2024 abr 08 Ante la situación nacional: Reflexiones y propuestas 2024-2030. Rolando Cordera y Cuauhtémoc Cárdenas (Coord.)
Presentación
El presente documento titulado “Ante la situación nacional: Reflexiones y propuestas 2024-2030”, corresponde a la integración de los textos base para la formulación de las Propuestas para los próximos años presentado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), en el mes de septiembre del año 2023, mismo que está disponible para su consulta en la página web <http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/>
Los documentos que aquí se presentan son un referente del trabajo sistemático del GNCD; el lector encontrará un ejercicio de análisis y elaboración de recomendaciones para el diseño de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, equitativo e igualitario, ambiental y territorialmente sustentable.
Esta aportación se suma a las que en años previos ha generado el GNCD para contribuir a la reflexión y el debate público. En el año 2019 se presentó el texto “Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México”, [1] y entre 2020 y 2022 se ofrecieron planteamientos para renovar y orientar las políticas hacia un nuevo curso de desarrollo [2].
La convocatoria original para la formulación de este documento partió del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como prolongación de su libro “Por una democracia progresista: debatir el presente para un mejor futuro”, ante la necesidad de identificar las transformaciones urgentes, inmediatas e imprescindibles para la siguiente década.
Para la elaboración de este documento, los integrantes del GNCD y otros participantes que fueron invitados a esta iniciativa, procuraron que en sus propuestas se incorporaran las necesidades de los grupos identitarios y de los que se encuentran en situación crítica, o son vulnerados y vulnerables, de tal modo que estén plenamente incorporados al debate nacional.
El lector encontrará en el documento una hoja de ruta para orientar las relaciones internacionales de México; para ello, Eugenio Anguiano Roch, Jorge Eduardo Navarrete López, Carlos Heredia Zubieta y Tonatiuh Guillén López proponen construir una nueva política exterior fortaleciendo la disciplina y tradición diplomática de nuestro país y reforzar el servicio profesional de los servidores públicos enfocados a estas tareas, para una correcta gestión de los asuntos internacionales de derechos humanos, medio ambiente, procuración de la paz y la cooperación para el desarrollo, cuidado y aprovechamiento del agua, seguridad y migración, alimentación, salud pública, educación y cultura, entre otros campos.
Los autores nos ofrecen seis propuestas concretas en esa materia: garantizar la coherencia en la conducción de la política exterior mediante la profesionalización del servicio público; cumplir con las responsabilidades constitucionales del Senado de la República para instrumentar una política exterior acorde a los intereses nacionales; reconstruir los recursos y capacidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores; jerarquizar las relaciones bilaterales, vía la creación de nuevas embajadas y representaciones, para atender al menos 50 % de los 192 países con los que mantenemos relaciones diplomáticas; mantener un multilateralismo activo para enfrentar colectivamente los principales desafíos globales, y pugnar por la consolidación y profundización de la diplomacia multilateral en materia de drogas, crimen organizado, comercialización y contrabando de armas.
En el plano democrático y de Estado de derecho, Diego Valadés Ríos destaca que la reconstrucción nacional puede lograrse a partir de tres momentos: i) detener el ritmo de deterioro; ii) revertir la tendencia, y iii) iniciar la reconstrucción. Cada etapa, destaca el autor, significa un nuevo punto de partida para construir y consolidar una democracia progresista. Ante un entorno de elevada tensión, propone aplicar medidas para disminuir la crispación y abrir espacios que faciliten cambios estructurales a efecto de garantizar una democracia progresista, y para detener el deterioro democrático, apunta como objetivos: establecer un diálogo nacional basado en un trato serio, respetuoso y constructivo entre actores culturales, económicos, mediáticos y sociales; fomentar un gobierno de coalición aplicando las disposiciones constitucionales vigentes para formular un programa concertado de gobierno, y reglamentar el gobierno de coalición para un funcionamiento pronto y de talante reformador.
A fin de revertir las tendencias de incumplimiento del Estado de derecho, el autor recomienda: restituir el valor del derecho como referente común; fortalecer el sistema representativo; combatir la corrupción mediante acciones complementarias a las que están en vigor; combatir la violencia delictiva y la inseguridad ciudadana; apoyar la investigación, la tecnología y la innovación con la participación del Estado, del sector académico y del sector privado, para contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad.
El nuevo curso del desarrollo en México requiere de una nueva agenda de gobernabilidad política y electoral. Lorenzo Córdova Vianello propone impulsar una reforma gradual y paulatina que se concrete en una plena y robusta democracia constitucional. Entre los temas que Córdova Vianello destaca se encuentran: pensar al Poder Legislativo en clave democrática, para que sea representativo de la pluralidad y diversidad política e ideológica del país; reforzar las garantías institucionales y presupuestales de los órganos de control para garantizar el respeto al principio de división de poderes, y revisar el diseño del sistema electoral, mecanismos y procedimientos para que respondan a la vertiginosa transformación de la vida político electoral del país.
La inseguridad y violencia que vive México debe ser corregida mediante el fortalecimiento del sector seguridad y el diseño de estrategias eficaces de combate a los delitos de alto impacto. Eduardo Guerrero Gutiérrez propone que para recuperar la seguridad y la paz en México, se debe reconocer que los problemas de seguridad que enfrenta el país son complejos y requieren de una estrategia integral implementada regionalmente y por tipo de delito. Para favorecer el desarrollo económico y social del país es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen de manera conjunta en elevar la seguridad de sus territorios y garanticen las condiciones para la operación de rutas de logística seguras y confiables que fortalezcan las cadenas productivas en las distintas regiones.
En su contribución, Eduardo Guerrero Gutiérrez nos presenta un rico diagnóstico y análisis puntual de los principales desafíos en materia de seguridad pública, y elabora recomendaciones para revertir los seis tipos de delitos de mayor gravedad que enfrenta el país: homicidios dolosos (especialmente aquellos vinculados con el crimen organizado), extorsión y cobro de cuota, desaparición forzada y cometida por particulares, violencia de género y feminicidios y robo y asaltos en carretera.
Por su parte, Mario Luis Fuentes Alcalá enfoca la discusión hacia una nueva política social del Estado Mexicano. Tiene como antecedente que en años previos, la política social se entendió como política de combate a la pobreza en la que el Estado debía “igualar” las condiciones iniciales para que los individuos realizaran sus proyectos personales de vida; sin embargo, la evidencia ha demostrado que pese a las transferencias de recursos, la pobreza persiste y en algunas regiones se ha profundizado la desigualdad, generando mayores espacios de exclusión y marginación en un proceso de creciente urbanización.
México enfrenta una mayor cantidad absoluta de personas en pobreza desde 1995, agravado por el fenómeno de la inseguridad y crecientes formas de violencia, lo que obliga a pensar en una nueva política social del Estado que tenga como objetivo la plena garantía de los derechos humanos al amparo del mandato constitucional; una política social construida a partir de un amplio consenso resultado del diálogo nacional en torno a los problemas que requieren de una atención urgente. Para ello, se propone una estrategia que contempla tres etapas: i) replantear prioridades y objetivos primarios de la política social; ii) iniciar el diseño y construcción de un nuevo sistema nacional de cuidados, y iii) iniciar una reforma integral a la arquitectura institucional de la Administración Pública Federal que permita nuevas lógicas de coordinación, cooperación e integridad en las acciones de las dependencias y organismos de gobierno.
Por su parte, Saúl Arellano Almanza reflexiona sobre el diseño de una política social integral centrada en la garantía plena de los derechos humanos, donde el enfoque de género sea uno de los principios rectores así como el de las infancias y adolescencias. Arellano Almanza propone pensar la política social desde cuatro perspectivas: i) de género para eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres para modificar la estructura de patrones culturales, económicos y sociales que impiden la ampliación de una sociedad de igualdad y trato equitativo entre personas; ii) de infancias y adolescencias, para cumplir con el principio constitucional de Interés Superior de la Niñez, para que sean reconocidos como sujetos plenos de derechos; iii) de un Estado posnacional que permita cerrar las heridas históricas de la realidad cotidiana de segregación y rechazo a los pueblos originarios, para construir una nueva generación de políticas públicas que reconozca las diferencias culturales, lingüísticas y étnicas, y iv) de no discriminación para construir una institucionalidad y estructura presupuestal y programática que permita erradicar la discriminación en los aspectos jurídicos, las instituciones y sus marcos reglamentarios y normativos y, en general, promover una cultura solidaria, empática y fraterna.
La educación es uno de los grandes temas de la Agenda Nacional, apunta el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, ya que a pesar de los avances institucionales desde la Revolución Mexicana, el estado de la educación pública dista mucho de ser satisfactorio. Él destaca el círculo virtuoso que existe entre educación, desarrollo y ampliación de libertades democráticas y hace ver que la educación es condición necesaria para que los individuos desplieguen todas sus capacidades y accedan al conocimiento universal.
El Dr. Lomelí Vanegas subraya que para lograr la inserción exitosa de México en la economía global basada en el conocimiento, es necesario elevar el nivel educativo promedio de la población, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación media superior y superior, al tiempo de fortalecer la calificación de la población trabajadora, y favorecer los procesos de inclusión y equidad social.
Desde el Estado Mexicano es necesario reconocer el compromiso en la construcción y sostenimiento de un sistema público con calidad académica y cobertura universal, la necesidad de aumentar el financiamiento público para reducir rezagos educativos y cerrar las brechas de género y digitales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 a los que México se comprometió.
Un nuevo curso de desarrollo deberá buscar la equidad en la distribución del ingreso y nuevas consideraciones sobre la pobreza y la política social, nos dice Fernando Cortés Cáceres. Para el autor la nueva política social debería: descansar en una política fiscal asociada a una política de tributación progresiva y un gasto social orientado a los sectores de menores recursos económicos; impulsar una política más radical de redistribución del ingreso a partir del diseño de un Ingreso Básico Universal (IBU); diseñar programas de apoyo y financiamiento a pequeños y micro productores del país y un sistema de becas para la población de escasos recursos; abatir los diferenciales de productividad entre los sectores industriales, mediante la reducción de la heterogeneidad estructural por medio de una política industrial bajo la conducción del Estado.
Fernando Cortés Cáceres apunta que el principal escollo que enfrenta la reducción de la pobreza en México es la falta de dinamismo de la economía y la desigual distribución funcional del ingreso; por ello, para reducir la pobreza hay que crecer y repartir con mayor equidad. La actual coyuntura abre la posibilidad de contar con mayor inversión extranjera, que puede aprovecharse para generar un efecto positivo sobre el crecimiento económico acompañado de una política social para que los trabajadores cuenten con los bienes y servicios para una vida productiva y placentera.
El Sistema Nacional de Salud Mexicano (SNSM) deberá transitar a un sistema de salud universal, integral, centrado en la persona, gratuito, no condicionado, eficiente, preventivo y de calidad, recomienda Abelardo Ávila Curiel; para ello, es necesario hacer frente a la situación de rezago e inequidad que enfrenta la mayoría de la población mexicana en materia de salud. Tal como apunta Ávila Curiel, es imperioso superar la limitada calidad y cobertura efectiva de los servicios de salud destinados a la población general, abatir la escasez de recursos de los servicios de primer y segundo nivel de atención, brindar acceso de forma oportuna al tercer nivel de atención y mejorar la capacidad preventiva del SNSM.
La pandemia covid-19 hizo evidente las condiciones precarias del sistema de salud mexicano, resultado de la carencia de recursos financieros suficientes, el elevado gasto administrativo y el excesivo e ineficiente gasto realizado por los propios pacientes, que agudiza las condiciones de inequidad y exclusión social de un sistema con un alto grado de segmentación y fragmentación de sus componentes. El reto que apunta Abelardo Ávila Curiel, será trazar la ruta a seguir para construir un sistema de salud acorde con las mejores prácticas internacionales y bajo un modelo de derechos humanos que se constituya como un articulador del nuevo curso de desarrollo basado en un nuevo pacto social que dinamice la vida nacional.
En la construcción de un programa político, democrático y progresista la cultura juega un papel central. Déborah Chenillo Alazraki, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Juan Meliá, Martín Alejandro Lévenson y Eduardo Vázquez Martín nos hacen ver que ningún desarrollo podrá considerarse como sostenible si no se reconoce el papel central de los procesos creativos y críticos propios de la vida social, económica y política del país. En ese sentido, sus propuestas tienen como objetivo un desarrollo sostenible que incorpore la dimensión cultural de manera explícita, operativa y dinámica para el logro de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y la justicia social.
El proyecto democrático y progresista debe garantizar los derechos culturales de la población y reconocer que las libertades culturales de los individuos y las comunidades son condición esencial de las dinámicas democráticas. Aún cuando la política cultural, no es suficiente para resolver el círculo de violencia en el que vive el México contemporáneo, la realidad es que sin el pleno ejercicio de los derechos culturales será imposible una nueva ciudadanía creativa, empática y responsable.
El mundo del trabajo se concibe como elemento central de una estrategia para el desarrollo socioeconómico del país, tanto por ser un factor determinante del potencial crecimiento de la economía, como por su contenido crítico para la estabilidad social. Un objetivo en esta materia, apuntan Norma Samaniego Breach, Claudia Shatán Pérez y Saúl Escobar Toledo, es la generación de empleos de calidad como parte de una estrategia que cambie a fondo las condiciones del trabajo en México. Los autores reconocen que México necesita hacer cambios estructurales en la materia, propiciar la transformación de la especialización productiva para generar mayor valor agregado y crear un mayor número de empleos y propiciar una mejor inserción en las cadenas de valor internacionales.
La transformación del mundo del trabajo en México deberá enfocarse de manera urgente a generar empleos de calidad e inclusión; fortalecer los ingresos del trabajo; evolucionar hacia un régimen de protección social universal; proteger al trabajador ante el surgimiento acelerado de nuevas modalidades del trabajo; construir un sistema de pensiones incluyente y sustentable; repensar la educación y la formación contínua ante la presencia de la “cuarta revolución industrial”; procurar la justicia laboral, libertad y democracia sindical; atender a grupos prioritarios para abatir las brechas que persisten, y repensar las instituciones del trabajo, la educación y la seguridad social.
La agenda de desarrollo errada que ha prevalecido en los últimos años se refleja en el frustrante desempeño económico y social. Francisco Suárez Dávila y Juan Carlos Moreno-Brid destacan que al priorizar los objetivos de baja inflación y balance fiscal por encima de abatir la desigualdad, impulsar el crecimiento económico y transformar la estructura productiva, se ha llevado a la economía mexicana a una grave situación que requiere de una nueva concepción de la política para la reconstrucción nacional y su inserción en una senda de un desarrollo robusto, incluyente y sustentable.
Suárez Dávila y Moreno-Brid proponen que la nueva política económica debe contemplar un crecimiento del PIB real a tasas anuales mínimas del cuatro por ciento, con una distribución del ingreso incluyente e impacto ambiental sustentable, en el marco de una baja inflación y la conducción responsable socialmente de las finanzas públicas. Para ello, es necesario: incrementar de manera sustantiva la meta de formación bruta de capital fijo, mejorar la competitividad internacional del país con base en el conocimiento e innovación como fuente de generación de valor agregado y empleos dignos; reformular de manera integral la política hacendaria en sus tres componentes: ingreso, gasto y financiamiento; hacer uso del espacio fiscal disponible vía un financiamiento deficitario y una política de endeudamiento moderado, e impulsar reformas en el sistema financiero para que contribuya al proceso de desarrollo y la reconstrucción de la economía a partir de cuatro nuevas políticas: industrial; científica, tecnológica y educativa; comercial, y regional.
Un nuevo curso del desarrollo para México requiere de una estrategia institucional con legitimidad democrática y visión de largo plazo que garantice la disponibilidad de energía para el desarrollo. La nueva estrategia en materia energética debe tener en cuenta el entorno externo, las tendencias de la transición mundial y la crisis del sistema energético nacional, así lo apuntan Juan Eibenschutz Hartman, José Manuel Muñoz Villalobos, Sergio Benito Osorio Romero, Fluvio Ruiz Alarcón, Ramón Carlos Torres Flores y Alejandro Villalobos Hiriart.
Los autores proponen construir una estrategia de desarrollo con horizonte de largo plazo que garantice los objetivos de seguridad, igualdad y sustentabilidad en materia de energía. Esta estrategia deberá estar alineada a la disposición constitucional de garantizar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar y al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La estrategia que se propone busca garantizar el servicio público de energía eléctrica en concurrencia activa con los sectores privado y social; promover el debate nacional informado, transparente y abierto sobre el uso de la energía nuclear; impulsar una nueva política petrolera para renovar e integrar las cadenas productivas con criterios de seguridad energética y sustentabilidad ambiental.
La propuesta para el sector de comunicaciones, transporte e infraestructura se orienta a su plena reconstrucción y la recuperación de las responsabilidades institucionales por parte de lo que antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para Aarón Dychter Poltolarek, José Andrés de Oteyza y Fernández, Carlos Ruíz Sacristán y Guillermo Ruíz de Teresa, el sector debe ser concebido de manera integral para que la infraestructura y sus servicios impulsen el desarrollo del país.
La estrategia de desarrollo de infraestructura sostenible debe contemplar, señalan estos especialistas, solidez en el anclaje institucional sostenible para un desarrollo integral que abarque las tareas normativas y el desarrollo y ejecución de los proyectos a partir de los principios de certeza jurídica, reglas claras y rendición de cuentas; toma de decisiones técnicas, económicas y políticas con sustento en la ciencia y la tecnología; apuntalar el desarrollo del sector de manera coordinada entre el sector público y al capital privado, y el diseño de incentivos estratégicos para la conversión del transporte a fin de reducir sus impactos ambientales.
En materia de desarrollo sustentable y ambiente, uno de los mayores retos para una nueva agenda de desarrollo será detener y revertir la tendencia de pérdida de biodiversidad, así lo entienden Julia Carabias Lillo, Antonio Azuela de la Cueva, Fernando Tudela Abad y Enrique Provencio Durazo. Es urgente hacer frente a la pérdida de, al menos, 50% de los ecosistemas terrestres naturales originales, revertir la tasa de deforestación de los últimos 50 años y contener la afectación a la biodiversidad marina producto de la sobreexplotación de las pesquerías; para ello es necesario construir una visión que sume voluntades para un nuevo curso de desarrollo basado en una ética y código de valores de respeto a la naturaleza y los derechos humanos universales.
De igual forma, será necesario reforzar la política pública ambiental que ha sido debilitada en los últimos años y recuperar la estructura, personal, funciones e instrumentos de las instituciones ambientales emblemáticas del país, tales como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INWCC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Se requiere la construcción de nuevas instituciones que faciliten el diseño de políticas públicas transversales, para atender los temas ambientales de forma integral, aplicando soluciones basadas en la mejor ciencia disponible, y recuperar la política multilateral para devolver a México su rol protagónico en materia de cooperación internacional y en el cumplimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que demanda un país megadiverso como el nuestro.
A la fecha es evidente la emergencia de una mejor gestión del agua. En su aportación Félix Hernández Gamundi, Héctor Bolívar Villagómez, Fernando Fragoza Díaz, Ramón Villa y Guerrero y Paola Grijalva Vega proponen impulsar una discusión amplia con todos los usuarios e instancias involucradas en la gestión del agua para identificar y proponer alternativa hacia una nueva política de gestión integral y sustentable del agua en México.
Los autores identifican, al menos, tres aspectos que requieren de urgente revisión: i) la infraestructura y el uso de la tecnología; ii) el modelo institucional, y iii) la participación de la sociedad como sujeto y destinatario del proceso de gestión integral del agua.
Los autores reconocen que México cuenta con recursos tecnológicos y humanos suficientes para mejorar la gestión integral del agua, y estiman que la suficiencia financiera se alcanzaría al momento de contar con una política de gestión sustentada en la planeación, creación de programas y proyectos que faciliten procesos de inversión suficientes y de largo plazo. Se trata de una nueva política de gestión que reconozca al agua como un bien nacional administrado por el Estado, cuyo cuidado y uso debería estar definido por un sistema de planeación integral del agua sustentado en un marco jurídico e institucional garante de la integralidad de la gestión a partir de las cuencas hidrológicas y la planeación sustentada en un modelo democrático de participación social incluyente y respetuosa de los “derechos de la naturaleza”.
Por su parte, Antonio Azuela de la Cueva, Roberto Eibenschutz Hartman, Julio García Coll, Ligia González García de Alba, Boris Gregorio Graizbord Ed, Carlos Miguel Lavore Herrera y Enrique Ortiz Flores, llaman la atención a la evidencia de que el modelo de desarrollo seguido en los últimos años se ha traducido en un territorio fragmentado y distorsionado y un medio natural devastado, que es testigo de situaciones de despojo, desplazamiento y migración de la población.
Ante tal situación, proponen la construcción de una visión integral del territorio que reconozca su complejidad y dinamismo, para que las intervenciones que se hagan en el territorio se realicen teniendo en cuenta la diversidad de las regiones en términos de su cultura, bienes, atributos, necesidades y capacidades. Asimismo, los autores proponen analizar los vínculos urbano-rurales para generar una estrategia convergente que mejore las condiciones de la población bajo criterios de sustentabilidad ambiental.
Finalmente, es importante señalar que este documento no pretende agotar la discusión de los grandes problemas nacionales, su intención es sumar perspectivas y aportes propositivos desde distintos campos de conocimiento, a fin de generar un debate y promover la interlocución social amplia que facilite la construcción de acuerdos entre actores políticos organizados, las universidades y centros de investigación, las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, los grupos empresariales y de productores, así como las instancias legislativas del país.
El GNCD agradece el apoyo prestado por la Rectoría de la UNAM para la realización de sus sesiones de trabajo y las actividades de difusión y promoción. También reconoce el soporte permanente de Adriana Flores y Rafael Escartín, así como la valiosa ayuda de Carmen Rodríguez Juárez en la revisión y de Nayatzin Garrido Franco en la edición de este libro.
Rolando Cordera Campos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Notas:
- Ver: Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, 2019. Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México. PUED – GNCD. UNAM. http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/Consideraciones_y_ Propuestas_FINAL.pdf
- Ver, entre otros, los documentos: Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México, de 2021; En la pandemia: por un cambio urgente de la política económica, de 2020; Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia, de 2020. Estos y otros textos se encuentran en: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/ documentos.html