ACASO el fenómeno más importante en las últimas décadas es la presencia de los medios de comunicación y, en especial, de la televisión en la vida de las naciones. Es tan marcada esta presencia que los conocedores en la materia han afirmado que los medios electrónicos están cambiando el comportamiento de las sociedades.

Giovanni Sartori, en especial, en su libro Homo Videns ha subrayado que hoy el mayor peligro al que se enfrenta la democracia es, precisamente, el poder televisivo. Lo es porque la democracia tiene como elemento fundamental al individuo racional (homo sapiens) en tanto que la televisión está modificando esa racionalidad primigenia para convertir al individuo en un espectador impávido (homo ludens); le está quitando la capacidad de crítica y discernimiento.

Por ese motivo el tema de los medios de comunicación y, en especial, la legislación que los regula es un tema que atañe centralmente a todos. Una sociedad que aspira a consolidar el proceso de democratización, tiene que poner cuidado en que la normatividad respectiva no sufra distorsiones producto del embate del poder económico y político de las empresas que controlan la televisión. No podemos aceptar que, como en el estado de naturaleza de Baruch Spinoza descrito en su Tratado Político, estado en el que brilla por su ausencia un poder común, cada cual convierta el poder fáctico que posee en un derecho semejante a su potencia.

Digo esto porque ahora que están en el tapete de la discusión pública las reformas a la ley de radio y televisión así como a la ley de telecomunicaciones, el Poder Legislativo se ha visto sometido a las presiones y a los "cabildeos" de Televisa. Aquí el prurito ha sido que todas estas actividades de persuasión desplegadas por los personeros de la empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, son un trabajo desempeñado dentro de la legalidad y las formas ya establecidas por democracias consolidadas como la de Estados Unidos.

Se evoca a la libertad y a la capacidad de negociación que una empresa privada puede desarrollar ante uno de los tres poderes de la Unión para que las reformas a la normatividad respectiva sean aprobadas según los deseos de ese poder particular. Y es aquí donde está el meollo del asunto porque si se desea poner al día la normatividad sobre los medios electrónicos de comunicación, el debate no debe plantearse ni en la cúpula ni en los corrillos del poder, sino abrirse a una discusión pública más amplia que involucre a otros actores antes de que el Senado ratifique la minuta que le fue transmitida por la Cámara de Diputados.

Hoy que hablamos tanto de democracia y que estamos inmersos en las campañas políticas que culminarán el próximo 2 de julio, hemos de decir que la democracia electoral es una de las facetas de ese régimen político pero otra de enorme relevancia es la llamada democracia deliberativa por medio de la cual las cuestiones de interés nacional se abren a un público amplio que esgrime razones y no intereses para tratar de encontrar la mejor alternativa para todos y no para proteger o acrecentar los privilegios ya existentes en la cúpula del poder y del dinero.

Estamos viendo cómo aquella distinción de esferas que forjó la modernidad está convirtiéndose, peligrosamente, en una nueva confusión. Me refiero al "arte liberal de la separación", como lo llamó Michael Walter entre los poderes económico, ideológico y político. Pues bien, ése es el desafío que está presentando el poder televisivo a la sociedad en su conjunto: con base en su capacidad de penetración en la conciencia de la gente, ha acumulado un enorme poder económico y está desplazando de manera cada vez más descarada su accionar hacia las instituciones del Estado. Se sabe que, cuando los tres poderes se funden en uno solo, allí comienza la muerte de la democracia y comienza el nacimiento de la autocracia. Por eso, hoy más que nunca hay que hacer un llamado a la opinión pública y no a la opinión televisada para que tome cabal conciencia del problema que se está planteando para todos y se tomen cartas en el asunto tanto desde la dimensión que compete a la autoridad pública como en lo que atañe a la sociedad civil mexicana.

En vista de que aquí no parece haber, como lo dejó establecido Jürgen Habermas, uno de los grandes escritores contemporáneos en torno del tema de la opinión pública, una condición fundamental de la democracia que es la "autolimitación" de los intereses en juego para no confundir las esferas de acción, hay que dar la batalla enarbolando lo que el propio Habermas, apoyándose en Gurevich y Blumer, denomina las tareas que los medios de comunicación de masas deberían cumplir, éticamente, en los sistemas políticos estructurados en términos de estado de derecho.

Dicho de otra manera: el siguiente es un listado de lo que los medios de comunicación, y específicamente la televisión, deberían hacer para cumplir con su responsabilidad social de acuerdo con una ética pública específica. 1. Vigilancia sobre el entorno socio-económico, informando sobre el desarrollo que probablemente repercutiría, positiva o negativamente, en el bienestar de los ciudadanos; 2. Establecer una buena configuración del orden del día, identificando los asuntos claves de cada día, incluyendo las fuerzas que les han dado forma y que tienen capacidad para resolverlos; 3. Configurar una plataforma para una defensa inteligente e iluminadora de la sociedad frente a las cuestiones que fueren esgrimidas por parte de los políticos o por parte de los portavoces de otras causas y de los portavoces de grupos de interés; 4. Fomentar el diálogo a todo lo ancho de un espectro variado de puntos de vista, así como entre las personas que ocupan posiciones de poder (en la actualidad o prospectivamente) y el público de a pie; 5. Crear mecanismos para hacer que quienes ocupan o han ocupado cargos públicos den cuenta de cómo han ejercido el poder y, en especial, cuál ha sido su trato con los intereses mediáticos; 6. Fijar incentivos que empujen a los ciudadanos a aprender, a escoger, a implicarse y no a limitarse simplemente a seguir y a contemplar insensiblemente el proceso político; 7. Plantear una resistencia de principio contra los intentos de parte de fuerzas externas a los medios de subvertir la independencia, integridad y capacidad de éstos para servir a su público; 8. Favorecer un sentido de respeto por cada miembro del público, en tanto que potencialmente concernido y capaz de buscar y dar un sentido a lo que ve en su entorno político.

Lo que apunta Habermas es, por un lado, que conforme tales principios se orientan, por un lado, el código de los medios de comunicación y la autocomprensión ética de la actividad de esos medios y, por otro, la organización de una prensa, radio y televisión verdaderamente libres por vía de un derecho concerniente. Lo principal es lograr la independencia de la esfera política y la conciencia de los ciudadanos frente a los poderes empresariales que manejan la televisión.

Por desgracia, todavía hay una fuerte imbricación entre el videopoder y los intereses y prácticas establecidos por el viejo sistema oligárquico, es decir, tratar los grandes asuntos en el marco del elitismo más rampante.

Un gobierno democrático, por el contrario, debe desmantelar el cuello de botella evolutivo que obstaculiza la formación de una televisión verdaderamente democrática y que le sirva al país en la construcción de una etapa histórica diferente.

Ciertamente, es el momento de hacer una revisión a fondo de la legislación vigente. Y dada la importancia de la materia, esa revisión debe ser pausada y a ella se debe convocar a más participantes que los que han estado hasta ahora envueltos en la trama.

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Director del Centro de Investigaciones en Humanidades del ITESM-CCM

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