En vísperas de entrar a la discusión del Presupuesto federal para el año 2006, es previsible que la deliberación tenga lugar sobre la base tradicional de que la cobija tiene una dimensión y debe alcanzar para todos los rubros de gasto público e inversión. Lo que no se ha considerado, a pesar de que se ofreció como promesa de campaña por Vicente Fox, es la racionalidad y efectividad del gasto para generar un verdadero beneficio nacional.

Con ello ha quedado, nuevamente, rezagado el estudio de la eficiencia y productividad de la administración pública que debe llevar a conclusiones tan lógicas como el saber qué áreas, actividades y funciones de la administración pública son susceptibles de eliminarse sin efecto negativo en la prestación de servicios, y qué otras no sólo podrían, sino deberían eliminarse, por estar duplicadas, incluso triplicadas.

Algo se hizo suprimiendo algunas subsecretarías que habían crecido como hongos en la presente administración (40 menos); una cantidad significativa de directores generales y directores generales adjuntos (92), secretarios particulares (563), asesores (219), mandos medios y personal operativo (11 mil 845). Con todo esto y con el programa anterior de retiro voluntario (49 mil 263) la verdad es que en conjunto no se refleja en el costo de la nómina del gobierno foxista, que se inició con un monto anual de 392 mil 121 millones y, para finales del año pasado, ya alcanzaba la cifra de 517 mil 895 millones de pesos. Si a esto le agregamos los 23 mil 500 millones erogados en el programa de separación voluntaria, podemos concluir que lo que no ha habido en este sexenio ha sido el respeto a la confianza del pueblo en el manejo de los recursos públicos.

En el lenguaje administrativo a esto se le llama eufemísticamente "ineficacia" o "improductividad". En términos claros y buen español, debe decirse que es un fraude porque las cantidades gastadas en exceso, habiéndose reducido numéricamente la planta de personal, con seguridad se explican por el pago abusivo e ilícito de sobresueldos que se están entregando en los altos cargos de la burocracia.

En el terreno de las funciones duplicadas e inútiles se pueden enumerar no menos de 50 que, de depurarse, significarían una reducción de la mitad de los presupuestos que mantienen entidades parasitarias que no sólo son inocuas para la administración, sino lo peor es que trastornan y hasta obstaculizan las relaciones intrasecretariales agregando trámites que no sirven para nada y que afectan el costo de operación de la administración y lesionan la economía del ciudadano. En estas áreas de atrofiamiento administrativo deben contarse los variados programas de ayuda al campo o a la producción rural que, empezando por la Alianza para la Producción y sus múltiples proyectos, cuestan más en tiempo y costo de operación que lo que se le traslada al productor agrícola final en supuestos subsidios o beneficios que, en lo que va del año, ha significado un desplome de 2.4% en el PIB del sector agropecuario.

Todo ello se traduce en la paradoja de que, a mayor presupuesto, menos resultados (la tramitología que se requiere para la obtención de apoyo es una carga injusta para el campesino que implica un costo directo y otros ocultos, con doble daño para la población más pobre).

Como botón de muestra se debe citar en el sector salud a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), que no sólo duplica las funciones de las contralorías federales e internas de cada institución donde se prestan servicios médicos, y a las que puede acudir cualquier paciente afectado por mala atención profesional y hospitalaria sino, además, porque el alto costo de su burocracia (acentuada en el departamento jurídico donde mantienen varios abogados de baja estofa, para defender a la comisión de las constantes demandas que interponen los usuarios engañados) constituye el caso típico en donde la supresión de un organismo como éste no sólo supondría un ahorro que, destinado a mejor suministro de medicamentos en los hospitales públicos, acarrearía, de inmediato, beneficio a millones de personas, sino además se acabaría como rémora de los tiempos en que se guardan las apariencias, sin servir finalmente para nada.

A cinco años de distancia para efecto del balance, debe anotarse en el pasivo el capítulo de simplificación administrativa y desregulación que tanto se propaló. La existencia de una comisión con este cometido resultó igual de inútil que la de Arbitraje Médico porque sus resultados son simplemente inexistentes. Se había ofrecido reducir los trámites y decisiones discrecionales para evitar la corrupción. Lejos de ello, la realidad no nos dejará mentir que la relación con el gobierno es cada día más difícil y costosa para cualquier ciudadano común y corriente.

Se suponía que ingresarían a la burocracia los mejores administradores, técnicos y operadores de la iniciativa privada. Se dijo que los head hunters seleccionarían a los más calificados ejecutivos, con lo que se evitaría la rotación del personal de alto nivel.

La cruda realidad ha sido muy distinta, porque si bien se inundó la esfera pública con estos mánagers, el resultado ha sido desastroso no únicamente por la improvisación y cambios descabellados en muchos delicados cargos, sino además porque la nueva clase política encontró la fórmula para hacerse rica reduciendo personal e incrementándose sus jugosas percepciones.

Diputado federal (Convergencia)

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