2024 Nov 2 Última llamada. Ana Laura Magaloni Kerpel.
Las decisiones de los jueces se obedecen, aunque no se esté de acuerdo con ellas. Ese es uno de los principios rectores del sistema de división de poderes. El Poder Judicial no tiene ninguna capacidad coactiva. Es más, cuando alguien no cumple voluntariamente una sentencia, la juez solicita apoyo al Poder Ejecutivo, el único que puede ejercer coacción. Los tribunales sólo emiten decisiones, palabras escritas en un papel. Si esas palabras pierden fuerza de obligar, la autoridad de los jueces se esfuma, se diluye, se desvanece.
La reforma judicial está poniendo en crisis este y otros principios básicos del sistema de división de poderes. La Presidenta, los líderes de Morena en ambas Cámaras y todos sus asesores jurídicos están convencidos de que los tribunales federales no tienen autoridad para emitir sentencias que frenen o modifiquen la reforma judicial. Ello les da "derecho" a no acatar las sentencias de dichos tribunales. El Poder Reformador de la Constitución -dicen- está por encima de cualquier decisión judicial. Es más: ese mismo Poder Reformador acaba de reformar la Constitución para que ello sea incontrovertible. La mayoría calificada en ambas Cámaras y, al menos, 17 legislaturas locales representan la voluntad mayoritaria del Pueblo. Frente a ese poder que viene de las urnas, las y los jueces no pueden hacer nada. Los precedentes de la Corte en la materia apoyan esta posición.
Sin embargo, el derecho no es como las matemáticas, es decir, no es un sistema deductivo de demostraciones que llevan a una única solución correcta. El mundo de la impartición de justicia es el mundo del conflicto y ello presupone principios e interpretaciones jurídicas en contradicción. Para quienes demandan la inconstitucionalidad de la reforma judicial, el Poder Reformador de la Constitución sí tiene límites, los cuales vienen dados por el régimen político y la forma de gobierno. Para cesar a todas las personas que imparten justicia en el país y romper los basamentos constitucionales de la independencia judicial, se necesita, según los que defienden esta posición, una Asamblea Constituyente porque ello cambia la forma de gobierno. El Poder Reformador no lo puede hacer por sí solo, aunque reforme la Constitución para que los jueces no intervengan. Existen precedentes de otros tribunales en el mundo en este sentido y la Corte siempre puede modificar o revocar sus propios precedentes si explica por qué y cuenta con una mayoría calificada para hacerlo.
Ambas soluciones jurídicas son posibles constitucionalmente. No es verdad que una es "correcta" y la otra "incorrecta". Ni mucho menos que ello lo pueda definir la Presidenta o los líderes de Morena en las Cámaras. En principio, en el sistema de división de poderes le toca a la Corte resolver ese conflicto. Sin embargo, la propia Corte está implicada en la disputa. Estamos ante un caso límite.
La reforma judicial no va a ser posible sin una grave confrontación con sus destinatarios. Hoy vemos a pie de guerra a quienes laboran en el Poder Judicial federal. En dos años, también se sumarán las y los funcionarios judiciales de las 32 entidades federativas. En esta confrontación con los poderes electos, los poderes judiciales se van a ir desmoronando gradualmente.
El ministro González Alcántara propone una salida: que se sustituyan todas las cabezas del Poder Judicial federal por personas afines a Morena. También que desaparezca el Consejo de la Judicatura y se cree el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración con personas de su confianza. En las entidades federativas, que sólo se afecten los consejos de la judicatura en el mismo sentido que en el ámbito federal. Con ello, la Presidenta y los líderes de Morena en las Cámaras van a poder controlar el sentido de cualquier caso que estimen relevante. Es decir, lograrían su principal objetivo sin dinamitar el sistema de justicia.
Esta salida es la última llamada para evitar una crisis innecesaria y muy costosa para el país. Además de 8 votos en el Pleno, se necesita que Sheinbaum opte por moderar la radicalidad y desconcierto con los que AMLO decidió que empezara su sexenio
Tomado de: Reforma