2001 La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México. Sergio Aguayo Quezada
Capítulo 11 (fragmento)
Historia inconclusa
El relato que termina en este capítulo está incompleto. Es evidente que faltan muchísimas piezas para llenar los huecos que tiene la historia de los servicios de inteligencia y cuya transición está inconclusa. Es igualmente obvio que la investigación confirmó la hipótesis de trabajo inicial: los servicios de inteligencia reflejan e influyen (interactúan en suma) en las transformaciones que ha ido teniendo el país y en sus relaciones con el mundo. Por tanto, es natural que en este momento expresen la indefinición e incertidumbre actuales. Dicho esto, la historia de esta organización tan poco conocida se divide en dos grandes periodos.
Entre 1918 y 1985 se mantuvo una continuidad caracterizada por la eficacia en la compilación de enormes cantidades de información por medio de métodos frecuentemente ilegales. Fue igualmente clara la pobreza de los análisis que elaboraban. En lugar de producir “inteligencia” fungían como operativos y, en ese sentido, actuaron como una policía política que se distinguió por la violación de garantías individuales y por su corrupción. En este terreno, cometieron los peores excesos durante la campaña contrainsurgente de la década de los setenta. La tortura y las desapariciones se hicieron cotidianas, aunque en la mayoría de los casos la represión y eliminación de opositores fue selectiva y quirúrgica (excluyo de esta generalización el caso de Guerrero que debe analizarse por separado).
Un aspecto que me impresionó profundamente fue la abundante información que desde los años veinte los servicios de inteligencia recopilaron y enviaron a Bucareli y/o la presidencia sobre la violencia, las ilegalidades y los abusos cometidos por los miembros del régimen. Lo hicieron con un lenguaje evasivo, distante, ambiguo y autocomplaciente similar al empleado en la Argentina militarizada de los años setenta. A reserva de que se trabaje sobre la vertiente lingüística, me fue resultando evidente que tras ese lenguaje frío y clínico se encuentra un “léxico del terror” que debe ser entendido para poder descifrar los códigos de ese ambiente en el que no aparecen los cuestionamientos, la reflexión o la crítica.1 Se trataba, por supuesto, de una imagen falsa sobre sí mismos, que pudo sobrevivir durante décadas por el hecho de que ni sus jefes ni la sociedad la pusieron nunca en duda, porque no se interesaron por lo que pasaba al interior de esa organización.
Un ángulo relacionado y particularmente espinoso es el de las responsabilidades. Es evidente que los presidentes de la República y los secretarios de Gobernación no hicieron nada con las evidencias que les remitían los agentes sobre los abusos y delitos perpetrados por diputados, gobernadores, caciques y generales. En lugar de preocuparse por castigar los muchos excesos y latrocinios cometidos por el general Federico Amaya le entregaron una senaduría. En lugar de permitir que la investigación de Miguel Nazar Haro sobre la ejecución de Carlos Ramírez Ladewig siguiera su curso, optaron por desviarla para inculpar a la guerrilla y proteger, de esa manera, a sus aliados de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Además de alimentar la impunidad que caracterizó al régimen, distorsionaron profundamente el significado que tiene el concepto de “seguridad nacional”.
Se mantiene una interrogante: ¿qué tanto sabían los presidentes acerca de los métodos que empleaba la policía política? Si consideramos la peor etapa de violencia estatal (las décadas de los años sesenta y setenta) se hace evidente que Gustavo Díaz Ordaz se involucró plenamente en la represión de los inconformes (por ejemplo, enviando a oficiales del Estado Mayor Presidencial a disparar contra la multitud el 2 de octubre de 1968) sobre lo cual asumió abiertamente su responsabilidad. Luis Echeverría también participó activamente (recuérdese la agresión a estudiantes el 10 de junio de 1971) pero cada vez que ha sido cuestionado sobre el tema se ha escabullido con respuestas evasivas. José López Portillo prefirió no enterarse de lo que se estaba haciendo con los opositores y todavía ahora exhibe su frivolidad bajo el decrépito barniz de un lenguaje humanista. Profundizar documentalmente en las responsabilidades permitiría saber, por ejemplo, si Echeverría y López Portillo dieron órdenes precisas para desaparecer opositores, lo que tal vez ayudaría en el esfuerzo por averiguar lo que sucedió con los centenares de mexicanos y mexicanas que siguen sin aparecer.
Desde una perspectiva a largo plazo, el menosprecio por la legalidad y la obsesión por mantener el orden establecido llevaron a la destrucción de la Dirección Federal de Seguridad, que con su descomposición fertilizó el auge del narcotráfico (desde 1987 la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana). También degradó a un sistema político que por eso y por muchas otras razones terminó perdiendo la presidencia en el año 2000. Curiosamente, quince años antes, en 1985, los servicios de inteligencia iniciaron su reconstrucción inaugurando una segunda etapa todavía inconclusa. El balance que puede hacerse del Disen y el Cisen en estos años tiene una vertiente positiva y otra negativa.
En lo que respecta a la primera:
a) Erradicaron los excesos de la DFS cesando la tortura y desaparición de sospechosos. También se redujo notablemente la corrupción y una de las medidas más representativas fue la eliminación, a partir de 1985, de las legendarias charolas de metal. Aunque los agentes del Cisen siguen portando identificaciones de diverso tipo los controles son mucho más estrictos y desde hace años no ha habido escándalos por corrupción en esa institución.
b) El Cisen se ha convertido en una organización profesionalizada, tecnificada y compartamentalizada y posee un fortísimo espíritu de cuerpo asentado en sólidos mecanismos de lealtad y en un servicio civil de carrera informal.
c) Los servicios de inteligencia mexicanos no han sido infiltrados por el narcotráfico gracias a la disciplina interna (y al empleo del polígrafo) pero también debido a que carecen del contacto corruptor que produce el ubicarse en la primera línea de combate.
d) México es un país de archivos incompletos o saqueados y es larga la lista de misterios no aclarados. Por tanto, lo que más me sorprendió de la investigación fue encontrar que los archivos de la DFS y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales depositados en el Cisen están prácticamente intactos y muy bien organizados. No atesoran, por supuesto, todos los secretos del México político de la segunda mitad del siglo XX, pero sí contienen una enorme cantidad de información, fotografías y videos que, previa verificación y complementación en otros archivos y colecciones, oxigenarían la historia contemporánea de México y resolverían un buen número de enigmas aún por descifrar. Existe material suficiente para elaborar centenares de libros, y para documentar una o varias “Comisiones de la Verdad” lo que requiere, por supuesto, que el gobierno de Vicente Fox cumpla con su promesa de aclarar el pasado y abrir los archivos. Un tema urgente es el esclarecimiento sobre el destino de los desaparecidos. En los archivos del Cisen hay una gran cantidad de información que debe ser revisada en su conjunto para encontrar patrones que permitan desentrañar casos particulares.
En cuanto a la segunda:
a) Nunca pudieron librarse de la viciada relación con el régimen priísta. Erradicaron los abusos de la DFS y se profesionalizaron, pero siguieron siendo parte de un sistema en el que, para sobrevivir, tenían que atender las peticiones de información de sus superiores. Fue por ello que la agenda de riesgos incorporó a sus prioridades el espionaje de adversarios políticos que de ninguna manera amenazaban la seguridad nacional. El resultado han sido los escándalos de intervenciones telefónicas que alimentan la mala imagen que tienen los servicios de inteligencia entre la sociedad.
b) El espionaje sistemático fue consecuencia (al menos parcialmente) de la fragilidad institucional. Los servicios de inteligencia siempre han estado en un limbo jurídico y político que facilita su manipulación y ha sido constante la utilización que de ellos han hecho funcionarios de Gobernación y de la presidencia para impulsar agendas personales que nada tienen que ver con la seguridad nacional.
c) La imagen que tienen de sí mismos como profesionales se contrapone a las prácticas ilegales y la vulnerabilidad institucional, y provoca sentimientos encontrados en el personal (o al menos en una parte de él). Como resultado han vivido en una esquizofrenia, en dos planos incompatibles (ser profesionales y servir a un partido).