El escándalo desatado por las grabaciones entre el diputado priísta Emilio Gamboa, el ex senador priísta y ahora gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, con el megacomerciante Kamel Nacif, es la punta del témpano de la corrupción de la mayoría de la clase política y empresarial mexicana. Ciertos medios radiales y televisivos suavizaron el contenido profundo de la revelación al destacar sobre todo lo ilegal de las grabaciones y lo inmoral de su recurso en la disputa política; ocultaron así la ilegitimidad de los supuestos representantes populares que se dedican a la promoción de intereses particulares mafiosos.

Si lo anterior es muestra de la dudosa calidad moral de ciertos miembros del Poder Legislativo, deberemos atender al contenido social de las próximas leyes a aprobar, pues como se ha repetido hasta la saciedad, el gobierno de Fox no cumplió con sus promesas electorales porque no se aprobaron las reformas estructurales, como la fiscal, la energética y la laboral, soslayando que el problema radicó en la orientación privatizadora y pro monopólica de las primeras y excluyente de derechos laborales de la última. No fue sólo una mala comunicación entre el Ejecutivo federal y el Legislativo, como también se señaló de forma reiterada.

El Poder Judicial no sale bien evaluado si nos atenemos a la actuación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, durante el intento de desafuero de AMLO, o ahora con el señalamiento de su labor de "convencimiento" a los miembros del Tribunal Electoral para que fallaran contra el recuento total de votos o la anulación de la elección presidencial, utilizando argumentos juridicistas que convenientemente dividieron el largo proceso electoral donde el antes, durante y después no tuvieron relación, así como las causales de impugnación del proceso; por ejemplo, el protagonismo electoral presidencial y empresarial no tuvo un nexo de causa/efecto en el resultado final de la votación, pues se argumentó que no había instrumentos de análisis para medir esas y otras causales, pero sí para llegar a una conclusión definitiva. Magia jurídica.

Sobre el poder presidencial ni qué decir, no sólo se ha caracterizado por violar la legalidad electoral sino por hacer un conjunto de declaraciones alucinantes que han creado lo que muchos analistas han llamado Foxilandia: se han creado empleos suficientes y bien pagados, la pobreza extrema ha disminuido, la seguridad pública se ha fortalecido, la masiva migración ilegal es positiva, la corrupción gubernamental y privada es cosa del pasado, el estado de derecho se ha consolidado, los derechos humanos se han ampliado, la economía se ha dinamizado, se avanza hacia un acuerdo migratorio con EU, la cooperación y coordinación antinarcóticos está en su mejor nivel, el intercambio comercial bilateral se ha mantenido sin controversias, etcétera. Es inmoral desde una perspectiva cristiana o laica decir tantas mentiras a los gobernados y más considerando el mar de desigualdades sociales, económicas y culturales en el que sobrevive la mayoría de la nación.

Salta el tema de la legitimidad de los órganos de gobierno y de las instituciones del Estado mexicanos. ¿Es posible seguir gobernando con tales déficits de legalidad y moralidad públicas y por tanto de legitimidad? Por ejemplo, Calderón como presidente designado, ¿sirve de algo que pida al IFE preservar las boletas electorales por el tiempo que sea posible?, para "contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos", cuando debería haberle solicitado la entrega de las boletas a los ciudadanos que las han requerido para recontarlas. No destruirlas no significa dar acceso a las mismas. Calderón parece estar más interesado en legitimarse con la opinión pública internacional que con la nacional con ese desplante de "transparencia electora", cuando de hecho la confusión lo exhibe como un despistado o un cínico al estilo Fox.

Dos problemas nacionales consiguió poner la coalición Por el Bien de Todos al centro del futuro debate político: la expansiva pobreza estructural y la impostergable reforma de las instituciones del Estado. Cómo se resolverán estos y otros dilemas dependerá de cómo se gobierne o cogobierne, con base en "vicios privados, virtudes públicas", o con el ejemplo, con moralidad consecuente y transparente, legalidad argumentativa y no discursiva, y legitimidad creciente y participativa. Esto es válido tanto para el gobierno federal por venir como para el Frente Amplio Progresista en formación.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Profesor investigador de la UAM-A

© Copyright El Universal-El Universal Online