2022 Ene 16 Bordeando el derrumbe. Rolando Cordera Campos
Sin menoscabo ni desmedro de los incrementos al salario mínimo, debemos reconocer que el país vive una tragedia laboral que se desdobla: por una parte, un pésimo empleo, por su calidad y nivel medio de remuneraciones y, por otra, una brecha laboral conformada por los subempleados, los que no buscan empleo y los desempleados abiertos, de grandes proporciones y desconocidas repercusiones.
De estos temas y problemas debería estar llena la agenda de partidos y legisladores, simplemente porque son los derechos fundamentales de muchos millones de mexicanos los puestos cotidianamente en entredicho. Pero no ocurre así.
La agenda de la política y del Estado, definida sin consulta ni apelación alguna por el Ejecutivo, tiene otros rumbos, otros contenidos, otros objetivos. Algunos de ellos de baja estofa y corta mirada, donde los han ubicado algunos desatinados políticos y parlamentarios que quieren llevar a la cárcel a seis consejeros del INE.
Despropósito ominoso, nada menos que por parte del presidente de la Cámara de Diputados; diarias embestidas del presidente López Obrador; campañas permanentes y vergonzosas contra el INE; en fin, toda una cruzada contra el edificio electoral democrático construido a lo largo de 30 años, con propósitos no expresos, pero con implicaciones bien identificables: (re)centralizar el poder de decisión política en el Ejecutivo, minar las capacidades del órgano constitucional electoral autónomo, quitar del camino a los que, desde la Presidencia, se califica como enemigos del proyecto de transformación. Y, lo más reciente: un delirante plan de austeridad para el INE, tal es el panorama en estas primeras semanas de año.
Sin menospreciar sus impactos más lejanos sobre las estructuras y el entramado de la democracia plural y representativa con que contamos, las querellas largamente cultivadas y, al final, mitificadas, ahora desembocan como afluente envenenado en el río de esa tan confusa como difusa transformación que sólo los exegetas más obtusos se atreven a calificar de necesaria o productiva para el país y su democracia.
Mala señal para la nación aquí y ahora. Peores horizontes para un futuro que muchos queremos de prosperidad y protección sociales, pero que el gobierno y su coalición parecen empeñados en negar por la vía más corrosiva de que tengamos memoria.
El abuso de la memoria desde el poder se ha vuelto práctica permanente y recurso bastardo para adquirir una legitimidad que a diario se deteriora por los abusos que se hacen de ella. Reinventar la historia para justificar excesos de autoridad y abusos del propio poder, obtenido legítimamente en las urnas, no puede conformar espacio ninguno para reproducir el mando conforme al canon democrático establecido. Ésta es la coyuntura emponzoñada a que nos lleva la Cuatro-T sin advertir lo que estas campañas de erosión de instituciones y convenciones, entendimientos y compromisos entre los actores políticos, implican para su propio futuro. Se deteriora el respeto ganado en años de entrega a una política popular considerada por muchos como auténtica y en efecto transformadora y se abre un espacio de (in)definiciones constitucionales, donde irremediablemente campeará la ilegalidad como uso y costumbre y se abrirá paso al más descarado ejercicio del otro poder, el que viene de la fuerza abierta y que se mantiene como monopolio descarado del crimen organizado.
La República sin piel ni máscara; las mediaciones para la conversación pacífica y civilizada por los suelos y sus agentes bajo tierra o trasterrados.
No pueden ser estas reflexiones propias de arranque de un año con esperanzas de mejoría en la salud y hasta en la economía. Pero se ha abusado del mito y su memoria; de la historia y sus registros; del poder y sus lecciones. Un desastre.
Tomado de: La Jornada. Domingo 16 de enero de 2022