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De la Memoria Política....1998 Diciembre 12 Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional legalizan el rescate bancario mediante el FOBAPROA que el presidente Zedillo realizó sin autorización del Congreso

Protegida por granaderos y bajo el amago de violencia de deudores de la banca organizados en “El Barzón”, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 325 votos a favor (de priístas, panistas y la independiente Carolina O'Farril); 159 en contra (de PRD, PT, Ecologista, 11 panistas, 7 priístas y 5 independientes), y una abstención (PAN). La nueva ley autoriza que sean los contribuyentes quienes paguen el costo del quebranto financiero estimado en cerca de 600 mil millones de pesos. Un nuevo organismo, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, respaldará los compromisos que asumió el FOBAPROA, con recursos del erario que el Congreso le concederá anualmente. Según los funcionarios hacendarios, de los 552 mil millones de pesos del anterior FOBAPROA, más de 400 mil millones se convertirán directamente en deuda pública y 150 mil serán sujetos a un proceso de revisión.

Se legaliza así el rescate al sistema bancario que efectuó el presidente Zedillo, quien conforme a la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución y al artículo noveno de la Ley General de Deuda Pública, debió solicitar autorización al Congreso para contraer la deuda.

Durante el acalorado debate entre el PAN y el PRD, en el que poco intervinieron los diputados del PRI, la diputada ecologista Verónica Velasco preguntó.
 “¿A quién se beneficia? ¿A 550 familias? Y recordó que en el FOBAPROA hay 325 créditos superiores a 20 millones de pesos, que concentran más de 140 mil millones de pesos. ¿Dónde está la protección a los pequeños ahorradores? La creación de una nueva institución no cambia en nada las cosas...la nación sigue siendo deudora de los bancos, y no los bancos deudores de la nación…quién pagará por el rescate 15.7 puntos del PIB y cuyos costos ya están aquí, al tener el gasto programable más bajo de la historia moderna de este país. Su costo tendrá que ser pagado por cuando menos dos generaciones de mexicanos”.

 

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