Persistieron las violaciones de derechos humanos, en particular en el ámbito de los estados, donde la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos y el abuso del sistema judicial fueron habituales. El gobierno federal insistió en su compromiso de proteger y promover los derechos humanos en el plano nacional y en el internacional. Se propuso legislación con el fin de reforzar la protección de los derechos humanos en el ámbito de la Constitución y del sistema federal de justicia penal. Se elaboró un Programa Nacional de Derechos Humanos. La intervención federal para combatir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez continuó con un éxito limitado. Dos presos de conciencia fueron excarcelados después de pasar más de un año recluidos. Varios defensores de los derechos humanos fueron amenazados y tres periodistas fueron asesinados. No se logró más que un progreso limitado en el procesamiento de personas que habían cometido violaciones de derechos humanos en el pasado. La violencia política acompañó las elecciones locales en varios estados.

El gobierno federal presentó y apoyó iniciativas sobre derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y ante la Organización de los Estados Americanos. El gobierno cooperó abiertamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el análisis de la situación nacional, y se comprometió a tratar 400 recomendaciones formuladas por estas organizaciones que aún no habían sido abordadas.

La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y sus subcomisiones siguieron desarrollando un conjunto de iniciativas que incluían la armonización de la legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos. Se instrumentaron programas sobre la prevención y documentación de la tortura. Sin embargo, al no poseer el gobierno una mayoría suficiente en el Congreso, el avance en la mayor parte de los asuntos fue limitado y existían crecientes dudas acerca de la capacidad de las autoridades para lograr mejoras sustanciales. La mayoría de los gobiernos estatales continuó resistiéndose a adoptar reformas de importancia.

El Congreso carecía de compromiso para con las reformas en materia de derechos humanos. Pese a ello, con la aprobación de legislación habilitadora, se dio un paso más hacia la largamente demorada ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Senado reeligió al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un nuevo periodo de cinco años. Sin embargo, la falta de una consulta efectiva y transparente con las más destacadas organizaciones de derechos humanos socavó la credibilidad de la Comisión.

Los índices de delincuencia, particularmente el secuestro, hicieron que aumentaran las preocupaciones relativas a la seguridad pública en muchos sectores de la sociedad.

En octubre se celebraron manifestaciones a ambos lados de la frontera con los Estados Unidos con motivo del décimo aniversario de la Operación Guardián, iniciativa del gobierno estadounidense dirigida a restringir el flujo de migrantes ilegales. Según informes, esta operación había producido un número mayor de muertes, al tratar los migrantes de cruzar la frontera a través de zonas remotas y peligrosas.

Política y legislación sobre derechos humanos

En marzo y mayo el gobierno propuso reformas a la Constitución y al sistema de justicia penal, en parte para fortalecer la protección de los derechos humanos. Las propuestas, aunque contenían varios elementos positivos, no fueron objeto de una consulta adecuada y resultaron de menor entidad que las formuladas en las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular las de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe diagnóstico de 2003. Al terminar el año el Congreso no había hecho ningún progreso en el contexto de la aprobación de las reformas.

En diciembre el gobierno publicó su largamente esperado Programa Nacional de Derechos Humanos, concebido sobre la base de debates con varios sectores de la sociedad civil.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el estado de Guerrero libraron una campaña para conseguir que la “desaparición” se tipificara como delito en la legislación del estado. Al finalizar el de año el congreso del estado no había celebrado una votación sobre la propuesta.

Violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua

El gobierno federal siguió interviniendo para abordar la cuestión de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Aunque el número de casos denunciados fue menor que en años anteriores, se cometieron al menos 18 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y por lo menos 4 de ellos fueron acompañados de violencia sexual.

La fiscal especial federal para Ciudad Juárez nombrada por la Procuraduría General de la República revisó más de 150 investigaciones deficientes sobre los asesinatos llevadas a cabo por las autoridades del estado de Chihuahua. Por lo menos siete casos más fueron abordados directamente por la fiscal. Se encontró que en la conducta de por lo menos 100 funcionarios del estado que habían intervenido en las primeras investigaciones de estos delitos podía haber existido responsabilidad administrativa o penal por negligencia. Sin embargo, como la investigación de estos delitos les correspondía a las mismas autoridades del estado, existía la grave preocupación de que los responsables no fueran llamados a rendir cuenta de sus actos.

Los representantes de la Procuraduría General de la República continuaron desmintiendo la existencia de una situación de violencia contra la mujer en el estado y no intervinieron en absoluto en los casos ocurridos en la ciudad de Chihuahua. Por otra parte, no se llevaron a cabo reformas del sistema de justicia penal del estado que debían haberse puesto en práctica hacía mucho tiempo para abordar graves deficiencias en las prácticas judiciales y de investigación, como el uso de la tortura para extraer confesiones a los detenidos. La elección de un nuevo gobernador del estado hizo crecer una cierta esperanza de que finalmente se abordaría el problema.

• En octubre, Víctor Javier García Uribe fue condenado a 50 años de prisión por el asesinato de ocho mujeres en 2001, a pesar de la existencia de pruebas convincentes de que había confesado bajo tortura.

• En noviembre, Martha Lizbeth Hernández, de 16 años, fue violada y asesinada cerca de su casa en Ciudad Juárez. La investigación continuaba al terminar el año.

• En agosto, dos abogados, María del Carmen Grajales y Heriberto Gómez, que llevaban la defensa de un sospechoso de asesinato en Chiapas, fueron detenidos por la policía y acusados de falsificar pruebas. Los dos fueron puestos más tarde en libertad bajo fianza. Amnistía Internacional creía que la acusación contra ellos era una represalia por sus esfuerzos por demostrar que la policía había torturado a su cliente y había falsificado pruebas.

• La presión nacional e internacional logró que se retiraran los cargos contra dos ecologistas indígenas, Hermenegildo Rivas e Isidro Baldenegro, que habían sido detenidos en sus domicilios en Colorados de la Virgen, Chihuahua, en 2003.

• En noviembre, Felipe Arreaga, activista medioambiental que llevaba largo tiempo desempeñando su labor en las montañas de Petetlán, estado de Guerrero, fue detenido y acusado del asesinato del hijo de un jefe político local (cacique), cometido en 1998. Pese a que presentó pruebas que demostraban su inocencia, permaneció bajo custodia, ya que los testigos de cargo no comparecieron ante el tribunal. Amnistía Internacional creía que su procesamiento era una represalia por sus esfuerzos de proteger los bosques locales frente a la explotación maderera.

• En septiembre, un hombre que se presentó como miembro de la Agencia Federal de Investigación penetró en la oficina del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada en Ocosingo, estado de Chiapas, intimidó a los funcionarios y los amenazó con detenerlos.

• En septiembre el gobernador de Guerrero y un jefe militar de alta graduación hicieron acusaciones carentes de fundamento contra las organizaciones de derechos humanos con el propósito de socavar la legitimidad de su trabajo.

• La familia de Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos que murió en 2001, apeló contra una investigación de su muerte que llegó a la conclusión de que se había suicidado. Dos apelaciones fueron rechazadas por los jueces federales, a pesar de existir graves irregularidades en la investigación.

• En junio, el periodista Francisco Ortiz Franco fue abatido a tiros en Tijuana, Baja California, en presencia de sus hijos menores de edad. Cinco sospechosos, entre ellos un ex agente de policía, fueron detenidos en relación con el homicidio.

• Dos ex funcionarios fueron detenidos por la “desaparición” de Jesús Piedra Ibarra en 1975. Se dictó una orden de detención contra el ex director de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda.

• Un tribunal militar cerró el proceso contra el general del ejército Arturo Acosta Chaparro, acusado de la “desaparición” de 143 personas en Guerrero en la década de los setenta, por considerar que las pruebas en su contra ya no eran válidas y aceptar que los testigos oficiales de alto rango ya no podían recordar los hechos. El general permaneció en prisión por cargos penales no vinculados con los anteriores.

• La jurisdicción militar impidió que se progresase en la obtención de justicia para dos mujeres indígenas violadas por miembros del ejército mexicano en Guerrero en 2002. Los casos de estas dos mujeres estaban siendo estudiados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• En septiembre murió asesinada Guadalupe Ávila Salinas, candidata a la alcaldía de la comunidad de San José Estancia Grande, estado de Oaxaca. Según informes, su asesino fue el presidente municipal del partido gobernante, quien luego eludió la detención. Dos días después, en el municipio de Loxicha, Lino Antonio Almoraz fue asesinado en la víspera de las elecciones locales para las cuales había hecho campaña. Era miembro de la Unión de Pueblos Contra la Represión y Militarización de la Región Loxicha. Miembros de esta organización se encontraban entre las 40 víctimas de homicidios políticos ocurridos en Loxicha desde 1997, cuando numerosos grupos de la comunidad fueron detenidos y torturados, acusados de pertenecer a un grupo armado de oposición.

• En abril, una manifestación en la que centenares de miembros de la comunidad de Zinacantán, Chiapas, simpatizantes del movimiento político Zapatista, protestaban por el acceso al agua fue atacada por simpatizantes del partido que gobernaba en el municipio. Muchos miembros de la comunidad resultaron heridos, y muchos otros huyeron temporalmente de sus casas ante el temor a nuevos ataques, y no regresaron hasta varios días después.