Palacio Nacional

En el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008, los que suscriben: Poderes Ejecutivos Federal y estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, hemos decidido firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia.

Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos.

El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras. Superar esta situación no es una tarea fácil ni rápida.

Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, problemas desatendidos a lo largo de décadas.

Esto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. En muchos casos la delincuencia ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias enteras y comunidades.

El desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario poner un alto al crimen y a la inseguridad que se han incrementado a lo largo de los años y que minan el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. La sociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de manera decidida al crimen en todas sus expresiones.

Por ello, es necesario establecer un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil.

Un acuerdo que reconozca la integralidad de la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública y, como ha sido planteada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que contemple políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia, y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación.

Para ello se debe partir de las siguientes premisas:

1. La política de seguridad es una política de Estado.

2. La coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, es condición indispensable para garantizar la seguridad pública.

3. Cada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de gobierno debe hacer la parte que le corresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo a las metas y a los tiempos acordados.

4. El Acuerdo debe sumar de manera fundamental a los ciudadanos, a la sociedad civil y a sus organizaciones más representativas, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas.

5. De la misma manera el éxito del Acuerdo requiere de la participación responsable de los medios de comunicación para que en el marco de la libertad de expresión se promueva la cultura de la legalidad, la denuncia y participación ciudadana, la prevención de adicciones y la transparencia de las acciones de las autoridades.

6. Cada compromiso particular suscrito por los firmantes del Acuerdo deberá ser del conocimiento de la sociedad y deberá incluir mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación.

7. Es necesaria la participación de una instancia ciudadana con amplio respaldo público y social, para que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de gestión.

8. El Acuerdo debe tener una vigencia de largo alcance que trascienda la temporalidad del encargo de quienes lo suscriben.

Hoy más que nunca, se debe consolidar a la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos –a las autoridades y a la sociedad– y los una en un frente común contra la violencia y la criminalidad. Esa causa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas o sociales, porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la Nación por recuperar las condiciones de seguridad.

Al mismo tiempo, resulta impostergable la actuación coordinada entre todas las autoridades, en el marco del federalismo, de una actuación conjunta que asuma como premisa fundamental la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.

Durante los últimos meses, se han realizado esfuerzos institucionales conjuntos para poner un alto a la acción del crimen organizado. Se están tomando medidas para fortalecer la capacidad del Estado y se realiza un esfuerzo para dotar a las fuerzas del orden con tecnología de punta y sistemas de información e inteligencia policial con el objetivo de garantizar de manera más efectiva la seguridad pública.

Además, gracias a la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, hoy contamos con un nuevo marco legal propicio para dar un renovado impulso a los procesos de reestructuración de las instituciones de seguridad y justicia.

Este momento brinda al Estado y a la sociedad la oportunidad de establecer un acuerdo que tiene un carácter eminentemente nacional, que incluye una amplia participación y compromiso de todos los actores.

En él se establecen acciones y metas concretas, tiempos precisos de ejecución, así como los responsables para cada uno de los compromisos. Quienes suscriben este documento reconocen que el éxito de este Acuerdo exige fortalecer la capacidad financiera del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, y en consecuencia un realineamiento en las prioridades presupuestales. Demanda también un ejercicio mucho más escrupuloso y transparente de los recursos destinados a tal fin en todos los poderes y órdenes de gobierno.

El acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que se plantea, entre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno, y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia.

Parte fundamental de este acuerdo es que la sociedad civil será la que supervise y vigile el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Este acuerdo busca no sólo atender lo coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.

CONSIDERANDOS

Los mexicanos, representados en los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, las organizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas, hemos decidido unir nuestras fuerzas, considerando:

Que el crimen organizado y la delincuencia común representan la principal amenaza a la seguridad de los mexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades.

Que ante los agravios y la violencia generada por la delincuencia, los mexicanos exigen una coordinación y cooperación efectiva entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, por encima de cualquier diferencia política o ideológica.

Que es obligación de las autoridades, de todos los poderes y órdenes, actuar con eficacia, transparencia, plena rendición de cuentas y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Que la sociedad mexicana reclama legítimamente leyes rigurosas y contundentes en materia de justicia y seguridad pública para el combate al crimen y, en especial, a delitos que lastiman el tejido social como el secuestro.

Que la participación ciudadana es fundamental para derrotar al crimen organizado y para consolidar instituciones públicas, efectivas y transparentes que rindan cuentas.

Que la delincuencia es un problema de tal magnitud y complejidad que su solución exige un enfoque integral, de carácter económico con una perspectiva preventiva y social.

Que sólo mediante el respeto irrestricto a la ley por parte de todos podremos construir un México seguro, en el cual las familias puedan superarse y vivir en paz, hemos decidido suscribir el siguiente:

ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

Naturaleza del Acuerdo y Objetivo del mismo

Artículo 1.- El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:

I. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.1 Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

• Tiempo de ejecución: 1 año.

1.2 Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de organismos públicos y privados de certificación, e impulsar la creación, en coordinación con las entidades federativas, de centros estatales de control de confianza certificados.

• Tiempo de ejecución: 1 Año

1.3 Sujetar a evaluación permanente y de control de confianza, a través de organismos certificados, al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración, de Aduanas y de los centros de readaptación social federales.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público así como la Procuraduría General de la República se comprometen a evaluar a su personal en áreas sensibles; a dar seguimiento a elementos dados de baja y a comunicar sus resultados a un observador ciudadano.

• Tiempo de ejecución: 1año.

1.4 Establecer un sistema nacional de desarrollo policial.

La Secretaría de Seguridad Pública (en coordinación con las entidades federativas) se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país.

• Tiempo de ejecución: 6 meses a partir de la promulgación de la legislación pertinente.

1.5 Establecer un sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores.

La Procuraduría General de la República se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los ministerios públicos.

• Tiempo de ejecución: 2 años.

• Tiempo de ejecución para ministerios públicos federales: 1 año.

II. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, el Poder Ejecutivo Federal reasignará recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.

• Tiempo de ejecución: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

III. Apoyar a las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la sociedad, de acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno. En especial se apoyará el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales para el combate al secuestro.

La PGR y la Secretaría Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas elaborarán una estrategia nacional e integral contra el secuestro. Esa estrategia incluirá la elaboración de programas tipo, de acuerdo a la realidad de las entidades federativas y el diseño de cursos, talleres y seminarios de capacitación para cada entidad y a mantener una capacitación continua.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, en coordinación con entidades federativas, formularán y emitirán una estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las capacidades y la necesaria colaboración de los distintos órdenes de Gobierno en el marco de la legislación que determine el Congreso de la Unión.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

El Gobierno Federal asume el compromiso de fortalecer a la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e infraestructura y equipamiento.

• Tiempo de ejecución: 18 meses.

IV. Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

Asimismo, las mencionadas dependencias se comprometen a elaborar y presentar la iniciativa para regular transacciones en efectivo.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

V. Fortalecer la capacidad institucional del ministerio público federal.

La Procuraduría General de la República se compromete a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para mejorar la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

VI. Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así como el DIF-Nacional y la Procuraduría General de la República, se comprometen a celebrar convenios con entidades federativas e instancias de la sociedad civil y a formular protocolos de actuación coordinada e intercambio efectivo de información entre instituciones y órdenes de gobierno.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

VII. Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas.

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a emitir o en su caso promover un instrumento de regulación, realización de inspecciones y aplicación de las normas en caso de incumplimiento.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

VIII. Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089)

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Salud, Defensa Nacional, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a apoyar a las entidades federativas para poner en funcionamiento estos sistemas en cada una de ellas.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

IX. Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia.

Las secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a incluir mecanismos de observación ciudadana en la recepción e investigación de la denuncia y procedimientos de sanción.

• Tiempo de ejecución: 3 meses.

X. Adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública, para garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, en consulta con las entidades federativas, se comprometen a elaborar el proyecto de iniciativa de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que sea presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. Algunos de los principales objetivos de la ley son las directrices de un modelo de policía homogéneo; establecer las diferentes etapas del servicio de carrera de las instituciones de seguridad pública y de la certificación de sus integrantes; regular la implementación de bases de datos criminalísticos y de personal; así como disponer las reglas generales para la administración de los fondos de ayuda federal.

• Tiempo de ejecución: Presentar la iniciativa en septiembre de 2008.

XI. Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional a los cuerpos de seguridad pública.

La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromisos establecidos en este acuerdo.

• Tiempo de ejecución: 3 meses.

XII. Expedir la Cédula de Identidad.

La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal y que sirva de base para el propósito de identificación personal en los trámites más relevantes.

• Tiempo de ejecución: 3 años.

XIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a construir dos Centros Federales de Readaptación Social de alta seguridad incluyendo módulos especiales para secuestradores.

• Tiempo de ejecución: 2 años.

XIV. Revisar el Socorro de Ley.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a revisar, junto con los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros de readaptación social estatales.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

XV. Fortalecer el sistema de aduanas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a modernizar todas las aduanas del país con tecnología y a mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y de precursores químicos.

• Tiempo de ejecución: 2 años.

XVI. Presentar a consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas que fortalezcan las capacidades del gobierno federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a elaborar proyectos de ley a efecto de que el Ejecutivo federal presente ante el Congreso de la Unión las siguientes iniciativas: Ley de la Policía Federal, para regular el funcionamiento y organización de esa corporación, en especial lo relativo al servicio de carrera de la corporación; Ley Orgánica de Procuraduría General de la República, para normar la nueva relación entre el Ministerio Público de la Federación y la policía, así como su modernización institucional; Ley Federal de Extinción de Dominio, aplicable a bienes producto de delitos de alto impacto; Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para reflejar las disposiciones constitucionales en materia de justicia y seguridad que han entrado en vigor.

• Tiempo de ejecución: Presentar antes de octubre de 2008.

XVII. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir al delito.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las Entidades Federativas se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

• Tiempo de ejecución: 1 año.

XVIII. Implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro.

La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a poner en operación un módulo de información específica relacionada con el delito del secuestro.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

XIX. Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia.

Las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la tecnología que se requieren como soportes para unificar y mejorar las comunicaciones entre las dependencias e instituciones federales que combaten a la delincuencia.

• Tiempo de ejecución: 1 año.

XX. Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a producir y difundir en los medios de comunicación campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de prevención del delito y denuncia ciudadana.

• Tiempo de ejecución: 3 meses.

XXI. Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.

La Secretaría de Salud se compromete a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de 300 puntos y cobertura nacional.

• Tiempo de ejecución: 31 de diciembre de 2008.

Asimismo, dicha Secretaría se compromete a establecer mecanismos de apoyo a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.

• Tiempo de ejecución: 1 año.

XXII. Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos.

La Secretaría de Desarrollo Social se compromete a recuperar por lo menos 1,000 espacios públicos deteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.

• Tiempo de ejecución: 1 año

XXIII. Fortalecer el Programa Escuela Segura.

La Sec retaría de Educación Pública se compromete a incorporar al programa más de 13,500 escuelas primarias y secundarias públicas y a promover la ejecución del programa en escuelas privadas.

• Tiempo de ejecución: 1 año

XXIV. Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública.

Las secretarías de Seguridad Pública, Función Pública, Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República se comprometen a difundir los indicadores de gestión y medición de la aplicación del gasto y de su eficiencia operativa.

• Tiempo de ejecución: 1 año.

XXV. Ejercicio de recursos públicos en los Programas de Seguridad Pública

El Gobierno Federal revisará las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con el fin de garantizar un ejercicio oportuno y transparente de los recursos.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

XXVI. Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a promover la creación de un Observatorio Ciudadano que sea plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a estudiosos del tema de seguridad y justicia para que cuente con reconocimiento y liderazgo social.

• Tiempo de ejecución: 3 meses.

XXVII. Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas.

La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República se comprometen a establecer indicadores, a hacerlos públicos y a invitar a las instancias ciudadanas a formular el protocolo y a participar en la evaluación y el seguimiento.

• Tiempo de ejecución: 2 meses a partir de la creación del Observatorio Ciudadano.

XXVIII. Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.

La Secretaría de Educación Pública se compromete a fomentar desde la currícula escolar, la promoción de la cultura de la legalidad y la promoción de valores cívicos.

• Tiempo de ejecución: 1 año.

Artículo 3.- Que el Poder Legislativo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:

XXIX. Dar trámite legislativo a las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública sean presentadas antes del día primero de octubre en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

El Congreso de la Unión se compromete a dictaminar y votar todas las iniciativas presentadas.

• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.

XXX. Establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo así como reglas que permitan su aplicación eficaz.

El Congreso de la Unión se compromete a legislar en materia de narcomenudeo.

• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.

XXXI. Prever en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales reglas para impedir la pre-liberación y otros beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia.

El Congreso de la Unión se compromete a legislar una reforma al marco jurídico vigente.

• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.

XXXII. Impulsar una ley general del delito del secuestro.

El Congreso de la Unión se compromete a presentar una iniciativa, dictaminar y votar una ley general del delito del secuestro.

• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.

XXXIII. Velar a fin de que las prioridades presupuestales fortalezcan los programas y acciones en materias de seguridad pública y procuración de justicia.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a que en la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se revisen las prioridades presupuestales a fin de que el Estado cuente con recursos para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia.

• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal.

XXXIV. Mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las policías estatales y municipales, así como para la prevención social del delito.

• Tiempo de ejecución: 6 meses.

XXXV. La Cámara de Diputados se compromete a que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo revisiones y auditorías a las 32 entidades federativas.

La Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, se compromete a auditar la aplicación de los recursos federales por las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

• Tiempo de ejecución: 1 año.

Artículo 4.- El Poder Judicial de la Federación se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:

XXXVI. A Transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares.

El Consejo de la Judicatura Federal creará y sistematizará indicadores de desempeño para dar acceso a la sociedad a los datos relacionados con el tipo de juicios, la materia, los delitos, los tiempos de trámite, los archivos, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, entre otros datos, para que existan nuevos referentes objetivos que faciliten el conocimiento, la evaluación y en su caso, las propuestas y mejoras que para una mejor impartición de justicia.

• Tiempo de ejecución: 4 meses.

XXXVII. Instalar nuevos juzgados y tribunales federales.

El Consejo de la Judicatura Federal instalará más órganos judiciales en los circuitos con mayor carga de trabajo para el mejor cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación.

• Tiempo de ejecución: 14 meses.

XXXVIII. Establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República para recibir y responder ágilmente las solicitudes de las autoridades.

El Consejo de la Judicatura Federal establecerá juzgados de control, con residencia en el Distrito Federal, que estarán facultados para emitir órdenes de cateo, de arr