2024 Jun 13 Votar por la tiranía. Luis de la Barreda Solórzano.

Digámoslo con claridad: esas reformas acabarán con la democracia. No le importó a la mayoría del pueblo bueno. ¿A cuántos les importa la suerte de la Suprema Corte, del INE y del Inai si periódicamente reciben cierta cantidad de dinero que alcanza para no irse a la cama sin cenar o para comprar despensa, aunque no la totalidad de la canasta básica, o la botella de Don Pedro?

Al conocer los resultados de las elecciones, que me dejaron estupefacto, recordé a Timothy Snyder (Sobre la tiranía, Galaxia Gutenberg): “El poder que se crea durante el autoritarismo rara vez se hace por la fuerza. Por el contrario, este poder es otorgado libremente por el público. El público cede sus derechos antes de que se apliquen los regímenes represivos”.

El pasado 2 de junio, una amplia mayoría de ciudadanos optó por entregar todo el poder a la candidata que había asumido sin reservas, sin matices y sin excepciones el paquete de iniciativas de reformas constitucionales presentado por el Presidente el 5 de febrero, fecha emblemática: López Obrador quiso anunciar las reformas que desfiguran la Constitución el mismo día que en México conmemoramos la promulgación de la Constitución.

Digámoslo con claridad: esas reformas acabarían con la democracia. No le importó a la mayoría del pueblo bueno. ¿A cuántos les importa la suerte de la Suprema Corte, del INE y del Inai si periódicamente reciben cierta cantidad de dinero que alcanza para no irse a la cama sin cenar o para comprar despensa, aunque no la totalidad de la canasta básica, o la botella de Don Pedro?

Las reformas implican la destrucción de la Suprema Corte de Justicia —¿no es eso un golpe de Estado?— y la desnaturalización del conjunto del Poder Judicial que, hasta ahora, ha sido el valladar contra el autoritarismo, el cual tiene las puertas abiertas de par en par ahí donde no existe la división de poderes y la auténtica autonomía de los juzgadores. Ya lo he dicho anteriormente: el sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura.

En vez de ministros, magistrados y jueces elegidos por su trayectoria profesional, sus conocimientos, su independencia de criterio y su honestidad, habrá juzgadores cuyo mérito será haber surgido de las urnas en elecciones en las que, sin duda, influirán decisivamente la Presidenta, el partido en el poder y, lo peor, el crimen organizado.

Ya no una Suprema Corte que actúe como tribunal constitucional cumpliendo con la misión de defender la Ley Suprema y los derechos humanos contra el abuso de poder, los actos arbitrarios provenientes de las autoridades administrativas y las normas jurídicas inconstitucionales o inconvencionales, sino una insignificante Corte sumisa con ministros de la índole de Arturo Zaldívar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz.

Esos ministros ya no declararán la inconstitucionalidad de las normas, aunque claramente sean inconstitucionales. Se apoyarán en el falso argumento de que la Corte no debe invadir las atribuciones del Poder Legislativo, premisa en virtud de la cual los legisladores estarán facultados para aprobar leyes que claramente violen la Constitución o los tratados en materia de derechos humanos de los que es parte el Estado mexicano.

Ya no tendremos jueces y magistrados que en todos los casos, defendiendo sin concesiones la Constitución, eviten o detengan los atropellos de gobernantes y legisladores, sino operadores judiciales que se afanen en demostrar con sus fallos que sirven incondicionalmente al pueblo bueno, es decir, a los gobernantes, fiscales y parlamentarios que se arrogan la representación de ese pueblo.

Desaparecerán el INE y los organismos electorales de las entidades federativas. Un solo instituto absorberá a los organismos estatales y un solo tribunal a los tribunales estatales. Será inasumible la carga de trabajo. Los consejeros y los magistrados no serán elegidos por su sólida formación profesional, su probada honestidad y su convicción de que su papel es garantizar elecciones equitativas, imparciales y transparentes. Los nuevos consejeros y magistrados llegarán al cargo, como los juzgadores, por elección en las urnas: la porra mayoritaria designará a los árbitros del partido, obviamente, no por méritos profesionales, sino por afinidad ideológica o identificación con el discurso de campaña.

Ya no habrá institutos autónomos de transparencia a los que acudir para conocer el destino del dinero público, la manera en que se esté empleando, y para defender los datos personales. Sin esos organismos, el gobierno federal y los de las entidades federativas podrán manejar esos recursos sin tener que rendir cuentas a los gobernados, esto es, en la total opacidad, y los gobernados no tendrán quien defienda su derecho a preservar los datos de su esfera privada

Tomado de Excélsior