Cuando el poder pretende controlar las redes sociales o desacreditar sistemáticamente a periodistas y medios críticos mediante la imposición
¿Por qué molesta tanto a los gobiernos que los ciudadanos conozcan los hechos, contrasten versiones y formen su propio juicio? ¿Por qué incomoda la libertad de expresión, cuya razón de ser es evitar que el poder se adueñe de la verdad? ¿Quién puede arrogarse la representación de 134 millones de mexicanos para decidir qué ves, oyes o dices?
Cuando el poder pretende controlar las redes sociales o desacreditar sistemáticamente a periodistas y medios críticos mediante la imposición de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, termina convirtiéndose en un tribunal de la verdad. Como están diseñados, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendría la facultad de decidir qué información es “falsa”, “inexacta” o “descontextualizada”.
Gracias al periodismo y a la conversación digital salieron a la luz atrocidades que permanecían impunes: la golpiza de Víctor Rodríguez, ex director de Petróleos Mexicanos, a su esposa frente a su hijo; el “huachicol fiscal”, que salpicó a mandos navales, y el megafraude de Seguridad Alimentaria Mexicana, un desfalco de más de 15 mil millones de pesos documentado por auditorías e investigaciones periodísticas.
Fue la prensa la que reveló los sobres amarillos de Pío López Obrador, la “Casa Gris” cedida por un contratista al hijo del ex presidente, los contratos de la pandemia otorgados a una empresa ligada al hijo de Manuel Bartlett y las inconsistencias que la Auditoría Superior de la Federación sigue señalando en el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA.
Mientras todo esto se fiscaliza desde afuera, el país sangra: más de 54 mil personas desaparecieron durante el sexenio pasado; asesinan a madres buscadoras que hacen el trabajo que el Estado abandonó, y comunidades enteras viven asediadas por el narcotráfico y sus ataques con drones. Esa es la trágica realidad que el periodismo libre tiene el deber de desnudar en un país donde siguen asesinando periodistas.
En la “Mañanera del Pueblo” se defiende la narrativa oficial. Para ello, el presupuesto federal destina más de 4 mil 300 millones de pesos a comunicación social y medios públicos. Si se suman los sistemas estatales de radio y televisión, la cifra ronda 15 mil millones de pesos provenientes del dinero de todos los mexicanos.
La pregunta es inevitable: si el régimen opera una red monumental de medios de comunicación del Estado, ¿por qué le atemoriza tanto el scroll infinito de un ciudadano libre? ¿Le teme a que se exhiba a políticos conviviendo con la delincuencia o al derroche de lujos en nombre de la “austeridad republicana”?
Tapar un hoyo solo hará que aparezcan miles más. Las preguntas incómodas son el último contrapeso democrático. Cuando un gobierno decide qué puedes informar, qué puedes escuchar o qué puedes decir, el problema jamás ha sido la prensa: es la tentación autoritaria del poder.
@AdriDelgadoRuiz
Tomado de: El Heraldo de México