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Las primeras giras electorales fueron realizadas por Francisco I. Madero en 1910, las cuales se interrumpieron por su encarcelamiento. Derrocado el gobierno de Díaz, Madero reanudó sus giras en 1911 para ganar en las urnas lo que ya había ganado con las armas. En 1917 Carranza fue presidente de la República mediante el voto, pero como era el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, apenas si puede decirse que hizo campaña. Fue Obregón quien en 1920 inauguró la etapa de las campañas electorales, pero tuvo que interrumpir la suya para no ser aprehendido bajo la acusación de rebelión que le lanzó Carranza para tratar de imponer a su candidato Bonilla. A partir de entonces, hacer campañas ha sido práctica de todos los candidatos a puestos de elección popular.
Antes de la fundación del Partido Nacional Revolucionario PNR, las campañas electorales independientes al grupo gobernante culminaron con el asesinato, el fusilamiento o el destierro de los candidatos presidenciales, y con heridos y muertos en las urnas. Fue por medio de este partido que se encontró la manera de asignar los puestos políticos de manera pacífica, aunque conforme a una democracia “sui géneris” dirigida por el presidente de la República. Tras la experiencia de la dictadura de Díaz que durante más de treinta años realizó periódicamente elecciones, el grupo gobernante veía con desdén la “democracia electoral”, a la que consideraba mera forma si no existían bases económicas, sociales y culturales que hicieran posible la libre y verdadera expresión del voto ciudadano; creía que la Constitución tenía un carácter programático, es decir, de aspiración para el futuro que se estaba construyendo y que la verdadera democracia, basada en el mejoramiento constante del pueblo, vendría como resultado de la transformación del país; temía el regreso de la reacción al poder si hacían elecciones completamente libres porque curas y demagogos de derecha podrían ilusionar al pueblo pobre, ignorante y desinformado; pensaba que la legitimidad de su partido prácticamente único, se hallaba en su origen revolucionario y en los fines de desarrollo popular, nacionalista e independiente que perseguía e iba logrando; asimismo, justificaba la represión selectiva o la derrota por cualquier medio de los opositores como una manera de evitar perjuicios mayores a los intereses nacionales. Así, se conformó un partido basado en una organización corporativa, en el virtual monopolio de los medios masivos y en políticas gubernamentales sociales que beneficiaban a las grandes masas, algunas de las cuales fueron degenerando en populistas y clientelares.
La lucha por el poder se daba antes de la designación de candidatos y una vez descubierto el "tapado" (la persona favorecida con la candidatura), el partido movilizaba, pasivamente, grandes masas del electorado hacia las urnas para que refrendaran con su voto la decisión tomada en la cúpula; además, los comicios se manejaban desde el gobierno con el apoyo de una burocracia politizada. La centralización del poder determinaba que las campañas relevantes fueran por los puestos ejecutivos, particularmente las gubernaturas y la presidencia de la República, dotadas con mayor capacidad para distribuir beneficios concretos a grupos e individuos particulares de la población.
Las campañas desempeñaban diversas funciones políticas: difundían la buena imagen de candidatos designados cupularmente; recogían selectivamente las demandas populares y de las élites locales; permitían a los candidatos conocer la problemática de la división electoral respectiva, relacionarse con los poderes reales de la misma y reclutar posibles colaboradores; y fomentaban el culto cívico nacional y regional como una forma de legitimar al gobierno establecido; en suma, trataban de lograr la aceptación y el apoyo popular para que los candidatos pudieran gobernar, más que el objetivo concreto de ganar el voto de los electores, de modo que la emisión del sufragio durante la jornada electoral, se convertía en simple trámite cuyo resultado era completamente previsible.
Las campañas se diseñaban fundamentalmente con criterios geográficos y simbólicos, por lo que no era excepcional la visita de los candidatos a poblados relevantes por su pasado histórico o muy apartados, aunque fuera mínimo su rendimiento electoral, pero que expresaban el ejemplo a seguir o el propósito de atender a los más marginados.
Las estrategias implícitas eran la comunicación interpersonal de mensajes abstractos patrióticos, de redención, de unidad y de bienestar popular, con los cuales difícilmente se podría estar en desacuerdo. Desde esta perspectiva, se percibía al electorado diferenciado en campesinos, obreros y clases medias; asimismo se daba cierta consideración especial a la juventud y a la mujer. Los mítines, las reuniones, los desayunos, las comidas, las visitas domiciliarias, los saludos al paso, las bardas, los pasacalles, los carteles, etcétera, eran los medios principales de hacer campaña. La radio con cierta frecuencia y escasamente la televisión eran medios complementarios.
La gente acudía a los candidatos con la esperanza de resolver problemas particulares y recibía con entusiasmo sus ofrecimientos. Ocasionalmente los cuestionaba, pero sólo para cerciorarse de “que ahora sí” las promesas se cumplirían. El tono festivo y optimista de los actos de campaña daba gran atractivo a la presencia de los candidatos, pues la gente recibía promesas, diversión y propaganda utilitaria, además de que podía participar en espectáculos musicales, rifas, comelitones, ferias, verbenas y hasta carreras parejeras, según la región, los recursos disponibles y la imaginación de los organizadores.
Así, la mayoría de las campañas electorales del partido en el gobierno eran ritualistas hasta antes de 1988. Sin embargo, periódicamente, surgía con fuerza la oposición por el desprendimiento de facciones del mismo grupo en el poder, pero no ponía en riesgo al mismo. No obstante, éstas fracturas reflejaban la creciente pluralidad de intereses que resultaba de una sociedad más urbana, educada, informada e insatisfecha con el predominio de un mismo grupo, así como el planteamiento de soluciones radicales de izquierda y de derecha, tanto por la vía de las armas, como por la subversión de las instituciones creadas por los gobiernos revolucionarios. Como resultado del nuevo contexto el partido en el poder empezó a ver menguada su votación y a incrementarse la fuerza de los partidos de oposición. Para dar cauce al cambio político inevitable se fueron realizando una serie de reformas, como los diputados de partido para abrir la Cámara a las minorías, el voto a los 18 años en vez de a los 21 (otorgado después de la matanza de estudiantes en 1968), la representación proporcional para otorgar presencia en los poderes legislativos a las oposiciones y el registro de nuevos partidos de ideologías antes excluidas.
En 1988, tras la adopción de políticas de ajuste económico, de privatización, de desregulación y similares, que reducían la intervención del Estado y acrecentaban la hegemonía del mercado globalizado, una apertura urgida por los organismos y corporaciones trasnacionales para invertir e introducir sus productos al país, el partido en el poder perdió su legitimidad original y algunas de las condiciones que le aseguraban de antemano el triunfo electoral. Un nuevo desprendimiento del PRI fue capaz de aglutinar a los sectores inconformes y la elección presidencial fue muy reñida, cuestionada y según el propio expresidente Miguel de la Madrid, hasta perdida por el PRI. Al año siguiente, en 1989, por primera vez la oposición, el PAN, ganó un gobierno estatal, el de Baja California. Y finalmente, tras perder el PRI la capital de la República en 1997 a manos del PRD, en el año 2000 la alianza del PAN y el PVEM, relevó al PRI en la presidencia de la República. Así, a lo largo de los setenta años de su historia, el partido en el poder pasó de cuasi único a hegemónico, de hegemónico a dominante y de dominante a mayoritario. Las campañas, antes ritualistas, se convirtieron en un instrumento importante del triunfo electoral, como lo demostró la victoria del candidato presidencial Vicente Fox.
En el ámbito internacional, con la desaparición del bloque soviético, la democracia electoral se convirtió en el modelo único de democracia y las campañas fueron adoptando el estilo norteamericano basado en la investigación científica del comportamiento electoral, el uso de complejas técnicas de propaganda y el empleo intensivo de la televisión. La industria norteamericana de la democracia extendió su acción a los nuevos mercados que se le han abierto, como México. Las campañas basadas en el máximo contacto personal posible entre candidatos y electores mediante prolongadas giras que llegaban a los más recónditos lugares, cedieron su lugar principal a la radio y a la televisión. La consecuencia inmediata de estas prácticas ha sido un encarecimiento inusitado y creciente del costo de las campañas, resultado de que los candidatos pudientes basan su triunfo en la propaganda masiva, intensiva y extensiva sin reparar en su costo porque cuentan con financiamiento público y privado sujeto a escasos y débiles controles; por eso no es de extrañar que el factor más relevante del triunfo en la mayoría de las últimas elecciones ha sido el económico; así el poder económico es utilizado para adquirir poder político, que a su vez servirá para aumentar el poder económico y volver a ganar más poder político, en un proceso sin fin que conduce a la concentración de todo tipo de poder en unas cuantas manos, de modo que hoy nos estamos acercando más a la plutocracia que a la democracia, caracterizada justamente por la descentralización del poder.
Otras consecuencias importantes se derivan del uso preponderante de la televisión: la despolitización y trivialización de la política que fomenta en las masas y que las aleja de la participación política efectiva a la que siempre ha aspirado la democracia; el nulo vínculo, compromiso y responsabilidad de los candidatos con sus electores que ya sólo establecen vínculos virtuales y despersonalizados; el aumento del poder económico y político de los dueños del duopolio televisivo que reciben la mayor proporción del dinero gastado en campañas; la posibilidad de fabricar popularidad, fama y prestigio suficientes para ganar una elección, para candidatos improvisados y escaladores que sólo lucran con la organización de agrupaciones y partidos políticos, así como con los puestos de representación popular; la oportunidad que ofrece a los políticos de abandonar otras formas de comunicación política más democráticas y menos costosas, pero más difíciles, laboriosas y comprometedoras; la facilidad que presenta a los partidos de abandonar sus deberes permanentes de organización y educación política de las masas y restringir su papel fundamentalmente al manejo del financiamiento público, a la nominación de candidatos, a la contratación de especialistas en “marketing “ y a la compra de medios publicitarios.
El predominio del factor económico en el triunfo electoral crea una inequidad incompatible con la democracia. El uso de la televisión en las campañas debe ser regulado para que rinda su potencial informativo y persuasivo, pero en favor de una democracia participativa que estimule el conocimiento político y el actuar ciudadano reflexivo y responsable. Sin embargo, restar peso a los recursos económicos y a la televisión en el logro de la victoria electoral parece imposible a corto plazo porque no conviene a los intereses particulares de todos los que se benefician de esta forma de hacer campaña, que consume importantes recursos públicos que podrían ser mejor empleados y que no parece eficaz para promover la asistencia de los ciudadanos a las urnas, ni contribuir a que los votantes elijan a los mejores candidatos.
Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino |