2022 Dic 14 Posicionamiento General. Reforma Electoral. Sen. Ricardo Monreal Ávila.
VOTO PARTICULAR RESPECTO DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; Y EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PRESENTADO POR EL SENADOR DR. RICARDO MONREAL ÁVILA.
14 DICIEMBRE 2022
POSICIONAMIENTO POLÍTICO
Ciudadanas y ciudadanos legisladores, ciudadano Presidente.
Hago uso de la palabra para compartir mis reflexiones generales sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se propone la creación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El fortalecimiento de nuestro sistema democrático es una tarea que nos ocupa y beneficia a todas y todos. Tras una lucha social de más de 30 años, hemos conseguido construir mecanismos e instituciones electorales que se han encargado de hacer valer la voluntad de nuestro pueblo.
Nos hemos dado reformas electorales de gran trascendencia desde 1977, con las cuales se construyó la transición a la democracia gracias a un amplio diálogo cada vez más abierto.
Pero no fue sino hasta las pasadas elecciones federales de 2018, que, de manera inédita, millones de mexicanas y mexicanos nos manifestamos por transformar la historia de nuestro país, eligiendo por primera vez, y con una amplia mayoría, a un gobierno de izquierda que ha mantenido su compromiso con la protección de los derechos de las personas más desfavorecidas, al tiempo que ha consolidado importantes reformas en clave de derechos sociales.
A pesar del avance y los resultados positivos que han tenido estas reformas y del innegable perfeccionamiento del sistema electoral a lo largo de los últimos años, hoy discutimos el alcance de una reforma legal en materia político-electoral, que impacta a casi 500 artículos, con la cual se busca dar un nuevo rumbo al modelo democrático.
Independientemente de las opiniones y polémicas sobre este proyecto, lo que debemos entender es que, a pesar de los enormes pasos emprendidos, existe un creciente recelo hacia el modelo democrático, derivado -sobre todo- de la ineficiencia gubernamental heredada por otras administraciones, que ha venido arrastrando una sistemática falta de transparencia y altos costos institucionales.
Para las y los ciudadanos, la construcción democrática se convirtió en una promesa incumplida en dos sentidos: por un lado, porque la necesaria ciudadanización de las autoridades no terminó por desterrar el fantasma del fraude electoral. Por el otro, porque el imperfecto juego del cambio democrático de poderes no se tradujo necesariamente en mejores condiciones de bienestar para la sociedad.
Para contribuir a la solución de este desencanto, el Ejecutivo presentó un proyecto que, desde su perspectiva, atiende esta condición y cuyo contenido hicieron suyo diversos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y los aliados PT y PVEM en la Cámara de Diputados.
Después de su discusión y aprobación por el Pleno, la colegisladora nos remitió las minutas correspondientes, mismas que de origen presentan diversos y significativos errores de técnica legislativa, así como múltiples antinomias jurídicas.
El Senado realizó un serio ejercicio de análisis del proyecto de decreto, con la innegable voluntad de enriquecer nuestro marco normativo en dicha materia, dando como resultado que, de los diversos problemas de inconstitucionalidad antes mencionados, se hayan superado algunos de ellos.
Como consecuencia de lo anterior, he realizado un análisis minucioso de dicho proyecto, con el fin de lograr la mejor construcción normativa posible, de modo que sea coherente, consistente y conforme a nuestro marco constitucional.
Las reflexiones, que hoy comparto con ustedes, están apoyadas únicamente en la convicción de que, como profesional del derecho, senador de la República y académico, debo defender la libertad de pensamiento y la importancia del Estado de Derecho desde la sensatez y la entereza, para las y los que votaron por nosotros.
Recordemos los orígenes del Senado, propuesto por primera vez en 1823 como órgano legislativo -de la mano de la discusión del Acta Constitutiva y los diversos proyectos constitucionales que fueron presentados al primer Congreso constituyente-, el Senado recuerda figuras como el Real Acuerdo virreinal, el Consejo de la Regencia, o el efímero Consejo de Estado del Imperio, en el que prevalecía una mera estructura asesora de la figura de poder.
Esta situación, para los legisladores liberales era inadmisible, por ende, el voto particular de Servando Teresa de Mier, perfiló la nueva colegisladora con un papel de contrapeso real, buscando ser más un factor de equilibrio y de ponderación, que asegurara mejores leyes.
Esa es nuestra función y a nadie debe extrañar que seamos un contrapeso que refrende el equilibrio de poderes, desde su fundación, a casi dos siglos de su creación.
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