El Índice de Desarrollo Humano (IDH) Año 2001

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) Año 2001 En el informe sobre desarrollo humano del año 2001 titulado " Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resaltan los avances que en este aspecto alcanzaron los países analizados.', '

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que mide el logro promedio de un país en tres dimensiones básicas de desarrollo humano como son: la esperanza de vida, la matriculación en la enseñanza educativa, la alfabetización de adultos, así como el ingreso per cápita del PIB.

En esta ocasión el PNUD realizó el cálculo del IDH en 162 países en donde Noruega obtuvo el más alto desarrollo humano a nivel mundial, le siguen Australia, Canadá, Suecia, Francia, Estados Unidos, etc.

El PNUD ubicó a México en el lugar número 51, que lo coloca en la parte media de la clasificación mundial por debajo de países como Barbados, Argentina, Uruguay y Trinidad y Tobago. Sierra Leona ocupó el lugar número 162 de la clasificación.

Elena Martínez directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, manifestó que "México pasó del lugar número 55 que tenía el año 2000 al 51 en el 2001 en materia de desarrollo humano, que lo ubica en la categoría de desarrollo medio en la clasificación mundial", y señaló que " lo importante en el caso de México no es que haya mejorado su posición, sino que ha demostrado avances continuos durante los últimos 25 años".

Sin embargo, en año de 1998 nuestro país ocupó el lugar número 48 y fue ubicado en el grupo de las naciones con la categoría de alto desarrollo humano, pero lamentablemente en 1999 ocupó el lugar número 50 y descendió al grupo de países con desarrollo humano medio, en el año 2000 ocupó el lugar número 55 y finalmente como ya se dijo en el 2001 pasó el lugar número 51.

Por lo anterior se puede concluir que con respecto al IDH, nuestro país en realidad ha avanzado muy poco en esta materia y que la distancia que México deberá de recorrer para alcanzar el IDH registrado por las naciones de más alto desarrollo humano es todavía muy distante y también significativo.

Persiste en México la Violación de los Derechos Humanos: Human Rights Watch.

A mediados del mes de enero del presente año, en la ciudad de Nueva York, Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el informe anual correspondiente al año 2001 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

En el caso de México, la organización no gubernamental acusó al Presidente Vicente Fox de "asumir una postura contradictoria en materia de derechos humanos, ya que, según Human Rights Watch, mientras promueve el respeto de las garantías de los mexicanos en el extranjero, en el interior del país siguen siendo una cuenta pendiente". Comentó que "lamentablemente los avances realizados en política exterior mexicana no fueron comparables en el ámbito nacional". Sin embargo, reconoció que " el Gobierno de Fox marcó una diferencia importante con el pasado de México, al abrir el país al escrutinio internacional de los observadores de los derechos humanos".

En el informe Roth afirma que "se hicieron muy pocos progresos en la resolución de los problemas de fondo y enfatizó que queda mucho por hacer en la reforma del sistema judicial y de administración de justicia". Asimismo, señala que los elementos castrenses que intervienen en operaciones antidrogas también violaron los derechos civiles de los ciudadanos en los estados de Guerrero, Baja California, Tamaulipas y Nuevo León.

HRW señala que Fox prometió intervenir en varios casos de alto nivel "al citar el proceso del general José Francisco Gallardo y de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel Flores. A cerca de estos, reconoce que ya fueron liberados por orden del Jefe del Ejecutivo, pero hace hincapié en que la investigación de las denuncias de tortura a que fueron sometidos los guerrerenses se dejó a la procuraduría militar, que tiene un record extremadamente pobre en la averiguación de abusos cometidos por las tropas".

Por otra parte, la oficina central de Amnistía Internacional, con sede en Londres, Inglaterra, expresó "su beneplácito por la excarcelación el 7 de febrero del presente año, del General José Francisco Gallardo, pero consideró que falta aún resolver el ''flagrante abuso del sistema judicial'' en la detención y condena del militar". Y señaló: "Ahora que el General Gallardo está libre, se debe limpiar su nombre y deben ser cumplidas las recomendaciones pendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso", y agregó: "El Presidente Fox ha dado pasos positivos en los meses recientes al poner en libertad a prisioneros de conciencia, pero el desafío real para su administración es combatir de raíz las causas que permitieron el uso indebido del sistema judicial para detener y condenar a activistas o críticos".

Asimismo, el director de la sección mexicana de Amnistía Internacional, Cristian Rojas, destacó "que la liberación del militar no es suficiente, pues la responsabilidad internacional del Gobierno Mexicano no cesa con la liberación del General Gallardo, ya que están pendientes varios puntos de la recomendación emitida en 1996 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el cese de la campaña de persecución y hostigamiento en su contra y la reparación del daño que se le causó. Ahora debe limpiarse su nombre y cumplirse todas las recomendaciones de la CIDH, particularmente la referente a llevar ante la justicia a los responsables de su persecución y encarcelamiento, y agregó: "se ha sentado en los últimos tiempos un precedente de liberar a quienes son presos de conciencia, pero no investigar, es una situación que consideramos grave. Es importante que el Presidente Vicente Fox no sólo libere a los presos de conciencia, sino que presente ante los tribunales a quienes violaron sus derechos humanos, porque eso permitirá terminar con el círculo de impunidad".

La organización HRW, también mencionó que durante el primer año de gobierno panista se quedó "sin cumplir la promesa de crear una comisión de la verdad para resolver las violaciones a los derechos humanos en el pasado", como los asesinatos de estudiantes del movimiento del 68 y de la matanza de Acteal en el estado de Chiapas.

Otro asunto aún pendiente, es la libertad sindical, ya que " México no garantizó elecciones sindicales libres e imparciales, a pesar de la promesa adoptada por el Gobierno anterior, en mayo del 2000, de promover el uso de listas electorales elegibles y elecciones por voto secreto, para lograr ese objetivo".

El informe sobre México considera que la supervisión judicial de las prácticas policiales fue inadecuada, ya que "los jueces se sirvieron de precedentes legales que invalidaban las garantías de los derechos humanos al aceptar el uso de pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos".

En el informe HRW, reseña también el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa, ocurrido en octubre pasado, el cual sigue impune hasta la fecha, y señala que la "defensora de los derechos humanos fue varias veces amenazada. En 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno mexicano que se le otorgara protección. La protección a Digna Ochoa se mantuvo hasta el año 2000, cuando la abogada viajó a Estados Unidos. En abril pasado, Ochoa regresó a México y ya no volvió a tener protección gubernamental. Después del asesinato, el mandatario mexicano elaboró una propuesta fundada en las recomendaciones hechas por las ONG\\''s, con el objeto de que éstas participaran en la instrumentación de la política mexicana de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento asegura HRW, aún no se ha echado a andar."

En México Permanece la Persecución de Activistas Defensores de los Derechos Humanos: Amnistía Internacional.

En el marco del Día mundial de los Derechos Humanos, celebrado el día 10 de diciembre del 2001, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) en su informe " Se atreven a alzar la voz", indica que " los defensores de derechos humanos en México sufren hostigamiento, difamaciones y persecuciones desde 1996 por funcionarios del gobierno".

El informe, leído por Guadalupe Rivas, representante en México de AI, señaló que "Las autoridades mexicanas, pasadas y presentes, han tratado de silenciar a los defensores de derechos humanos mediante actos de hostigamiento en la forma de cargos penales falsos, campañas públicas de desprestigio y operaciones de vigilancia".

La representante de AI "demandó revisar los archivos de inteligencia para asegurar el desmantelamiento de los mecanismos de vigilancia y el esclarecimiento de los casos de abuso, y precisó que existen más de 35 casos de acoso a los defensores de derechos humanos en los últimos cinco años, y que los abusos documentados por la organización no gubernamental (AI) durante el año 2001 señalan que el hostigamiento a los defensores de derechos humanos sigue siendo reiterado, y que los presuntos responsables son servidores públicos, detalla que se han descubierto robos disfrazados como delincuencia común, intervenciones telefónicas y registros o vigilancia como otras formas de hostigamiento".

El documento menciona que "el alcance de la persecución que sufren los defensores de derechos humanos en México quedó ''trágicamente'' patente con el homicidio de Digna Ochoa y Placido, ocurrido el pasado 19 de octubre. (AI) sostiene que la muerte de la defensora de derechos humanos podría haberse evitado si se hubieran investigado debidamente las amenazas y los ataques de que había sido blanco".

Señala además, "que el gobierno no ha respondido a las expectativas a pesar de que su llegada al poder terminó con un régimen priísta de 70 años. El nuevo gobierno no ha tomado medidas suficientes para esclarecer la verdad, hacer avanzar las investigaciones, garantizar que los responsables sean castigados conforme a las leyes nacionales e internacionales, y ofrecer una reparación adecuada a las víctimas".

Amnistía advierte en su informe "que el clima de hostigamiento contra los activistas de los derechos humanos terminará sólo cuando el gobierno adopte medidas y reformas inmediatas que afecten a todos los niveles de gobierno. Es evidente que en muchos casos el objetivo de estos ataques contra los defensores de derechos humanos es silenciar o debilitar sus denuncias para que sus autores puedan eludir el enjuiciamiento penal".

Por su parte Kerrie Howard, coordinadora del programa de defensores de Amnistía Internacional para América Latina, explicó que "el informe formula 17 recomendaciones al gobierno mexicano para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, y mencionó que en México el acoso no se ha dado de manera aislada e incluso éste sigue vigente". Dijo que "los abusos que sufren los defensores de los derechos humanos en México, no son obra de algunos individuos aislados, sino que se cometen con la aquiescencia o la complicidad de un gran número de funcionarios públicos. Los abusos, no son sólo responsabilidad de un solo organismo oficial, pues entre los responsables hay ''autoridades federales, estatales, funcionarios policíacos, integrantes del Ejército, procuradores, personal médico, jueces'', etc."

Aseguró que "quedan sin resolver casi la totalidad de los casos documentados en este informe, pues aseguró que la actuación de las Procuradurías Generales de Justicia para impartir justicia en casos de violaciones contra defensores de derechos humanos se ve agravada por el hecho de que muchos de los funcionarios públicos acusados son funcionarios de las propias dependencias". Agregó que "los esfuerzos institucionales para proteger a los defensores de derechos humanos en peligro son totalmente insuficientes, quedándose muchas veces en promesas incumplidas.

Sobre la campaña de difusión que anunció recientemente la Secretaría de Gobernación en materia de defensores, dijo que hace falta mucho más que buenas palabras para poner fin al acoso de quienes velan por las garantías individuales".

La Tortura es Práctica Común en México: Amnistía Internacional (AI).

En el marco de la inauguración del seminario sobre tortura "por principio: la dignidad", organizada en la ciudad de Querétaro por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se denunció que "la tortura en México es una práctica común que deja como letra muerta nuestra Constitución".

Iván García Zárate, representante en México de Amnistía Internacional (AI), declaró que "en la zona sur del país, principalmente en las entidades que últimamente, se han militarizado, como Chiapas y Guerrero, es donde esa organización registra el mayor número de denuncias en este sentido, gracias a la participación activa de las ONG\\''s."

Por su parte, Fernando Valadez, coordinador general de la Organización Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura México (ACAT), manifestó que "los indígenas y campesinos del sur del país y del estado de Guerrero, así como defensores de derechos humanos, dirigentes sociales e integrantes de partidos de oposición son las principales víctimas de la tortura en el país", y señaló que "la realidad ofrece pruebas claras de que existe una violación permanente y sistemática de los derechos ciudadanos. De acuerdo con las estimaciones de la ACAT, de cada diez detenciones, en cinco se presentan, además de la tortura física que no deja huellas y que \\''está de moda\\'', situaciones de maltrato y trato cruel e inhumano".

Valadez comentó que "está situación significa la ausencia del Estado de Derecho, lo que provoca que la ley del más fuerte, las palancas y las relaciones, determinen quienes ocupan las cárceles y quienes gozan del paraíso de la impunidad, refirió que la tortura se ejerce, principalmente por las policías estatales y federales, así como por el Ejército, tanto dentro como fuera de las cárceles, específicamente contra los que menos tienen, aunque no son los únicos".

El 7 de enero del presente año, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Pedro Raúl López Hernández, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentó pruebas de tortura y violación de agentes de las policías de Seguridad Pública y Judicial del Estado contra indígenas y campesinos Tzeltales el pasado 27 de julio, señaló que "la agresión se realizó durante un operativo en la comunidad San José, en el municipio de Marqués de Comillas, para rescatar a seis funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social. López Hernández, presentó una grabación con testimonios de los habitantes de San José, quienes acusaron a los policías de torturar, robar y destrozar sus humildes viviendas".

Según "los indígenas, los policías golpearon a los pobladores -hombres, mujeres y niños- con las culatas de los rifles, les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para simular asfixia con el objetivo de obtener datos sobre el paradero de los seis funcionarios de la SEDESOL. La mayoría de los campesinos fueron lesionados, y a tres de ellos fue necesario internarlos en un hospital de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dada la gravedad de sus lesiones, según las constancias médicas recabadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos".

El ombudsman chiapaneco dijo que "presentó los testimonios que recabaron diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos, debido a que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía rechazó la recomendación que le envió la CEDH, donde le solicita que se libere a los indígenas detenidos, se reparen los daños y se castigue a los policías que golpearon a los habitantes de San José y que cometieron actos de tortura".

Posteriormente, en la madrugada del día 14 de enero del presente año, dos sujetos a bordo de una camioneta blanca dispararon en contra del domicilio de Pedro Raúl López Hernández, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Chiapas, éste relató que "las balas entraron al cuarto de una de sus hijas y que su vehículo recibió varios impactos".

El ombudsman dijo que dos días antes del atentado recibió una llamada telefónica de Milton Escobar Castillejos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien le advirtió que "tenía que abandonar el puesto porque no era persona grata al gobernador. Me dijo que Pablo Salazar quiere este espacio. Me señaló, que si quería ayudar al gobernador que renunciara y que me daría lo que pidiera". Por tal motivo indicó que ya presentó una denuncia penal ante la PGR en contra del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar y de su coordinador de asesores, César Chávez, porque señaló que éste "en varias ocasiones me ha pedido que antes de enviar las recomendaciones se las presente, ''ya tienes hasta la madre al gobernador''. Así que recuerda: o destierro o entierro". Por su parte, el gobernador Salazar Mendiguchía rechazó las acusaciones y manifestó: "tengo las manos limpias y la conciencia tranquila".

En Zaragoza, España, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz, denunció que los derechos humanos se siguen violando en Chiapas y atribuyó esta situación a las deficiencias de la administración de justicia que aún quedan del "antiguo régimen priísta" manifestó que "el respeto a los derechos humanos en Chiapas \\''deja mucho que desear'' debido a que queda pendiente la tarea de \\''limpiar\\'' todos los puestos de la administración de justicia y señaló que el balance de las acciones del gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, ''no equivale a las afirmaciones prometidas durante la campaña y en la toma de posesión, muy a su pesar y no por falta de voluntad\\'', ya que dijo que \\''de los 102 municipios existentes en Chiapas 80 están en manos del PRI, con una estructura muy fuerte a pesar de sus problemas internos".

En Nuremberg, Alemania, en septiembre del año pasado el obispo Samuel Ruíz fue galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos. El jurado del prestigiado premio internacional estimó que "Samuel Ruíz no es sólo portador de esperanzas para la población de origen indio en su país natal México, y en toda América Latina, sino también se ha convertido en un símbolo mundial por su combate por el reconocimiento de los pueblos indígenas".

Por otra parte, el día 10 de diciembre del 2001, Mario Alvarez Ledezma, Director General de Protección a los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco del 53 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Día Internacional de los Derechos Humanos, además de poner en marcha una campaña de difusión para la protección de las garantías individuales, presentó su informe anual de labores. El funcionario dijo que "la tortura dejó de ser el principal motivo de queja en contra de la PGR y la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la dependencia fue la entidad con más quejas recibidas durante el año 2001. Informó que en ese año se recibieron un total de 625 quejas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que en el año 2000 la cifra fue de 649, lo que significa una disminución del 5 por ciento".

Comentó que "la tortura dejó de ser el primer lugar en materia de quejas que nos manda la CNDH, ya que explicó que del total de las 625 quejas: 175 están relacionada con el ejercicio indebido de la función pública, 157 por detención arbitraria de personas; 113 por cateos y visitas ilegales de agentes policíacos a domicilios particulares, mientras que la tortura fue de únicamente 29 casos, y el resto de las quejas por diversos motivos (amenazas, dilación en la procuración de justicia; falsa acusación; incomunicación, etc.)."

Preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) el Asesinato de más de 200 Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A principios de febrero del presente año, Linabel Sarat Flores, vocera de la agrupación La Red Ciudadana contra la Violencia, dijo que su agrupación y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), contra las autoridades estatales y locales por la falta de resultados concretos en la investigación de los asesinatos de mujeres en esa ciudad. Señaló que las ONG\\''s intentan que dicha Comisión emita una recomendación al gobierno mexicano "sobre negligencia en las investigaciones, sexismo y discriminación a las mujeres". La vocera de la Red manifestó que "como parte de las estrategias se busca promover una campaña nacional e internacional con organizaciones civiles y sindicales, para informar de la situación actual de impunidad y la falta de justicia. Reitero que buscan erradicar la impunidad y la violencia en contra de las mujeres, no sólo en Chihuahua, sino de todo el país.

Como respuesta a lo anterior, el 11 de febrero del presente año, Martha Altolaguirre, Relatora Especial para la Mujer de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, mostrando preocupación por los asesinatos de mujeres en esta ciudad fronteriza que de 1993 a la fecha ya suman 268; de los cuales, 182 ocurrieron durante la administración de Francisco Barrio, hoy titular de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y 86 en lo que va del gobierno de Patricio Martínez, señaló que en Ciudad Juárez "hay impunidad en los crímenes de mujeres en donde el prototipo de las víctimas son las migrantes y trabajadoras de la industria maquiladora, que, además son víctimas de ataque sexual".

Altolaguirre consideró "como una grave preocupación para esta entidad el grado de discriminación hacia las mujeres en esta frontera, en donde las principales víctimas de ataque sexual son las trabajadoras. Dijo que preocupa a la CIDH el buen grado de impunidad en estos crímenes contra la mujer particularmente, sobre todo porque denota un rasgo de fuerte discriminación en cuanto a que están en la mira mujeres de características de migrantes y trabajadoras de maquila".

La Relatora mencionó que la "presencia de la Comisión en esta frontera es primordialmente para salvar vidas y evitar que se sigan produciendo las muertes de mujeres en esta ciudad. Estamos aquí en Juárez, precisamente para tratar de evitar más asesinatos de mujeres. Buscamos civilizar situaciones de este tipo, a efecto de que las autoridades estatales y nacionales le pongan suficiente atención y que busquen resolver el problema".

La Alta Comisionada se entrevistó con el procurador Jesús José Solis, "quien le entregó información respecto de los casos de homicidios de mujeres, estimados en 268 en Ciudad Juárez desde 1993. Aclaró que había que cotejar diferentes datos en cuanto al verdadero número de víctimas de los homicidios en Juárez, ya que anteriormente, un Relator de la ONU habló sólo de 187 casos, en tanto que la cifra que me dan ahora es de 268 casos".

Fox Utiliza Lenguaje de Caudillo: Sociedad Interamericana de Prensa.

Robert Cox, Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, desde Charleston, South Carolina, Estados Unidos, se mostró sorprendido y decepcionado por las declaraciones de Vicente Fox, porque comentó "Fox ha utilizado un lenguaje típico de los caudillos y es necesario que acepte que las malas noticias no son culpa de la prensa y señaló, está hablando en una forma típica de los caudillos de otra época". Con sus palabras pienso que "realmente esta amenazando a la prensa. Creo que el señor Presidente ha tenido una mala racha. No es típico de él".

Fox dijo: "el mundo ha cambiado y son tiempos difíciles. Existe tanto en México como en Estados Unidos un problema económico, pero es en \\''tiempos difíciles cuando es más importante que nunca que los presidentes tengan equilibrio y también sentido del humor\\''. Que acepten que las malas noticias no son culpa de la prensa y que la crítica es muy importante para los gobiernos".

Recordó que "durante muchos años México tuvo una \\''prensa cautiva\\'', aunque reconoció que hubo excepciones entre algunos periódicos que mantuvieron un récord excelente. Por años y años en México la prensa tuvo tan mala fama por ser cómplice del gobierno"…Explicó que "para los gobiernos es muy difícil entender que deben escuchar y escuchar a todos, y que la prensa es el medio de la democracia".

El periodista consideró que "Fox tiene razón en el sentido de que aquellos diarios que sean malos, la gente dejará de comprarlos y afirmó: tiene derecho a criticar a la prensa, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano; pero si sabe que hay mentiras, tiene que decir dónde están, pero no hablar en general porque así no consigue nada".

Por su parte, Marylene Smeets, coordinadora del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, manifestó que los "señalamientos del mandatario mexicano en su programa de radio -en cuanto a que \\''los periódicos están repletos de distorsiones y que lo han atacado con una sarta de babosadas"- reprodujeron el comportamiento que ha tenido Hugo Chávez en Venezuela, quien también ha usado sus emisiones de radio para atacar a los medios de su país y tratar de establecer una relación más directa con los venezolanos sin la intromisión de los medios."

Pero advierte que "la prensa venezolana ya ha sufrido ataques de parte de fanáticos que respaldan al mandatario. En el caso de Fox no hay amenazas, pero sus declaraciones pueden tener el efecto de desacreditar a la prensa mexicana en general, porque no específica que publicaciones distorsionan la información."

La periodista explicó que: "las declaraciones que hace un Presidente tienen mucho impacto, un peso específico. Si habla en general existe el peligro de que mucha gente lo tome así, en general, y en la opinión de esa gente cae toda la prensa".

Con respecto a los argumentos de Fox en el sentido "de que hay voces que le piden que \\''ponga orden\\'' pero que él opta por no hacerlo", Smeets comentó que esas declaraciones "desacreditan a la prensa y la prensa mexicana es parte muy importante de la democracia" mexicana, y señaló "con ese tipo de declaraciones lo que hace es exacerbar el antagonismo, que podría disminuir si hubiera reglas claras, cooperación clara y mucho acceso a la información".

Finalmente la Coordinadora del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas dijo que "el Presidente Fox tiene pleno derecho a mantener sus puntos de vista y también a expresarlos. Pero a nosotros nos parece que estas observaciones no son muy constructivas… Al contrario".

En México la Corrupción no Cede, Hasta la Fecha Ningún Pez Gordo Tras las Rejas. "Transparency International" (TI)

A principios del mes de diciembre del ano anterior, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización no gubernamental "Transparency International" (TI) el "Índice de Percepción de la Corrupción 2001", de una lista de 91 países, México experimentó una ligera mejoría al ocupar el lugar número 51, con un promedio de 3.7 puntos sobre un total de 10 posibles, ya que el año 2000 la calificación había sido de 3.3, donde Finlandia fue clasificada como la más limpia con 9.9, en la combinación de siete encuestas internacionales. Los sitios siguientes fueron ocupados por: Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia y Singapur. Canadá quedó en el séptimo sitio; Estados Unidos en el 17, y Bangladesh como la más deshonesta con 0.4 de calificación.

Los representantes de Transparency manifestaron que la "calificación está basada en una serie de encuestas levantadas país por país y que no necesariamente representan un \\''ranking de corrupción\\'' sino de \\''percepción de la presencia de ese fenómeno\\'' en cada nación". Además, comentaron que "los aumentos y caídas en los porcentajes deben ser analizados dentro del contexto político de cada país". (TI) señaló que el rango de calificación va de los diez puntos para el país percibido como "el más limpio" al cero del percibido como "el más corrupto".

A un año de iniciada la administración del Presidente Vicente Fox, y después de pregonar la bandera de campaña durante dos años y compromisos de gobierno, "la cacería de peces gordos de la corrupción", hasta la fecha es una promesa insatisfecha del gobierno panista.

Durante el año 2001 la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), que encabeza Francisco Barrio, encargado de combatir la corrupción en la administración foxista no ha logrado superar la meta establecida y sus actividades han sido a todas luces insuficientes, ya que hasta la fecha el gobierno no ha cumplido con el ofrecimiento de atrapar a los "peces gordos y hasta tiburones de la corrupción".

Sin embargo, hay que reconocer que la dependencia tuvo algunos avances al "abatir en algunos aspectos la \\''tramitología gubernamental\\'' y haber establecido nuevos mecanismos para las licitaciones en áreas sensibles, como son: Obras Públicas, compras y adquisiciones, y el manejo y control presupuestal". No obstante lo anterior, se considera que las medidas anticorrupción establecidas por la SECODAM son insuficientes y los alcances que pueda lograr en este aspecto la presente administración aún están por verse.

Por otra parte, la empresa auditora internacional Price Water House Cooper, en un informe reciente sostiene "que la percepción de la corrupción en nuestro país no ha disminuido". La empresa en su estudio estima que durante el lapso de tiempo que lleva la administración del gobierno foxista, por "corrupción y la falta de transparencia en la tramitología gubernamental, México dejó de recibir cerca de nueve mil millones de dólares de inversión extranjera". Calcula que el costo de la corrupción "representa para las empresas un impuesto adicional de 15 por ciento".

Finalmente, en un boletín informativo la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor "sostiene que la corrupción le cuesta al país 120 mil millones de dólares, algo así como el 20 por ciento del Producto Interno Bruto."

México presenta rezago en Ciencia y Tecnología, Ocupa el Último Lugar entre los 30 Países Integrantes de la OCDE.

De acuerdo con la edición 2001 del Informe Estadístico de la OCDE para Ciencia y Tecnología, publicado a finales del año pasado, entre los 30 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, "México ocupa el último lugar en el registro de número de patentes y número de investigadores por cada 100 mil habitantes, así como también la última posición en cuanto a porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), dedicado a la Investigación y Desarrollo de la Tecnología".

La publicación señala que " en México se tramitan al año 4 patentes por cada 100 mil habitantes lo que lo coloca junto con Turquía en el último lugar, y muy por debajo de Estados Unidos donde se tramitan 828 patentes. Asimismo se indica que mientras en México hay 6 investigadores por cada 10 mil habitantes, en Japón hay 96, y que mientras el porcentaje de PIB de nuestro país es de 0.4%, Suecia dedica el 3.7% de su PIB para los mismos fines".

En el informe Gabriela Ramos, directora de la Oficina para México y América Latina de la OCDE, señala que "las anteriores cifras, unidas a la poca participación de la iniciativa privada en la investigación y la falta de una cultura de capitales de riesgo para proyectos innovadores han impedido que el país aproveche el nuevo conocimiento como una herramienta de desarrollo". Agrega que "la mayoría de los países de la OCDE se encuentran en un proceso en donde el conocimiento se convierte en el insumo importante para el funcionamiento económico y para el crecimiento. Por eso la inversión en investigación y desarrollo es fundamental para aumentar la eficiencia de los países y la competitividad de sus ramas industriales".

La funcionaria explicó que "en términos generales uno de los retos que vemos para México es lograr que las empresas también se involucren con la investigación y desarrollo, para que aquello que se genera como conocimiento empírico pueda ser utilizado en la economía. Nosotros creemos que no sólo se debe pedir un esfuerzo al Gobierno, sino a todos los sectores del país. Se requiere de un esfuerzo del país como conjunto".

Finalmente, manifiesta que "a pesar del crítico panorama que los números parecen revelar para la investigación y el desarrollo en México, apunta que no hay que olvidar que el nuevo conocimiento sirve para estimular a la economía, pero no puede sostenerse sin la vieja economía que requiere de banca, planta productiva y estabilidad, renglones en los que este país ha logrado grandes avances".

México, Rezagado Mundialmente en el Uso de Tecnología del Sector Gubernamental.

De acuerdo con un estudio elaborado por la empresa Consultora Accenture para medir el nivel de servicios en línea de 22 gobiernos con potencial de desarrollo tecnológico, realizado a mediados del año 2001 y dado a conocer recientemente. El estudio comprendió 165 diferentes servicios que típicamente brinda cualquier gobierno a los ciudadanos como son: justicia, seguridad pública, impuestos, defensa, educación, administración y transporte, entre otros.

Accenture clasificó a los 22 países analizados en cuatro grupos de acuerdo con el nivel de sofisticación de sus servicios gubernamentales en línea: "Líderes innovadores, Seguidores visionarios, Cumplidores firmes y Creadores de plataformas", dentro de los cuales quedó nuestro país.
En la investigación la empresa consultora midió la madurez del servicio y la prestación del mismo. En el primer caso se "analizó el nivel de presencia en línea de cada gobierno, así como la información, nivel de interactividad y transaccionalidad del sitio. La madurez de la prestación evaluó la sofisticación de los mecanismos elaborados para prestar el servicio, el diseño de servicios según las preferencias del cliente y los servicios de valor agregado," entre otros.

En el caso de México, el estudio concluye que a "pesar de que existe una tendencia explosiva en la adopción de servicios gubernamentales en línea, el resultado no fue favorable, ya que la madurez de los servicios de atención ciudadana en nuestro país resultó ser la más baja de los 22 países analizados, apenas con el 11%, contra el 50 por ciento de madurez alcanzada por Canadá, el país más avanzado en este rubro".

Siguiendo a Canadá, se ubicaron: Singapur con 48%, Estados Unidos 39%, Noruega 32%; Australia 31%; Finlandia 30; Hong Kong 23; Japón 17; Sudáfrica 13; Italia 12; y México 11%.

México, el País Miembro de la OCDE que Menos Presupuesto Destina al Sector Salud.

En el marco de la reunión de los ministros de salud de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que concluyó el 10 de noviembre del 2001 en la ciudad de Otawa Canadá, se informó que Estados Unidos destina el 14 % de su producto interno bruto (PIB) a programa de salud, Canadá y Uruguay 10% cada uno, Colombia 9.3%, Costa Rica 8.7%, Gran Bretaña 7.5%.

En el seno de la reunión se comentó también que a pesar de que México es la economía más grande de Latinoamérica, no cumple con el lema de "a mayor población y riqueza mayor presupuesto para la salud", ya que el presupuesto de 5.6% del producto interno bruto (PIB) que destina al sector salud, lo coloca en el menor rango entre los miembros de la OCDE y 0.5 puntos por debajo del promedio de América Latina que es de 6.1%.

Al final de la reunión en entrevista de prensa el secretario de salud, Julio Frenk reconoció que el gobierno federal destina un presupuesto reducido al sector salud y comentó: " incluso en México estamos abajo que Bolivia" que destina el 5.8% de su PIB, señaló que el Presidente Vicente Fox le advirtió que "de aprobarse la reforma hacendaría le propone una inversión adicional del 0.3% del PIB cada año para la salud, y que nuestro país alcanzaría, al final del sexenio en el año 2006, no antes", a superar el promedio de 6.1% de América Latina. Sin embargo, es de esperarse que para ese año el promedio de dicha región también se habrá incrementado cuando menos al 7.2% y de todos modos México seguirá por debajo de dicho promedio.

En el índice de "Libertad Económica 200," México Ocupó el Lugar Número 60.

En un documento publicado por la Fundación Heritage, de Washington y el periódico The Wall Street Journal en su edición 2002 de su "Índice de Libertad Económica", correspondiente al año 2001, se manifiesta que dicho índice tiene como objetivo analizar las políticas públicas de los países en estudio que en esta ocasión fueron 161, y plantear propuestas sobre la base de la libertad económica, la iniciativa privada y la democracia. La intención es proveer a inversionistas y planificadores de políticas públicas con las herramientas necesarias para coadyuvar a las naciones más restringidas económicamente, a crecer y desarrollarse en beneficio de sus poblaciones.

Los editores del Índice de Libertad Económica informaron que en esta ocasión se calificaron a 161 países sobre la base de diez factores que indican el grado de libertad de su economía. Cada uno de esos factores va del nivel 1 (el mejor) al 5 (el peor) y el puntaje final de cada país, es el promedio que se obtiene de los diez factores que se toman en consideración.

En el Índice de Libertad Económica del año 2001, de los 161 países calificados, la economía más libre del mundo es Hong Kong, seguida por Singapur, Irlanda, Nueva Zelandia y Estados Unidos.

México fue ubicado en el lugar número 60 en "la categoría de país con una economía mayoritariamente libre". El Índice de Libertad Económica que le correspondió a México en el año 2001 fue de 2.90, que mejora la calificación de 2.95 y lugar número 68 en el año 2000 y supera al 3.30 obtenido en 1999, que es la peor calificación que ha obtenido nuestro país durante los ocho años en que ha participado en dicho índice.

En el 2001 Retrocede México en el Índice Mundial de Competitividad.

De acuerdo con el Reporte Global de competitividad 2001-2002 que realizó el World Economic Forum (WEF), coordinado por Jeffrey Sachs, Micheal Porter y John McArthur, de la Universidad de Harvard, dado a conocer en días recientes, en el ranking de la competitividad mundial México se rezagó y se ubicó en el lugar número 51 de una lista que incluye a 75 países, luego de que en el año 2000 alcanzó el lugar número 42 entre 58 naciones participantes.

El reporte indica que "la evaluación anual corresponde al año 2001 y para considerar la clasificación mundial en esta ocasión participaron 75 países seleccionados y se tomaron en cuenta varios criterios para medir el óptimo ambiente en los negocios, entre los que destacan: la infraestructura y la competitividad en los negocios, el desarrollo y aplicación de la tecnología, la cooperación tecnológica entre compañías, el otorgamiento de créditos bancarios a los negocios, la aplicación de la ciencia, la evasión fiscal, la justicia", etc.

El índice de crecimiento de la competitividad está relacionado con la tecnología, instituciones públicas y ambiente macroeconómico, y mide el potencial de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB per cápita a mediano plazo (5 años).

El informe señala que el índice de competitividad evaluó además las condiciones que definen la productividad de las naciones participantes, con dos subíndices: la estrategia empresarial y la calidad del ambiente nacional de negocios, en los que nuestro país quedó en los sitios 46 y 53, respectivamente.

La publicación señala que "México quedó por debajo de países latinoamericanos como Brasil que ocupó el lugar número 30 y Chile el 29, en esta ocasión Costra Rica se fue al lugar número 50".

Otro indicador que presenta el reporte es el índice de crecimiento de la competitividad, donde México ocupó la posición 42, igual que el año pasado. Este índice mide el potencial de crecimiento de la economía en el mediano plazo, basándose en tres subíndices: tecnología, instituciones públicas y ambiente macroeconómico. La peor posición la obtuvo nuestro país en el subíndice del papel que juegan las instituciones públicas en la competitividad, en el lugar 56, por debajo de China, Sudáfrica y casi todos los países latinoamericanos".

En la clasificación de la competitividad mundial, Finlandia ocupó el primer lugar seguido de los Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania; Singapur, Luxemburgo," etc.

En América Latina, Chile se mantuvo en el primer lugar en casi todas las mediciones, seguido de Costa Rica, que ocupó el segundo lugar en materia de crecimiento de la productividad, a continuación encontramos a México, Brasil, Argentina, Guatemala, etc.

En el 2001, México se Convirtió en el Principal Destino de Inversiones en América Latina.

De acuerdo con un comunicado de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicado recientemente, se informa que durante el año 2001 "México fue el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina, con más de 25 mil millones de dólares. Se dijo, que el monto es casi el doble de lo que el país recibió durante el año 2000, y constituye más de la tercera parte de toda la inversión foránea girada a América Latina y el Caribe en ese lapso de tiempo".

Según el reporte este auge se debe a que "México mantiene la calificación de \\''refugio seguro\\'' para invertir frente a las demás economías de América Latina, el país se sostiene como el centro de inversión más atractivo de la región, tanto en mercado de renta fija como de capitales".
La publicación de la UNCTAD "precisó que casi la mitad de la inversión extranjera a México estuvo concentrada en la venta del Banco BANAMEX al grupo estadounidense CITIGROUP, que pagó 12 mil 700 millones de dólares por la transacción.

Se comentó que "México atrajo sustancialmente mayor IED en el 2001, a pesar de la desaceleración económica doméstica y estadounidense; además, superó a Brasil como el principal receptor de la región". Según la UNCTAD, después de nuestro país "se ubicó Brasil con una entrada de casi 20 mil millones de dólares. El informe reveló que el retraso de algunas privatizaciones previstas por el gobierno de Brasilia, para el año que terminó, impactaron su nivel de ingresos".

El reporte señala que en el caso de "Argentina, la recesión que precedió a la debacle económica y financiera de finales del año pasado había ya, desde principios del 2000, afectado su atractivo para inversiones extranjeras, y por segundo año consecutivo, la IED a ese país se desplomó 50%; en el 2001 no alcanzó los 9 mil millones de dólares".

El texto del informe concluye que "en términos generales, América Latina y el Caribe recibieron 80 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante el año 2001".

México Reprobado en el Índice de Transparencia Presupuestaria.

Hoy en día, para hablar casi de cualquier cosa, se requiere del uso de números índice. Como por ejemplo, el de desarrollo humano, el de libertades civiles y Derechos políticos, de eficiencia burocrática, de libertad económica, etcétera, y por supuesto no podía faltar el "Índice de Transparencia Presupuestaria". Este índice es un indicador que permite medir o calificar la percepción que las personas entrevistadas tienen respecto de la rendición de cuentas y la oportunidad y accesibilidad a la información del gasto público.

El estudio fue elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y las organizaciones civiles Fundar y Equidad de Genero, con el patrocinio de la Fundación Ford.

La investigación se llevó a cabo en México y en varios países de América Latina. El índice se elaboró con base en encuestas realizadas entre los meses de julio y noviembre del 2001. En el caso de nuestro país se levantaron 63 opiniones de profesores e investigadores universitarios, expertos en finanzas públicas, diputados, periodistas y gentes relacionadas con el tema.

De acuerdo con los resultados dados a conocer en diciembre del año anterior, se revela que los sistemas de rendición de cuentas, así como la producción de información oportuna sobre el manejo de los recursos públicos son poco transparentes en todos los países analizados. Así, México reprobó con una calificación de 5.0 el Índice de Transparencia Presupuestaria, en una escala que va del 1 al 10, en donde el uno es el peor y el diez es el mejor. La mayor calificación la obtuvo Chile con 5.9, seguido de Argentina y Brasil con 5.1 cada uno. Perú registró la menor calificación con 3.7.

Juan Pablo Guerrero, investigador del CIDE, manifestó que "los resultados muestran falta de transparencia en la elaboración, aprobación, ejecución y fiscalización del gasto público. Para el caso de México". Afirmó que "pese al cambio de partido (PAN) en el poder, muy poco se ha avanzado en trasparentar las cuentas de la administración pública" federal, y lamentó que el Gobierno del Presidente Vicente Fox "haya demostrado una escasa voluntad para abrir y transparentar las cuentas de la administración pública federal a un año de su arribo al poder. Desgraciadamente no vemos avances en cuanto a transparencia, incluso hay datos omitidos que sí estaban presentes en el último presupuesto que elaboró la administración de Ernesto Zedillo."

Dijo que "el presupuesto 2002, el primero elaborado enteramente por el nuevo Gobierno, no presenta grandes avances para dar mayor claridad al proceso presupuestal, y lamentó que el marco legal en materia de gasto público siga siendo obsoleto. Señaló que "el área crítica para el país es la ''participación ciudadana'', pues sólo el 8 por ciento de los entrevistados considera que la sociedad puede incidir en la conformación del presupuesto. Otras áreas deficientes son la oportunidad y el acceso a la información, la evaluación de la Contraloría interna y la fiscalización del gasto".

Raymundo Salgado Porcado. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Sociólogo UNAM. Ha colaborado en la UNAM, la UPN y en la SEP. Investigador del INEP.