La reforma judicial está provocando un atasco; se agravó la precariedad de un sistema que ya funcionaba mal. Hay ventanas de oportunidad.
El caso de Anabel Almazán me parece emblemático. Pasó de contar cuentos a niños en escuelas públicas de Tamaulipas a ser jueza civil de primera instancia. A los cuatro días de tomar protesta, presentó su renuncia. No fue la única. En Tamaulipas ya van cuatro dimisiones. En Durango y Veracruz también se han registrado algunas. La pregunta es inevitable: ¿cuántas de las personas juzgadoras que resultaron electas y que hoy imparten justicia se sienten tan ajenas al oficio de juez como Anabel Almazán? La mayor incertidumbre de la reforma judicial es qué tan idóneos para el cargo son los nuevos perfiles de jueces.
En el corto plazo, el problema es mucho más práctico. La reforma judicial está provocando un atasco institucional. A nivel federal y local, los litigios se acumulan sin resolverse. Muchos asuntos llevan meses detenidos. La sustitución masiva de jueces habría sido, por sí misma, un desafío administrativo enorme. Pero se complicó aún más porque los órganos encargados de organizar esa transición también están en reestructuración: desaparecieron los Consejos de la Judicatura y están naciendo los nuevos órganos administrativos. El resultado es previsible: una reforma improvisada que, en lugar de ordenar, paraliza.
Los más afectados son los usuarios cotidianos del sistema. La mujer que necesita cobrar la pensión alimenticia para sus hijos. El arrendador que busca desalojar a un inquilino moroso. La pareja que enfrenta un divorcio complicado y pelea la custodia de sus hijos. El trabajador que no puede cobrar una indemnización laboral. Los herederos que llevan años en un pleito sucesorio. El banco que quiere cobrar a quien incumplió su contrato de hipoteca. La empresa que no puede ejecutar un pago. El vecino que reclama daños de una construcción irregular. Todos ellos dependen de tribunales locales y hoy sus asuntos se mueven muy lentamente.
Conviene insistir: tampoco es que todos ellos esperaran un servicio de calidad. El sistema judicial mexicano siempre ha sido lento, formalista, barroco y costoso. Esa precariedad histórica explica, en parte, por qué el colapso actual no genera aún una presión social equivalente a la que provocó, por ejemplo, la destrucción de la red de distribución de medicinas. En salud, había un servicio de acceso a medicamentos -deficiente pero existente- que se derrumbó. Los niños con cáncer sin tratamientos oncológicos son la imagen más contundente del fracaso. En justicia, en cambio, millones de mexicanos nunca han tenido acceso al sistema y están acostumbrados a vivir en el desamparo de la ley. Ello forma parte estructural de la desigualdad social en México.
El problema de fondo es que nunca se ha construido un sistema de justicia local pensado para servir de manera efectiva a toda la población. El diseño institucional nunca ha tomado en cuenta las características socioeconómicas de la población ni ha entendido la demanda de justicia de un país tan diverso y complejo. Nuestro sistema de justicia, lamentablemente, se construyó de arriba hacia abajo, con una Suprema Corte fuerte y bien financiada y miles de juzgados de primera instancia locales olvidados y sin recursos. Esa asimetría estructural explica en buena medida por qué la justicia es inalcanzable para la mayoría y por qué el país convive con tanta arbitrariedad.
El retroceso en materia de justicia es brutal. Lo será aún más porque, a diferencia de la salud, no se derrumbó un servicio previamente accesible, sino que se agravó la precariedad de un sistema que ya funcionaba mal y para pocos. Es inevitable, estamos ante una crisis profunda del sistema de justicia en su conjunto.
Hoy más que nunca existe un contexto idóneo para reinventar la impartición de justicia. Yo sí creo que es posible que, en los próximos años, un gobierno local nos sorprenda para bien. Cuántas cosas buenas podrían suceder en una entidad federativa que innove en este sentido. Necesitamos poderes judiciales locales que resuelvan de forma ágil, sencilla y accesible los conflictos de nuestra vida colectiva. Las crisis siempre encierran oportunidades.
Tomado de: Reforma