El destino más lamentable que puede caber a una transición es perder las ventajas relativas del sistema autoritario precedente y multiplicar a un tiempo los vicios que lo hacían condenable. Peor todavía es trasladar los ejes del poder a dominios por entero ajenos al interés público. Rendir las potestades remanentes del Estado a las fuerzas que conspiran contra su integridad.

Para evocar el lenguaje aristotélico: descendemos a la plutocracia por la vía de la demagogia sin habernos instalado en la democracia.

Como si la clase gobernante padeciera un edipismo incurable que la hiciese depender de una fuerza y de un dictado superiores a sus propias capacidades.

Huérfanos del poderoso Leviatán en que habitaban, las dirigencias políticas recurren a la majestad del dinero en tanto referente común y escudo protector de sus notorias incompetencias.

Hace unos días, esa caja registradora de subsidios y de votos en la que están convirtiendo al IFE descorrió el velo de las prerrogativas: los partidos políticos dispondrán durante el año 2006 de una bolsa total establecida en 4 mil 913 millones de pesos, esto es, cerca de 440 millones de dólares; cifra superior sin duda, en términos absolutos y relativos, a cualquier otra erogada en la historia por un gobierno para sostener a los contendientes en una elección. Ciertamente ofensiva, en el país de la desigualdad social y de la anemia fiscal.

Semejante inflación presupuestal no ha sido fruto del azar ni del regateo. Se trata de una estrategia deliberada para transformar un sistema de partido hegemónico en otro, de dinero hegemónico, mejor adaptado a los vientos de la globalización.

Cualquier avance democrático suponía la separación orgánica del partido gobernante respecto del aparato del Estado; pero como la intención no era dejarlo a la intemperie, se le entregó en dote una tajada considerable de recursos públicos. La oposición terminó aceptando la parte proporcional que le correspondía conforme a criterios mínimos de equidad, con el riesgo de que nuestro naciente pluralismo desembocara en la sustitución de un régimen de partido de Estado por otro, de alternancia entre tres partidos de Estado.

Ocurre sin embargo que la lógica de la privatización es implacable y termina siempre colocando los bienes públicos al servicio de intereses privados. En este caso, la incalificable pemisiblidad de la ley, ha propiciado la transferencia de cuantiosos recursos fiscales a las cadenas de radio y televisión por cuenta de la publicidad política. Se ha instaurado así una suerte de subasta del poder, en la que los fondos públicos son apenas la postura de base y los márgenes de la competencia están determinados por el flujo de los dineros privados. Como quien dice, los apostadores de la política juegan en un costoso palenque construido por el Estado.

Según el monitoreo de EL UNIVERSAL publicado ayer, los precandidatos han erogado en los primeros escarceos y sin control alguno 456 millones de pesos. Si consideramos el tiempo que todavía falta para la definición de los candidatos y las agresivas y prolongadas campañas constitucionales que nos aguardan, podríamos estimar en cuando menos 10 veces los recursos privados que van a derrocharse en relación con los que se han gastado hasta ahora; al punto que duplicarían el monto de los fondos públicos y tendríamos una erogación total cercana a los 10 mil millones de pesos. Tan inverosímil como altamente riesgoso para la continuidad de la República.

No sólo asistimos al vaciamiento ideológico de la política, sino a la manipulación despiadada de la soberanía popular por aquellos que aspiran a suplantarla. La sustitución de las propuestas y programas por la desmesura de la chatarra electrónica corresponde puntualmente a la ausencia de proyectos de gobierno.

En el extremo, los candidatos no aspiran a gobernar sino a administrar los intereses a los que se han previamente sometido. ¡Mi reino por un spot!, parecieran clamar desde su impotencia.

Los poderes fácticos se han erigido en árbitros del acontecer político como consecuencia de la abdicación de los partidos.

En vez de haber parlamentarizado el régimen presidencial, como aconsejaba la necesidad de construir mayorías estables, se ha presidencializado el Congreso por vía de la supeditación de los grupos parlamentarios a los caudillos. Así, cada pequeño ejército bloquea a las huestes de su adversario y, entre todos, empantanan el proceso legislativo hasta anular la posibilidad de que la Ley vuelva a ordenar la vida de la nación.

En la circunstancia, la Asociación Nacional para la Reforma del Estado ha emprendido un último esfuerzo para que se introduzcan reformas de emergencia en la legislación electoral, dirigidas a corregir vicios, paliar excesos y hacer efectiva la fiscalización de los gastos de partidos y candidatos. Aun hay tiempo para ello, ya que el artículo 105 de la Constitución sólo obliga a la promulgación y publicación de leyes electorales "por lo menos 90 días antes de que se inicie el proceso en que vayan a aplicarse", disponiendo explícitamente que podrá haber "modificaciones legales fundamentales" hasta antes de que ese proceso comience, lo que ocurrirá el próximo primero de octubre.

Hemos sido enfáticos en que no hay por ahora pacto político ni "acuerdo de civilidad" valedero que no implique el compromiso de introducir esas reformas electorales, así como otras que se antojan indispensables para incrementar los espacios de gobernabilidad del país y de autonomía del Estado. No hacerlo sería a todas luces irresponsable, pero demarcaría además los territorios de la complicidad en que se degrada la vida política nacional. Determinaría, en última instancia, la legitimidad misma de los comicios.

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