2025 Feb 6 Sólo los incondicionales. Luis de la Barreda Solórzano.
Una majadería insólita, sin precedente: la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no invitó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a la ceremonia conmemorativa del 108 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República de Querétaro.
El motivo, explicó la doctora Sheinbaum, es que nuestro máximo tribunal no ha respetado a los poderes Ejecutivo y Legislativo ni a la Carta Magna. Extraña explicación porque lo que ha hecho el alto tribunal es defender la Constitución contra decretos e iniciativas claramente inconstitucionales, y esos dos poderes han decidido disolver a la propia Corte y demoler a todos los poderes judiciales del país.
La grosería y su pretendida justificación son claros indicadores de que, como advierte Sergio Sarmiento, “un poder judicial independiente no tiene cabida en este nuevo régimen” (Reforma, 5 de febrero). Sheinbaum no invitó a la ceremonia a Norma Piña ni a la mayoría de los ministros, pero sí a tres de ellos: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, las incondicionales del gobierno.
Una curiosa insaculación —la tómbola tomó partido— puso en la boleta electoral a aspirantes afines a la 4T para competir por el cargo de ministro de la Suprema Corte. La Corte, concluida la farsa que se nos quiere presentar como elección popular, ya no será un tribunal constitucional independiente defensor de los derechos humanos de todos los gobernados, sino una novena de ministros dóciles a los designios del Poder Ejecutivo. Algo similar ocurrirá respecto del resto de los juzgadores excepto los que se atrevan a saltarse las trancas corriendo el riesgo de ser guillotinados.
Me causa náusea imaginar una Suprema Corte con Zaldívares, Lenias, Lorettas, Yasmines, unos ministros que serán como el hongo que ataca a las hormigas y al introducirse en ellas comienza a controlar su cerebro, luego su cuerpo, para después forzarlas a morder compulsivamente las hojas de los árboles hasta hacerlas morir.
Adiós al derecho de acceder a una justicia imparcial, objetiva y de calidad. Todos nuestros demás derechos quedarán al arbitrio del gobierno, un gobierno hostil a todos los que no son sus adeptos y que pretende justificar todos sus actos con la cantaleta de que obedecen a la voluntad popular.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no tendrá contrapesos: ése es uno de los legados funestos de su antecesor. El nacionalpopulismo (el término es de Carlos Marín) ha capturado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, mediante un burdo fraude electoral, al Congreso, gracias a lo cual capturará también a los poderes judiciales.
No olvidemos ese grotesco fraude: los votos no le dieron a Morena y sus partidos aliados el porcentaje de curules de los que se apropiaron. Una votación de poco más de 50% la transformaron en casi tres cuartas partes de los escaños, lo que les dio la holgada y espuria mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución.
Las boletas electorales contendrán numerosos nombres que a los ciudadanos no les dirán nada. ¿Quién sabrá qué candidato es el más idóneo para ser juez en cada una de las materias? ¿Quiénes querrán acudir a las urnas a votar a ciegas? No se requieren las dotes de Casandra para prever que lo que sucederá será un descarado acarreo de las huestes de la 4T para que crucen las boletas exactamente por los candidatos que se les indique.
No será una elección popular, sino una puesta en escena destinada a consumar el golpe a la democracia que conducirá a un régimen sin división auténtica de Poderes, a un Estado sin Estado de derecho. Pero, aunque fuese de verdad una elección popular, estamos ante una operación de aniquilamiento de los poderes judiciales. Los juzgadores deben ser los más preparados, los más aptos para esa delicada función, y no han de deberle su cargo a una votación, sino a sus propios méritos demostrados en su trayectoria y en concursos de oposición.
La elección de juzgadores no engaña a nadie: es una vía para someter a los juzgadores, para que no salgan con el cuento de que la ley es la ley. Y si no lo entienden, un tribunal inquisitorial los hará entender, incluso destituyéndolos y denunciándolos penalmente.
Tomado de: Excélsior