Quienes votaron por no respetar el principio de cosa juzgada no parecen entender la diferencia entre justicia y legalidad.
Desde la óptica de la justicia, el presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, podría tener razón: “Yo sí quisiera lanzar una pregunta: si hay cosa juzgada cuando se llega a la cosa juzgada mediante fraude, mediante contubernio, mediante acciones ilícitas”. ¿Qué hacer? Su conclusión: si se presupone fraude procesal, se deben revisar decisiones judiciales del pasado.
Luego aclararon que esto es para casos muy particulares, pero hay que hacerse cargo de las implicaciones de la pregunta. Por ejemplo, sabemos que en la elección de juzgadores el uso de acordeones determinó el resultado. Según el magistrado electoral Reyes Rodríguez, “la probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, individual y sin coordinación alguna es prácticamente de cero”. Su colega Mónica Soto, presidenta del TEPJF, replicó que “si yo traigo esta prueba [de los acordeones] tengo que traer los datos, dónde se hizo, cuánto costó, quién lo hizo, a quién se lo dio”. Reconoce la existencia de las pruebas, pero pide que se pruebe de dónde vienen. Había evidencia periodística que mostraba que el responsable era el gobierno. Una investigación mínima lo hubiera demostrado. ¿La SCJN debería revisar la elección y declararla nula? ¿Cuántos ejemplos como este se le ocurren? La elección del gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla, contó con el apoyo del crimen organizado. ¿Habría que anularla?
Con esta lógica todas las injusticias del pasado se agolpan en el presente. Si se justifica hacerlo por problemas procesales, ¿por qué no por la existencia de evidencia no considerada en su momento? Hay que remediar cualquier injusticia.
Quienes votaron a favor de esta propuesta no parecen entender la diferencia entre justicia y legalidad. Incluso obviando las diversas concepciones de justicia, el papel de los jueces es hacer valer la ley y la Constitución. En la lógica del Artículo lo., la prioridad deben ser los derechos de todos los mexicanos, no ampliar el poder del Estado.
No respetar el principio de cosa juzgada no sólo creará aún más incertidumbre para los inversionistas, de por sí renuentes a iniciar nuevos proyectos, sino que todo asunto del pasado, divorcios, herencias, contratos, pago de impuestos, podrá ser revisado. No puede haber convivencia familiar ni social así. Por eso tiene razón Sheinbaum cuando dice estar en contra de la intención de la Corte: mejor que se concentre en sus rezagos: “hay muchos temas que tiene pendiente la Corte”, dijo en la mañanera del jueves.
Esto no significa que no haya que alzar la voz contra toda injusticia, por más que esté avalada por la ley. AMLO construyó su carrera política a partir de lo que él consideraba eran injusticias del pasado, sancionadas o no por la ley. Organizarse políticamente y desde la sociedad contra el peso de un Estado crecientemente arbitrario es aún más importante ahora que el partido en el poder, coordinado por Sheinbaum, ejecuta, legisla y revisa la legalidad de actos y leyes.
Hoy el gobierno puede retorcer la ley a su antojo, como en la renuncia del fiscal Gertz. El Artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República dice: “Dicha renuncia solamente procederá por la causa grave así calificada por el Senado de la República”. La razón esgrimida es que se va de embajador. No importa cuán absurdo sea un argumento.
Sheinbaum ha ganado un espacio político importante sin provocar una ruptura. La Fiscalía estará a su servicio. La puede usar para desmantelar las redes del crimen organizado y mejorar la seguridad de los mexicanos; pero también para proteger a los aliados del poder y seguir viviendo en un mundo de impunidad; o para acosar a los adversarios. ¿Es compatible combatir al crimen organizado con la integridad de su movimiento? Se verá.
Ojalá me equivoque, pero me temo que cada vez más veremos injusticias disfrazadas de legalidad. O absurdas decisiones de la Corte disfrazadas de su visión de la justicia.
Tomado de: Reforma