El gobierno que inicia mañana será de minoría. El Presidente y su partido carecen de un apoyo mayoritario en el Congreso. Se trata de un rasgo que no es coyuntural, puesto que el presidente Fox vivió en la misma situación, pero que vale la pena subrayar porque en el imaginario público e incluso entre muchos analistas no alcanza a tener la centralidad que merece. No se trata de un adjetivo más para un gobierno, sino de una cualidad más que relevante, esencial.

Bastaría comparar la situación en la que llega el presidente Calderón al gobierno y en la que llegó (digamos) el presidente De la Madrid para ilustrar el giro radical en el que transcurre la política. Retomo los datos que elaboró María Amparo Casar: en 1982, el Presidente obtuvo el 74.3 por ciento de los votos, su partido tenía el 100 por ciento de los senadores y el 74.7 de los diputados. El 100 por ciento de los gobernadores eran del PRI, contaba con el 76 por ciento de los diputados locales y el 97 por ciento de los presidentes municipales. ¿Alguien se extrañaba porque Giovanni Sartori ejemplificaba con México el tipo de sistema de partidos hegemónico pragmático? Hoy, Calderón obtuvo el 35.9 por ciento de los votos; su partido tiene el 40.6 por ciento de los senadores y el 41.2 por ciento de los diputados; el 25 por ciento de los gobernadores, el 26.7 por ciento de los diputados locales y el 17.95 por ciento de los presidentes municipales. ("Nuevo mapa del poder político", en Nexos 344, agosto 2006. p. 43).

Esos datos (claros, contundentes, inescapables) hablan de una distribución del poder en México impensable hace apenas 20 años. Se trata de un producto del exitoso proceso de transición democrática que remodeló la vida política del país. Esa distribución no está en duda, esa nueva realidad es del tamaño del Océano Pacífico y solamente se le puede pasar por alto en el terreno de la retórica o peor aún desde un voluntarismo ciego.

El Ejecutivo tiene entonces la posibilidad de ejercer todas sus facultades, pero (y éste es un pero mayúsculo) para llevar adelante muchos de sus proyectos de reformas constitucionales y legales, para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto, para nombrar embajadores y al procurador general de la República (entre otras), requiere del apoyo del Poder Legislativo. Y de partida no lo tiene. Y ése es un hecho político sobresaliente, crucial.

La aritmética democrática es elemental pero contundente. Si un gobierno y su partido (o coalición) tiene una mayoría absoluta de legisladores que acompañe su gestión, puede, en principio, gobernar en solitario. Pero si un gobierno carece de la misma, está obligado a construirla, con el único método que se conoce para ello: la negociación.

Desde esa perspectiva, hubiese sido lo mejor la construcción de una coalición de gobierno entre dos o más partidos, capaz de sostener un programa, una serie de reformas legislativas y un modo de operación de las mismas. Y en esa perspectiva la edificación de un gabinete de coalición podría haber sido parte del pacto. No un gobierno al que sólo se incorporan militantes destacados de otros partidos, no un acuerdo epidérmico sobre temas marginales, sino un gobierno de coalición que es fruto del acuerdo entre partidos políticos diferentes y que los obliga a trabajar de manera conjunta en los muy diversos espacios del quehacer político (destacadamente en el ámbito legislativo).

Pero esa opción o no fue considerada o no pudo llevarse a cabo (no lo sé). Lo que sin embargo está a la vista es que el clima para la construcción de la misma no era el más propicio. Una extrema polarización entre el PAN y la coalición Por el Bien de Todos, y un PRI que se vuelve estratégico y que al parecer cree que lo mejor para ellos es mantenerse de manera permanente como el fiel de la balanza. Además, los partidos de nuevo registro no alcanzan a ser decisivos para la forja de una mayoría absoluta. Y si a ello le sumamos la tradicional desconfianza y mala prensa que tienen los acuerdos entre partidos, la ilusión de que los gobiernos no deben ceder porque se debilitan (como si la situación no los colocara en esa tesitura) y que la oposición no debe pactar porque beneficia al gobierno y ella se deslava, entonces se comprenderán las dificultades que una auténtica coalición de gobierno tiene entre nosotros.

De tal suerte que el nuevo gobierno estará obligado a buscar y construir acuerdos puntuales, lo que significa que las coaliciones podrán ser duraderas, intermitentes o cambiantes, lo que agrega un grado de dificultad mayúscula a la gestión de gobierno. Sólo en el terreno de las reformas constitucionales el PAN tiene capacidad de veto, es decir, que no se podrán llevar a cabo sin su concurso. Pero cualquier modificación o creación de leyes ordinarias podría hacerlas avanzar la oposición incluso sin la participación del partido del Presidente.

En los últimos años el país configuró una serie de pesos y contrapesos en las instituciones estatales. Ello es una muy buena noticia luego de décadas de una Presidencia todopoderosa que mantenía subordinados al resto de los poderes constitucionales. El reto ahora es que esa fragmentación del poder no lleve a la parálisis institucional. Porque si antes teníamos alta gobernabilidad (en su sentido estrecho, entendida como la capacidad para hacer avanzar las iniciativas de gobierno) y una sumisión y obediencia de los poderes a la voluntad presidencial; hoy que contamos con un equilibrio entre los poderes del Estado, es necesario recuperar mayores grados de gobernabilidad.


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