2024 Sep La privatización del Estado. Raúl Zibechi.
El “monopolio de la violencia legítima” es para Max Weber la síntesis del Estado moderno, una definición aceptada y escasamente cuestionada. Creo que esto no sigue siendo así desde que el Estado ha sido privatizado por el gran capital. Un buen ejemplo es la proliferación de policías privadas en todo el mundo, que no son reguladas seriamente y expanden sus espacios de intervención.
Existe un mercado global de 248 mil millones de dólares para servicios de seguridad privada que “está transformando la aplicación de la ley en casi todas partes” (Asia Times, 11/9/24). Según Asia Times, las policías privadas superan en la mayoría de los países a la policía. En Estados Unidos la relación es de tres a dos.
Pero en Sudáfrica, donde hay casi 3 millones de agentes de seguridad privados registrados, la relación es de cuatro a uno respecto de la policía. En Brasil es de cinco a uno, y es muy probable que en la mayoría de los países los datos sean incompletos. Un informe de Prensa Comunitaria de 2019, asegura “las agencias de seguridad privadas son el ramo comercial que más ha crecido en estas últimas décadas, y el negocio continúa en expansión” (https://goo.su/4RuN2ld).
En México trabajan unas 6 mil empresas de seguridad, con 500 mil empleados, a los que hay que deben sumarse administrativos y personal de apoyo. “Generan el equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional”, además hay 3 mil 500 definidas como “irregulares” (https://goo.su/Jhtmu4i).
Si antes protegían edificios y personas influyentes, ahora patrullan barrios e intervienen en delitos como el robo de vehículos. Pero el problema central es que las empresas de seguridad pública operan bajo contrato y “no tienen el mismo nivel de regulación, supervisión o rendición de cuentas”, anota Asia Times.
“América Latina cuenta con más de 16 mil empresas militares privadas que emplean a más de 2 millones de personas, muchas de las cuales superan en número a las fuerzas policiales en mercados poco regulados. Su rápida expansión ha dado lugar a graves problemas, como la infiltración delictiva en las empresas militares privadas en México y El Salvador y denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala”, sigue Asia Times.
Encuentro tres aspectos a destacar en este breve repaso.
En primer lugar, las policías privadas surgen con el neoliberalismo y la desregulación de los estados, con el fin de los estados del bienestar que buscaban la conciliación de clases. Una vez desaparecida la intención de integrar a las clases peligrosas, o de “comprarlas” según Immanuel Wallerstein, se produce un retorno de la peligrosidad.
En paralelo crece la desigualdad y el 1 por ciento más rico que ya no confía en la policía estatal para proteger sus intereses.
El aspecto central, a mi modo ver, es el fin de la cooptación/integración de las clases peligrosas, proceso que comienza en la década de 1970 y se completa con el Consenso de Washington, hacia 1989, que coincide con la implosión de la Unión Soviética. Desde este punto de vista, las policías privadas tienen el doble papel de proteger a los más ricos y controlar a los más pobres, complementándose con las policías estatales.
En segundo lugar, las policías privadas están fuera de control y de cualquier rendición de cuentas, y a menudo participan en la represión de manifestaciones y ocupaciones, como recién sucedió en Estados Unidos con el movimiento por Palestina.
Si las policías estatales se han degradado en la corrupción y la criminalidad, puede imaginarse que las privadas sean caldo de cultivo de las peores prácticas. Más aún, existen casos en los que policías públicos expulsados de sus cuerpos, son admitidos en la privada sin el menor problema.
No sorprende que muchas policías privadas recluten a sus miembros entre policías estatales separados de sus cargos por corruptos o por criminales. Las empresas privadas militares, como la estadunidense Blackwater y la rusa Wagner, reclutan a sus combatientes entre presos comunes sin importar la gravedad del delito cometido.
La tercera cuestión es preguntarnos dónde queda el Estado una vez privatizada la violencia “legítima”, con la evidencia de que el Estado se ha convertido en un apéndice de la clase dominante y del capital. Me pregunto: ¿qué se busca realmente cuando se pretende ocupar algún puesto secundario dentro del aparato estatal (como diputado, senador o ministro), sin tocar la violencia privatizada?
Estados enteros como el brasileño Río de Janeiro, son la muestra del tremendo poder de la violencia privada/privatizada, que sostiene desde los negocios ilegales y turbios hasta las muy legítimas autoridades electas, como alcaldes y gobernadores. La experiencia nos dice que desmontar estos entramados de poderes irregulares es casi imposible desde de las instituciones.
Por esto, los movimientos de los pueblos originarios y negros más conscientes han decidido defender sus territorios con sus autodefensas comunitarias.
Tomado de: La Jornada