En distintos momentos de la historia y en países y circunstancias diferentes, han ocurrido periodos de auténtica locura colectiva. Largas secuencias de decisiones y actuaciones que todo el mundo reconoce como absurdas, que, sin embargo, nadie puede detener. Situaciones de sinrazón a las que, empero, todo el mundo contribuye, a pesar de tener plena conciencia de su equivocación. Autores como Barbara W. Tuchman (La marcha de la locura: la sinrazón desde Troya hasta Vietnam ) han documentado varios de esos episodios inexorablemente absurdos, que eventualmente han ocurrido en el mundo, y que se presentan como la consecuencia irrevocable de una serie de intereses enfrentados, que acaban arrastrando a distintos actores racionales a cometer verdaderas tonterías.

Para explicar esas conductas, no hay más racionalidad que la del cálculo de corto plazo, la del imperativo de cada día, impuesto por las redes de intereses que se atrapan a sí mismas. Redes que dejan de ser una metáfora académica para convertirse en una realidad tangible: auténticas trampas a la inteligencia. Pero tan ciertas y tan poderosas que los mismos individuos que ayer parecían brillantes y admirables por su lucidez, hoy se muestran como párvulos incapaces de tomar una decisión sensata, o siquiera de formular una explicación política plausible.

Así está ocurriendo con los dineros que utilizan los partidos políticos mexicanos para competir entre ellos. A estas alturas de nuestra transición política, ya no conozco a nadie que no admita, en público y a voz en cuello, que las carretadas de dinero que se están usando para las campañas y las precampañas son injustificables. Los dirigentes y los candidatos saben que esa dinámica de nuevos ricos está ofendiendo a la sociedad y está minando la ya de suyo escasísima credibilidad que les queda a los partidos políticos. Y saben también que la consecuencia de esa tontería es la vulneración irremediable de nuestra democracia apenas construida.

También saben que el exceso es contraproducente: que hay un momento en el que la gente aprecia que el modo de obtener dinero y la forma de gastarlo se han salido de control, y comienza a preguntar, a indagar y a desconfiar. Saben que llueve sobre mojado: ningún partido ha salido ileso de los escándalos que se han gestado alrededor de esa locura, y todos han tenido que pagar costos muy altos por haberla cometido. Y sin embargo, lo siguen haciendo, absurda y obsesivamente.

El Partido Revolucionario Institucional pagó un costo altísimo, de dimensiones históricas, por el llamado Pemexgate . Es probable que solamente la derrota electoral del año 2000 le haya causado más dolores de cabeza que aquella maniobra financiera. Y, sin embargo, su campaña en el estado de México se ha convertido en un barril sin fondo. En el último número de larevista , Alejandro Almazán documenta gastos cuya suma produce grima.

Nadie podría llamarse a engaño: no es la primera vez que los medios se interesan por los gastos de una campaña estatal del PRI, como bien lo sabe el mismísimo presidente de ese partido, ni es tampoco la primera vez que se enfrenta a la fiscalización de las autoridades y de la sociedad. Ha experimentado con creces los costos que deben pagarse después por seguir esa conducta, tanto en términos de legitimidad política como de eficacia electoral. Y, no obstante, lo siguen haciendo.

El Partido Acción Nacional fue protagonista de un escándalo internacional con el caso de Amigos de Fox. Pagó una multa altísima por permitir que Vicente Fox estableciera una millonaria estructura paralela para financiar sus gastos de precampaña y de campaña. El descubrimiento de la forma en que ocurrió esa operación y los múltiples actores que se vieron implicados durante la investigación les causó también daños irreparables de opinión y de credibilidad política. Fue además, la primera vez en la historia de México en que un presidente de la República en funciones se veía directamente involucrado en una operación contraria a la legalidad vigente, sancionada por autoridades del Estado. Y, sin embargo, no sólo han autorizado montos multimillonarios para las precampañas con las que seleccionarán a su siguiente candidato, sino que han vuelto al método del financiamiento privado, basado en la construcción de redes tan amistosas como comprometedoras. Es decir, han multiplicado por cuatro el riesgo de que se repita el caso de los Amigos de Fox.

Y el PRD se ha visto envuelto en escándalos constantes por usar sus propias redes de amistades y sus muy singulares métodos de presión política y de empleo de los espacios públicos, para obtener financiamiento adicional al que le concede el Estado. No obstante, se siguen documentado casos en los que se prueba que esas prácticas siguen vigentes. Ese partido vivió además, hace apenas unos meses, fracturas graves en su estructura interna, como consecuencia del uso excesivo y discrecional de los dineros a su alcance. No fueron otros, sino ellos mismos quienes formularon acusaciones en contra de sus propias dirigencias, que acabaron en expulsiones y rupturas lamentables.

El partido que dice defender "la honestidad valiente", ha estado tanto como los otros, o más, bajo el escrutinio y la condena de los medios y de la sociedad, por sus excesos financieros y por utilizar muy dudosos métodos de financiamiento. Y a pesar de todo, siguen haciéndolo.

Por otra parte, los diputados de esas tres fuerzas políticas han coincidido en la necesidad de reformar la ley electoral para moderar, así sea gradualmente, los montos de financiamiento que reciben los partidos para sus campañas. Han aceptado, además, que las precampañas deben regularse y que el acceso a los medios de comunicación debe alejarse de negociaciones y de arreglos no siempre confesables, pues ambos vacíos perjudican a todos y a la democracia en su conjunto. Y también han admitido que el IFE necesita mayores facultades y mejores medios para fiscalizar el dinero que el Estado les entrega a los partidos para hacer política. Pero esas iniciativas no han pasado a votación.

Por si todo eso fuera poco, ni siquiera hay evidencia "dura" que pruebe que gastar más dinero en las campañas y las precampañas equivalga a obtener más votos o al menos a consolidar redes estables de poder político. Más dinero para los partidos significa, en cambio, más intereses comprados, más corrupción y más gente que vive alrededor de esos aparatos gigantescos. Más y mejores rentas para quienes no saben ya hacer otra cosa. Y más problemas para todos. Pero no más votos, ni más lealtades, ni mucho menos convicciones democráticas.

Es, literalmente, una locura colectiva. Un capítulo más para el libro de la profesora Tuchman. Uno más de los muchos que podría aportar la historia política de México.

Profesor investigador del CIDE

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