Durante la mayor parte de su existencia como república, México ha tenido en realidad una doble vida. Un amor inconfesable le ha minado las entrañas: la monarquía.

Adictos al boato de corte y a la parafernalia que reviste el imaginario imperial -básicamente todo su sostén-, la clase política mexicana en sucesivas reencarnaciones ha desarrollado el talento que se requiere para interpretar candorosa e hipócritamente la fidelidad a los principios republicanos.

Dos veces, después de que la civilización indígena fue cancelada, se ha revelado en todo su frenesí la tendencia a la monarquía de las élites de nuestro país, primero con Iturbide y luego con Maximiliano. Aunque las dos tentativas fracasaron, prácticas reminiscentes imperativas quedaron impresas en el código genético de la clase gobernante mexicana.

De ellas, el derecho de sangre ha sido central en la reproducción de la clase gobernante, cuyo ejercicio acota la circulación de las oligarquías en el poder y su consecuente, siempre sana, renovación.

A lo largo de la historia de México, el acceso al poder público estuvo reservado a un sector refractario, .cerrado, de familias que cuidaban con celo la inviolabilidad de la puerta de entrada.

Traspasar ese umbral implicó, la mayoría de las veces, el asalto violento al poder y, conquistado, el enriquecimiento necesario para adquirir el respeto del grupo dominante predecesor y con oportunidad vincularse a ese clan por la vía del matrimonio que, por lo general, suponía cierta fusión de intereses económicos.

Como se trataba de un proceso que para completarlo requería de al menos una generación, los periodos más prolongados de estabilidad social fueron los propicios para integrar a un mayor número de linajes a la corriente sanguínea privilegiada, a veces en la misma medida en que se des incorporaban otros: el juarismo después de la República restaurada, el porfirismo, los gobiernos pos revolucionarios del siglo xx -señaladamente el alemanismo- fueron los ciclos más adecuados. Por ejemplo: las familias porfiristas venidas a menos, que en los años cuarenta despreciaban a la nueva clase político-empresarial del alemanismo, una década más tarde buscaban para sus hijas enlace con aquellos advenedizos.

El régimen pos revolucionario fue particularmente ingenioso al institucionalizar la renovación sexenal que, aunque parcial, ponía en marcha el proceso por el que nuevas familias podían acceder al privilegio de ser candidatas a emparentar con la aristocracia.

Si, como ha dicho Enrique Krauze, México vivió una presidencia imperial, entonces cada estirpe que se apropiaba de la presidencia se convertía en la familia real, cuya descendencia implementó el derecho a reclamar del Estado favores y posiciones. En cada estado del país se repitió el modelo y los señores estatales generalmente provenían de la corte central.

Con esa lógica, los grupos familiares no se hacían llamar, por ejemplo, liberales; se denominan a sí mismos lerdistas, porfiristas, callistas, obregonistas, cardenistas, alemanistas, salinistas. Y dichos linajes a la vez establecían compromisos -cuando no los tenían- con las familias detentadoras del

poder económico.

Al margen de su nombre oficial -Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario institucional-, las diversas cepas de la clase gobernante posrevolucionaria se denominaron "la gran familia revolucionaria", como si se tratara de la mafia siciliana, eslabonadas por lealtades y relaciones patrimoniales. Pero no era una hipérbole, sino una puntual descripción. Su patrimonio, nada menos, era el poder.

De 1964 a 2000, el periodo de mayor pluralización de los órganos del Estado mexicano, mientras el PRI siguió siendo el espacio de convivencia de esos grupos, en el PAN podía encontrarse a descendientes de funcionarios callistas y obregonistas; en el PARM a dirigentes provenientes de militares de esas dos últimas ramas; en el PPS a personeros que se desprendieron del movimiento obrero oficial. El PRD fue fundado por un descendiente de una de las casas reales de provincia, aunque provenientes de la izquierda; y el Partido Verde provenía de la casa fundada por un miembro distinguido de la "familia revolucionaria", Emilio Martínez Manautou.

En el interior de los partidos políticos diferentes al PRI se reprodujo el sistema de éste: un grupo de familias controló la mayoría de posiciones de dirigencia y las postulaciones a cargos de elección.

Los espacios se abrieron: primero la cámaras federales y locales, después las gubernaturas. Por una ley intrínseca de este sistema, llegó el día en que, como ejemplo emblemático, el hijo de Genaro Borrego Suárez, fundador del PAN en Zacatecas, terminó dirigiendo el comité nacional del PRI, en tanto que Fernando hijo de Eduardo Elizondo, gobernador priísta de Nuevo León, fue nombrado secretario de Energía en la presidencia panista de Vicente Fox.

De 1988 en adelante, partidos como el PRD, el Partido Verde y el Partido del Trabajo abrieron a su vez las postulaciones a personajes ajenos a sus núcleos. Como todo sistema, éste también tenía una ventaja: el personal político, formado en el seno mismo del poder -guardadas las proporciones en cada nivel: partidista, estatal y federal-, contaba con elementos para su ejercicio, desde conductas hasta relaciones.

Con ese primer desplazamiento comenzó un proceso de pauperización de la clase política, cuya escasa estatura tenía también su origen en el largo y sostenido impedimento para la movilidad de esas élites. Desde porros hasta vendedores ambulantes o cocineras alcanzaron de pronto posiciones legislativas, alcaldías, senadurías.

Pero este sector tradicional optó por intentar hacer valer su derecho de sangre, y aun familias provenientes del espectro político de la izquierda comenzaron a extender su poder procurando posiciones a cónyuges y familiares. Cuestión de cultura política, parece difícil extirpar ese "derecho" que apenas en 1991 esgrimió Porfirio Muñoz Ledo al manifestar su ambición de gobernar Guanajuato.

Ahora bien, muchos de los miembros de estas familias ciertamente han sido grandes personalidades, trabajadores esforzados, constructores de instituciones, aunque también los ha habido holgazanes, ladrones, usureros y corruptos.

Pero el cuestionamiento no estriba en eso: lo verdaderamente importante es la igualdad de oportunidades en el acceso al poder, en un país que presume democracia desde 2000, pero en el que sigue prevaleciendo el derecho de sangre.

Cada miembro de estas familias asegura que jamás ha tratado de hacer valer su apellido en una asamblea, en una postulación. Pero no es necesario: la inercia, el contexto y los vacíos e instrumentos legales apuntalan el cumplimiento de ese hecho.

Si hay familias panistas con más de cincuenta años en el Poder Legislativo, priístas con siete u ocho gubernaturas en la familia, o partidos como el Verde, en el cual el hijo hereda directamente del padre la dirigencia de ese organismo; si en cada Estado de nuestro país hay uno, dos o más mandamases que heredaron el puesto dirigente a sus hijos, sin duda que todo ello no se ha reproducido en una realidad social equilibrada.

La existencia de esos hechos implica la inexistencia de un cabal orden democrático. La transición cultural de México a la democracia es aún asignatura pendiente, urgente.

ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ Valle de México, primavera de 2005.

Tomado de DERECHO DE SANGRE, Historias familiares del poder público en México.