Lo malo es que se sigue planteando, por tirios y troyanos, que la solución de la crisis la debe ofrecer el mismo instrumental normativo que la generó. En otras palabras, se pide que la causa de la crisis se convierta en la solución para la crisis. Esta tesis equívoca sólo contribuirá a profundizar una situación que todavía puede ser peor.
No soy partidario de una nueva Constitución; empero, una posible salida para la crisis consiste en un pacto constitucional que nos permita adoptar, con urgencia, reformas a la estructura y al funcionamiento del poder. Lo que vivimos es la crisis de un modelo constitucional presidencialista, que no da para más. Si el Tribunal Electoral recuenta o no los votos, y si declara presidente a un candidato o a otro, o a ninguno, el resultado será el mismo: más crisis. Esto es algo que todos sabemos, así no todos lo digan, y no está en manos del tribunal evitarlo. Nadie podrá hacer responsable al tribunal de lo que pasará después de su decisión, porque no fueron siete jueces mexicanos los que crearon las deplorables condiciones políticas que padecemos.
Hay una presión excesiva y desproporcionada sobre el tribunal. Se exige que la buena justicia resuelva lo que generó la mala política, y se espera que los jueces compongan en semanas lo que estropearon los políticos en años.En este sentido, los magistrados pueden resolver con tranquilidad, porque sea cual fuere su decisión, la crisis no pasará, pero su ahondamiento tampoco será atribuible a ellos.
Independientemente de la decisión judicial, es necesario emprender el camino para devolver la confianza al país a través de un nuevo pacto constitucional. Es posible que existan muchas agendas para integrar ese posible pacto, pero no es sensato que los dirigentes políticos nacionales se sigan rehusando a abordar esa responsabilidad, pese a que sí eludieron hacerlo durante la campaña y en los años precedentes.
El pacto constitucional debe incluir los aspectos que han aflorado como los más vulnerables: un sistema presidencial decrépito, un sistema representativo inoperante, un sistema electoral incompleto y un sistema de partidos corrupto. Este conjunto de sistemas presenta deficiencias que potencian recíprocamente sus efectos negativos.
México no puede dar un paso al vacío y convertirse en un país sujeto a la ley del más fuerte. En este momento la disyuntiva consiste en que triunfe el poder establecido, o venza el poder de la calle. Ambos extremos dejan subsistentes las causas de la crisis porque ninguno corresponde a un compromiso de renovación institucional. Hablar actualmente de preservar la salud de las instituciones es un eufemismo. Poco hay que conservar y sí mucho que cambiar. Lo importante es actuar cuando todavía es posible avanzar hacia la democracia constitucional y no hacia nuevas variantes de la atávica autocracia nacional.
Las posiciones irreductibles hacia las que ha derivado la crisis política enfrentan a los agentes políticos y escinden a la sociedad. Ya no es únicamente una cuestión entre partidos y candidatos; es cada vez más un asunto que estraga la convivencia entre los mexicanos. Cualquier acuerdo para disponer de mayoría en el Congreso será insuficiente y precario si no se basa en la Constitución.
Lejos de menguar, acrece la animosidad entre las partes en conflicto. Es impensable esperar la rendición voluntaria de cualquiera de ellas, y es inviable que el vencedor, que alguno habrá, gobierne sin entenderse con el derrotado. Sólo un pacto constitucional puede ofrecer garantías para que unos triunfen sin arrogancia y otros cedan sin vergüenza, y para que la sociedad tenga un referente compartido que la cohesione.
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Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Cuando hace más de un año se advertía que México caminaba hacia una crisis política, se consideraba que era una opinión pesimista. Pues bien, ya estamos en esa crisis que se consideraba imposible, y ahora la cuestión es cómo salimos de ella. 