2025 Jun 10 Sobre el informe de la OEA acerca de las elecciones judiciales. José Ramón Cossío Díaz.
De manera predecible, las autoridades del gobierno mexicano han criticado el informe preliminar que la Misión de Observación (MO) de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió respecto de la elección judicial del pasado 1 de junio. Las críticas eran tan previsibles como de hecho lo son. Se dice que la soberanía nacional se ha visto vulnerada y, sin embargo, se olvida que México es parte de la OEA. Se dijo que la MO era un instrumento de los Estados Unidos de América, olvidando que las misiones de observaciones electorales existen desde hace más de 60 años, que el gobierno estadounidense desconfía de la organización y que el jefe de la MO es un destacado miembro de la izquierda chilena. Nuestras autoridades también han señalado que el informe es deficiente porque no alude a la corrupción y a la lentitud de la justicia mexicana ni al origen étnico de quien próximamente presidirá la Suprema Corte, sin reparar en la dificultad de incorporar esas cuestiones en su mandato de observación electoral.
Otras críticas consideran que la MO excedió lo previsto en la Carta de la OEA al opinar sobre los procesos electorales mexicanos. Este señalamiento resulta relevante por haber sido emitido por el Gobierno de México y por incidir en el ámbito del derecho interamericano. Más allá de su oficialidad, tales acusaciones resultan inadecuados e ineficaces para las que, supongo, son las pretensiones del propio gobierno. Nuestras autoridades se equivocaron al asumir que el objetivo de la MO se limitaba a observar casillas, votantes y resultados; a contabilizar lugares, momentos y personas e informar sobre tasas de participación o incidencias. A diferencia de las suposiciones del gobierno mexicano, la MO entendió que su mandato era considerar todo lo relacionado con la elección judicial: un arco que, efectivamente, debía comenzar con las reformas constitucionales y concluir con los resultados, pasando por los propiamente electorales, aquellos relacionados con los derechos, así como las garantías tanto de justiciables como de juzgadores.
Ante el informe preliminar de la MO, la estrategia que está siguiendo el Gobierno de México sigue siendo la de descalificar al mensajero. Asistiremos a una disputa sobre lo que pudo hacer la Misión y los alcances de sus objetivos. En ese acontecer se cruzarán las demandas para que la OEA se pronuncie tanto sobre lo que ocurre con los mexicanos en territorio estadounidense como sobre lo que su MO hizo en el territorio mexicano. Para superar la discusión sobre las tareas de la Misión y los alcances de sus informes, el gobierno de México debería, como soberano que es, refutar lo observado en sus trabajos y reportado en sus resultados. En lo estrictamente electoral, refutar las sospechas sobre los trabajos de los comités de selección, la creación de distritos electorales y la asignación a algunos de ellos de juzgadores nacionales, la impresión y distribución de acordeones electorales, la movilización partidista antes y durante la jornada de votación, la posposición de los recuentos y otros temas semejantes. Podrían también explicar las coincidencias entre la cercanía de los candidatos con el oficialismo, la presencia de su nombre en los acordeones y el número de votos recibidos.
El problema que las autoridades mexicanas tienen con el informe y con la MO, no tiene que ver con el mandato ni con sus alcances. La real molestia simple y sencillamente proviene de lo contado. De lo que sus integrantes constataron mediante entrevistas, documentos, declaraciones y acontecimientos. Del hecho de que una instancia internacional, legítima y legitimada, haya corroborado lo que muchos mexicanos hemos dicho sobre el origen, procesamiento y efectos de una reforma hecha para lograr el completo apoderamiento de la función jurisdiccional en el Estado mexicano.
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la SCJN
Tomado de: El Universal