2024 Ene 22 Contra el pueblo. Denise Dresser.

Los oligarcas empresariales de México descorchan el champagne. Carlos Slim y otros miembros del Consejo Asesor Empresarial del Presidente se dan palmadas en la espalda, y se congratulan por tener un aliado que protege sus intereses. Las Fuerzas Armadas suspiran de alivio. El clan de amigos que rodea a los hijos de AMLO brinda por la riqueza asegurada con más obras, más contratos, más negocios. Bartlett se frota las manos pensando en cuántas casas adicionará a su colección. Porque ellos serán los principales beneficiarios de la rasurada regulatoria e institucional. Al anunciar que va tras la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el INAI, el Presidente revela con quién está parado. Y no es del lado del pueblo, es en su contra.

En su tergiversación habitual de la historia, López Obrador afirma que esas instituciones deben desaparecer porque "se crearon para proteger a particulares y afectar el interés público". Esa mentira refleja el analfabetismo democrático, la ignorancia supina, o la manipulación deliberada. El Presidente no sabe por qué surgieron y para qué deben servir. No entiende el papel de la regulación del Estado para domesticar a las fuerzas del libre mercado. No comprende la importancia de promover la competencia y frenar las prácticas extractivas de los poderosos. No dimensiona el daño que producen los monopolios públicos y privados al perjudicar la competitividad, mientras encarecen bienes y servicios para todos, afectando de la peor manera a los pobres. No le preocupa frenar los abusos de jugadores dominantes en el mercado de las telecomunicaciones o la banca. No siente que sea su deber asegurar la transparencia del gobierno o promover los derechos humanos. Al argumentar que los organismos autónomos protegen lo privado, pero no lo público, AMLO vuelve a colocar al mundo al revés.
Fueron creados precisamente para proteger lo público de la depredación de empresarios monopólicos, presidentes discrecionales, y políticos corruptos. Fueron concebidos para proteger derechos arrebatados o pisoteados. Después de décadas de saqueo por parte de una clase política y empresarial rapaz, intentamos asentar nuevas reglas para regir la economía política del país. Y el espíritu que animó la concepción de los órganos regulatorios no fue neoliberal, sino lo contrario. Lo que buscábamos era mayor intervención del Estado para impedir que oligopolistas como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego nos exprimieran como naranjas. Lo que anhelábamos es que la competencia energética proveyera precios más bajos para la gasolina. Lo que suponíamos es que a mayor transparencia habría menor corrupción, y que al denunciar la violación de derechos humanos, los perpetradores serían sancionados. Algo se ha logrado pero con los poderes fácticos en contra.

De manera lenta, de forma intermitente, con reveses y enfrentando la resistencia de quienes verdaderamente mandan en México, hemos ido construyendo un andamiaje para proteger nuestros derechos como consumidores y ciudadanos. En función de argumentos espurios y arengas electorales, AMLO quiere acabar con la institucionalidad incipiente para colocarnos a merced de su voluntad, la de su corcholata Claudia, o la de quienes históricamente han saqueado a México desde el ápice de la pirámide económica, o sentados junto a AMLO en el Tren Maya.

Sin la Cofece, Slim volvería a extraer rentas incontenibles de nuestros bolsillos. Sin el Ifetel, regresaríamos a la era de tarifas exorbitantes por servicios aún más mediocres. Sin la CRE, la Comisión Federal de Electricidad extinguiría las energías limpias y a compañías que quieren proveerlas. Sin el INAI, los saqueadores sexenales continuarían armado negocios en la opacidad. Los pobres de México volverían a pagar 45 por ciento más de lo que deberían por las prácticas monopólicas revividas. Pero quizás eso es lo que el Presidente en realidad quiere. No la regulación robusta que México necesita, sino la regulación inexistente que el presidencialismo omnipotente requiere. No la contención de los oligarcas o los violadores de derechos humanos, sino la alianza con ellos. No reglas claras para todos, sino reglas decididas por Palacio Nacional para algunos. Como en los viejos tiempos cuando los presidentes no protegían al pueblo. Lo exprimían.

Tomado de: Reforma