2024 Ene 04 Un año desafiante para la democracia mexicana. Gerardo Gutiérrez Candiani.
El año que comienza está lleno de desafíos para el país. Con una enorme incertidumbre, sobre todo en relación con la política, con las elecciones del 2 de junio en el centro, junto con sus implicaciones en diversas áreas, desde la economía hasta la seguridad pública. Además, se presentan retos muy importantes en el plano económico e internacional, con los comicios federales en Estados Unidos del 5 de noviembre, nuevamente –como en México– en un entorno de extrema polarización, y con el probable regreso a la Casa Blanca de Donald Trump.
En este comentario me concentro en la política interna, ante un escenario en el que nuestra misma democracia estará bajo prueba. Con un contexto de división alentado desde el mismo Gobierno, de intolerancia y rechazo al diálogo y a la convergencia en torno a cuestiones esenciales en las que los mexicanos podríamos coincidir, más allá de militancias y preferencias políticas.
El gran reto es que los ciudadanos efectivamente decidamos, libremente, con conciencia y responsabilidad, a partir de campañas que estén a la altura de los enormes desafíos del país y con comicios confiables. Evitar que decidan por todos nosotros un Gobierno volcado a la propaganda, las casas encuestadoras, los llamados “operadores políticos” o grupos criminales a nivel local.
El panorama se complica por la debilidad que presentan las instituciones electorales, también fomentada por acciones y actitudes desde el poder político, como lo acaban de exponer las organizaciones que forman parte del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral en su Primer Informe.
En el Acuerdo se diseñó una metodología para dar seguimiento y evaluar los riesgos y los focos rojos para la integridad del proceso. El primer reporte presenta un panorama preocupante al arrancar el año, con énfasis en cuatro factores de amenaza y descomposición: la inequidad con la que inicia la contienda, que puede ser determinante en las campañas; actores políticos incumpliendo sistemáticamente las reglas electorales; autoridades electorales con una capacidad operativa limitada, al no estar adecuadamente integradas, y con una capacidad de arbitraje político cuestionada y en duda; más la amenaza de que el crimen organizado esté cada día más cerca de las elecciones.
Veremos qué tan sólidas son las instituciones de la democracia ante la prueba. En concreto, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras años de acoso desde el Gobierno Federal, vía un reiterado ataque discursivo, recortes y presiones presupuestales, así como intentos de reformas regresivas. Además, partiendo de campañas anticipadas hasta un grado que no se había visto en los tiempos de nuestra joven y frágil democracia, al margen del marco legal y aceleradas abiertamente también desde el Poder Ejecutivo.
El desdén a la legalidad ha sido patente y se da cuando, a estas alturas, consejeros y magistrados no logran ni siquiera integrar su equipo de gestión, en el caso del INE, o con peleas por el control, en el del TEPJF.
Todavía el Senado nos debe la designación de magistraturas pendientes del TEPJF y de las salas regionales. En el Consejo del INE, que ha sido un baluarte de la transición democrática desde los años 90, no se ha podido llegar a los consensos para nombrar a titulares de la Secretaría Técnica, equivalente a la dirección general, así como de direcciones ejecutivas.
Causa y efecto de este debilitamiento, estas instituciones han sido rebasadas por las prácticas irregulares y de simulación de partidos y servidores públicos. Todo ello, como se señala en el reporte en referencia, pone en duda su capacidad para llevar a cabo cabalmente y con profesionalismo sus tareas.
Por si fuese poco, como se subraya en este primer informe del panorama electoral, preocupa el contexto de violencia y los riesgos relacionados con ésta para votantes y candidatos, sobre todo a nivel municipal. Para ponerlo en dimensión, de 2018 a lo que va de 2023 se han registrado más de mil 500 eventos violentos relacionados con la política en México, entre ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. El dato viene del estudio “Votar entre balas: entendiendo la violencia criminal-electoral en México”, elaborado por Data Cívica a partir de información pública y con la colaboración de investigadoras del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los ciudadanos no debemos retraernos ante estos retos. Hay que tomar el lugar que nos corresponde en el proceso electoral y en la democracia, en general. Contribuir en la vigilancia, la denuncia, las propuestas y la exigencia ante las autoridades electorales y de gobierno, así como a los candidatos y partidos, en la medida de las posibilidades de cada bien.
Sobre todo, recuperar la esencia de la política, entendida como el ámbito de lo público, del interés colectivo, y no quedar como simples espectadores de una lucha por el poder signada por el incumplimiento de la ley, el uso descarado de recursos públicos con fines partidistas y la propaganda sin fondo, muchas veces basada en falacias.
Sobre todo porque hay demasiado en juego en estas elecciones. Decisiones de nación claves, incluyendo si queremos seguir viviendo en el marco de un Estado democrático de derecho y evitar recaer en la concentración de poder y la simulación democrática.
El año que comienza está lleno de desafíos para el país. Con una enorme incertidumbre, sobre todo en relación con la política, con las elecciones del 2 de junio en el centro, junto con sus implicaciones en diversas áreas, desde la economía hasta la seguridad pública. Además, se presentan retos muy importantes en el plano económico e internacional, con los comicios federales en Estados Unidos del 5 de noviembre, nuevamente –como en México– en un entorno de extrema polarización, y con el probable regreso a la Casa Blanca de Donald Trump.
En este comentario me concentro en la política interna, ante un escenario en el que nuestra misma democracia estará bajo prueba. Con un contexto de división alentado desde el mismo Gobierno, de intolerancia y rechazo al diálogo y a la convergencia en torno a cuestiones esenciales en las que los mexicanos podríamos coincidir, más allá de militancias y preferencias políticas.
El gran reto es que los ciudadanos efectivamente decidamos, libremente, con conciencia y responsabilidad, a partir de campañas que estén a la altura de los enormes desafíos del país y con comicios confiables. Evitar que decidan por todos nosotros un Gobierno volcado a la propaganda, las casas encuestadoras, los llamados “operadores políticos” o grupos criminales a nivel local.
El panorama se complica por la debilidad que presentan las instituciones electorales, también fomentada por acciones y actitudes desde el poder político, como lo acaban de exponer las organizaciones que forman parte del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral en su Primer Informe.
En el Acuerdo se diseñó una metodología para dar seguimiento y evaluar los riesgos y los focos rojos para la integridad del proceso. El primer reporte presenta un panorama preocupante al arrancar el año, con énfasis en cuatro factores de amenaza y descomposición: la inequidad con la que inicia la contienda, que puede ser determinante en las campañas; actores políticos incumpliendo sistemáticamente las reglas electorales; autoridades electorales con una capacidad operativa limitada, al no estar adecuadamente integradas, y con una capacidad de arbitraje político cuestionada y en duda; más la amenaza de que el crimen organizado esté cada día más cerca de las elecciones.
Veremos qué tan sólidas son las instituciones de la democracia ante la prueba. En concreto, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras años de acoso desde el Gobierno Federal, vía un reiterado ataque discursivo, recortes y presiones presupuestales, así como intentos de reformas regresivas. Además, partiendo de campañas anticipadas hasta un grado que no se había visto en los tiempos de nuestra joven y frágil democracia, al margen del marco legal y aceleradas abiertamente también desde el Poder Ejecutivo.
El desdén a la legalidad ha sido patente y se da cuando, a estas alturas, consejeros y magistrados no logran ni siquiera integrar su equipo de gestión, en el caso del INE, o con peleas por el control, en el del TEPJF.
Todavía el Senado nos debe la designación de magistraturas pendientes del TEPJF y de las salas regionales. En el Consejo del INE, que ha sido un baluarte de la transición democrática desde los años 90, no se ha podido llegar a los consensos para nombrar a titulares de la Secretaría Técnica, equivalente a la dirección general, así como de direcciones ejecutivas.
Causa y efecto de este debilitamiento, estas instituciones han sido rebasadas por las prácticas irregulares y de simulación de partidos y servidores públicos. Todo ello, como se señala en el reporte en referencia, pone en duda su capacidad para llevar a cabo cabalmente y con profesionalismo sus tareas.
Por si fuese poco, como se subraya en este primer informe del panorama electoral, preocupa el contexto de violencia y los riesgos relacionados con ésta para votantes y candidatos, sobre todo a nivel municipal. Para ponerlo en dimensión, de 2018 a lo que va de 2023 se han registrado más de mil 500 eventos violentos relacionados con la política en México, entre ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. El dato viene del estudio “Votar entre balas: entendiendo la violencia criminal-electoral en México”, elaborado por Data Cívica a partir de información pública y con la colaboración de investigadoras del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los ciudadanos no debemos retraernos ante estos retos. Hay que tomar el lugar que nos corresponde en el proceso electoral y en la democracia, en general. Contribuir en la vigilancia, la denuncia, las propuestas y la exigencia ante las autoridades electorales y de gobierno, así como a los candidatos y partidos, en la medida de las posibilidades de cada bien.
Sobre todo, recuperar la esencia de la política, entendida como el ámbito de lo público, del interés colectivo, y no quedar como simples espectadores de una lucha por el poder signada por el incumplimiento de la ley, el uso descarado de recursos públicos con fines partidistas y la propaganda sin fondo, muchas veces basada en falacias.
Sobre todo porque hay demasiado en juego en estas elecciones. Decisiones de nación claves, incluyendo si queremos seguir viviendo en el marco de un Estado democrático de derecho y evitar recaer en la concentración de poder y la simulación democrática.
Tomado de: El Sol de México