2022 Nov Batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México: a dos décadas acceso a la información 2002 – 2022.
Introducción
Esta obra conmemorativa de las dos primeras décadas de las leyes de transparencia debería ser considerada crónica gráfica de una epopeya. Sin embargo, no se trata de narrar una experiencia desde la apología, sino de hacer un relato sincero que incluye pasajes jubilosos y dolorosos de esa experiencia. Por eso el sugerente título: Batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México: a dos décadas. Acceso a la información 2002-2022.
Debo reconocer que la idea del libro es de Laura Enríquez —comisionada del INFO CDMX y colega del Sistema Nacional de Transparencia—, pues fue quien tuvo la fecunda iniciativa de lograr una hazaña: conseguir la adhesión de buena parte de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (incluido eI INAI), para dejar en un texto memorable un compendio de ilustraciones de las viñetas o caricaturas, obra de los principales integrantes del gremio de los caricaturistas de la nación. Resulta significativa la respuesta que obtuvo Laura por parte de los viñetistas (también llamados de modo coloquial «moneros»). No es fácil salir bien librados de una provocación que, por lo visto, aceptaron con decidida voluntad para dar fisonomía a la historia de esas batallas.
Se trata de la primera obra de acceso a la información presidida por los trabajos de los caricaturistas. ¿Quién mejor que un caricaturista para sintetizar los instantes afortunados y los erráticos o adversos que la causa de la transparencia ha tenido a lo largo de 20 años? Los caricaturistas desnudan el quehacer público, es cierto; su labor es hacer sátira política a efecto de expresar al gobernante cómo se interpreta su labor y qué le falta o sobra para parecer útil y conforme con la legalidad.
El gobernante en democracia debe tener presente cada día que no está ajeno al escrutinio crítico de sus obras y omisiones, y de ese modo, los caricaturistas representan un poderoso «control social» del poder. Durante largo tiempo, los caricaturistas fueron la auténtica voz de la sociedad que se atrevía —mediante sus trazos y líneas inevitablemente
sarcásticas e irónicas— a reflejar el clamor de la población y a darse por enterados de las contradicciones que normalmente encierra el desarrollo de la gestión pública respecto del ideario, las promesas y los discursos políticos de los que ‘hacen’ gobierno. Es imposible desconocer la participación en esta obra de la sociedad civil organizada personificada en Integridad Ciudadana a.c., una asociación civil que se ha dedicado a recuperar causas democráticas que reclaman mayor espacio en la contemplación cívica. Por eso reconozco que la ecuación afortunada de esta obra recae en la conjunción de los propósitos y los resultados al unirse los organismos garantes del sistema nacional de transparencia con el gremio de los periodistas y su disposición a crear las láminas de las victorias y las derrotas de la transparencia durante esos 20 años. La catalizadora de esa unidad de anhelos y de aciertos fue, sin duda, Integridad Ciudadana a.c., la administradora del esfuerzo editorial y quien colmó una idea que pudo haberse disipado por las trabas burocráticas de las instituciones públicas cuando se proponen hacer cosas extraordinarias, actos que huyen de lo convencional, como este libro heráldico, trofeo a la mejor de las ambiciones: la que preside la virtud intelectual.
Victorias y derrotas de la democracia podría llamarse también un libro oportuno, aunque su extensión temática sería tan grande que superaría la audacia que hizo a los copartícipes de esta obra dedicarse, en exclusivo, a una de las causas democratizadoras que a lo largo de 45 años han iluminado el horizonte nacional. Hablamos de la transparencia. El punto de partida de la larga aventura de la transición democrática inició en el venturoso año de 1977 con tres acontecimientos indiscutibles: La amnistía para los presos políticos, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y la reforma de las 10 palabras (que alojara la promesa del reconocimiento del derecho de acceso a la información pública en el artículo 6.º de la Constitución). Lo insólito es que esas tres acciones determinantes fueron emprendidas desde la oficina del entonces presidente de la República, indiscutiblemente derivadas de la inteligencia de su genuino impulsor: el pensador nacional Jesús Reyes Heroles. Paradójicamente, a Reyes Heroles se le identifica como «el ideólogo de la revolución mexicana» aunque aquello hubiera engendrado el régimen autoritario que, no obstante, con las tres medidas arriba descritas comenzó su lenta pero progresiva transformación en algo que pudiera ir asemejándose a una democracia de baja intensidad.
Entre el arco temporal que une aquel 1977 y 2002 se confirma un período en que surgieron las primeras leyes de transparencia: hubo 25 años de espera, un cuarto de siglo para ver el fruto de una promesa que hibernó en el limbo constitucional. Al margen de ese compás de espera, cabe reconocer la perseverancia de los activistas que rodearon el afán de Reyes Heroles y supieron dar cauce a esa asignatura pendiente. De modo representativo destaca Luis Javier Solana, quien era director de El Universal. En esa línea de actores propulsores en el tiempo, se agregaron los integrantes del Grupo Oaxaca que labraron la tierra parlamentaria entre 2001 y 2002, cuando nació la primera Ley Federal de Transparencia y que justamente cumplió 20 años, aunque su inicio de vigencia acaeció hasta 2003. Tampoco debe olvidarse que en 2007 aconteció «la reforma Lujambio». En esa línea argumental entre 1977 y 2007 se ajustaron 30 años de peregrinación jurídica de la causa.
La reforma que se atribuye al gran Alonso Lujambio colocó el primer complemento en la configuración de la misión constitucional de los organismos para la defensa y tutela del derecho a saber en el texto del artículo 6.º, avance a la plasmación más elaborada y redonda de la reforma de 2014 que concluyó la definición constitucional de los organismos garantes como instituciones autónomas, con resoluciones definitivas e inatacables y que instruyó al poder legislativo en la emisión de las leyes generales de acceso a la información, de datos personales y de archivos.
Cada peldaño de esa escalinata de 20 pasos —regresando a ese apartado de 2002 a 2022— ha significado una trama de obstáculos. El hecho de haber llegado a esa cima sin una involución es de suyo una victoria. Pero tampoco queremos ni debemos parecer confiados: en la democracia, como en la salud humana, puede haber incidentes: ésa es la única certeza.
El circuito de la transición democrática desplegado en 1977 ajusta en 2022 los primeros 45 años, pero no podríamos pecar de ingenuos. Realmente no es sencillo aventurar que en 2027 —al arribar al cincuentenario— habremos conseguido la consolidación democrática anhelada. Los vientos políticos que recorren el mundo a partir de la tercera década de este agitado siglo xxi, en medio de una pandemia que paralizó la vida global y de la emergencia de una guerra que presagia un nuevo escenario de amenazas bélicas entre el Este y el Oeste, entre otros signos y señales, no favorecen la continuidad de las instituciones democráticas que vimos nacer: especialmente las que garantizan los derechos fundamentales al acceso a la información y a la protección de los datos personales. Hasta se pronostican regresiones, que esperamos no lleguen a ocurrir.
Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales