2024 El daño está hecho. Balance y políticas para la reconstrucción. Ricardo Becerra (Coord.).
Desde finales de 2018, el presidente de la República y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han protagonizado una profusa incursión política bajo la forma de leyes, decretos —incluso memorándums e iniciativas que están trastocando casi todos los elementos del sistema constitucional democrático, desde la división de poderes hasta el sistema federal, desde la libertad de prensa hasta la libertad de cátedra y gestión en universidades y centros de investigación, desde la laicidad del Estado hasta la representación en el Congreso, desde la independencia judicial hasta la autonomía de las autoridades electorales. Todo esto es puntualmente documentado en las páginas que siguen.
Importa señalar desde el comienzo la naturaleza política de este gobierno. Podríamos desmenuzarla así. Primero que nada, la polarización como telón de fondo permanente: mantener dividido al país en un nosotros que se asume como “el pueblo” y un “ustedes” que agrupa a los enemigos de ese mismo pueblo. Simple y eficaz, el planteamiento ha suscitado la peor conversación pública de que tengamos registro. El lector podrá verificar que las decisiones importantes (freno a la construcción del aeropuerto en Texcoco, militarización de la seguridad pública, cancelación de las evaluaciones en la escuela pública, manejo de la pandemia, etcétera) expresan un rasgo en común: todas han sido promovidas y defendidas por el presidente de la República sin buscar el diálogo o el acuerdo con los otros actores del sistema político —gobernadores, alcaldes, legisladores, partidos, instituciones autónomas, especialistas y la sociedad civil—. De modo que México vive una situación en la que el poder unipersonal se refuerza excluyendo, deliberadamente, el pluralismo político real.
Una segunda característica: el lopezobradorismo no es un programa o un proyecto coherente ni consistente. No existe un plan pensado o trazado de antemano en sus medidas y etapas sino que estamos ante una serie de decisiones contingentes que se toman sobre la marcha, pero cuyo signo inequívoco es la concentración de poder y atribuciones en el presidente de la República, aun en contra de algunos preceptos constitucionales, leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas democráticas.
La tercera es, por supuesto, la destrucción obsesiva. El actual gobierno tiene en su haber una larga cauda de desmantelamiento que se está traduciendo en una erosión de las capacidades del Estado en muchos campos, de modo muy visible en el sistema de salud, los mecanismos de protección del medioambiente, la capacidad de respuesta del gobierno ante los desastres, la educación básica, la investigación científica y las agencias autónomas e independientes. En estos cinco años, hemos atestiguado una pérdida de conocimiento del Estado mexicano y de capital humano que había costado mucho formar, así como un rezago de las capacidades de implementación gubernamental. El resultado es un Estado menos democrático, pero también más débil.
El cuarto rasgo del lopezobradorismo es la expansión de atribuciones y recursos trasladados a las Fuerzas Armadas. Ahora son las encargadas directas de la seguridad pública en todos los niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal). De modo inconstitucional, se han convertido en el mando de la Guardia Nacional y ahora se hacen cargo de la administración de puertos, aeropuertos y otros sistemas vitales del país, por no mencionar la construcción de las obras de infraestructura más grandes que están en marcha (nuevo aeropuerto, refinería, trenes, etcétera) y de las sucursales para la distribución de programas sociales.
No sólo es un abandono de una promesa central de campaña, sino que marca un cambio completo en el significado de la democracia y de la transición que estaba viviendo nuestro país, pues tales procesos en América Latina precisamente se propusieron escapar de la tutela que el poder castrense ejercía sobre el poder civil. El lopezobradorismo ofrece a México el camino inverso. Esto implica no sólo un nuevo arreglo administrativo, sino una efectiva transferencia de poder a las corporaciones armadas. Esa militarización se ha desplegado en nombre de la seguridad, el combate al crimen organizado, la disminución de la violencia y la pacificación de la vida pública. Sin embargo, los datos muestran que la creciente presencia de las Fuerzas Armadas no ha modificado el estado de cosas y que además, junto a la gestión de la pandemia, arrojan los peores resultados de este gobierno.
Una quinta característica es la reiterada, deliberada y sistemática violación a las leyes y a la Constitución, en muchos campos y para todo fin: para permitir sus “obras emblemáticas”, para entorpecer el funcionamiento de los órganos autónomos, para cambiar la naturaleza de ciertas instituciones, para abrir las compuertas de la militarización, para negarse a la transparencia y el acceso a la información. La constante es un gobierno que violenta las leyes sobre las que se erige, sembrando en el camino afirmaciones falsas, arguyendo por sistema “otros datos” para distorsionar la conversación pública y llevarla a un ambiente de confusión y ambigüedad que él mismo provoca.
Finalmente, el lopezobradorismo se ha propuesto la centralización de decisiones, atribuciones y procesos que naturalmente pasan por otras áreas del gobierno, en una suerte de gigantismo presidencial. El trágico episodio de la alerta a los habitantes de Acapulco acerca de la catastrófica conversión del huracán Otis en uno de categoría 5, que fue anunciada por medio de un tuit del presidente (y no de los sistemas de protección civil federal, estatal y municipal), ilustra esa tendencia de asumir funciones y decisiones gubernamentales.
Tomado de: Becerra Ricardo (Coord.). El daño está hecho. Balance y políticas para la reconstrucción. México. Ed. Grano de Sal. Págs. 10-13.