1938 Ene 6 El Pueblo de México y las compañías petroleras. Vicente Lombardo Toledano

 Discurso pronunciado en el Consejo Nacional Extraordinario de la CTM.

Desde que se inicio el conflicto provocado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana al emplazar a las empresas exigiéndoles la firma de un contrato colectivo general, tanto el Comité Ejecutivo de esa agrupación como el Comité Nacional de la Confederación, analizaron ampliamente los diversos aspectos del asunto, conscientes de la trascendencia de una lucha de esta índole, sobre todo, tomando en cuenta la conducta que de una manera sistemática han asumido las empresas petroleras en nuestro país, desde que se inició la explotación del petróleo en una forma importante.

Todos los mexicanos, no sólo los trabajadores de nuestro país, sabemos que las empresas petroleras ubicadas en México, son las representativas del imperialismo extranjero, del imperialismo internacional, no sólo por la cuantía de los intereses materiales que representan, ni tampoco sólo por su actitud intransigente en sus relaciones con la clase trabajadora, sino particularmente porque desbordando su afán de explotar el petróleo ajeno, el de México, al menor costa posible, han intervenido, en numerosas ocasiones, en la vida política de la nación mexicana.

Sería inútil recordar ahora todas estas intervenciones de las empresas petroleras en la vida política de México; los hechos fueron tan escandalosos y han sido relativamente tan recientes, que están indudablemente en la memoria de todos los compañeros que asisten a esta asamblea. No ha cambiado esta táctica de acción del imperialismo petrolero en México en los últimos años: primero, como se sabe, las empresas trataron de impedir que se formaran sindicatos de sus trabajadores, lucharon por todos los medios imaginables, los ilícitos y los ilícitos, para impedir la organización de sus asalariados; fue imposible, sin embargo, evitar que los trabajadores ejercitaran con éxito sus derechos; entonces las empresas simularon agrupaciones en algunos casos, enfrentando sindicatos blancos a los sindicatos independientes; llegó un momento en que la obra de las Compañías fue destruida por nuestros camaradas, y entraron entonces en una tercera etapa dentro de su misma táctica de oposición a las Leyes de nuestro país, enfrentando los sindicatos de los trabajadores entre sí mismos, con el objeto de impedir que se asociaran en una sola agrupación los trabajadores de una misma empresa, y, posteriormente, que los trabajadores de una empresa constituyeran un solo organismo. Fueron derrotadas también las empresas petroleras en esta su nueva actitud, y se logró consolidar los intereses de los trabajadores dependientes de una compañía en un solo grupo sindical. Entonces fue cuando surgió, de la necesidad y de la consciencia de la masa ya evolucionada, la idea de formar un solo organismo que representara los intereses de los trabajadores petroleros. Triste es decirlo, pero inclusive algunos funcionarlos federales y algunas autoridades locales, particularmente en los Estados de Tamaulipas y Veracruz, se opusieron a la constitución del Sindicato de Trabajadores que protegiera a todos los de la industria. Precisamente en los últimos meses anteriores a la constitución de la C. T. M., fue menester que las Centrales obreras de aquella época, sintiendo la urgencia de que el derecho de los trabajadores de la industria petrolera fuera respetado y culminara el propósito final que perseguía, hicieron presión ante el Departamento del Trabajo para que el Sindicato fuera registrado.

Conseguido este objeto, la lucha entró en el periodo en que actualmente se encuentra: un solo Sindicato de los trabajadores del petróleo implicaba un solo contrato para los trabajadores petroleros; las empresas empezaron a poner nuevos obstáculos; largos meses transcurrieron de conversaciones privadas entre el sindicato y las empresas, hasta que fue preciso emplazar a las compañías, amenazándolas con una huelga, para que estas cumplieran con la Ley Federal del Trabajo, celebrando un contrato único.

Las condiciones creadas por toda la lucha anterior, que he recordado de un modo muy esquemático en mis primeras palabras, colocaban a nuestros camaradas de la industria del petróleo en condiciones completamente distintas: por un trabajo igual salario diverso, y dentro de una misma empresa una situación igualmente anárquica en condiciones materiales y sociales por lo que toca a los contratos de trabajo.

Los compañeros pretendían, por supuesto, estandarizar las condiciones contractuales y reclamar salarlos iguales para trabajo igual, al mismo tiempo que elevar los salarlos y otras prestaciones, hasta compensar en alguna forma los sacrificios que tiene que soportar la mayoría de los trabajadores que trabajan en las zonas llamadas inclementes, que son las zonas de producción petrolera.

Cuando se emplazo a las empresas para la huelga, intervino el Gobierno; el General Cárdenas entonces se hallaba en la región lagunera repartiendo las tierras; una comisión del Sindicato y del Comité Nacional entrevistó al General Cárdenas, y de este recibieron la sugestión de que no fueran a la huelga en vista de que traería el movimiento un gran trastorno que en los momentos mismos en que el estaba empeñado en repartir las haciendas de La Laguna, seguramente tendría repercusión en esos casos de importancia social, y estorbaría el propósito del propio General Cárdenas de acabar con la situación de la comarca lagunera.

Nuestros compañeros, dispuestos a cooperar en cualquier sentido, aun con sacrificio de sus intereses, con el General Cárdenas, para que éste cumpliera lo que por otra parte la propia C. T. M. estaba exigiendo: el reparto de tierras de la comarca lagunera, se desistieron de su empeño de ir a la huelga, y aceptaron un plazo bastante amplio dentro del cual el Gobierno de la República, por conducto de su Jefe, ofrecía que las empresas petroleras discutirían y llegarían a la firma del contrato general. Desgraciadamente el plazo transcurrió sin que se hubiera llegado a la firma del contrato: subterfugios, evasivas, verdaderas chicanas de mala ley fueron empleadas por los representantes de las compañías petroleras para no permitir un proyecto de contrato que contenía, por supuesto, numerosas prestaciones y artículos de carácter técnico, sino tan sólo unos cuantos preceptos del documento. Todavía hubo más: antes de que terminara el plazo recurrimos al Presidente de la República, insistimos ante el Departamento del Trabajo para que obligara a las empresas moralmente a cumplir con su compromiso, pero fue inútil; la actitud de las empresas era la misma: mala fe, amenazas encubiertas, inclusive de carácter internacional; todo con el propósito de hacer nugatorios los derechos de los camaradas.

La huelga estalló; se planteaba entonces para el Comité del Sindicato y para el Comité Nacional de la C. T. M., que han marchado desde el primer momento de perfecto acuerdo, el problema de resolver la táctica de lucha que en los momentos mismos de haber estallado la huelga debería emplearse para sacar con éxito completo la finalidad perseguida por los trabajadores de la industria petrolera. Ya el Consejo Nacional en alguna ocasión escuchó el informe que rendimos sobre este particular, pero es preciso recordar ahora, ya pasado todo y resuelto por las autoridades del trabajo el problema, ciertos aspectos y tácticas de lucha, para justificar plenamente la actitud del Sindicato y la actitud del Comité Nacional en el sentido de que nuestra previsión fue exacta y de que, en consecuencia, nuestra táctica fue perfecta.

Algunos camaradas sugerían: la huelga debe continuar indefinidamente, y debe apoyarse con otras huelgas parciales, para hacer coacción sobre las empresas petroleras, obligándolas a ceder. Rechazamos esta petición; en México no hay una burguesía nacional organizada; país semicolonial, tiene una burguesía nacional mestiza o criolla, raquítica desde el punto de vista económico y, por lo tanto, político, y junto a esta burguesía de escaso valor material y social, la burguesía imperialista que es la que tiene en sus manos las principales fuentes de producción económica del país; entre ambos grupos de la clase capitalista, no hay punto alguno de contacto; la burguesía nacional jamás será suficiente fuerza de coacción sobre la burguesía imperialista establecida en México; en cambio las fuerzas del imperialismo económico representadas en México, sí serán siempre un factor decisivo de coacción sobre la pequeña burguesía nacional; proceder en la forma propuesta significaba, por lo tanto, una desviación en la táctica del movimiento obrero. Rechazamos esa insinuación, pues.

Se planteaba otra sugestión: que continúe la huelga, pero para que no sufra el pueblo de México y no se vuelva la huelga impopular, que se importen los productos del petróleo del extranjero. Se rechazó la sugestión por los inconvenientes que saltan a la vista: una huelga que no tiene la acogida y la simpatía del pueblo de México, o, por lo menos, la simpatía del sector de los trabajadores, es una huelga condenada a morir en la penumbra o en las sombras. Otra sugestión más: que continúe la huelga, pero que los mismos camaradas huelguistas permitan que se explote el petróleo necesario para las actividades fundamentales del país: huelga sin huelga, huelga muerta. En consecuencia, también se rechazó.

¿Cuál camino, en consecuencia, era el mejor? Después de deliberar largamente los dos Comités, el del Sindicato y el Comité Nacional, resolvieron: frente a la lucha imperialista, la única táctica de lucha posible es la táctica de un Frente Popular. ¿Cómo realizar la táctica del Frente Popular frente a la actitud de las empresas imperialistas del petróleo? Ligando los intereses del movimiento obrero y del pueblo de México, junto con los intereses del Gobierno Nacional; hacer un frente común del sector proletario y el pueblo, frente a las empresas imperialistas. Y ese fue el camino elegido.

Entonces planteamos un conflicto de orden económico para que las autoridades del trabajo investigaran la situación de las empresas por la primera vez en la historia del Petróleo en México, porque jamás las empresas han permitido que se hurgue en sus libros y que se investigue su situación financiera. Al ver las empresas que nosotros desistíamos de la huelga y planteábamos el conflicto de orden económico sufrieron, naturalmente, una desorientación muy grande; pero tratándose de un problema de esta magnitud, no recurrimos al procedimiento sólo amparados en el derecho de pedir justicia ante los tribunales competentes; explicamos al General Cárdenas, como jefe del Gobierno, todos los aspectos del problema, y recibimos su ofrecimiento de que este asunto, era de tanta importancia para los trabajadores como para el Gobierno Nacional.

Ya conseguido, pues, el propósito de asociar los intereses del pueblo, los intereses representados por el proletariado con los intereses del representante del pueblo que es el Gobierno, adquirimos la confianza de que se encomendaría a personas solventes por su capacidad técnica y por su honorabilidad la solución del problema y que, en consecuencia, el fallo del tribunal del trabajo tendría que hacernos completa justicia. Y así fue: se realizó una investigación con ochenta técnicos al servicio de los peritos; el Gobierno empleó el dinero necesario con eficacia y prontitud y se hizo un estudio que honra a sus autores y que sienta un precedente en la historia del Derecho Obrero de nuestro país, porque es él una historia completa de la Industria petrolera desde el punto de vista social técnico y político-social que presenta conclusiones de gran importancia.

Ese documento revela la entraña de la industria petrolera ubicada en México descubre cómo la táctica imperialista en un país semicolonial explota el petróleo en condiciones realmente desastrosas para los intereses humanos y económicos de México, cómo se valen de muchos ardides las empresas extranjeras para explotarnos en todos sentidos: en salarios, en condiciones de trabajo, en precio del petróleo, e inclusive en sus relaciones de carácter industrial, tomando lo que de México necesitan en las mejores condiciones para su propia industria, y como la industria petrolera mexicana, comparada por ejemplo con la de los Estados Unidos por unidad de medida de explotación da rendimientos mucho muy superiores, sin que las ventajas que obtengan el Gobierno y el pueblo sean siquiera comparables a las que reciben el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos.

Al conocer las empresas petroleras el informe y el dictamen de los peritos, empezaron a maniobrar con el objeto de amenazar al Gobierno y amenazar a la clase trabajadora; se hicieron mil maniobras: maniobras por abajo y por arriba, maniobras dentro de México y fuera de nuestro país, todas tendientes a quebrantar la actitud del Gobierno y, sobre todo, a dividir a los trabajadores, a sobornarlos en muchos sentidos y a hacer imposible el cumplimiento de un dictamen de los peritos, que arrojaba la cifra de veintiséis millones de pesos como una cantidad que debería aumentarse cada año a las prestaciones actuales de los trabajadores. Nunca en la historia de las luchas del movimiento obrero de nuestro país se ha dictado una sentencia por la cual se condene a un patrón a aumentar las prestaciones para sus obreros en veintiséis millones; claro que no todas las empresas tienen la importancia económica y social de la industria petrolera, pero independientemente de eso, en la proporción en que las empresas se hallan por lo que toca a sus recursos, jamás había habido una sentencia así.

Las empresas amenazaron inmediatamente con retirarse del país con todos los recursos de que disponen. Bien sabido es que hay dos grandes consorcios petroleros en el mundo: el trust inglés, o anglo holandés, y el trust yanqui: la Standard Oil y la Royal Dutch, y que todas las empresas son subsidiarias, lo mismo en un país que en todos los otros. Estas empresas, que deciden la vida en algunos pueblos indefensos e inermes, que han hecho variar la política nacional en muchas naciones de importancia inclusive, desempeñaron un papel de primer orden en la guerra de 14, influyendo en la composición de los gobiernos y en la trayectoria de la lucha armada, inclusive, en las condiciones en que se pactó la paz, tratándose de un país como el nuestro, atrasado en su industria y no suficientemente poderoso para defenderse de sus enemigos, consideraron que era fácil obligar al Gobierno a que desistiera de su empeño, y hasta influir también para que la sentencia que debería dictarse basada en el dictamen de los peritos no fuese de acuerdo con lo que los peritos mismos resolvían.

Hemos trabajado, camaradas, constantemente en estos problemas, la mayor parte de las ocasiones en asuntos que no van a ser declarados en público nunca; esta es la parte interna de la lucha del Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Comité Nacional, pero los resultados ustedes los conocen: la sentencia tomó en cuenta el dictamen de los peritos y condenó a las empresas a pagar veintiséis millones de pesos más al año a los trabajadores miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Han amenazado las compañías con retirar sus fondos; algunas de ellas los han ya sacado, sustraído de los bancos; inclusive han tratado de movilizar sus equipos para los Estados Unidos, y en este momento estamos en una situación crítica esperando la actitud política final de las compañías.

Recurrieron al amparo; pidieron la suspensión de la aplicación del laudo; la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin ninguna base en la ley, concedió la suspensión de la ejecución del laudo, excepto en el pago de los salarios caídos en una proporción del 75 %. No hay ningún fundamento en la Ley Federal del Trabajo que sirva a la Junta de Conciliación para haber concedido la suspensión del laudo dictado por ella misma, como no sea, seguramente, el propósito y así lo entendemos, razón política y no razón legal, de decirle a propios y extraños, a las empresas petroleras, que se les ha tolerado todo, para que no se quejen de que no han sido escuchadas de acuerdo con los las instituciones jurídicas de México.

EL Sindicato resolvió no apelar ante la Corte, no pedir la revisión contra el auto de la Junta que concedió la suspensión de la ejecución del laudo; las empresas petroleras a la vez pidieron amparo directo ante la Suprema Corte para que esta analice el fondo del problema, y nosotros vamos solamente a alegar ante la Corte por lo que toca al fondo del problema. ¿Tienen razón las compañías petroleras al declarar que la sentencia no puede ser cumplida? No, no tienen razón, porque cuidándose el procedimiento de una manera escrupulosa, no hay más agravio que alegar por lo que toca a si fueron escuchadas o no las compañías; no tienen razón desde el punto de vista de la materia misma del amparo, porque las empresas nunca alegaron estar en imposibilidad de pagar, y aun cuando ahora dicen que no les es costeable producir petróleo en México con las prestaciones a que las obligan las autoridades del trabajo, con los propios datos de las empresas, ellas mismas prueban que pueden seguir trabajando con buenas utilidades y con mejores utilidades, sobre todo, que las que en la actualidad obtienen en todos los países del mundo. ¿Que no obtienen ya las utilidades fabulosas de otras épocas, de la época del general Díaz, de otras épocas ya dentro de los gobiernos emanados de La Revolución? Es cierto; eso es verdad. Pero, ¿qué menos puede hacer el pueblo de México que exigirles a las empresas extranjeras que parte de las utilidades cuantiosas que ellas sacan de nuestra riqueza material y humana se quede en beneficio del pueblo de México? ¿Qué menos puede hacer un país que eso? ¿Eso es un atentado a los intereses de las empresas imperialistas? ¿Obligarlas a reducir sus utilidades y obligarlas a que cooperen al progreso del país que a ellas mismas hace prosperar? ¿Es un atentado al Derecho Internacional, o es un atentado a la ética que un gobierno representativo de un pueblo que está dando para el exterior sus riquezas mejores, exija a esas empresas que dejen parte de sus ganancias y que sigan medrando en nuestro país? Resulta inútil responder a esta interrogación porque la respuesta es categórica, rotunda, inevitable, México, apenas, ejerciendo su soberanía y tratando de ejecutar su soberanía, cumple con un deber elemental siguiendo esta política frente al imperialismo petrolero.

No sabemos, camaradas, cuál será la actitud final de las empresas petroleras. ¿Se retirarán de México? ¿Tratarán de orillar al Gobierno a que incaute los pozos, las refinerías y todo el tren de la industria, para después quejarse desde el punto de vista político y llamarse despojados? Lo ignoramos. ¿Pretenderán simplemente las empresas crear una situación política grave para que el Gobierno ceda como cedió el Gobierno de Calles en otra época? Lo ignoramos también. ¿Tratarán las empresas petroleras de influir ante otras compañías extranjeras ubicadas en México, para que en conjunto procuren crear una situación de boycot restándole ingresos al Gobierno Federal, para que este no pueda cumplir con su programa revolucionarlo? Tampoco lo sabemos. ¿Al fin, cumplirán las compañías petroleras con las leyes de México que están obligadas a respetar por un deber elemental? No sabemos tampoco que pueda acontecer. Lo que sí sabemos, porque tenemos en él fe, es que el general Cárdenas no cederá ante el imperialismo extranjero; muchas veces hemos tenido su promesa y hemos visto su actitud inquebrantable. ¡Cárdenas no es Calles! Cuando Calles provocó con la Ley del Petróleo, la actitud como en esta ocasión, de parte del imperialismo petrolero contra el pueblo de México, le advertimos algunos, desde un principio, la trascendencia de su actitud y las consecuencias de la forma en que el Gobierno de México iba a resolver la cuestión petrolera; la última vez que hablamos del asunto, inclusive, se disgustó: "Ya hemos dicho que tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, y de que a sabiendas de las consecuencias internas o externas, internacionales, llevaremos a cabo inquebrantablemente nuestros propósitos, de acuerdo con la explotación petrolera inicua de que somos víctimas". Desgraciadamente, cuando el conflicto llegaba a tomar características de casi una intervención del Gobierno americano en los intereses políticos de México, cedió el Gobierno, y se le indicó a la Suprema Corte de la época, por conducto de su presidente, que debería amparar a las compañías petroleras extranjeras contra la ley petrolera dictada por el Congreso de la Unión, para salvar el honor de México, y que la rectificación viniera de uno de los poderes públicos de nuestro país. Honroso método de cuidar el honor manchando la honra que se trataba de cuidar; y es natural que se asuma esta debilidad cuando estas actitudes de provocación no son el resultado de un programa inflexible, amparado por una convicción revolucionaria. La situación actual no es la de aquella época, por fortuna; el general Cárdenas no ha provocado, se ha imitado a cumplir con la ley; los trabajadores petroleros al exigir mejores condiciones de vida, están exigiendo un derecho elemental de seres humanos, independientemente de la protección que las leyes de nuestro país les otorgan. Es indudable, pues, que Cárdenas no podrá retroceder ante la amenaza de las compañías porque éstas se niegan a cumplir las leyes del país que están explotando. No es un acto de provocación; es simplemente de defensa, de decoro nacional, y los trabajadores petroleros y todo el conglomerado de la C T M, y los principales sectores del pueblo de México, haremos causa común en el momento en que sea preciso en el momento en que sea necesario.

En estos momentos llega el expediente a la Suprema Corte de Justicia; está en manos del Ministro Iñárritu, miembro de la Cuarta Sala de la Sala del Trabajo; yo pido al Consejo que traslade en masa ahora mismo a la Suprema Corte y que exhorte a los Ministros para que resuelvan este asunto respaldando el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, laudo impecable desde el punto de vista moral, legal e histórico, para que no sean burlados los derechos ni de los trabajadores petroleros ni del pueblo de México. Es indispensable que el Poder Judicial Federal haga honor al que el Poder Ejecutivo Federal ha puesto en esta cuestión, y que no se trate de guardar el expediente para estudiarlo, que no tiene nada que estudiarse desde el punto de vista del procedimiento ante la Suprema Corte.

Es necesario que el sector capitalista sepa que el sector trabajador no ceja en sus demandas, y que si las compañías petroleras quieren crear un conflicto en el país, el proletariado sabrá contestar como se merezca la provocación de los imperialismos extranjeros. No estamos en actitud de provocación; estamos en actitud de cumplir nuestro programa nacionalista-revolucionario, y en nuestra actitud inquebrantable de defender los intereses que nos han sido confiados. Este es un momento de prueba para el proletariado y para todo el pueblo de México, y por eso, después de esta exposición en nombre del Comité Nacional respecto del conflicto petrolero, hago la proposición que acaba de escucharse.