Aunque es un tema reiterado hasta la náusea y plagado de críticas y advertencias, nadie ha logrado conmover a quienes toman las decisiones políticas del país. Me refiero al dinero que México está dedicando al financiamiento de los partidos políticos y a las perversiones que esos recursos están produciendo en nuestro régimen democrático.

Alguien me preguntaba si ya no era posible hacer nada para impedir ese despropósito. La única respuesta que se me ocurrió entonces, y que reitero ahora, es no cansarse de repetir los argumentos en contra de la vigencia de ese sistema que está corrompiendo cada vez más a la joven democracia de México.

De acuerdo con la información publicada el jueves y el viernes pasado en las páginas de este diario, el IFE ha aprobado un proyecto de presupuesto para el 2006, que asciende a 12 mil 920 millones de pesos. De ellos, 4 mil 926 millones se destinarán a financiar las actividades de los partidos y el resto a la operación del órgano electoral.

Esa misma información nos dice que el tope para gastos de campaña de la elección presidencial podría ascender a 640 millones de pesos: 24% más que en el año 2000. Y nos dice también que los tres partidos más grandes tendrán recursos de sobra para llegar a ese elevadísimo tope, si así decidieran hacerlo: el PRI recibirá poco más de mil 265 millones; el PAN, más de mil 146 millones y el PRD, 744 millones.

En cambio, el resto de los partidos no tendría recursos públicos suficientes para ir tan lejos: solamente el Partido Verde podría alcanzar eventualmente ese tope, si lograra combinar el dinero público con las aportaciones privadas. Pero el resto, en ningún caso alcanzaría a gastar tanto dinero, a menos que violaran las reglas del juego.

En contrapartida, el gasto operativo del Instituto Federal Electoral seguiría siendo prácticamente el mismo que en el año 2000, a precios constantes, si no se hubieran agregado los más de mil millones de pesos necesarios para organizar el voto de los mexicanos en el extranjero durante el 2006.

Pero a esas cifras, todavía habría que sumar los recursos que emplearán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Servicio Postal Mexicano y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para tener un panorama más o menos completo de los dineros públicos que México destinará a la organización de los comicios del año siguiente.

La primera distorsión que producen esas cifras está en la comparación entre los recursos utilizados por los partidos y los que se asignan al IFE. Es un lugar común afirmar que el órgano electoral gasta en exceso: más que todos los partidos políticos juntos.

Y ese argumento sirve, en cada proceso electoral, para defender los montos asignados a los partidos y, de paso, para criticar y eventualmente disminuir los asignados al IFE. Pero es un argumento falaz. El órgano electoral mexicano no solamente reúne funciones que en otros países están distribuidas entre muy diversas dependencias, sino que además tiene que ceñirse a una estructura operativa y a un conjunto de procedimientos puntuales que se desprenden literalmente de las leyes electorales.

Seguramente el IFE podría ser mucho más austero en su operación cotidiana, pero el ahorro que esa austeridad generaría sería en todo caso marginal respecto de los gastos a los que está definitivamente obligado.

Por ejemplo, más de la mitad de su presupuesto se invierte en el Registro Federal de Electores que, en México, ha sustituido en la práctica al esfuerzo que hacen otros países para expedir una cédula nacional de identidad. Y en el año electoral, el IFE debe poner en acción a un vasto ejército de profesionales y ciudadanos que operan de modo autónomo, mientras que en la mayor parte del mundo esos recursos humanos provienen generalmente de las oficinas de los gobiernos.

Además, en el IFE opera un servicio profesional de carrera, cuya existencia garantiza con creces la eficacia en la organización de las elecciones. Y si a todo eso se suma la miríada de candados y sistemas de vigilancia y control creados para conjurar los fraudes electorales, se verá que el margen de maniobra para reducir los gastos del IFE es prácticamente nulo. Si se quisiera disminuir ese monto, tendrían que cambiarse las leyes para proponer nuevos procedimientos electorales, a riesgo de quebrar la confianza que ese sistema ha ganado hasta ahora.

En cambio, el dinero asignado a los partidos en su conjunto no tiene más propósito que financiar sus actividades políticas. Son formas privilegiadas de distribuir rentas estatales: subsidios públicos que se distribuyen con el único objeto de conservar y legitimar el poder que ya tienen.

No importa cuántos argumentos se utilicen para justificar esos montos: el dinero público destinado a los partidos políticos representa un obsequio del Estado para que sigan conquistando voluntades a favor de sus causas. Y eso, sin contar los recursos adicionales que reciben de todas y cada una de las entidades federativas, cuya contabilidad se maneja por separado. Los partidos reciben dinero para financiar la política y pueden gastarlo como mejor les parezca.

Si alguna vez tuvo sentido que esos dineros fueran tan altos, fue porque los partidos que se oponían al PRI reclamaban condiciones equitativas para luchar por los votos, y porque éste contaba con el respaldo de todo el aparato estatal. El origen de esos montos enormes estuvo en una perversión de puro pragmatismo político: para evitar que el gobierno siguiera desviando recursos a las campañas del PRI, había que destinar cantidades muy grandes; y para impedir que ese partido ganara antes de competir, había que otorgar cantidades equivalentes a los demás.

Pero si otorgar esas cantidades gigantescas fue, en su momento, una decisión estratégica para equilibrar una competencia que partía de una situación desigual, hoy ese supuesto de transición ya no tiene vigencia. Tras una década de existencia de las nuevas reglas del juego, ya no existe ninguna razón legítima para seguir destinando partidas de esa magnitud. Acaso la única razón para sostener esos montos ya no es sino la costumbre al dinero fácil a la que se han habituado las burocracias enormes que sostienen a cada partido político.

No es, ni remotamente, un asunto trivial: los partidos se han vuelto burocracias muy bien pagadas por el Estado, mediante un procedimiento en el que ellas mismas son juez y parte. Burocracias pesadas que, en años electorales, repiten obsesivamente la rutina de gastar sus dineros en la compra compulsiva de espacios en radio y televisión, para convertir las campañas en una competencia entre grandes organizaciones multimillonarias que compiten por colocar un producto entre consumidores de imágenes cada vez más distantes.

Los recursos públicos que alguna vez sirvieron para promover la transición a la democracia, hoy se han vuelto la causa más evidente de la corrupción partidaria y del deterioro de la calidad de nuestros procesos electorales. Es lamentable, desde cualquier punto de vista.

Profesor investigador del CIDE

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