y muy alta marginación, donde viven 18.2 millones de personas, en localidades con menos de 5 mil habitantes, fundamentalmente rurales. A este universo se suman las colonias urbano-populares ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, que se concentran en mil 461 poblaciones con más de 5 mil habitantes, en donde se estima que viven 26 millones de personas en condiciones de pobreza. Con este programa se alcanzaría la atención de 44.2 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

La atención a las zonas urbanas pobres obliga a reconocer la diferencia de la población que vive en ciudades grandes, medianas y menores, para aplicar acciones específicas a finde atender la creciente demanda de empleos, los déficits de vivienda, servicios básicos y de infraestructura y equipa-miento urbano. Particular cuidado debe darse a la generación de empleos por medio de mecanismos amplios y eficientes de apoyo a las micro y pequeña empresas.

El propósito es superar las políticas tradicionales que sólo privilegian a algunas ciudades, regiones o zonas del país, para favorecer la ampliación de infraestructura, servicios y promoción de la actividad económica en los centros urbanos intermedios.

Esta estrategia para ciudades medianas se debe proponer también como una alternativa para reordenar el territorio y reducir la presión en las zonas metropolitanas, alentando un crecimiento urbano más ordenado.

Es necesario definir nuevas tácticas de intervención en beneficio de las 148 mil localidades con menos de 100 habitantes que se encuentran aisladas y dispersas y en las que viven 2.6 millones de personas.

Independientemente de las acciones específicas que se emprendieran en las zonas urbanas y rurales pobres, se debe atender con mayor prioridad, en todos los casos y de manera general, las demandas de bienestar social de la población vulnerable, constituida por los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres y los ancianos. A la vez, es menester poner énfasis en mejorar y ampliar las posibilidades y condiciones para promover la inserción productiva de la población en edad de trabajar.

Las acciones a aplicar en los medios urbano y rural pueden ordenarse en ocho grandes vertientes:

1. Promoción del bienestar social: oferta de servicios de salud y educación; abasto familiar; pro-moción de la salud familiar y la nutrición.

2. Apoyos económicos directos para la alimentación de las familias urbanas y rurales, con prioridad para adultos mayores, niños pobres y personas con discapacidad.

3. Apoyos a las micro y pequeña empresas urbanas: programa de microcréditos y promoción de organizaciones sociales de ahorro y crédito.

4. Apoyos a la economía rural para la reactivación productiva de las pequeñas comunidades, proyectos alternativos, distribución de insumos productivos y asistencia técnica para la transformación y comercialización de productos.

5. Apoyos a la vivienda urbana: otorgamiento de créditos para el mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda nueva.

6. Apoyo a la vivienda rural para el mejoramiento o construcción del pie de casa. Suministro de asistencia técnica y materiales de construcción a bajo costo.

7. Mejoramiento de colonias, barrios urbanos y comunidades rurales: introducción de servicios básicos, renovación ambiental y espacios públicos.

8. Promoción del desarrollo local: participación social organizada en la identificación y jerarquización de demandas y en la ejecución de obras y proyectos.

Todo esto exige el ordenamiento de las regiones de trabajo en unidades territoriales —en el caso de las áreas urbanas—y en microrregiones —en las áreas rurales— lo que permitiría, en ambos casos, la identificación de la población objetivo para dirigir las acciones con un criterio focalizado.

En las microrregiones rurales puede aplicarse una estrategia basada en establecer Centros Integradores de Ser-vicios Comunitarios, que consiste en identificar comunidades estratégicas en donde confluyen actividades productivas, comerciales y de servicios que, con un reforzamiento de sus servicios comunitarios, puedan atender las demandas de educación, salud, alimentación y abasto de un conjunto de localidades pequeñas y dispersas, situadas en su área de in-fluencia y cuya atención individual resulta más compleja.

La estrategia consiste en establecer una red de Centros Integradores de Servicios Comunitarios que, además de ofrecer los servicios antes referidos, previamente reforzados en sus capacidades, puedan funcionar como Centros Promotores del Desarrollo Local en un sentido más amplio.

La propuesta es que desde allí se otorguen apoyos para la producción; se asignen proyectos productivos alternativos para hombres, mujeres y jóvenes; se proporcione asistencia técnica para la producción, transformación y comercialización; se facilite la distribución de insumos productivos y se brinden apoyos económicos y asistencia técnica para el mejoramiento de la vivienda.

Este esquema de operación permitiría concentrar en un solo punto geográfico las distintas acciones públicas para el desarrollo comunitario y familiar e integrarlas en un solo programa con reglas y criterios uniformes para promover, de manera permanente y consistente, el desarrollo productivo y el bienestar social en su área de influencia.

Las acciones que podrían aplicarse en las localidades sede de los Centros Integradores de Servicios Comunitarios deberán partir del trabajo conjunto de las autoridades locales y la población organizada en la identificación de los proyectos. De esta manera se tendrían que ampliar y fortalecer los servicios básicos y la infraestructura comunitaria para el bienestar social, de acuerdo con la demanda real de la gente.

Para que funcione un proyecto integral de desarrollo social es indispensable establecer vínculos auténticamente democráticos entre sociedad y gobierno, desde los niveles más bajos hasta los más altos. El Estado debe adaptarse a las necesidades de un desarrollo participativo, es decir, los sujetos del desarrollo tienen que ser parte de las decisiones que les atañen.

La compleja realidad social y política y la diversidad regional —en cuanto a las características geográficas, económicas, de recursos naturales y medio ambiente— sugieren la pertinencia de que las propuestas generales se formulen para cada entidad federativa y las específicas partan de los ámbitos municipal y microrregional.

Un proyecto amplio, que convoque a un pacto social no excluyente, debe aspirar a un desarrollo acorde con la múltiple y heterogénea herencia cultural, que es la mayor riqueza de México.

Cuando hablamos de cultura, entendemos todas las formas de convivencia, los valores, los modos de pensar y de vivir, así como todas las expresiones del arte y el saber que le son propias a nuestra nación. Incluimos también las lenguas, costumbres, tradiciones y el patrimonio que nos legaron nuestros antepasados.

México posee una gran riqueza cultural y en este aspecto ocupa un lugar destacado en el concierto de las naciones. Nuestro país ha sido distinguido por la UNESCO al inscribir 23 sitios culturales y dos naturales como Patrimonio Cultural de la Humanidad; entre ellos se encuentran no sólo zonas arqueológicas sino ciudades o zonas citadinas específicas, pueblos que han mantenido sus tradiciones, edificios y conjuntos arquitectónicos de diversas épocas, así como la reserva de la biósfera de Sian Ka'an y el santuario natural de El Vizcaíno.

En el país hay más de 200 mil sitios arqueológicos, de los cuales la mitad está inscrita en el catálogo nacional. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resguarda 110 mil monumentos históricos y 25 mil zonas arqueológicas. Es tan grande el acervo de edificios de valor artístico y cultural, que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) protege 25 mil inmuebles y bienes asociados, como son retablos, pinturas, esculturas y murales.

El movimiento cultural de México es de los más vigorosos y variados del mundo. Como prueba están las manifestaciones de las grandes civilizaciones indígenas prehispánicas; los tres siglos de mestizaje durante la Colonia; las aportaciones del México independiente; el auge de la creación vinculada a las tradiciones y al pueblo, a partir de la Revolución, así como los nuevos estilos de creadores contemporáneos que no dejan de rescatar y fundir lo mexicano con lo universal.

Es tan fuerte la raigambre cultural de nuestro país que aún convive con las creaciones actuales, las tradiciones y costumbres del México profundo. Al mismo tiempo que se disfruta un concierto de música clásica, se siguen escuchando el caracol, el tunkul o teponaxtle, la flauta de carrizo y los tambores, la marimba, el arpa, la jarana y otros instrumentos. Mientras se separa el pulmón compartido por unas mellizas o se realizan trasplantes con mucho éxito, en los pueblos la gente se atiende todavía con el curandero y se practica la medicina tradicional.

Una mirada al pasado

En el siglo XIX, la generación de liberales encabezada por Benito Juárez hizo un gran aporte al concebir que el avance del país sólo era viable con base en el desarrollo educativo de la población y que la cultura tenía un gran papel social cohesionador de lo nacional para alcanzar el progreso y el bienestar. Entre sus logros destacan la separación de la Iglesia y el Estado en materia educativa, el impulso a la educación de la mujer, la creación de escuelas industriales y de artes y oficios, así como la multiplicación de bibliotecas.

A pesar del carácter elitista y extranjerizante de la política cultural durante el Porfiriato, no se puede soslayar el hecho de que en ese periodo hubo un florecimiento de las bellas artes.

Durante su gestión como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra impulsó la idea de una cultura nacional complementaria de la universal. Estableció la Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal y Territorios —resaltando el carácter nacional de la educación— y un plan pedagógico de educación estética; también impulsó la alfabetización, fortaleció la Escuela Nacional Preparatoria y refundó, en 1910, la Universidad Nacional que había estado cenada desde 1867.

En paralelo, en esa época proliferaron en los estados los institutos científicos y literarios, que constituyeron el embrión de las universidades posteriores.

Es de destacar que, después de la Revolución y hasta la década de los ochenta, en todos los gobiernos se crearon instituciones y se emprendieron acciones positivas de amplio impacto en el mundo de la cultura.

Terminada la lucha armada comenzó, en 1920, un periodo brillante para el desarrollo de la cultura nacional. José Vasconcelos fue nombrado jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes del gobierno de Alvaro Obregón y desde allí impulsó la federalización educativa y la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La concepción cultural de este destacado intelectual queda clara en sus acciones: instaló dos mil bibliotecas en el país, editó libros de literatura, economía, sociología, historia del arte, traducciones, textos escolares y la aún no superada colección de Lecturas Clásicas para Niños, con versiones accesibles de obras clásicas del arte y la literatura universales.

En la época de Vasconcelos se crearon las misiones culturales; se incorporó a la educación básica la iniciación a las artes y se apoyó con decisión la creación artística, poniendo a disposición de los pintores más destacados los edificios públicos para que plasmaran en ellos, con total libertad, los murales que hoy son objeto de admiración nacional e internacional.

Otro momento de gran labor cultural fue el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, cuando se creó la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, con los objetivos de impulsar la alfabetización, desarrollar una campaña de fomento a la lectura, el teatro, la literatura, la música, la danza y las artes plásticas, así como organizar, dirigir y apoyar todo esfuerzo social que consolidara y extendiera la educación popular y la difusión del conocimiento científico, artístico y literario que buscara vigorizar la cultura del pueblo.

En 1934 se estableció el Fondo de Cultura Económica (FCE), editorial que difundió, con amplitud sin precedentes, el pensamiento económico social y la literatura en América Latina. En 1937 se fundó el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que ha jugado un papel destacado en el desarrollo de la ciencia y la técnica en el país; en 1938 nació el INAH y, al año siguiente, el Instituto Nacional Indigenista (INS).

En 1946 se creó el INBA y, a partir de los cincuenta, se inició un periodo de fundación de universidades en los estados de la República: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, del Noreste, de Occidente, del Sudeste, Durango, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco. En 1954 se inauguró Ciudad Universitaria. En 1955 se abrió el Auditorio Nacional. En 1960 se editaron por primera vez los libros de texto gratuitos que en su momento fueron muy impugnados por las derechas y el Partido Acción Nacional pero que, indiscutiblemente, han jugado un papel determinante para el logro que constituye el que hoy la mayoría de los mexicanos sepa leer y escribir.

En las décadas de los años 60 y 70 surgió la red de teatros del imss. En 1964 se abrieron el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología, constituyéndose el primero en un canal para la difusión del arte de vanguardia y, el segundo, como uno de los museos más importantes del mundo.

En las últimas décadas, los presupuestos y la intervención del Estado como promotor de la cultura han sido los primeros en sufrir los recortes que implica la política del "adelgaza-miento del Estado" y, a la par, se han efectuado gastos suntuarios en actividades más dirigidas al lucimiento nacional o internacional que a la promoción de la vida cultural del país.

Se impulsa la panacea de la introducción de islas de avances tecnológicos, como la informática en la educación primaria y secundaria, cuando esa educación se encuentra sumergida en un mar de escasez de recursos, infraestructura y bajos salarios de los profesores, mientras se hacen concesiones al conservadurismo social y moral.

Al mismo tiempo, los gobiernos neoliberales reducen los estímulos fiscales y de otro tipo a los creadores culturales; intentan eliminar centros de investigación científica y tecnológica de carácter público, aduciendo su falta de rentabilidad y que sus tareas corresponden al sector privado, y pretenden dar a las empresas de la industria cultural —como la editorial y la cinematográfica— un trato aun más duro y mercantilista.

Un proyecto cultural para el nuevo siglo

La historia de México confirma que la aportación de los creadores ha impulsado el avance de las grandes causas nacionales, la participación colectiva y la democracia. Además, el arraigo de la cultura en la conciencia popular y la vida cotidiana es un antídoto eficaz contra la descomposición social, la corrupción, la violencia y la delincuencia.

Al impulsar el espíritu de innovación, la actitud crítica, la absorción de las nuevas tecnologías y la disposición al cambio, la cultura se convierte en un aspecto fundamental del desarrollo. Y, aun más: en la época actual, las propias actividades culturales son fuentes generadoras de empleo, ingreso y riqueza.

Por todo ello, la cultura no puede concebirse como una cuestión secundaria y los recursos que se destinan a ella no representan un gasto que se resta a otras tareas más importantes, sino una inversión que contribuye de modo decisivo al bienestar nacional.

Pero, tampoco, el Estado y los gobiernos deben asumirse como los generadores de la cultura y mucho menos de una "cultura oficial", sino como promotores, difusores y alentadores de las iniciativas propias de los creadores culturales en todos los campos. Los esfuerzos y recursos que se destinen a la cultura deben encaminarse, principalmente, a promover programas y proyectos que tomen en cuenta las demandas culturales de la sociedad.

Ha de procurarse compartir la responsabilidad con los creadores, instituciones culturales de todo tipo y organizaciones sociales y ciudadanas interesadas en la cultura, fomentando así una cultura participativa cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades de la sociedad, incluyendo en el disfrute y acceso a la cultura a los que han estado excluidos de ese derecho.

Principios básicos

La promoción de la cultura debe hacerse sobre principios de equidad, democracia y fortalecimiento de la identidad y la soberanía nacionales.

La búsqueda de la equidad supone romper una tendencia a atender primero a quienes pueden pagar, después a los que ya acostumbran hacer uso de la oferta cultural y, sólo hasta el final, ofrecer satisfactores culturales a los millones de mexicanos que carecen de capacidad económica y formación básica para acceder a los bienes y actividades culturales.

Para lograr la equidad es básico retomar la abandonada tarea de que en las escuelas primarias y secundarias se ofrezca, como parte insoslayable de los programas de estudio, la formación estética, artística y literaria que propicie que los niños y los jóvenes se sientan atraídos por el disfrute de la cultura y que fortalezcan el sentido humanístico de la educación y los sentimientos de identidad nacional y de aprecio a los demás pueblos del mundo, mediante el conocimiento de sus aportes a la cultura universal.

La equidad implica que las instituciones culturales públicas proporcionen acceso a todos en sus programas y servicios y que, de manera gratuita, se ofrezca a los sectores más desfavorecidos la mayor cantidad posible de actividades culturales de calidad. Los bienes y actividades culturales no deben brindarse sólo en los escenarios tradicionales, hay que acercarlos a los lugares en que vive, trabaja o pasea la gente, multiplicando sus presentaciones en pueblos, colonias y ciudades de toda la nación.

Es fundamental propiciar la descentralización en la formulación de programas y proyectos y en la realización de las actividades culturales. Descentralizar no significa que el gobierno federal renuncie a sus responsabilidades de promoción de la cultura, sino que las comparta, no sólo con los gobiernos de los estados sino con los municipios y delegaciones, con los creadores y sus agrupaciones, con las instituciones privadas y de la sociedad civil interesadas en la cultura. El gobierno debe ser el promotor de una red de organismos culturales cuyas iniciativas y actividades se gesten o lleguen a los rincones más alejados del país.

Favorecer el florecimiento de una cultura democrática es parte de este proyecto. La cultura democrática es un sistema de valores, actitudes y prácticas de convivencia que impulsa la participación colectiva y provoca el retroceso de las conductas pasivas que promovió durante décadas el sistema autoritario y que aún están presentes en la mentalidad de la población.

Deberá auspiciarse una cultura democrática con el impulso de proyectos que fortalezcan la conciencia de los mexicanos sobre sus derechos y obligaciones como ciudadanos; sobre la igualdad de género; sobre el valor de la legalidad frente a la corrupción; sobre la convivencia armónica en la diversidad y contra la violencia; sobre la necesidad de la tolerancia y la información para gozar de una vida más plena.

La cultura democrática supone tomar en cuenta y facilitar la expresión de las comunidades que generan nuevas identidades culturales de género, lingüística y políticas, entre las cuales destacan migrantes, bandas y grupos juveniles, de mujeres y de los movimientos que reivindican sus preferencias sexuales.

La promoción de la identidad y la conciencia acerca de la importancia de la soberanía nacional es también un principio básico. No se trata de poner barreras de un falso nacionalismo, ante los positivos fenómenos de difusión de la información y el conocimiento que han emanado de la globalización, sino de promover un feliz encuentro entre los valores universales y los surgidos de nuestra historia; de aprovechar lo que viene de fuera pero también retomar lo que nuestra cultura ha dado al mundo.

La soberanía nacional no es, como pretenden algunos, un concepto que haya perdido vigencia; es indispensable para que los mexicanos sostengamos un trato de igual a igual con otras naciones, sin imposiciones políticas, económicas, sociales y hasta de costumbres consumistas.

La concepción neoliberal que identifica el desarrollo únicamente con el crecimiento económico, la productividad y la competitividad, ha causado daños profundos a la nación mexicana y empieza a ser puesta en duda incluso por los organismos financieros internacionales que la han promovido. Hoy es evidente que los proyectos de desarrollo que han ignorado el factor cultural han fracasado o atraviesan por serias dificultades.

El desarrollo económico y cultural implica la necesidad de la experimentación, el impulso a la creatividad en todas sus formas y la apertura a las innovaciones científicas y tecnológicas. Y, para consolidarse y tener efectos más amplios, ello requiere que la educación y la cultura sean patrimonio accesible para todos los mexicanos. El subdesarrollo, es cierto, se manifiesta de manera lacerante en la carencia de bienes y servicios esenciales para la población, pero también se significa de manera aguda en la falta de oportunidades para poder escoger formas de organización y convivencia acordes con las culturas particulares de cada pueblo.

Ahora bien, uno de los problemas básicos para el desarrollo cultural de la nación es que la infraestructura pública en este rubro resulta a todas luces insuficiente y, además, está distribuida de manera muy desigual en el territorio. Hay estados y regiones enteros con una cantidad importante, aunque insatisfactoria, de recintos culturales, mientras otras zonas y entidades padecen de una escasez inaceptable de los mismos.

Es indispensable dotar a la sociedad y a los creadores de una infraestructura cultural que responda a sus necesidades, al abrir nuevos espacios públicos, crear otros que sean compartidos y apoyar a los ya existentes para que se desarrollen.

Hay que avanzar en la multiplicación de la infraestructura cultural en los 10 estados de la República en los que se observa una mayor desproporción entre la cantidad de recintos y el número de habitantes.

Para impulsar la lectura, se ha de promover la construcción de bibliotecas, la creación de salas de lectura y la apertura de librerías en las 10 entidades con menos recintos de esos tipos en relación con el número de sus habitantes. Asimismo, impulsar la creación de casas de cultura, museos, teatros y salas cinematográficas. El propósito no es desatender a otras entidades, sino sólo poner más cuidado en las peor dotadas, para atenuar de manera gradual las desigualdades.

Es importante que los nuevos recintos se ubiquen no sólo en las zonas con mayor número de habitantes sino en las que, al margen de su cantidad de pobladores, carecen de centros de cultura y de acceso a alguno próximo.

El Estado no podría hacerse cargo de manera exclusiva y excluyente de la tarea de ampliar la infraestructura cultural; es necesario buscar la colaboración y coparticipación social de los gobiernos estatales y municipales, de instituciones públicas y privadas y de las agrupaciones sociales relacionadas con cada rubro.

En concreto, en un programa amplio de cultura deben proponerse varios objetivos específicos. He aquí algunos:

1. Fortalecer la actividad de investigación, preservación y divulgación del patrimonio cultural del país. Apoyar, con actitud resuelta, las tareas que desempeñan en ese terreno las instituciones ya existentes, sus propuestas y las de los investigadores, para así mejorar el marco legal y material de sus actividades.

2. Fomentar y apoyar la preservación, desarrollo y difusión de las culturas populares e indígenas en comunidades rurales y barrios urbanos, buscando poner a su alcance medios de comunicación y la edición de testimonios de sus culturas. Apoyar el rescate de las culturas tradicionales para darlas a conocer en el país. Poner la cultura nacional y la universal al alcance de los grupos étnicos y los sectores que han estado marginados.

3. Estimular la creación artística por medio de programas de apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), el INBA y otras instituciones locales, al dar espacio a los propios creadores para que participen en el diseño y la toma de decisiones vía Consejos Consultivos con capacidad de gestión y toma de acuerdos, así como establecer mecanismos claros y accesibles para la propuesta y participación en programas y proyectos. Debe asegurarse que las becas y demás tipos de apoyo se distribuyan de manera equitativa y transparente, para que impulsen a los creadores en todo el territorio nacional y en todas las ramas de la creación cultural.

4. Impulsar la formación de un amplio sistema de educación e investigación artística y cultural, con el fortalecimiento de las escuelas que ya funcionan y la creación de otras nuevas que se distribuyan en todo el país.

5. Dado el carácter de interés público que tienen los medios de comunicación, es indispensable llegar a un acuerdo para que se otorguen espacios mínimos, aunque suficientes, para la difusión de la cultura; espacios al servicio de los creadores, pero cuya concesión sea administrada paritaria-mente por representantes de los propios medios y de los organismos encargados de la cultura en el ámbito federal, para su aprovechamiento más racional.

6. En paralelo se requiere promover y facilitar el otorgamiento de permisos para la operación de emisoras de radio y televisión comunitarias, educativas y culturales.

7. Otorgar un apoyo decidido a la producción, distribución y exhibición de películas mexicanas de calidad y fomentar, mediante festivales y otras actividades, la difusión del cine proveniente de otras naciones y que contribuya al conocimiento de su cultura y costumbres.

8. Auspiciar la lectura, muy escasa en nuestro país. Hay que fortalecer la infraestructura de bibliotecas, salas de lectura y librerías e impulsar la realización de ferias en todo el país, las cuales podrían convertirse en un punto de encuentro y volverse una vía para el desarrollo de la industria editorial.

9. Realizar coediciones económicas con las editoriales e instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, lecturas que acerquen a los niños a las obras de la literatura universal; libros que difundan el conocimiento científico y tecnológico; obras de calidad para el esparcimiento de jóvenes y adultos y ediciones que difundan nuestra historia, entre otras.

10. Pero la sola existencia de bibliotecas o la oferta de libros no genera la demanda: los lectores no se improvisan. Los medios masivos de difusión —televisión y radio— pueden servir para estimular el atractivo de los libros. Y, sobre todo, hay que fomentar entre los niños, que serán los adultos de mañana, el hábito de la lectura. Es parte de la calidad de la educación y sus resultados sólo se cosechan a largo plazo.

11. Alentar la formación artística de grupos de aficionados en las escuelas, barrios y centros de trabajo. Colaborar con agrupaciones de la sociedad y privadas en la formación de talleres y cursos en las distintas disciplinas del arte.

12. Promover campañas, programas culturales y publicaciones que difundan la cultura ciudadana contra la delincuencia, la corrupción y la violencia.

13. Promover entre los empresarios una conciencia de lo útil que resulta para la sociedad y para sus propias empresas la inversión en proyectos educativos y culturales que eleven el nivel de formación de sus trabajadores.

14. Combatir la falsa percepción de la ciencia como algo ajeno a la cultura. Emprender campañas de todo tipo que incluyan conferencias, publicaciones y talleres, para la divulgación científica y acerca de la relación que guardan la ciencia y la tecnología con la vida cotidiana.

15. Apoyar, por todos los medios posibles, la formación, permanencia y desarrollo de empresas culturales autogestivas en barrios, pueblos y colonias y promover las reformas legales necesarias para que se puedan desenvolver las sociedades mercantiles culturales que comercialicen productos tales como revistas, discos, videos y otros.

16. Convertir las principales plazas públicas del país en escenarios abiertos y gratuitos para la presentación permanente de espectáculos culturales de calidad, buscando, con la colaboración de artistas reconocidos, abrir espacios para los que no lo son tanto, pero tienen propuestas valiosas que difundir.

17. Desarrollar un programa permanente de actos cívicos y culturales encaminados a fortalecer la identidad nacional, los derechos humanos, la con-vivencia social armónica y el combate a todo tipo de exclusión.

18. Crear un Sistema Nacional de Apoyo a las agrupaciones de creadores y organizaciones civiles, constituidas para la difusión y promoción de la cultura, y promover la colaboración entre instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, sociales y privadas, de modo que se sumen esfuerzos en tareas comunes y se evite, en lo posible, el desperdicio de recursos y la duplicación innecesaria de iniciativas.

La cultura de un país es la suma de todo lo que constituye su visión del mundo. México es muchos Méxicos. En esa pluralidad reside nuestra riqueza. Lo sensato es reconocer ese múltiple despliegue de energía que se genera por todas partes, desde el poblado más remoto hasta la más alta institución de arte o de difusión cultural. Cuidar ese patrimonio con esmero será el objetivo esencial de un proyecto de nación orientado a rearticular e integrar lo más representativo de México, difundirlo hacia el exterior e incorporarle lo más valioso de lo que, en el ámbito de la cultura, se está generando en el mundo.

La transformación del país implica reunir dos condiciones básicas: un proyecto alternativo de nación y un equipo de gobierno auténticamente comprometido con el cambio.

El proyecto ayuda a sumar voluntades, a definir el rumbo y a precisar el ritmo y la profundidad de los cambios que demanda la sociedad. Para no caer en ocurrencias ni engaños, todo gobierno necesita claridad de propósitos: establecer prioridades, trazar estrategias bien definidas y fijarse metas de corto, mediano y largo plazos.

Un gobierno debe convocar a la esperanza, pero sin caer en falsas promesas porque terminaría enredado en su propia demagogia.

Si bien el proyecto es básico, un buen gabinete es imprescindible. Nada se logra sin la conducción y el trabajo de hombres y mujeres eficaces y comprometidos con un amplio programa de transformación nacional.

El ejemplo histórico más ilustrativo es el del gobierno del Presidente Juárez: en esa época, impregnada de principios, actuaron los hombres públicos, funcionarios y periodistas más inteligentes y consecuentes que haya tenido México. Los liberales eran políticos cabales que han sido considerados, con razón, como el grupo de ideólogos más brillante, tenaz y desinteresado que ha conocido nuestro país. Esos hombres que, según la expresión de Antonio Caso "parecían gigantes", lograron, bajo condiciones de suma adversidad, consumar la segunda independencia, restaurar la República y establecer las bases del nuevo Estado nacional.

El gran reto que significa transformar al México de hoy sólo podrá enfrentarse con un equipo integrado por hombres y mujeres con principios y con autoridad moral y política. Hombres y mujeres decididos a guiarse por valores más elevados que sus aspiraciones personales, capaces de en-tender que el poder sólo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se ejerce en beneficio de los demás.

La integración del equipo debe hacerse con un criterio incluyente, sin importar la filiación partidista, con el requisito del profesionalismo, la integridad y con el compromiso auténtico de trabajar por la transformación de México.

La austeridad republicana

Justo en 2006 se conmemorarán 200 años del natalicio del Presidente Benito Juárez. Uno, entre los muchos homenajes que debemos rendir a ese extraordinario hombre de Estado, es emular su ejemplo de austeridad y su convicción de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos.

En Apuntes para mis hijos Juárez cuenta cómo en Oaxaca, por vanidad y ostentación, los gobernantes tenían la mala costumbre de mantener guardias de soldados en sus casas y llevar, en funciones públicas, sombreros ostentosos. Textualmente, nos dice:

Desde que tuve el carácter de gobernador, abolí esta costumbre usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos, y viviendo en mi casa sin guardia de soldados y sin aparato de ninguna especie, porque tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares, propios sólo para los reyes de teatro.

La enseñanza mayor del presidente Juárez y de los liberales de su generación es que los funcionarios públicos no deben contar con fueros o privilegios ni disponer del erario en forma irresponsable. Los que gobiernan están obligados a conducirse sin ostentación ni derroche. El servidor público debe ser sencillo y actuar con sobriedad y sin presunciones.

En ninguna circunstancia, menos aun en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente.

La austeridad no sólo es un asunto administrativo sino de principios. La austeridad significa rigor y eficiencia pero también justicia. No es concebible un gobierno rico con un pueblo pobre.

De manera específica, proponemos la aplicación de una política de austeridad del Estado para reducir, en beneficio de la sociedad, el costo del gobierno.

En una primera etapa y, de acuerdo con un análisis que realizamos del presupuesto federal de 2004, podrían ahorrar-se 35 mil millones de pesos al año sin afectar, en lo más mínimo, las funciones sustantivas del gobierno federal.

Esta cantidad se obtendría con la reducción de salarios de altos funcionarios públicos, la desaparición de los bonos y la supresión de los cargos de secretario particular de las Direcciones Generales hacia abajo; además, deben eliminarse los puestos de secretario privado, ayudante y guardaespaldas (en este último caso, con excepción de aquellos servidores públicos que, por sus funciones, requieran seguridad).

También se debiera contemplar la estricta limitación de asesores por Secretaría, la reducción a la mitad en gastos de publicidad, la no adquisición de vehículos nuevos para funcionarios y la no autorización para remodelar oficinas. Deben limitarse los viajes al extranjero y disminuir el consumo de los servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, gasolina, rentas, viáticos y otras erogaciones.

Aquí conviene explicar nuestra experiencia en el manejo de la administración pública del Distrito Federal, cuyo criterio básico ha sido la reducción del gasto burocrático a fin de liberar recursos para la inversión productiva y el desarrollo social.

Se ha reducido el gasto corriente sin dejar de cumplir el compromiso de incrementar cada año el salario de los trabajadores en cuando menos dos puntos porcentuales por encima de la inflación.

En 2000, las partidas destinadas a Sueldos y Salarios, Materiales y Suministros, así como a Servicios Generales, sumaron 38 mil 849 millones de pesos. Este año alcanzarán la cifra de 44 mil 925 millones; es decir, si consideramos la inflación, se ha registrado una reducción del 4.8 por ciento en términos reales.

En contraste, en el 2000, el gasto destinado a obras públicas e inversión financiera fue de 10 mil 825 millones de pesos y este 2004, de 15 mil 519 millones. O sea, un 18 por ciento mayor en términos reales.

La construcción de obras públicas y el apoyo a los más necesitados se han logrado sin aumentar, irresponsablemente, la deuda del gobierno de la Ciudad. Contrario a lo que sostienen algunos —por falta de información o mala fe—, la tasa de crecimiento de la deuda ha disminuido: en el 2000 fue del 15 por ciento, en términos reales, y para este 2004 disminuye el 2.7 por ciento.

Asimismo, el costo del servicio de la deuda, como porcentaje del ingreso total, bajó del 5.4 por ciento en el 2000, al 3.7 por ciento en el 2003. Más aun: el endeudamiento neto, como porcentaje del gasto, pasó del 15.9 por ciento en 1996 y el 8.28 por ciento en el 2000, al 3.95 para el 2003 y este año sólo será del 0.64 por ciento.

Ninguna otra entidad federativa de México, de tamaño mediano o grande, puede mostrar este esfuerzo de reasignación de recursos hacia obras y apoyo a la sociedad.