Hay evidencia para abrir un proceso penal de verdad contra Rocha Moya. Qué haga la FGR definirá la relación con EU y AMLO.
"Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra...”.
Así comienza uno de los párrafos de la carta, en el tono víctima que es el sello de la casa, con la que Rubén Rocha Moya anunció este viernes su regreso a la gubernatura de Sinaloa. Fue una decisión personal, dijeron en sucesivos comunicados altos mandos de la coalición gobernante. Sheinbaum tardó más de 24 horas en confesar que se había enterado del regreso del gobernador por las redes sociales. Pero al final se impuso: Rocha Moya pidió licencia nuevamente.
El gobierno de Sheinbaum creyó que podía patear el problema y que bastaba con no detenerlo, como había solicitado el gobierno de Estados Unidos, y simular una investigación de la FGR. Esta concluyó no haber encontrado evidencia para proceder en su contra.
La acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Rocha Moya fue cómplice de “Los Chapitos”, quienes apoyaron su elección en 2021 ordenando el robo de boletas de sus adversarios. Sobra evidencia pública de lo ocurrido entonces. Está además la carta que el abogado de “El Mayo” Zambada difundió en agosto de 2024 donde se afirma que el capo había sido citado a una reunión en un rancho donde estarían Rocha Moya y el ex rector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda. “El Mayo” fue secuestrado y entregado a Estados Unidos; Cuén asesinado. El gobierno de Sinaloa simuló que había ocurrido en una gasolinera. Eso fue ya hace más de dos años y la FGR apenas detuvo al chofer de Cuén.
No sorprende que el gobierno de Estados Unidos vea colusión entre el poder político y el crimen. El pasado 14 de julio, Terry Cole director de la DEA, afirmó que hay una “conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano”. Es el mismo funcionario que el 18 de agosto, en la Conferencia Internacional sobre Control de Drogas en Buenos Aires, llamó a Omar García Harfuch “un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos”.
Al día siguiente Sheinbaum protestó por el doble discurso. El problema es su doble criterio: dura con los políticos de oposición, laxa con los de su coalición; entrega a 93 presuntos criminales solicitados por nuestro vecino, pero a ningún político de la 4T involucrado con el crimen organizado.
México tiene una posición única frente a Estados Unidos. Lo último que desea nuestro vecino es inestabilidad en su frontera sur. Pero muchas voces allá creen que lo seremos más si el gobierno mexicano no enfrenta de verdad al crimen organizado.
México está cada vez más aislado. Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, recién anunció que Colombia, Guatemala y Honduras aceptaron operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio. Un riesgo es que Trump opte por acciones unilaterales en suelo mexicano contra estos grupos y sus aliados políticos.
Sheinbaum lo confesó el pasado 31 de mayo, cuando optó por defender a Rocha Moya: si se cede en un caso, “luego vienen por uno, luego por otro”, hasta que el Departamento de Justicia acabe convertido en el principal actor electoral de México. Sin embargo, al blindar a los suyos y no investigarlos con rigor, deja abierta la puerta a más presión de Estados Unidos, pues no resuelve el problema de fondo: los vínculos de tanto morenista con el crimen organizado.
Sin instituciones de procuración de justicia fuertes y autónomas, los problemas judiciales se vuelven políticos. La nueva licencia de Rocha Moya le da un poco de aire a Sheinbaum. Pero el limbo de la licencia no resuelve el problema de fondo. Hay evidencia suficiente para abrir un proceso penal de verdad contra Rocha Moya. Qué haga o deje de hacer la FGR será una decisión política de Sheinbaum y definirá no solo la relación con Estados Unidos, sino con AMLO y su círculo más cercano.
Rocha Moya puede declararse ajeno a las patrañas. El gobierno de México no puede declararse ajeno a las consecuencias de haberlo protegido.
@carloselizondom
Tomado de: Reforma