La libertad de expresión no depende de la voluntad del gobernante: es un derecho constitucional que ninguna autoridad puede conceder ni retirar.
Nos parecen desafortunadas las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum cuando afirmó que “si quisiéramos censurar ya lo hubiéramos hecho”. Quizás no se percata que al negar confirma. El centro de su argumento es el más debatible: el que ella piense que puede censurar a su antojo y que si no lo ha hecho es porque no quiere.
¡Falso! La Constitución nos otorga a todos los ciudadanos la libertad de expresión. Esta NO ES una graciosa concesión del gobernante; al contrario, confirma una PROHIBICIÓN para todo aquel que ejerce el poder: el ciudadano posee el derecho, que ninguna autoridad puede coartar, de expresarse libremente. Entonces, no, la señora no pudo nunca “haber censurado si así lo deseara”, porque no se lo faculta nuestra Constitución. No es, pues, cuestión de voluntad ni siquiera de convicción; es un punto constitucional: como Presidenta NO ESTÁ FACULTADA para pisotear uno de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Ahora que el hecho de que afirme que no ha censurado porque no se le ha dado la gana nos parece una admisión sumamente peligrosa, pues insinúa que la censura depende del humor en que se levante un determinado día. Esto por una parte, pero por la otra: ¿quién ha dicho que ella no ha intentado censurar? Existen cuando menos DOS (más otros dos) casos conocidos en que personas que expresaron críticas contra el actual y el pasado régimen fueron judicialmente perseguidas. De manera perversa, no directamente por el jerarca “ofendido”, sino por secuaces. Ello vía demandas que cayeron en manos de jueces de acordeón.
Adicionalmente ha habido casos, reconocemos que difíciles de probar, en que críticos del régimen, o de quienes lo lideran, han sido acusados de evasión fiscal y obligados a pagar grandes cantidades de dinero.
Cuando se politiza la justicia y se politizan los organismos recaudatorios, aparte aprobando leyes en las que el contribuyente es culpable hasta que demuestre su inocencia en un esquema en el que la autoridad ha sido indebidamente facultada para congelar cuentas bancarias bastándole sólo la sospecha, se fomenta y estimula de manera muy clara la “autocensura”. El régimen autocrático eleva de tal manera el costo de incurrir en la molestia del Ayatola en turno que todo ciudadano tiene temor de ser censurado por lo que dice o hace.
Otro corolario que se puede desprender de los dichos de la Presidenta es que los mexicanos debemos aplaudirle el hecho de que nos haya extendido la gracia de haber evitado censurarnos. ¡Nos ha bendecido con su gran favor, con su complacencia infinita!
No se puede menos que pensar que atrás de comentarios como ése hay un dejo de considerable soberbia. Por un lado, indica la creencia de que posee un poder totalitario que le permite hacer lo que le venga en gana y por otra parte, tenemos la afirmación de que si no ha pisoteado nuestros derechos constitucionales relacionados con la libertad de expresión se debe a que no ha querido; o sea, que ha sido “muy buena gente”, pese a que puede e incluso afirmó que posee los medios legales para hacerlo.
¿Qué regla puede ejercer ella que sea superior a una garantía constitucional? Pues habrá que preguntarle, pero lo importante es que la Presidenta misma crea que posee esa facultad y que el no ejercerla consiste en una decisión personal de autorregulación o de “bonhomía” de su parte. Francamente aterran estos conceptos que se les han filtrado al cerebro a muchos de los miembros de la cuatrotería, porque son posturas totalitarias, tiránicas, reñidas por completo con todo precepto democrático conocido en el globo terráqueo y galaxias circunvecinas.
La libertad de expresión, en todas sus formas, NO ES UNA GRACIOSA CONCESIÓN del gobernante: es un derecho fundamental, constitucional y universal. No nos están haciendo ningún favor al cumplir con respetarla: meramente se apegan a la ley, recordándoles a estas damas y caballeros cuatroteros que en México aplica el “Principio de Legalidad”. Este establece claramente que al CIUDADANO le está PERMITIDO TODO lo que la ley no le prohíbe expresamente, mientras que al SERVIDOR PUBLICO es al revés: ¡le está prohibido TODO aquello que la ley no le faculta EXPRESAMENTE!
¡Apréndanse eso, por favor, antes de expresar su siguiente disparate!
Tomado de: Reforma