En repetidas ocasiones hemos insistido en este espacio sobre lo que para muchos parecía una exageración o una teoría difícil de cumplir: el cambio en la jerarquía de los poderes en México.

Es decir, que los poderes fácticos como la televisión y la radio han dado forma a una perversión institucional en donde la eficacia de los poderes del Estado, el acceso al poder por la vía electoral y la representación popular parecen secuestrados por el imperio de la comunicación masiva y el rating que no por la información y el debate de ideas, en donde los dueños de los instrumentos de comunicación y rating son más poderosos que los propios poderes del Estado.

Por obra y gracia de la comunicación y el rating, de las imágenes y mensajes de televisión y la radio, en muchos casos se construyen o destruyen candidatos a puestos de elección popular, liderazgos; se frenan o aligeran las decisiones de los poderes, se construye una candidatura presidencial y hasta se somete a tal o cual gobierno, sea municipal, estatal o federal.

Y si bien en tiempos recientes se han producido notables excepciones como el derrumbe de la candidatura presidencial de Santiago Creel Miranda a pesar del ofensivo dispendio en televisión, lo cierto es que los medios electrónicos de comunicación se han vuelto poder, sobre todo ante los debilitados poderes del Estado cuyas funciones han sido suplantadas por los poderes fácticos.

Y el mejor ejemplo lo vimos el pasado lunes cuando el poderoso consorcio privado de multimedia, Televisa, dio un gigantesco paso en el desplazamiento de los poderes del Estado, en la ocupación de un lugar en las instituciones del mismo, al proponerse como el fiscal en la transparencia de los gastos de campaña de los candidatos y partidos que competirán en la contienda presidencial de julio de 2006.

Televisa y el Instituto Federal Electoral formaron un convenio de colaboración en donde el gigante de la multimedia en castellano se compromete a difundir, en tiempo real, los gastos de campaña de los candidatos y los partidos que paguen spots en sus pantallas y frecuencias.

Ahora resulta que la buena voluntad, que el altruismo democrático y electoral de Televisa parecen destinados a suplir obligaciones de instituciones fundamentales en materia electoral como el IFE es el caso de la transparencia y la fiscalización de los gastos de campaña, cuyo consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, gustoso dio la bienvenida al gesto de altruismo electoral de Emilio Azcárraga Jean, el presidente de Grupo Televisa.

Pero el asunto no se quedó en eso, sino que la mañana de ayer martes el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, llamó a los empresarios de la radio y la televisión para firmar un acuerdo similar al pactado entre el IFE y Televisa, "que ayude a transparentar el dinero de las campañas electorales y para evitar el dinero oscuro en ellas".

Seguramente serán muchos los que verán como altamente positivo que Televisa lleve la iniciativa de abrir sus cuentas sobre la facturación de partidos y candidatos a puestos de elección popular en la contienda federal de julio de 2006.

Y en efecto, se trata de un gesto que habla de la preocupación del Grupo Televisa por transparentar el gasto de las campañas en mensajes transmitidos en las pantallas y las frecuencias de ese grupo. Y también podría resultar saludable que todos los concesionarios de televisión y radio se sumaran a ese altruismo político electoral. Pero también es cierto que se trata de un engaño discursivo bien planeado y mejor presentado por los estrategas comerciales del Grupo Televisa, que en el fondo intenta consolidar la nueva jerarquía del poder que detenta el poderoso grupo multimedia. ¿Por qué?

Primero hay que recordar que los concesionarios de la televisión y la radio fueron no sólo los mayores impugnadores a la reforma que propuso el Senado de la República para regular el uso de televisión y radio en tiempos electorales, sino que esos concesionarios en realidad echaron abajo dicha reforma que, entre otras cosas, pretendía que la contratación de espacios en esos medios la realizara el IFE, a precios castigados y en condiciones equitativas, para evitar que se repitieran casos de rebase de tope de campañas y el uso de dinero ilegal, como en los escándalos de Amigos de Fox y Pemexgate. La presión de los concesionarios hizo fracasar esa reforma porque, entre otras cosas, les significaba acabar con la más escandalosa transferencia de recursos públicos a empresas privadas.

Los tiempos electorales y el cuantioso gasto de candidatos y partidos en televisión y radio son, para los concesionarios, una de las más importantes fuentes de ingresos, que son seguros, programados y garantizados por el dinero público. Un negocio redondo y seguro.

Pero además, al convertirse en el órgano privado fiscalizador del gasto de los partidos en televisión y radio, los concesionarios como Emilio Azcárraga Jean garantizan que el poder de los medios electrónicos se consolide como un poder fáctico, que en buena medida controla y domina a los poderes del Estado.

Por otro lado, el altruismo político electoral de Azcárraga Jean es una medida estratégica para desactivar las opiniones de quienes desde la academia y la ciencia política insisten en el papel pernicioso de la televisión en las contiendas electorales. Es decir, que si hoy Televisa hace transparente el gasto de partidos y candidatos en televisión y radio, y si mañana el resto de concesionarios se suman a esa iniciativa, se habrá desmontado una de las más severas críticas al gasto de las campañas, que es el gasto en televisión y radio.

Pero ese, el del gasto de candidatos y partidos en televisión y radio, es sólo una parte, acaso la menos perniciosa, para los procesos electorales. El problema de fondo es que con el desmedido uso de televisión y radio en tiempos electorales se favorece la comunicación a secas, el reinado del rating, pero se excluye la información, el debate, la confrontación de las ideas y las propuestas de los candidatos.

Si Azcárraga Jean, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y el resto de los concesionarios estuvieran verdaderamente preocupados por transparentar procesos electorales como el de julio de 2006, se habrían comprometido a no transmitir spots electorales y a organizar sólo debates entre los presidenciables, incluso con el dinero que cuestan los spots. Ese cambio ya se dio en la Comunidad Europea, en donde las leyes electorales de una buena parte de los países que la integran prohíben los spots y sólo permiten los debates.

Pero en México el partido político o candidato que tiene más dinero puede pagar más spots, puede ganar en popularidad e imagen, pero la sociedad no gana en información y menos en ideas y propuestas claras de gobierno. Y a pesar de que los concesionarios transparenten los gastos de candidatos y partidos, esos medios siguen manteniendo el control de los medios que construyen popularidad y rating, y por tanto mantienen un poder que está por sobre los poderes institucionales. Y ese es el problema. Lo demás es demagogia.