2025 Mar 9 Unidad. Carlos Elizondo Mayer-Serra.
El llamado presidencial a la unidad debería llevara deliberar cómo impulsar crecimiento y bienestar. Pero no es su objetivo.
La Cuarta Transformación, lo dijo siempre AMLO, es la separación entre el poder político y el poder económico. En su visión, durante el periodo neoliberal se antepusieron los intereses privados a los públicos. Para los gobiernos de Morena, la separación se entiende como la prevalencia del poder político sobre el económico. Las recientes reformas constitucionales van en el sentido de consolidar el control.
La buena noticia es que la administración actual sabe que, sin inversión privada, no habrá crecimiento. El gobierno invierte menos del 3 por ciento del PIB; los privados, más del 20 por ciento.
Por su parte, los grandes empresarios han entendido que estar hoy cerca del gobierno es una necesidad. Al tener interlocución con él, en algo pueden modular la política pública. Más aún ante la amenaza arancelaria de Trump.
Por eso hicieron bien los líderes empresariales en aceptar el llamado de unidad en la asamblea informativa transformada en festival hoy en el Zócalo, aunque ahora la Presidenta hablará sobre el Poder Judicial. En la visión de la 4T, dicho poder ha sido un instrumento de la élite empresarial para obtener beneficios a costa del gobierno.
AMLO logró transformar el sistema político para concentrar el poder. Sin embargo, los resultados económicos fueron muy inferiores a lo esperado. En el 2023, Hacienda previó un crecimiento para el 2024 del 3 por ciento; fue del 1.3. Casi todos los supuestos macroeconómicos de los que partió el pronóstico se cumplieron o fueron mejores: la economía de Estados Unidos no creció 1.8 por ciento, como se estimaba, sino 2.8, y el precio del crudo no fue de 56.7 dólares por barril, sino de 70.7.
Con un vecino con una economía boyante y un déficit público del 5.7 por ciento del PIB, es un misterio que el 2024 hayamos tenido tan pobre crecimiento. Se pueden dar todo tipo de razones, pero me parece que el fondo del problema es el modelo mismo. Está basado en repartir dinero, no en generar bienes públicos. Ahora, por ejemplo, a los padres de niños con cáncer les darán un apoyo, mas no servicios médicos para sus hijos. Parte de un poder discrecional que genera incertidumbre.
En la encuesta del Banco de México publicada el 3 de marzo, sobre cuáles son los obstáculos al crecimiento, la principal razón es la gobernanza, con el 46 por ciento de las respuestas, frente al 28 por ciento que considera que son las condiciones externas. En la medida en que se vaya aterrizando la reforma al Poder Judicial se hará más evidente el riesgo que implica. El futuro Poder Judicial estará, en el mejor de los casos, bajo el control del gobierno. Ganar una controversia o un asunto fiscal será muy complicado. En el peor, quedará bajo el control de ciertos grupos políticos e incluso del crimen organizado.
Para que haya más inversión se necesita un árbitro imparcial, no uno que favorezca a uno de los equipos, pero en todos los ámbitos lo que el gobierno quiere es poder discrecional. Eso sí, acompañado del deseo de atraer inversión privada.
Este modelo no funciona para muchos inversionistas. Por eso, de los casi 39 mil millones de dólares de inversión extranjera recibida en México en 2024, sólo el 8.6 por ciento constituyó inversión nueva; el resto fue fundamentalmente reinversión de utilidades de quienes ya conocen cómo se operan los negocios en México. Pero ni ellos, ni en realidad nadie, entienden el mundo que viene: el de un Poder Judicial al servicio del poder político.
El llamado a la unidad por parte de la Presidenta debería tener ese propósito: deliberar qué hacer para impulsar el crecimiento y el bienestar de todos. Pero no es ese su objetivo. Es reafirmar la supremacía del Poder Ejecutivo y recordar que el Judicial será electo, es decir, definido por quienes controlan las bases morenistas. Es la unidad del poder a lo que se refieren en su convocatoria.
@carloselizondom
Tomado de: Reforma