2024 Abr 06 El chaleco guinda y las siglas del cinismo. Ricardo Raphael.
El origen de los Servidores de la Nación se ubica en 2014, cuando consiguieron las firmas y organizaron las asambleas para que Morena obtuviera su registro; con padrones y el reparto de dinero se volvieron el rostro del gobierno más cercano a la gente.
El jueves por la tarde cruzó frente a mí un grupo de jóvenes que confundí con Servidores de la Nación. Portaban el chaleco guinda reglamentario, los pantalones de mezclilla, la gorra y la playera. Sobre la acera permaneció una pareja, mientras la mayoría ingresó a un viejo edificio de la colonia Condesa.
En lo que esperaban él atrapó con su mano derecha la barbilla de la chica. Ella cerró los ojos y le entregó un beso. Cuando separaron los labios el joven me miró con incomodidad. Ella, entre tanto, apretó instintivamente contra su pecho un listado con nombres.
Fue en ese momento que me percaté de mi equivocación. Esos jóvenes no eran Servidores de la Nación. Aunque el uniforme era idéntico, incluso en la caligrafía de las letras que llevaban cosidas a la espalda, esos novios eran promotores de la campaña de Leonor Otegui, candidata a diputada de Morena en distrito local número 12 de la Ciudad de México.
La similitud de los uniformes no esconde el propósito. No puedo afirmar que esas personas cobren o hayan cobrado en la Secretaría del Bienestar, pero ciertamente están haciendo campaña electoral con una indumentaria que tiene como propósito deliberado confundir a quien los mire.
El origen de los Servidores de la Nación está bien documentado. Son las huestes organizadas desde 2014 por el Movimiento Regeneración Nacional para conseguir las firmas y organizar las asambleas que le permitieron la obtención del registro como partido político nacional.
Durante los comicios del 2015 y el 2018 esos promotores, distribuidos en todo el territorio nacional, entregaron una cantidad sustantiva de votos a Morena. El esfuerzo fue retribuido cuando esas mismas personas pasaron a ser funcionarias públicas. Una vez que Andrés Manuel López Obrador se alzó con la presidencia, Gabriel García Hernández, desde Palacio Nacional, se encargó de meterles en la nómina del gobierno federal.
Luego, los Servidores de la Nación levantaron el nuevo padrón de beneficiarios de los programas sociales, también repartieron recursos públicos y mantuvieron contacto con los líderes de las comunidades y los barrios. Por razones que no han sido suficientemente denunciadas esta infantería se organizó a partir de los distritos electorales.
Así se volvieron el rostro más cercano del gobierno de cara a la gente. Durante la pandemia se les convocó para que organizaran la aplicación de la vacuna de covid-19 y frente a tragedias como la del huracán Otis, fueron responsables de enlistar las necesidades y entregar los apoyos en Acapulco.
Se trata de un ejército de 19 mil individuos que le cuestan al erario federal alrededor de 190 millones de pesos al mes, es decir, dos mil 280 millones de pesos anuales.
Cuando Gabriel García cayó de los afectos presidenciales, esta fuerza política territorial se colocó bajo el mando de Ariadna Montiel Reyes, la actual secretaria del Bienestar. En junio del año pasado, Marcelo Ebrard —ex aspirante presidencial por Morena— denunció que los Servidores de la Nación habían repartido propaganda a favor de su entonces adversaria Claudia Sheinbaum.
En realidad, esta operación comenzó un par de años atrás. Desocupados después de los comicios federales del 2021, los Servidores comenzaron a trabajar descaradamente para para inclinar la balanza a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
La operación que permitió pintar cientos de miles de bardas en todo el país con la leyenda #EsClaudia no podría explicarse sin el apoyo que el ejército de los chalecos guinda emprendió con determinación. Para cuando Ebrard decidió denunciar la irregularidad ya era muy tarde. Estos funcionarios no fueron solamente el instrumento, sino también el mensaje sobre las preferencias presidenciales a propósito de la favorita.
Frente a esta estrategia que involucra indebidamente recursos públicos (humanos y económicos), el árbitro electoral ha sido omiso. Si bien la oposición también ha presentado quejas y recursos en contra de esta intervención indebida, el INE y el Tribunal Electoral han sido laxos por no decir omisos.
La excepción es una sentencia emitida el jueves 22 de septiembre de 2022 por la sala superior del TEPJF en la que se advierte que los Servidores de la Nación debían ser colocados bajo una estricta supervisión ya que tratándose de “un enlace para alcanzar un beneficio social… podrían generar un impacto (negativo) trascendente y determinante”.
La lupa ordenada entonces por el Poder Judicial no ha salido del cajón del escritorio. No hay una investigación que transparente los nombres y las responsabilidades precisas de esas 19 mil personas, de tal manera que se genere certeza sobre su apartamiento de las cuestiones electorales.
Los novios que me encontré promoviendo la campaña de Leonor Otegui podrían no ser Servidores de la Nación, aunque abusen de una indumentaria que los emparenta con ellos. Sin embargo, ¿cómo estar seguros de que no son agentes dobles? ¿Cómo descartar que se trata de promotores del voto a quienes meramente les gustaron los chalecos color guinda, los pantalones de mezclilla, las gorras moradas y que, únicamente por coincidencia, cargan con listados de nombres palomeados por sus bolígrafos?
En septiembre de 2023 el Consejo General del INE aprobó un documento denominado “Lineamientos para evitar injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales gubernamentales en elecciones”.
En el título de este documento se eludió nombrar a los Servidores de la Nación. No fue ingenua la negligencia, como tampoco lo fue la declaración de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, cuando anunció que tales criterios eran sólo preventivos, lo que en lenguaje burocrático es una manera oblicua para reconocer que la autoridad carece de dientes para combatir conductas ilegales.
Otro eufemismo memorable fue el referido en esa misma sesión por la consejera Dania Ravel Cuevas: “En el terreno de lo ideal… las personas del servicio público tienen la obligación de abstenerse de participar y de usar recursos públicos para tomar parte en una contienda electoral… Ello no les quita su carácter de ciudadanas y ciudadanos, sino que los circunscribe (a ejercer sus derechos políticos) fuera de su labor profesional”.
En otras palabras, mientras estos funcionarios no promuevan el voto durante sus horarios laborales, pueden cultivar su ciudadanía sin contenciones. Parafraseando al cínico gobernador de Nuevo León, Samuel García, estas personas están autorizadas para utilizar el chaleco guinda de Servidores en el horario de nueve a cinco y el chaleco guinda de Morena durante el resto de la jornada
Tomado de: Milenio