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“Algunas interpretaciones del sistema mexicano”. En: Ai Camp, Roderic. La política en México. ¿Consolidación democrática o deterioro?

 

“ALGUNAS INTERPRETACIONES DEL SISTEMA MEXICANO

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Hoy en día, el estudio de la política mexicana se centra en el análisis de México como un ejemplo de transformación capitalista, democrática y neoliberal. Las preguntas políticas fundamentales en esta nueva era son: ¿hasta qué punto México ha logrado realmente un sistema político democrático? ¿Ha trascendido la democracia electoral?

¿Se ha librado de muchas de sus características semiautoritarias? ¿Ha mejorado la distribución de los beneficios económicos y sociales? ¿Es México una democracia consolidada (sistema político democrático que ha ido mucho más allá de las elecciones democráticas y que puede definirse por otras características descritas por los teóricos de la democracia; entre otras, rendición de cuentas, transparencia, división de poderes, federalismo, derechos humanos, imperio de la ley y subordinación de las fuerzas armadas al control civil)? Y la más importante, tal vez, ¿las creencias y prácticas democráticas están suficientemente arraigadas, de tal forma que México siga siendo una democracia en el futuro?

México puede ser justamente considerado como una democracia, si ésta se define nada más como un sistema político competitivo en el que dos o más partidos compiten en un proceso electoral abierto y equitativo e intercambian el poder sobre el liderazgo político nacional. Fue impresionante cómo el país llegó a esta forma de democracia con la victoria electoral de Vicente Fox en 2000. Por otra parte, ha avanzado hacia una etapa más difícil e influyente del proceso desde 2001, etapa profundamente arraigada en condiciones institucionales y estructurales heredadas del pasado. Por ejemplo, el presidente Fox introdujo en 2003 una ley de transparencia con la intención de que todas las agencias federales rindan cuentas a los ciudadanos y a los medios. Esta ley definitivamente incrementó la transparencia, pero, en lugar de apoyarse en esos primeros pasos, desde 2006 las agencias federales y estatales se han tornado más resistentes, y no menos, a responder prontamente.En 2010 el presidente Calderón inició una reforma legal que modificaría el sistema legal interno del ejército mexicano. Otra vez, era un paso adelante en la eliminación de un enclave de autonomía militar respecto de las instituciones civiles que aún persistía; pero las reformas sólo resultaron en algunos cambios incrementales que permiten que las fuerzas armadas sigan gozando de una protección legal de privilegio.

Actualmente, las prácticas políticas tradicionales de México se encuentran inmersas en una total conmoción por eso, y si destacamos sus características más importantes, éstas, necesariamente, también estarán en proceso de transición. En el pasado reciente, el país presentaba un sistema semiautoritario único, único porque permitía mucho mayor acceso al proceso de toma de decisiones y, más importante, quienes tomaban las decisiones cambiaban con mayor frecuencia de lo usual en otros lugares. En este sistema, el liderazgo estaba principalmente en manos del Poder Ejecutivo, sobre todo en las del presidente, que tenía que limitarse a un periodo de seis años. La presidencia sigue conservando esta limitación estructural importante: un individuo sólo puede ocupar la presidencia durante un periodo.

Específicamente, el poder de la presidencia, y de la rama ejecutiva en general, se mantuvo hasta bien entrados los años noventa y derivó en debilidad en la rama legislativa y en un Poder Judicial inoperante. La creciente competencia electoral en el ámbito nacional resultó en la influencia del partido de oposición en la rama legislativa, y, hacia 1997, la cámara de diputados, cámara baja de México, estaba en manos de los partidos de oposición. Sin embargo, 10 años después, 46% de los mexicanos, poco menos que en Ecuador, Colombia y Chile, apoyaba la idea de que el Ejecutivo debe gobernar solo si la legislatura obstaculiza el proceso gubernamental. Así, la presidencia sigue siendo la institución política dominante en México, simbólica y prácticamente.

Conforme México se encamina al siglo XXI, el federalismo (concepto político que describe los derechos y obligaciones compartidas de los gobiernos nacionales frente a los estatales y locales) y la descentralización remplazan al semiautoritarismo como característica dominante del entorno político. A partir del presidente Zedillo, la presidencia experimentó una reducción gradual de su poder deliberada e involuntariamente. El presidente Fox acentuó este patrón durante su administración y destacó la importancia de otras instituciones nacionales, sobre todo la Suprema Corte. Hacia 2010, 55% de los mexicanos expresaba confianza en la Suprema Corte, más que los estadunidenses (53%) y apenas ligeramente por debajo de los uruguayos y canadienses, líderes en el hemisferio.

La descentralización ha afectado a México de dos maneras. Primero, si bien el gobierno federal sigue siendo responsable de recaudar gran parte de los ingresos, ha incrementado la cantidad de fondos asignados directamente a los jefes del ejecutivo de los estados. Según George Grayson, el Congreso ha sido “extremadamente generoso al asignar dinero a los estados” y conceder a los gobernadores amplios márgenes de acción para gastar esos fondos como consideren conveniente. Muchos los han utilizado para promover sus propias ambiciones políticas, lo que da una idea de por qué en 2012 varios de los principales contendientes para la nominación presidencial de sus respectivos partidos eran gobernadores. También en el nivel local las consecuencias han sido parecidas. En una extensa investigación de campo, Andrew Selee descubrió que el proceso de democratización de México impulsó una expansión importante del papel de los municipios en la formulación de políticas hoy día en México, muy diferente de la limitada función que tenían tres décadas atrás. Sin embargo, su debilidad estructural, la falta de rendición de cuentas y las diferencias reales en cuanto a capacidad han impedido que tengan un papel más importante en el proceso de formulación de políticas en el país.

La descentralización tiene otra cara, aún más compleja. Conforme México adopta características estructurales participativas en la escena política, se han generado cambios en las instituciones y organizaciones. Por ejemplo, como perdieron la presidencia en 2000, varias facciones del PRI luchaban por el control del partido durante las administraciones de Fox y Calderón. Dichas facciones representan visiones diferentes de la plataforma y la estructura interna del partido. El Partido Acción Nacional (PAN) no estaba a salvo de esos mismos cambios, sobre todo porque el presidente Fox era considerado un intruso que no representaba los intereses de los líderes tradicionales del PAN. La selección de Felipe Calderón en 2006 representó un rechazo del intruso y su sustitución por un representante del liderazgo tradicional del partido. Por su parte, la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012 se vio empañada por las diferencias entre ella, Calderón y otras figuras del partido.

Una segunda característica estructural de un México democrático es el surgimiento de nuevos actores políticos o la influencia modificada de actores que en algún momento fueron importantes. Instituciones establecidas como la Iglesia católica y las fuerzas armadas están ampliando su participación y llenando el vacío que en el espacio político dejó la salida del PRI de la presidencia y por la transición democrática de los años noventa y los esfuerzos de consolidación de la década de 2000.33 Su nueva relación con el Estado se complementa con el impresionante surgimiento de organizaciones cívicas y de derechos humanos, algunas de las cuales probablemente desempeñan el papel que tradicionalmente tuvieron ciertos grupos de interés en otras sociedades democráticas.

La creciente importancia de organizaciones no gubernamentales, grupos de interés autónomos e instituciones independientes, como la Iglesia católica, ha cambiado, si bien aún no la ha eliminado, otra característica tradicional de la política mexicana previa a 2000, el corporativismo (proceso a través del cual las organizaciones canalizan sus demandas al gobierno). El corporativismo en el contexto político mexicano se refiere a la forma en que algunos grupos de la sociedad se relacionan con el gobierno o, más ampliamente, con el Estado, y cómo responde el gobierno a sus demandas. Tal vez, ninguna característica del modelo político mexicano experimentó más cambios en la década de 2000 que el corporativismo. En Estados Unidos, cualquier curso introductorio sobre su política dedica más tiempo a los grupos de interés y a la forma en que presentan sus demandas al sistema político. En los años treinta, México instituyó una relación corporativista entre el Estado y varios grupos de interés o sociales importantes. Esto significa que el gobierno tomó la iniciativa de fortalecer a varios grupos y creó organizaciones sombrilla para agruparlos y canalizar sus demandas a través de ellas. El gobierno se colocó en una situación ventajosa representando a diversos grupos de interés, en especial a los que muy probablemente apoyarían puntos de vista opuestos. Durante décadas, el Estado logró fungir como árbitro oficial de esos intereses. En general, se las arregló para que varios grupos fueran leales a él a cambio de representar sus intereses.

La esencia de la relación corporativista es la reciprocidad política. A cambio del reconocimiento y la asociación oficiales, estos grupos pueden esperar cierta consideración a sus intereses del Estado, como también pueden esperar que los proteja de sus enemigos políticos naturales. Por ejemplo, los sindicatos esperan que el Estado favorezca sus intereses respecto de los intereses de los empresarios poderosos.

No obstante, la victoria política del Partido Acción Nacional en la contienda presidencial de 2000 rompió algunos de los vínculos que hicieron posible el corporativismo. Lo más importante de estas relaciones era la capacidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para utilizar al Estado como proveedor de recompensas para los individuos y grupos favorecidos, en especial nombrándolos para puestos políticos. Durante el largo reinado del PRI, en esencia no había separación entre el Estado y el partido político. El propio presidente Zedillo en cierta forma alteró este patrón en los últimos años de su administración, y las administraciones de Fox y Calderón mostraron obvias pruebas de distanciamiento. Sin embargo, como se revela estudio tras estudio, al final de la administración de Calderón persistían los vínculos y prácticas corporativistas, especialmente en aquellos estados y municipios en que el PRI mantuvo el control, pero también donde gobernaba el PRD, lo cual en el ámbito estatal y local permitía una continuidad similar a la alguna vez garantizada en el nivel nacional.

La característica final del modelo mexicano es la presencia y nivel de influencia ejercida por el capital internacional y, desde la década de 1980, por las agencias financieras internacionales. Como fue entre tantas otras naciones latinoamericanas, el impacto de la inversión extranjera en la política macroeconómica y en la vida de los ciudadanos mexicanos comunes fue decisivo en los años ochenta y, otra vez, pero en mayor grado, en 1995, cuando México sufrió su peor recesión desde la depresión mundial de los años treinta. Su dependencia del capital extranjero y del comercio exterior ha tenido un efecto importante en la instrumentación de políticas, si no es que en el mismo grado en la forma de tomar decisiones. Incluso se ha demostrado claramente que los vínculos entre las agencias financieras internacionales y las instituciones gubernamentales mexicanas contribuyeron de forma importante al enorme giro económico ideológico de los ochenta y noventa. Fox comprometió a su gobierno a incrementar los vínculos económicos con Estados Unidos y Canadá y nombró a un jefe de gabinete con dos décadas de experiencia en el Banco Mundial. Calderón siguió los pasos de su antecesor, si bien renegoció algunos de los acuerdos paralelos del TLCAN. Además, México incrementó específicamente sus vínculos comerciales con Estados Unidos; en 2011 superó a China y volvió a ser el segundo socio comercial más importante de la Unión Americana (Canadá siguió siendo el primero) y, por consiguiente, se hizo más sensible a los vaivenes de la economía estadunidense. De 2008 a 2012, la recesión mundial derivada de la crisis financiera e inmobiliaria de Estados Unidos directamente dio lugar a consecuencias económicas más negativas en México que en cualquier otro socio comercial importante. Esas influencias causan problemas significativos de soberanía nacional y autonomía.

Las características estructurales del modelo político de México —democracia electoral, federalismo incipiente, surgimiento de actores autónomos, influencia del capital internacional— se complementan con un legado político dual incorporado en la cultura política. Esta última la dominan actitudes democráticas, pero en muchos mexicanos persisten todavía cepas fuertes de ideas autoritaristas. Hay una contradicción: moderno y tradicional. Lleva la carga de muchas experiencias históricas, precoloniales, coloniales, independentistas y revolucionarias. Estas experiencias resultaron en una cultura política que admira los valores democráticos esenciales, como la participación ciudadana, aunque a muchos les atrae todavía un modelo autoritario. Hacia 2010, por ejemplo, en una escala de 100 puntos, los mexicanos quedaron en el lugar 67 en cuanto a apoyo a la democracia (véase el cuadro I.1), muy por debajo de países como Uruguay, Costa Rica, Argentina, Chile y Estados Unidos, y esencialmente igual a Haití, país con poca experiencia en gobierno democrático. De hecho, sólo 47% de los mexicanos expresó satisfacción con la democracia (es decir, estaban satisfechos con el desempeño de ésta), el más bajo del hemisferio occidental, excepto por Guyana y Haití.

El lugar y la experiencia histórica también han contribuido a otra de las características de la cultura política de masas: una psicología de la dependencia. La proximidad de Estados Unidos, que comparte con México una frontera de casi 3 200 kilómetros, y las extremas disparidades entre ambos en cuanto a riqueza económica y dimensiones, tienden a fomentar un complejo de inferioridad en muchos mexicanos, ya sea que se desempeñen en el mundo de los negocios, la academia, la tecnología o la política. La penetración económica, cultural y artística de Estados Unidos en México conlleva otros valores ajenos a su legado político interno. Psicológica y culturalmente, los mexicanos deben afrontar estas influencias, casi todas indirectas y a menudo invisibles. Un intenso nacionalismo mexicano, en especial en cuanto a su modelo político, se expresa en parte como mecanismo de defensa contra la influencia estadunidense. De hecho, sorprende que la quinta parte de los mexicanos piense, erróneamente, que se independizaron de Estados Unidos. Pero debajo de este mecanismo de defensa se encuentran creencias fundamentales sobre muchos otros problemas, además de la democracia, característicos de México

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Tomado de: Ai Camp, Roderic. La política en México. ¿Consolidación democrática o deterioro?

 

 

 

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