2016 Oct-Dic México, la mediocridad de una economía mafiosa. Entrevista con Edgardo Buscaglia*. Por Ariel Ruiz Mondragón
El funcionamiento del crimen organizado depende de un aspecto clave: la forma en que los recursos que obtiene por sus actividades ilegales son introducidos en la economía legal no sólo nacional sino mundial. Para hacerlo cuenta con sofisticados mecanismos y procedimientos que hoy resulta necesario desactivar.
En su libro Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional (México, Debate, 2015) Edgardo Buscaglia realiza un análisis de la trayectoria que sigue el dinero sucio obtenido a través del narcotráfico, la corrupción política, los fraudes fiscales, la piratería, el contrabando, la trata y desaparición forzada de personas, así como las extorsiones y delitos cibernéticos, hasta ser integrado a la economía formal. De ese estudio propone 20 políticas públicas que han tenido éxito en varios países.
Conversamos sobre esos temas con el autor, quien es doctor en Derecho y Economía y finalizó estudios de posdoctorado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign y en la Universidad de California en Berkeley. Es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, director del International Law and Economic Development Center, e investigador en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia. Ha colaborado en medios como The Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal y El Mundo.
Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar un libro como el suyo, tras Vacíos de poder, del que incluso recupera algunos temas, y que vincula el lavado de dinero con la seguridad humana?
Edgardo Buscaglia (EB): Uno de los factores que me hizo escribir este libro —que está diseñado para ser accesible a una persona con una formación general y que no tiene que ser experta— es que a mí me alarma mucho ver que cuando se habla de lavado de dinero se parte de la premisa de que el dinero sucio —el que después se lava para que aparente ser legal y esconderlo— sólo proviene del narcotráfico y de impuestos que no se pagan.
Eso a mí me alarmaba porque yo observaba que, en la realidad, una gran parte de las 27 mil desapariciones forzadas que se producen en México por el tráfico de migrantes, la trata de mujeres y de personas que simplemente han denunciado a políticos con vinculaciones mafiosas, tienen una motivación económica: se hace desaparecer a la gente porque hay un grupo mafioso que está ganando mucho dinero sucio al cometer esos delitos.
Gran parte del lavado de dinero mexicano sale y surge de la corrupción política mexicana. Eso es algo que nadie había dicho antes, y yo veía que si no se aclaraba este punto parecería que combatir el lavado de dinero es una acción que debe ser secundaria en cualquier Estado. Había esta hipótesis, muchas veces bienvenida por las mafias, de que si se combate el lavado de dinero se causa una crisis económica, porque al haber tanto dinero sucio que va parar a edificios, a construcción, los obreros no iban a tener trabajo, pero en realidad no es así. Los países que sufren de economías criminales, como México (catalogado como una de las tres principales economías ilícitas del mundo) son a los que muchos inversores extranjeros no van porque tienen miedo de mezclar su dinero limpio con el sucio.
Eso primero; segundo, los grupos criminales que lavan dinero se basan mucho en la informalidad, en que haya millones de mexicanos que venden piratería y contrabando, y entonces la delincuencia organizada está muy contenta porque eso le permite sobrevivir.
Cuando combates el lavado de dinero y lo desmantelas, lo que tienes que hacer al mismo tiempo es formalizar a esos millones de personas de la economía mexicana que hoy están vendiendo piratería, quienes son empresarios en potencia, que tendrían acceso a crédito, que generarían empleo y capacitarían a los jóvenes para producir.
Esa informalidad que hoy sostiene a la delincuencia organizada debería ser la formalidad que catapulte a México a un nivel de crecimiento anual del 9 o 10 por ciento, como China, y que no la que hoy mantiene al país sumido, con esta economía mafiosa, en un 2 por ciento.
Con el lavado de dinero, que ha sobrevivido en este país por tantos años, ¿qué tenemos? Una economía con más del 50 por ciento del producto interno bruto dedicado a la informalidad y la miseria, que crece en un 2 por ciento, lo que es una mediocridad espantosa en el mejor periodo demográfico de la historia de este país, con un desempleo latente cada vez mayor, con un millón más de pobres durante la administración de Enrique Peña Nieto. En todos los órdenes se ha fracasado.
Esa es la economía de lavado de dinero que el cártel de Sinaloa y los políticos mafiosos pretenden prolongar. Yo no veo ninguna consecuencia positiva de esta economía, sino todo lo contrario: veo a millones de personas hundidas en la informalidad, pobreza y un crecimiento económico paupérrimo que es el hazmerreír de las economías de la OCDE.
La economía mexicana debería estar creciendo al menos como la de India: 7, 8 o 9 por ciento. Esta es la mediocridad que tenemos en esta economía de lavado de dinero, mucho del cual es el producto de crímenes de lesa humanidad, como la compra-venta de seres humanos y las desapariciones forzadas. En este país estamos pagando con sangre y lágrimas el lavado de dinero, que no es como en Francia o en Alemania, que surge mayormente de la evasión tributaria, de la piratería, del contrabando; no, acá surge de desapariciones forzadas.
México es uno de los principales centros mundiales de la trata de personas, según medios de difusión internacionales como CNN. El tema es que hoy estamos ante una situación en donde hay 21 millones de personas anualmente sumidas en la compra-venta y la esclavitud.
*Entrevista publicada en Metapolítica, año 20, núm. 95, octubre-diciembre de 2016.
Hoy México forma parte de las economías de la esclavitud, junto con Nigeria, países de Medio Oriente y Pakistán. Estamos en un club de países con impunidad, esclavitud y un desempeño económico trágico. Yo no sé qué hay que preservar, porque combatir al lavado de dinero y la mafia es el único sentido que le queda a México. Los únicos que quieren preservar este sistema son los mafiosos que se han enriquecido a través de él.
AR: Un asunto central que señala en el libro es el traslado de dinero sucio que va de los países con instituciones débiles hacia los que sí ofrecen seguridad jurídica: el 67 por ciento del lavado de dinero va a dar a los países centrales. ¿El lavado de dinero y la corrupción política son funcionales al capitalismo global, al modelo neoliberal? Lo digo porque también usted destaca que esos recursos generan burbujas, como en el sector inmobiliario.
EB: Yo no asimilaría el lavado de dinero a ninguna ideología, ni liberal ni putinesca en Rusia, por ejemplo. Creo que el mafioso, como cualquier otro ser humano, busca seguridad jurídica para su capital, busca mandar a sus hijos a escuelas suizas, se compra castillos en Francia, centros comerciales en Alemania, porque allí hay un sistema que protege su propiedad privada. Yo mismo quiero tener mis cuentas bancarias en esos países, no en Nigeria.
El punto es que el mafioso busca el Estado de derecho. Yo no llamaría a la de Alemania “economía neoliberal” y, sin embargo, allí tienes una gran concentración de lavado que se integra: comienza en la Ciudad de México, pero termina allá luego de pasar por muchos países para ocultar el origen de ese dinero sucio.
Yo no creo que eso obedezca a ninguna ideología; va a parar a Estados Unidos un 20 por ciento del lavado de dinero mundial, pero se integra allí en forma de caballerizas, centros comerciales… Incluso hubo casos paradigmáticos, como el del banco HSBC, que reconoció los “errores” que cometió al permitir que se lavaran más de 7 mil millones de dólares a través de sus sucursales en Sinaloa y hacia diferentes países del mundo. Allí tienes un caso donde claramente se observa que se necesitan dos para bailar tango, no es México bailando solo.
Pero México tiene que hacer sus deberes para que acá no ocurran crímenes de lesa humanidad, porque, como dije, el lavado de dinero en Francia o en Alemania no sale de 27 mil desaparecidos sino de delitos con menor impacto social (no digo que no lo tengan, pero es menor). Las delincuencias organizadas alemana, francesa o japonesa cometen delitos de menor impacto social y sacan su lana sucia; pero en México, con estados débiles y mafiocratizados, la delincuencia organizada hace desaparecer a miles de niñas —como en Tlaxcala— y de migrantes, además de cometer crímenes de lesa humanidad porque tenemos un Estado fragmentado y mafiocratizado.
Propongo fortalecer los controles patrimoniales, judiciales y políticos para que México no sea una ganga para cualquier grupo criminal del planeta, y para evitar las desapariciones forzadas y el lavado de dinero que proviene de ellas, dinero que finalmente se va a integrar a las economías de Alemania, Francia o España. Se pierde por todos lados porque ni ese dinero se queda aquí.
Hace años, cuando no había ni una delincuencia ni una economía tan globalizadas, Rafael Caro Quintero mantenía mucho dinero en Guadalajara, y la gente lo veía; hoy ya no es así: vivimos en un mundo globalizado, en el que el 70 por ciento del dinero que generan estos grupos criminales va a parar a las Islas Caimán, Europa y Asia. Entonces es el peor de los mundos: ni siquiera el producto del lavado queda en México, lo que es otro argumento más en contra del dicho de que la economía va a sufrir si combatimos el lavado. No hay nada que perder sino todo por ganar si combates el lavado.
AR: Trata los procesos de democratización que usted llama “fallidos”, y toma el caso de México, en el que se perdieron los controles que había durante el autoritarismo. ¿Qué pasó con la democratización, que parece haber aumentado la actividad de la delincuencia organizada?
EB: En su momento y creo que con buena voluntad, el entonces presidente Ernesto Zedillo le dio a los partidos mucho dinero para que pudieran operar, dado que quería establecer un equilibrio de capacidades entre ellos para competir en las elecciones. Creo que la intención no fue mafiosa, pero los inundó de dinero presidencial que terminó, a final de cuentas, corrompiendo al más honesto, porque les dio a los políticos la capacidad de manejar y gastar miles de millones de pesos sin darle cuentas a nadie. Esa cultura de la impunidad comenzó a prevalecer desde el nacimiento mismo de lo que iba a ser la futura democracia mexicana, que nunca fue.
Eso generó lo que observas ahora: un descontrol patrimonial en el financiamiento de campañas, lo que se está tratando de contener: el fiscal Santiago Nieto es uno que intenta hacerlo, y ya ves cómo le va: lo comienzan a asediar, acusar, amenazar, como le sucede a los fiscales honestos en un buen sistema político mafioso.
Esa situación hace que hoy el canal de entrada de la delincuencia organizada sea principalmente a través del financiamiento de campañas electorales, lo que hace que la democracia mexicana haya nacido muerta y nunca se haya realmente traducido en una competencia electoral por el voto limpio del ciudadano. Hay un estudio muy bueno de dos colegas míos en Berkeley, en donde argumentan que entre el 20 y el 25 por ciento de los votos emitidos en este país están sujetos a fraude. Ninguna democracia puede sobrevivir con esos indicadores.
Lamentablemente estamos ante una situación en la que, si no se introducen estos controles patrimoniales que yo señalo con las 20 medidas propuestas en este libro, nunca vas a salir de este laberinto de candidatos mafiosos, no vas a poder tener un sistema político que renazca con la posibilidad de transformarse en una democracia.
La democracia mexicana nació muerta por el mismo dinero sucio y por la misma lana limpia que entraba mezclada, y para gastarse discrecionalmente, sin controles de ningún tipo. Tiene que haber controles ciudadanos, legislativos, judiciales y del Ejecutivo sobre los financiamientos de campañas electorales, que hoy brillan por su ausencia. El único control que más o menos le tratan de imponer al financiamiento es el de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuyo presupuesto está diseñado premeditadamente para que no pueda operar: le dan tan poco dinero que ningún despliegue que pueda realizar el fiscal puede tener efectividad.
En eso consiste el pacto de impunidad que, en su momento, Carlos Navarrete admitió al aire con Carmen Aristegui: cuando ella le preguntó si Buscaglia tenía razón, él dijo: “Bueno, hay un pacto de impunidad”; pero aclaró: “No está escrito”. Menos mal.
AR: Hay un señalamiento que me parece dramático: se entró en una guerra contra las mafias, pero con policías y militares que les sirven justamente a éstas. Además, hay políticos cuyas campañas son patrocinadas por esas mismas mafias. En ese escenario, ¿cómo emprender el combate al lavado de dinero?
EB: Las medidas para combatir estos cánceres están muy señaladas en obras que han escrito colombianos, italianos, argentinos y brasileños, quienes han visto cómo sus países han comenzado a salir de este problema porque han tomado estas medidas que yo recomiendo en mi libro, que están inspiradas en las experiencias de otros países. Son políticas públicas que se han implementado y que han dado resultados totales o parciales.
Esos países tuvieron dos tipos de catalizadores que forzaron a las clases políticas mafiosas a purgarse cuando estaban entre la espada y la pared y no tenían otra alternativa. Una de ellas fue que en países como Brasil y Argentina se constituyeron movimientos de la sociedad civil apoyados internacionalmente. Así ocurrió con el tema de los desaparecidos con las Madres de la Plaza de Mayo: fueron puntas de lanza (metafóricamente hablando) que paralizaban al país y le causaban gran costo a las élites de estos países, que las odiaban y las consideraban subversivas. Así, tarde o temprano la presión internacional comenzó a emitir un mensaje claro de que la cosa no iba a más.
El caso de Carmen Aristegui es un mensaje al sistema mafioso mexicano: le fue otorgada la máxima condecoración al mérito civil que existe en el Estado alemán, es algo que se les da a los héroes. Éste le está diciendo, muy diplomáticamente, al Estado mexicano: “Esta persona que tú has asediado, has discriminado, a la que no dejas trabajar y le cercenas la libertad de expresión, es considerada una heroína del Estado alemán”. Fue lo mismo en Colombia: los líderes sociales colombianos fueron condecorados en Francia.
Lamentablemente, para que ese proceso comience en nuestro trágico mundo tienen que perderse miles de vidas.
Las grandes experiencias de la humanidad y del progreso social, lamentablemente, se construyen sobre los cadáveres de las víctimas. A uno le duele mucho la historia de la humanidad porque esto ha sucedido innumerables veces en muchos países, pero así se construye; mientras la élite mexicana no comprenda este proceso, mientras gente como Enrique Krauze y todos estos héroes de la élite mexicana no comiencen a comprender lo que se les viene, van a seguir formando parte del problema y no de la solución.
Tienen que comenzar a comprender que se les va a venir un tsunami, de cual yo formo parte, y que va a permitir que en México se apliquen las mismas acciones y políticas públicas que se aplicaron en otros países para comenzar a salir del problema. Ningún país pasa del infierno al paraíso de la noche a la mañana, pasan décadas; pero Colombia está marchando hacia algo mejor, con presidentes que proponen paz y no guerra, con grupos criminales que ya no se enfrentan de igual a igual con el Estado, con muchos infiernos por delante pero se avanza. Italia: dos terceras partes del Parlamento han sido procesadas por vínculos con mafias, con una sociedad civil que no permitió que el Estado se transformara en un prostíbulo de mafias, como el mexicano. Eso ha ocasionado un movimiento social que después ha perdido fuerza pero que sigue actuando, por lo que mucho de lo que se decomisa en Italia en cuanto a propiedades, fábricas, tierras, se reasigna a cooperativas agrarias de la sociedad civil para el tratamiento de víctimas, para la capacitación de jóvenes. Entonces Italia ha marchado.
Nigeria: el presidente Buhari ha comenzado a procesar a gobernadores y a legisladores del más alto nivel. Brasil, aún más que Nigeria, ha encarcelado a miembros del gabinete. Tenemos ejemplos por doquier para poder comenzar a transitar por el camino de la seguridad humana.
En el fondo lo que tenemos como objetivo es que el mayor desmantelamiento de redes criminales de políticos y de empresarios “legales” conduzca a que mucha inversión que hoy va a compensaciones salariales obscenas para ministros de la Corte, para senadores y diputados, así como de licitaciones públicas mafiosas, todo se convierta en acceso a la salud, a la educación, al agua, a la justicia, que en el fondo es lo que hace seguras a las personas como seres humanos.
AR: Para analizar la infiltración de la delincuencia en los Estados usted propone un enfoque microinstitucional; destaca cinco niveles de infiltración que va desde la aislada, individual, hasta la colocación de delincuentes en grandes posiciones de poder. ¿Cuál es la situación de México al respecto?
EB: No se combate la corrupción en ningún nivel; en el mejor de los casos, agarran a un policía recibiendo algún dinerito, 200 pesos o un poco más, y quizá a ese pobre tipo lo procesen pero porque no forma parte de una red criminal de poder. Pero no observas en este momento experiencias importantes de combate a la corrupción.
Aduanas ha mejorado en alguna medida en su atención al público, pero hay áreas que son capturadas por los grandes grupos criminales mexicanos y extranjeros, que siguen operando con total impunidad, como ocurre en Colima, Lázaro Cárdenas, Veracruz y otros puertos que siguen siendo grandes feudos de bandas criminales. Para detenerlos se necesita capturar a gran parte del sistema.
Tenemos un gran problema por delante, pero también tenemos las soluciones para enfrentarlo; pero sin la presión social e internacional de Estados no vamos a salir de él así porque así: el club de los impunes nunca se autopurga.
AR: De algunas experiencias que usted relata, como las de HSBC, Libertad Reserve y Siemens, para perseguir el lavado de dinero se requiere un gran trabajo de cooperación internacional. ¿Hoy cuál es el estado de la cooperación internacional?
EB: La parte operativa funciona bien en lo que se refiere a capturar a operadores de bajo nivel que cruzan fronteras, como ocurre con Estados Unidos y México; pero es muy mala en cuanto a desmantelar las redes patrimoniales que hacen posible que esos tipos crucen las fronteras y laven sus capitales del lado norteamericano. Allí vemos muy poca cooperación.
Observamos cooperación cuando se le quiere imponer disciplina a una líder sindical política como Elba Esther Gordillo, y entonces se le aplica un castigo que, lejos de ser judicial, es muy digitado. Pero nos gustaría ver que existan investigaciones que abarquen a todos los partidos, que estas personas y líderes sindicales que expliquen poco de dónde sacaron su dinero, cómo compraron casas en el exterior y cómo viven sus hijos en el extranjero. De esta cooperación, que debe focalizarse en la élite mexicana, no vemos nada o muy poco.
En esos casos, si la autoridad mexicana no colabora, en ese sentido ls autoridades del exterior poco pueden hacer porque no obtienen evidencia y, por lo tanto, no puede haber una causa por lavado de dinero.
AR: Usted destaca una medida no de carácter penal sino civil: la extinción de dominio. ¿Qué beneficios puede traer?
EB: Tengo entendido que en México se han promovido y delineado leyes de extinción de dominio que han sido aprobadas, pero las causales de extinción son muy limitadas, mucho menores que las colombianas o las norteamericanas. Entonces aquí no se extingue el dominio sobre una propiedad solamente porque no puedas explicar el origen legal, y eso le quita agilidad a la ley. Se le trata de vincular siempre a la causa penal, con lo cual obviamente se sigue vinculando el patrimonio a un hecho delictivo, lo que hace que también se tenga que probar éste para extinguir el dominio sobre esa propiedad.
Le falta agilidad a la ley mexicana, y sospecho que esto se debe a que fue diseñada para que no se implemente, lamentablemente.
AR: Para atacar el problema del lavado menciona algunas medidas del Grupo de Acción Financiera Internacional, relata experiencias exitosas como las de los jueces italianos Falcone y Borsellino, y al final de su libro propone 20 medidas. ¿Cuáles son las más importantes y urgentes que hoy se tienen que establecer en México?
EB: Hay varias, pero comencemos por la social: la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de auditar a sus municipios, a las campañas políticas, como una atribución por ley, que no existe en México. Ese tsunami de auditorías sociales no digitadas por ningún jefe de gobierno no existe en México; en Brasil desde 1989 se aplica constantemente, y es una gran medida que previene que el lavado de dinero provenga de la corrupción política, que es su mayor fuente en México.
La auditoría social es algo técnico: hay que entrenar a quienes elija, por ejemplo, una asamblea ciudadana de una colonia, para que comience a auditar las cuentas, independientemente del gobernante, sin que éste digite quiénes van a ser los contralores. Hoy la Ley de Participación Ciudadana del DF le da atribuciones al delegado para que él elija a los contralores, lo cual ya genera una simulación de control.
La otra, muy importante, es que existe el órgano de inteligencia financiera federal, pero el sector financiero es sólo un pedazo de la economía mexicana, y alguien tiene que monitorear el otro sector, el no financiero. Para esto se necesitan unidades de investigación patrimonial no financiera en cada estado de la República, trabajando en red para que los registros de la propiedad permitan el acceso a cruces de información, y que ésta se encuentre automáticamente a disposición de fiscales para empujar líneas de investigación patrimonial. Después ese material se podrá traducir en una sentencia judicial motivada basada en esos insumos probatorios.
Esa coordinación que acabo de describir no existe en México, y es un elemento clave.
La tercera es la creación de una fiscalía y de una policía supraestatal, como Europol, que coordina a las policías europeas. Necesitamos una policía latinoamericana, regional, que coordine a las policías de los países; también una fiscalía regional que coordine a las fiscalías de los países para que, por un lado, exista la presión internacional y que no dependa de embajadores dando condecoraciones, sino que exista presión por parte de fiscalías que estén por encima de los Estados.
Entonces México tiene que encarar la construcción de fiscalías supraestatales que conjuguen los esfuerzos de Centroamérica, Colombia y Brasil, y que a partir de allí comencemos a desmantelar redes empresariales criminales del siglo XXI que se ubican en 20 países, y no con las instituciones del siglo XVIII que tenemos.
*Entrevista publicada en Metapolítica, año 20, núm. 95, octubre-diciembre de 2016.