Al año de la reforma judicial, no se han demostrado los argumentos para sacar a juzgadores, varios mediante una tómbola legislativa, más una diversión ofensiva de los legisladores oficialistas contra la gente de carrera judicial que una decisión fundada y motivada. Además, se han incumplido las promesas que justificaron el sometimiento del poder judicial al oficialismo. La justicia ha empeorado.
Los altos sueldos y las prestaciones, los nuevos ministros los sostuvieron. Intentaron recontratar el seguro de gastos médicos mayores; si no lo hicieron este año, ya vendrá el nuevo presupuesto. Compraron vehículos de lujo. Sobrecontrataron asesores y parientes. Los pagos de comida, adentro y fuera de la suprema corte, siguen. Los vales de gasolina siguen. Los seguros de separación siguen.
La falta de preparación para el cargo, el registro de errores y abusos por parte de los ministros y de muchos juzgadores a lo largo de la república están documentados en redes. La confusión de procedimientos y conceptos jurídicos básicos habla por sí sola.
La politización de las resoluciones se ha mantenido con una variante: favorecer a los amigos políticos y acabar con los enemigos o actores políticos incómodos. La impunidad iniciada con fiscalías amigas cierra con juzgadores afines abiertamente al proyecto político. La fotografía del juzgador al lado de la presidenta o de un secretario que antes hubiera sido sancionada, hoy es consentida.
La lentitud de los procedimientos, tampoco se ha resuelto. Las cifras oficiales muestran que casi el 70% de los juicios en toda la república tienen un retraso significativo, cuando antes de la reforma había juzgados al día (demandas, acuerdos y sentencias resueltos en el término legal y con cero pendientes a fin de mes).
El abuso de juzgadores sobre su personal ha aumentado. Desde procedimientos administrativos caprichosos hasta obligar a los trabajadores de carrera a realizar las labores de los nuevos cobradores. Los videos que muestran las agresiones de titulares o practicas cuestionables (“limpias”, tarot, etc.) están a la vista.
La impunidad general es notoria. El cambio de juzgadores no mejoró la seguridad en ningún lugar, ni atrajo más inversión, menos ha dado más confianza ciudadana (las dilaciones procesales son suficientes para ello; ni hablemos del sentido de resoluciones). El actual procedimiento ante la corte interamericana de derechos humanos contra la reforma judicial es significativo. Parte de la reversión del T-MEC fue la reforma judicial.
La reforma judicial es otra distorsión oficial del concepto de soberanía.
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Tomado de: La Jornada