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Introducción
La Era de Hierro del liberalismo y la era de la burocratización total
Hoy en día nadie habla mucho de la burocracia. Pero a mediados del siglo pasado, especialmente a finales de los sesenta y principios de los setenta, la palabra estaba por todas partes. Había tomos de sociología con pomposos nombres como Historia general de la burocracia, Políticas de la burocracia o incluso La burocratización del mundo y populares diatribas en rústica con títulos como La Ley de Parkinson, El principio de Peter o Burócratas: cómo molestarlos. Había novelas kafkianas y películas satíricas. Todo el mundo parecía sentir que las flaquezas y absurdos de la vida y los procedimientos burocráticos eran una de las características de la existencia moderna, y que, como tales, eran dignas de discutirse. Sin embargo, desde los setenta ha habido un declive al respecto.

Veamos, por ejemplo, la siguiente tabla, que representa con qué frecuencia aparece el término «burocracia» en libros escritos en inglés a lo largo de los últimos ciento cincuenta años. Tema de interés sólo moderado hasta la posguerra, su importancia se dispara a partir de los cincuenta y, tras llegar al cénit en 1973, comienza un lento pero inexorable descenso.

¿Por qué? Bueno, la razón más obvia es que nos hemos acostumbrado a ella. La burocracia se ha convertido en el agua en que nadamos. Imaginemos ahora otro gráfico, que sencillamente reflejara la media de horas al año que un estadounidense (o un británico, o un tailandés) pasa rellenando formularios o cumpliendo cualesquiera otras obligaciones de carácter meramente burocrático: no es necesario decir que la abrumadora mayoría de estas obligaciones ya no se realizan mediante papel real, físico. Casi con certeza este gráfico mostraría una línea similar a la del primero: un lento ascenso hasta 1973. Pero allí ambos gráficos empezarían a divergir: en lugar de comenzar a bajar, la línea seguiría subiendo; si acaso, lo haría de modo más pronunciado, reflejando cómo, a finales del siglo XX, los ciudadanos de clase media pasaban cada vez más horas del día luchando contra compañías telefónicas e interfaces web, mientras que los menos afortunados pasaban cada vez más horas diarias intentando pasar por los aros, cada vez más estrechos, exigidos para obtener acceso a unos servicios sociales cada vez más escasos.

Pienso que un gráfico tal se vería más o menos así:

Éste no es un gráfico de las horas perdidas en papeleo, sino de cuántas veces la palabra «papeleo» se ha empleado en libros escritos en inglés. Pero, en ausencia de máquinas del tiempo que nos permitirían llevar a cabo una investigación más directa, esto es lo más cercano que vamos a obtener.

Por cierto, la mayoría de palabras relacionadas con el papeleo arrojan resultados casi idénticos:

Los ensayos compilados en este volumen tratan todos ellos, de una u otra manera, de esta disparidad. Ya no nos gusta pensar en la burocracia, aunque afecta a todos los aspectos de nuestra existencia. Es como si, a escala de civilización planetaria, hubiéramos decidido taparnos los oídos con las manos y ponernos a tararear cada vez que sale el tema. Y cuando estamos dispuestos a hablar de ello, aún lo hacemos en los términos que eran habituales en los sesenta y principios de los setenta. Los movimientos sociales de los años sesenta eran, en conjunto, de inspiración izquierdista, pero también rebeliones contra la burocracia o, para ser más precisos, rebeliones contra el pensamiento burocrático, contra aquella conformidad destructora del alma del Estado del bienestar de posguerra. Ante el gris funcionariado de los regímenes tanto estatal-capitalista como estatal-socialista, los rebeldes de los sesenta defendían la expresión individual y la generosidad espontánea y se oponían («normas y regulaciones, ¿quién las necesita?») a toda forma de control social.

Con el derrumbe de los antiguos estados del bienestar, todo esto ha comenzado a parecer decididamente pintoresco. Conforme la derecha, que insiste en «soluciones de mercado» a todo problema social, adopta el lenguaje antiburocrático con ferocidad cada vez mayor, la izquierda de corriente mayoritaria se ha visto reducida a una especie de patética lucha de retaguardia, intentando salvar los restos del antiguo Estado del bienestar: ha aceptado (a veces, incluso impulsado) los intentos de hacer que el gobierno sea más «eficiente» a través de la parcial privatización de servicios y la incorporación de cada vez más «principios de mercado», «incentivos a los mercados» y «procesos de transparencia» orientados hacia los mercados en la propia estructura de la burocracia.

El resultado es una catástrofe política. No hay otra manera de decirlo. Lo que se presenta como soluciones de la izquierda «moderada» a cualquier problema social (y las soluciones de la izquierda radical, hoy en día, se descartan sin más en casi todo el mundo) ha acabado por ser una absurda fusión de los peores elementos de la burocracia y los peores elementos del capitalismo. Es como si alguien hubiera intentado conscientemente crear la postura política menos atractiva posible. Dice mucho de lo que queda de los auténticos ideales de la izquierda el que alguien siquiera considere votar a un partido que promueve este tipo de cosas, porque si lo hacen no es, evidentemente, porque piensen que son buenas políticas, sino porque son las únicas que le permiten poner en marcha a alguien que se identifica a sí mismo como de centroizquierda.

¿Resulta tan sorprendente, pues, que cada vez que hay una crisis social, sea la derecha, más que la izquierda, la que se convierte en vehículo de la expresión de la ira popular?

La derecha, al menos, tiene una crítica de la burocracia. No es muy buena. Pero al menos existe. La izquierda no tiene ninguna. La consecuencia es que cuando los que se identifican con la izquierda tienen algo negativo que decir de la burocracia, se suelen ver obligados a adoptar una versión deslavazada de la crítica de la derecha.

Esta crítica de la derecha puede despacharse de un modo bastante fácil. Tiene sus orígenes en el liberalismo del siglo XIX. La historia que surgió en los círculos de la clase media en Europa poco antes de la Revolución francesa decía que el mundo civilizado estaba experimentando una transformación, gradual, despareja, pero inevitable, dejando atrás las élites de guerreros, con sus gobiernos autoritarios, sus dogmas sacerdotales y su estratificación en castas, y entrando en una era de libertad, igualdad e ilustrado interés propio comercial. Las clases mercantiles de la Edad Media habían ido minando el antiguo orden feudal como termitas, comiéndoselo desde abajo: termitas, sí, pero de las buenas. La pompa y esplendor de los estados absolutistas que estaban siendo derrocados eran, según la versión liberal de la historia, los últimos alientos del antiguo régimen, que moriría conforme los estados dieran paso a los mercados; la fe religiosa, al conocimiento científico y los estatus y órdenes fijos de marqueses, baronesas y similares, a contratos libres entre individuos.

El surgimiento de la moderna burocracia fue siempre un problema para esta historia, porque de algún modo no encajaba. En principio, todos esos estirados funcionarios, en sus despachos, con sus elaboradas cadenas de mando, deberían haber sido meros vestigios feudales, listos para desaparecer de la misma manera que aquellos ejércitos y oficiales que todo el mundo esperaba se hicieran gradualmente innecesarios. Sólo es necesario hojear una novela rusa de finales del siglo XIX: todos los herederos de las familias aristocráticas (de hecho, todo el mundo, en esas novelas) se habían convertido en oficiales del ejército o en funcionarios civiles (nadie importante parece hacer nada diferente) y las jerarquías militar y civil parecían tener rangos, títulos y sensibilidades iguales. Pero había un problema: si los burócratas eran tan sólo remanentes, ¿cómo era que en todo el mundo (no sólo en lugares atrasados, como Rusia, sino también en florecientes sociedades industriales como Inglaterra y Alemania) cada año eran más y más numerosos?

A esto siguió la fase dos de la argumentación, que era, en esencia, que la burocracia representa un fallo inherente al proyecto democrático. Su mayor exponente fue Ludwig von Mises, un aristócrata austríaco exiliado, cuyo libro de 1944 Burocracia sostenía que, por definición, los sistemas de administración de gobierno nunca podrían organizar la información con una eficiencia similar a la de los impersonales mecanismos de precios del mercado. Sin embargo, conceder el voto a los perdedores del juego económico llevaría inevitablemente a peticiones de intervención gubernamental, enmarcada en forma de grandes esquemas para intentar resolver problemas sociales por vías administrativas. Von Mises estaba dispuesto a admitir que muchos de los que proponían tales soluciones eran personas con buenas intenciones; sin embargo, sus esfuerzos sólo iban a empeorar las cosas. En realidad, creía que acabarían destruyendo la base política de la democracia misma, dado que los administradores de programas sociales formarían, inevitablemente, bloques de resistencia mucho más influyentes que los políticos escogidos para gobernar, y apoyarían reformas incluso más radicales. Von Mises argumentaba que, en consecuencia, los estados del bienestar que comenzaban a aflorar en lugares como Francia o Inglaterra, por no hablar de Dinamarca o Suecia, llevarían en una o dos generaciones, al fascismo.

Bajo este punto de vista, el auge de la burocracia era el ejemplo definitivo de buenas intenciones fuera de control. Probablemente Ronald Reagan hiciera el uso más famoso de esta línea de pensamiento con su famosa afirmación de que «las ocho palabras más terroríficas de la lengua inglesa son “soy del gobierno y estoy aquí para ayudar”».

El problema con todo esto es que apenas guarda ninguna relación con lo que realmente ocurrió. En primer lugar, los mercados, históricamente, no surgieron como modos autónomos de libertad, independientes de, y opuestos a las autoridades estatales. La realidad fue exactamente lo opuesto. Históricamente, los mercados han sido, bien efectos colaterales de operaciones gubernamentales, especialmente operaciones militares, bien creados directamente por políticas gubernamentales. Esto ha sido así como mínimo desde la invención de la acuñación, que se creó y promulgó a fin de aprovisionar a los soldados; durante la mayor parte de la historia euroasiática, la gente empleaba cotidianamente acuerdos de crédito informal, y el dinero físico (oro, plata, bronce) y el tipo de mercados impersonales que éste creó no fueron sino un añadido a la movilización de las legiones, el saqueo de ciudades, la exacción de tributos y el modo de disponer del botín. De igual manera, los modernos sistemas bancarios se crearon para financiar guerras. Así que la historia convencional presenta un problema principal. Y hay otro más dramático. Aunque la idea de que el mercado se opone de alguna manera al gobierno (y es independiente de él) se ha empleado al menos desde el siglo XIX para justificar las políticas del laissez-faire destinadas a reducir el papel del gobierno, nunca ha tenido ese efecto. El liberalismo inglés, por poner un ejemplo, no implicó una reducción de la burocracia estatal, sino exactamente lo opuesto: una creciente gama de secretarios, registradores, inspectores, notarías y oficiales

de policía que hacían posible el sueño liberal del libre contrato entre individuos autónomos. Resultaba que mantener una economía de mercado libre requería mil veces más papeleo que una monarquía absolutista al estilo de la de Luis XIV.

Esta aparente paradoja (que políticas gubernamentales dirigidas a reducir la interferencia gubernamental en la economía en realidad acabaran produciendo más regulaciones, más burócratas y más policía) se puede observar tan regularmente que creo que justifica el que la tratemos como a una ley sociológica general. Propongo llamarla la «Ley del hierro del liberalismo»:

La ley del hierro del liberalismo dicta que toda reforma del mercado, toda iniciativa del gobierno dirigida a reducir trámites burocráticos e impulsar las fuerzas del mercado tendrá, como efecto final, el aumento del número total de regulaciones, la cantidad total de papeleo y la cantidad total de burócratas que emplea el gobierno.

El sociólogo francés Emile Durkheim ya observaba esta tendencia a principios del siglo XX, y, finalmente, fue imposible ignorarla. A mediados de siglo, incluso críticos de derechas como Von Mises admitían (al menos en sus escritos académicos) que en realidad los mercados no se regulaban por sí mismos, y que, en efecto, se necesitaba un ejército de administradores para que cualquier sistema de mercado funcionase (para Von Mises, ese ejército sólo se volvía problemático cuando se empleaba para alterar resultados de los mercados que causaran sufrimientos injustos a los pobres). Pese a todo, los populistas de derechas pronto se dieron cuenta de que, fuera cual fuera la realidad, apuntar contra los burócratas era casi siempre rentable. De ahí que, en sus pronunciamientos públicos, su condena de lo que el gobernador estadounidense George Wallace, en su campaña a la presidencia de 1968, denominó «burócratas de cabeza puntiaguda» que vivían de los impuestos de los «ciudadanos trabajadores» fuera implacable.

En realidad, Wallace es una figura crucial al respecto. Hoy en día los estadounidenses lo recuerdan como un reaccionario fracasado, incluso un lunático gruñón: el último segregacionista sureño del ala dura, de pie con un hacha en la entrada de una escuela pública. Pero en los más amplios términos de su legado, podría representárselo como un genio político: al fin y al cabo, fue el primer político en crear una plataforma a escala nacional para un tipo de populismo de derechas que pronto se demostraría tan infeccioso que hoy en día, una generación más tarde, ha acabado aceptado por casi todo el mundo, atravesando el espectro político. En consecuencia, entre los estadounidenses de clase media, se percibe al gobierno como algo constituido por dos tipos de personas: los «políticos», unos ladrones y mentirosos fanfarrones a los que, ocasionalmente, se puede echar, mediante voto, de su despacho, y los «burócratas», que no son sino unos condescendientes elitistas casi imposibles de eliminar. Se entiende que hay una alianza tácita entre aquellos que han acabado siendo vistos como los pobres parásitos (en América, trazados generalmente en términos abiertamente racistas) y los santurrones funcionarios, igualmente parásitos, cuya existencia depende de subsidiar a los pobres con dinero ajeno. Nuevamente, la izquierda mayoritaria (o lo que se supone que ha de pasar por izquierda en estos días) no ha hecho sino ofrecer una versión deslavazada de este lenguaje de la derecha. Bill Clinton, por poner un ejemplo, pasó tanto tiempo de su carrera arremetiendo contra los funcionarios que, tras el atentado contra el edificio Murrah, de Oklahoma City, sintió que debía recordar a los estadounidenses que los funcionarios eran seres humanos, y prometió no volver a emplear jamás la palabra «burócratas».

En el populismo contemporáneo estadounidense (y cada vez más en el del resto del mundo) sólo cabe una alternativa a la «burocracia», y es «el mercado». A veces se mantiene para argumentar que deberíamos eliminar a los burócratas y dejar que la naturaleza siga su curso, lo que significa dejar que la gente lleve a cabo sus vidas y sus asuntos sin las interferencias de interminables regulaciones y normas que se les imponen desde arriba, y permitir así que la magia del mercado proporcione sus propias soluciones.

«Democracia» pasó así a significar mercado; «burocracia», a su vez, interferencia gubernamental con el mercado; y es en esto, a grandes rasgos, en lo que el mundo se encuentra hoy en día.

No siempre fue así. El auge de las modernas corporaciones, de finales del siglo XIX, se veía en la época, en gran parte, como la aplicación de modernas técnicas burocráticas al sector privado, y se daba por sentado que esas técnicas eran necesarias, cuando se operaba a gran escala, porque eran más eficientes que las redes de conexiones personales e informales que habían dominado un mundo de pequeñas firmas familiares. Los pioneros de estas nuevas burocracias privadas fueron los Estados Unidos y Alemania, y el sociólogo alemán Max Weber observaba que los estadounidenses de su época veían las burocracias pública y privada como, básicamente, el mismo animal:

El cuerpo de funcionarios implicados activamente en una oficina «pública», con su respectivo aparato de implementos materiales y archivos, forman un «buró». En la empresa privada, al «buró» se lo llama a menudo «oficina» (…)
Lo característico del emprendedor moderno es que se comporta como el «primer funcionario» de su corporación, de la misma manera en que el jefe de un despacho burocrático especialmente moderno hablaba de sí mismo como del «primer servidor» del Estado. La idea de que las actividades burocráticas del Estado son intrínsecamente diferentes, en su carácter, de las llevadas a cabo en las oficinas de empresas privadas es una noción de la Europa continental y, por su notable contraste, completamente ajena al modo de hacer estadounidense.

En otras palabras, a principios del siglo XX, más que quejarse de que el gobierno se debiera comportar más como una empresa privada, los estadounidenses asumían que gobiernos y negocios (o negocios a gran escala, en cualquier caso) se manejaban de la misma manera.

Cierto es que los Estados Unidos fueron, durante gran parte del siglo XIX, una economía de pequeñas empresas familiares y altas finanzas, en gran parte como Gran Bretaña en la misma época. Pero el ascenso de Estados Unidos a potencia en el escenario mundial a comienzos del siglo XX se correspondió con el auge de una forma característicamente estadounidense: el capitalismo corporativo, es decir, burocrático. Como Giovanni Arrighi señaló, al mismo tiempo estaba surgiendo en Alemania un modelo corporativo análogo, y ambos países, los Estados Unidos y Alemania, acabarían luchando durante la mayor parte de la primera mitad del siglo para decidir quién ocuparía el lugar de un Imperio británico en declive e impondría su visión particular para un nuevo orden mundial económico y político. Todos sabemos quién ganó. Arrighi señala aquí otra cosa interesante. A diferencia del Imperio británico, que se había tomado en serio su retórica acerca del libre mercado y había eliminado sus propias tasas proteccionistas con la famosa Ley de importación de 1846, ni el régimen estadounidense ni el alemán se mostraron muy interesados en el libre comercio. Los estadounidenses, en especial, estaban más interesados en crear estructuras administrativas internacionales. Lo primero que hicieron los Estados Unidos, tras tomar oficialmente las riendas de manos de Gran Bretaña, tras la Segunda Guerra Mundial, fue construir las primeras instituciones burocráticas a escala planetaria en las Naciones Unidas y Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT, que posteriormente se convertiría en la OMC. El Imperio británico nunca había intentado nada similar. O conquistaba otras naciones o comerciaba con ellas. Los estadounidenses pretendían administrar todo y a todos.

Los británicos, por lo que he observado, se enorgullecen de no ser muy hábiles con la burocracia. A los estadounidenses, en cambio, parece resultarnos embarazoso que, en general, seamos bastante buenos burócratas. Esto no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Se supone que somos individualistas y autosuficientes (y es precisamente por ello que la demonización populista de la derecha de los burócratas es tan eficaz). Sin embargo, el hecho es que los Estados Unidos son (y han sido durante más de un siglo) una sociedad profundamente burocrática. La razón por la que es tan fácil pasarlo por alto es que la mayoría de los hábitos y sensibilidades burocráticos de los estadounidenses (desde la ropa al lenguaje o el diseño de formularios y oficinas) surgieron del sector privado. Cuando novelistas y sociólogos describían al «Hombre de la Organización» o al «Hombre del traje de franela gris», el conformista e impersonal equivalente estadounidense al apparatchik soviético, no hablaban de los funcionarios del Departamento de Conservación de Hitos Históricos, ni de la Administración de la Seguridad Social; describían al gestor medio corporativo. Ciertamente, en aquella época a los burócratas corporativos no se los llamaba burócratas. Pero incluso así, fijaban el listón de lo que se suponía que debía ser un funcionario administrativo.

La impresión de que a la palabra «burócrata» se la debería tratar como sinónimo de «funcionario estatal» se puede rastrear hasta la época del New Deal, en los años treinta, que fue también el momento en que las estructuras y técnicas burocráticas se hicieron por primera vez dramáticamente visibles en la vida cotidiana de mucha gente. Pero, en realidad, desde el principio, New Dealers de Roosevelt trabajaron en estrecha coordinación con los batallones de abogados, ingenieros y burócratas corporativos de firmas como Ford, Coca-Cola o Procter & Gamble, absorbiendo mucho de su estilo y sensibilidades y, conforme los Estados Unidos se deslizaban hacia la guerra, en los cuarenta, lo mismo hizo el gigantesco aparato burocrático de sus fuerzas armadas. Y, evidentemente, los Estados Unidos no han abandonado el camino de la guerra desde entonces. Aun así, de esta manera, la palabra «burócrata» se asoció casi con exclusividad a los funcionarios civiles. Incluso si lo único que hacen durante todo el día es sentarse en su despacho, rellenar formularios y escribir informes, ni a los cargos intermedios de las firmas ni a los funcionarios militares se los considera de verdad burócratas (como tampoco, por la misma regla de tres, a los policías o a los empleados de la NSA).

En los Estados Unidos, las líneas que separan lo privado de lo público hace tiempo que son borrosas. El ejército, por ejemplo, es famoso por su «puerta giratoria»: oficiales de alto rango responsables de adjudicaciones de contratos a menudo acaban en las grandes corporaciones que operan con contratos militares. A una escala más amplia, la necesidad de conservar ciertas industrias nacionales para fines militares, y para desarrollar otras, ha permitido al gobierno de los Estados Unidos lanzarse a una planificación industrial casi soviética sin tener jamás que admitirlo. Al fin y al cabo, casi todo, desde mantener cierto número de plantas metalúrgicas hasta realizar la investigación inicial que dará lugar a Internet, se puede justificar basándose en estar preparados militarmente. Y una vez más, dado que este tipo de planificación opera mediante una alianza entre burócratas militares y corporativos, no suele percibirse nunca como burocracia.

Aun así, con el auge del sector financiero, las cosas han llegado a una escala cualitativamente diferente; en ella se hace virtualmente imposible decir qué es público y qué es privado. No se debe tanto a la muy publicitada subcontratación de funciones antaño gubernamentales concedidas a corporaciones privadas. Por encima de todo, se debe a la manera en que estas corporaciones han comenzado a operar.

Déjenme darles un ejemplo. Hace unas semanas pasé bastantes horas al teléfono con Bank of America, intentando averiguar cómo acceder a mi información bancaria desde el extranjero. Esto implicó enfrentarme a cuatro representantes diferentes, dos desvíos a números inexistentes, tres largas explicaciones acerca de normas complicadas y aparentemente arbitrarias y dos intentos fallidos de actualizar direcciones y números de teléfono antiguos alojados en varios sistemas informáticos. En otras palabras, era la definición misma de los rodeos burocráticos. Y, cuando todo acabó, tampoco fui capaz de acceder a mi cuenta.

No me cabe la menor duda de que, si localizase a un gestor bancario y le preguntase cómo es posible que aún sucedan estas cosas, él insistiría en que el banco no es el culpable, sino que era todo consecuencia de un oscuro laberinto de regulaciones gubernamentales. Sin embargo, estoy igualmente seguro de que si fuese posible investigar de dónde surgieron esas regulaciones, uno hallaría que las habían compuesto conjuntamente los asistentes de ciertos legisladores en algún comité bancario, miembros de algún grupo de presión y abogados de los propios bancos, en un proceso facilitado por generosas contribuciones a las arcas de las campañas electorales de esos mismos legisladores. Y lo mismo sucede con todo: solvencias crediticias, bonos de aseguradoras, solicitudes de hipotecas… o el proceso de compra de un billete de avión, pedir la licencia de buceo o la petición formal de un sillón ergonómico en una universidad completamente privada. La mayor parte del papeleo que rellenamos existe en esta especie de zona indeterminada: eminentemente privada, pero, en realidad, moldeada por completo por un gobierno que proporciona el marco legal y apoya las reglas con su tribunales y los elaborados mecanismos de obligado cumplimiento que vienen con ellos, pero que (y esto es crucial) trabaja codo a codo con intereses privados para asegurarse de que los resultados garanticen cierto índice de beneficio privado. En casos como éstos, el lenguaje que empleamos (y que deriva directamente de la crítica de la derecha) es del todo inadecuado. No nos dice nada acerca de lo que realmente ocurre.

Veamos, por ejemplo, la palabra «desregulación». Dentro del discurso político actual, «desregulación» es, como «reforma», una palabra tratada casi invariablemente con connotación positiva. Desregulación significa menos papeleo burocrático, y menos reglas y regulaciones son un incentivo a la innovación y el comercio. Este uso de la palabra coloca a quienes se encuentran en el lado izquierdo del espectro político en una situación difícil, puesto que oponerse a la desregulación (incluso señalar que fue una orgía de «desregulación» lo que causó la crisis bancaria de 2008) parece implicar un deseo de más regulaciones y reglas y, por tanto, de más hombres grises interponiéndose en el camino de la libertad y la innovación y diciéndole a la gente en general lo que ha de hacer.

Pero este debate se basa en premisas falsas. No existe nada parecido a un «banco desregulado». Ni podría existir jamás. Los bancos son instituciones a las que el gobierno ha otorgado el poder de crear dinero (o, siendo un poco más precisos y técnicos, el derecho a emitir pagarés que el gobierno reconocerá como de curso legal, y, por tanto, aceptará como pago de impuestos y de otras deudas dentro de su territorio nacional). Obviamente, ningún gobierno otorgará a nadie (y menos aún, a una empresa privada que quiere obtener beneficios) la posibilidad de crear tanto dinero como quiera bajo ninguna circunstancia. Eso sería una locura. El poder de crear dinero es tal que, por definición, los gobiernos sólo pueden otorgarlo bajo condiciones cuidadosamente controladas (es decir, reguladas). Y, en efecto, esto es lo que hallamos siempre: el gobierno lo regula todo, desde los requisitos de reserva de un banco hasta sus horas de trabajo; cuánto puede cobrar de intereses, penalizaciones y tarifas; qué tipo de precauciones de seguridad puede o debe emplear, cómo guardar y llevar sus registros, cómo y cuándo informar a sus clientes de sus derechos y responsabilidades y, en general, casi todo lo demás.

Así pues, ¿a qué se refieren cuando hablan de desregulación? De acuerdo a su uso cotidiano, la palabra parecería significar «cambiar la estructura regulatoria de la manera que a mí me parece bien». En la práctica esto puede significar cualquier cosa. En el caso de las líneas aéreas y las telecomunicaciones, en los años setenta y ochenta, implicó cambiar el sistema de regulaciones, pasando de uno que beneficiaba a las grandes empresas a otro que impulsaba una competencia cuidadosamente vigilada entre empresas de tamaño medio. En el caso de los bancos, «desregulación» ha significado, en general, exactamente lo opuesto: pasar de una situación de competencia supervisada entre empresas de tamaño medio a otra en que se permite a un puñado de grandes conglomerados dominar el mercado. Esto es lo que hace que el término sea tan útil. Sencillamente, si se llama «desregulación» a cualquier nueva medida regulatoria, se consigue enmarcarla, en la percepción general, como una manera de reducir burocracia y dar libertad a la iniciativa personal, incluso si el resultado es multiplicar por cinco la cantidad real de formularios a rellenar, informes que entregar, normas y regulaciones que han de interpretar abogados y gente entrometida en oficinas cuyo trabajo parece consistir únicamente en proporcionar retorcidas explicaciones acerca de por qué no se te permite hacer según qué cosas.

Este proceso (la fusión gradual entre los poderes público y privado en una sola entidad, llena de reglas y regulaciones cuyo propósito último es extraer riqueza en forma de beneficios) aún carece de nombre. Por sí mismo, eso es ya significativo: estas cosas ocurren, en gran medida, porque carecemos de una manera de denominarlas. Pero podemos ver sus consecuencias en cada aspecto de nuestras vidas. Llena nuestra vida de papeleo. Los formularios de solicitud se hacen cada vez más largos y elaborados. Documentos cotidianos como facturas o billetes o carnets de clubes deportivos o de lectura se ven llenos de páginas de texto de tipo legal.

Voy a darle un nombre. Voy a llamarla la era de la «burocratización total». Iba a llamarla era de la «burocratización depredadora», pero lo que quiero enfatizar aquí es la naturaleza omnisciente de la bestia. Se podría decir que tuvo sus primeras apariciones en el preciso instante en que el debate público sobre la burocracia comenzó a apagarse a finales de los años setenta, y comenzó a extenderse peligrosamente en la década de los ochenta.

En un libro anterior sugerí que la ruptura histórica fundamental que se dio en nuestro sistema económico actual se produjo en 1971, el año en que el dólar abandonó el patrón oro. Esto facilitó, en primer lugar, la financialización del capitalismo, pero sobre todo cambios mucho más profundos y a largo plazo que, sospecho, supondrán el fin del propio capitalismo. Aún lo creo. Pero aquí estamos hablando de efectos a un plazo mucho más corto. ¿Qué significó la financialización para la sociedad profundamente burocratizada de los Estados Unidos de posguerra?

Creo que lo que ocurrió es mejor considerarlo como un cambio de lealtades de clase por parte del estamento de mandos medios de las grandes corporaciones; de una incómoda alianza de facto con sus propios trabajadores a otra con sus inversores. Como John Kenneth Galbraith apuntó hace ya mucho tiempo, si creas una organización destinada a fabricar perfumes, productos lácteos o fuselajes de avión, los que la componen tenderán, si no se hace nada por evitarlo, a concentrar sus esfuerzos en hacer más y mejores perfumes, productos lácteos y fuselajes de avión, en lugar de pararse a pensar en qué rendirá más beneficios para sus accionistas. Es más, dado que, durante la mayor parte del siglo XX, tener un empleo en una gran empresa burocrática significaba una promesa de trabajo de por vida, todos los que estaban en el proceso (directores y trabajadores por igual) tendían a considerar que compartían un mismo interés al respecto, y eran contrarios a las injerencias de propietarios e inversores. Este tipo de solidaridad que trascendía las líneas de clase incluso tenía un nombre: «corporativismo». No conviene idealizarlo; era, entre otras cosas, una de las bases filosóficas del fascismo. En efecto, podría decirse que el fascismo tomó la idea de que trabajadores y mandos medios tienen los mismos intereses; que organizaciones como las corporaciones y comunidades son entes orgánicos, y que los financieros eran una fuerza ajena y parasitaria, y la llevó a su extremo definitivo y asesino. Incluso en sus formas socialdemócratas más benignas, en Europa o América, la política al respecto venía a menudo teñida de chauvinismo, pero también se aseguraba de que la clase de los inversores se percibiese, hasta cierto punto, como ajena, una clase contra la que los trabajadores de oficina y fábrica podían considerarse, al menos hasta cierto grado, unidos en un frente común.

Desde la perspectiva de los radicales de los años sesenta, que veían con regularidad cómo organizaciones nacionalistas y trabajadores de la construcción atacaban las protestas contra la guerra, las implicaciones reaccionarias del corporativismo resultaban más que evidentes. Los tipos trajeados de las corporaciones y los bien pagados Archie Bunkers del proletariado industrial estaban del mismo lado. No es sorprendente, pues, que la crítica de la izquierda a la burocracia de la época se centrara en señalar lo que la socialdemocracia tenía en común con el fascismo y que sus partidarios no querían admitir. No es sorprendente tampoco que esta crítica parezca completamente irrelevante hoy.

Lo que comenzó a ocurrir en los setenta, y que allanó el camino a lo que vemos hoy en día, fue una especie de giro estratégico en los escalafones superiores de la burocracia corporativa estadounidense, alejándose de los trabajadores y acercándose a los accionistas y, eventualmente, hacia la estructura financiera como un todo. Las fusiones y adquisiciones, los desmantelamientos de empresas, los bonos basura y las liquidaciones de activos que comenzaron bajo Reagan y Thatcher y que culminaron con el auge de los fondos de capital riesgo no fueron sino algunos de los más llamativos entre los primeros mecanismos a través de los cuales se dio este cambio de lealtades. En realidad, hubo un doble movimiento: la dirección corporativa se volvió más financializada, pero al mismo tiempo el sector financiero viró hacia la corporación, con bancos de inversiones, fondos especulativos y similares, reemplazando en gran medida a los inversores tradicionales. La consecuencia fue que la clase inversora y la clase ejecutiva se volvieron casi indistinguibles. Pensemos, por ejemplo, en el término «dirección financiera», que vino a significar, simultáneamente, cómo los rangos más altos de la burocracia corporativa dirigían sus empresas y la forma en que los inversores gestionaban sus carteras. En poco tiempo los medios de comunicación jaleaban a los heroicos directores ejecutivos y medían su éxito por el número de empleados que podían despedir. Para la década de los noventa, el empleo para toda la vida, incluso entre las filas de los trabajadores cualificados, era ya una cosa del pasado. Cuando las corporaciones querían lealtad, cada vez más la compraban pagando a sus empleados con participaciones accionarias.

Al mismo tiempo, el nuevo credo era que todo el mundo debería mirar el mundo a través de los ojos de un inversor; ésa fue la razón por la que en los años ochenta, los diarios comenzaron a despedir a los periodistas que informaban sobre sindicatos, y en los telediarios comenzaron a verse, en la parte inferior de la pantalla, las últimas cifras del mercado de valores. La idea común era que, a través de la participación en fondos de jubilación privados e inversiones de uno u otro tipo, todo el mundo acabaría poseyendo su trocito del capitalismo. En realidad, el círculo mágico sólo se abría para incluir a los profesionales muy bien pagados y para propios los burócratas corporativos.

Aun así, esa extensión es extraordinariamente importante. Ninguna revolución política puede tener éxito sin aliados ni atraer a cierta parte de la clase media y, aún más importante, convencer al grueso de las clases medias de que tenían algún interés en el éxito del capitalismo financiero era fundamental. Al final, los miembros más liberales de esta élite profesionalgestora se convirtieron en la base social de los que acabaron haciéndose pasar por partidos políticos «de izquierdas», mientras que a las verdaderas organizaciones de la clase obrera, como los sindicatos, se las hizo casi desaparecer (de ahí que el Partido Demócrata estadounidense o el Nuevo Laborismo británico tengan líderes que efectúan regularmente rituales de abjuración pública de los propios sindicatos que históricamente han conformado su base de apoyo más poderosa). Éstas son, por supuesto, personas que ya tendían a trabajar en entornos altamente burocratizados, como hospitales, escuelas o despachos de abogados. La verdadera clase trabajadora, que siempre había despreciado a este tipo de personajes, o bien se desentendió completamente de la política, o se vio reducida, cada vez más, a emitir voto de castigo a favor de la ultraderecha.

No se trataba tan sólo de un reajuste político. Fue una transformación cultural. Y dibujó el escenario para el proceso por el cual las técnicas burocráticas (evaluaciones de rendimiento, grupos focales, encuestas de asignación de tiempo…) desarrolladas en los círculos corporativos y burocráticos acabaron invadiendo el resto de la sociedad (educación, ciencia, gobierno) y permeando virtualmente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Quizás la mejor manera de rastrear este proceso es seguir su lenguaje. Hay una jerga especial que surgió en esos círculos, llena de términos rimbombantes y vacíos, como visión, calidad, actor, liderazgo, excelencia, innovación, objetivos estratégicos o buenas prácticas. Gran parte de él se retrotrae a movimientos de «autoactualización» como Lifespring, Mind Dynamics y EST, que fueron extraordinariamente populares en las salas de reuniones corporativas de los años setenta, pero pronto se convirtieron en un lenguaje por sí mismas. Imaginemos que fuese posible crear un mapa de alguna gran ciudad y poner un pequeño punto azul allí donde haya un documento que contenga al menos tres de estas palabras. Y ahora imaginemos que pudiéramos ver cambiar el mapa conforme pasa el tiempo. Veríamos cómo esta nueva cultura burocrática se extiende como manchas azules en una placa de Petri, comenzando en los barrios financieros, pasando a las salas de juntas, a los despachos gubernamentales y universidades y, finalmente, haciéndose con cualquier lugar en el que un número de personas discutan la asignación de recursos de cualquier tipo.

Pese a toda su celebración de los mercados y de la iniciativa individual, esta alianza entre gobierno y finanzas produce a menudo resultados sorprendentemente similares a los peores excesos de burocratización de la extinta Unión Soviética o los más estancados propios de las colonias del hemisferio sur. Existe, por ejemplo, una rica literatura antropológica acerca del culto a los certificados, licencias y diplomas en las excolonias. A menudo la tesis es que en países como Bangladesh, Trinidad o Camerún, que oscilan entre el opresivo legado de la dominación colonial y sus propias tradiciones mágicas, las credenciales oficiales se ven como un tipo de fetiche material, objetos mágicos que confieren poder por sí mismos, completamente aparte del conocimiento real, experiencia o formación que se supone que representan. Pero desde los años ochenta, la explosión real del «credencialismo» se ha dado en las que son supuestamente las economías más «avanzadas», como los Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá. En palabras de la antropóloga Sarah Kendzior:

«Los Estados Unidos se han convertido en la sociedad más rígidamente “credencializada” del mundo», escriben James Engell y Anthony Dangerfield en su libro de 2005 Saving Higher Education in the Age of Money. «Se exige un BA para trabajos que, como mucho, requieren dos años de formación a tiempo completo, en ningún caso cuatro.»
La promoción de título universitario como requerimiento para la clase media (…) ha dado como resultado la exclusión de los no formados en facultades de todo tipo de profesiones de influencia pública. En 1971, un 58 por ciento de los periodistas tenía un título universitario. Hoy en día el 92 por ciento lo tiene, y en muchas publicaciones se exige la licenciatura en Periodismo, pese al hecho de que los periodistas más renombrados nunca han estudiado Periodismo.
El periodismo es tan sólo uno de los muchos campos de influencia pública (política incluida) en que las credenciales funcionan como un permiso de facto para hablar, dejando a quienes carecen de ellas con menores posibilidades de obtener empleos o de conseguir mantenerse en su campo. Sin credenciales se ignoran las capacidades, pero la capacidad de comprar credenciales descansa, la mayoría de las veces, en la riqueza familiar.

Se podría repetir esta misma historia en campo laboral tras campo laboral, desde enfermeros hasta profesores de arte, fisioterapeutas o asesores en política exterior. Casi todas las carreras que solían considerarse un oficio (que se aprendía a través de la práctica) requieren ahora formación profesional y un certificado de haberse completado, y esto parece estar ocurriendo por igual tanto en el sector público como en el privado, dado que, como ya hemos señalado, en asuntos burocráticos estas distinciones cada vez significan menos. Aunque se defiende estas medidas (como todas las medidas burocráticas) como una manera de crear mecanismos justos e impersonales en campos antaño dominados por el conocimiento del medio desde dentro y las conexiones sociales, el efecto es muy a menudo el opuesto. Como todo el que haya acudido a una escuela de posgrado sabe, son precisamente los hijos de las clases profesionales-directivas aquellos a quienes los recursos familiares hacen menos necesitados de apoyo financiero, quienes mejor saben navegar en el mundo de papeleo que les permite obtener dicho apoyo. Para todos los demás, el resultado principal de los años de formación profesional viene con la inevitable carga de tal deuda que una parte sustancial de todo ingreso subsiguiente que uno obtenga realizando esa profesión se verá desviada, mes tras mes, hacia el sector financiero. En algunos casos, estos nuevos requisitos de formación sólo pueden describirse directamente como estafas, como cuando los prestamistas, y quienes están en posición de fijar los programas de formación, presionan conjuntamente al gobierno para insistir en que, por ejemplo, se exija a los farmacéuticos aprobar un examen adicional, forzando así a miles de personas que practican la profesión a tomar clases nocturnas que, estos farmacéuticos ya lo saben, sólo podrán pagar con ayuda de préstamos estudiantiles con altos intereses. Al hacer esto, los prestamistas están de facto legislando para ellos mismos una porción de los ingresos subsiguientes de la mayoría de los farmacéuticos.

Este último puede parecer un caso extremo pero, a su manera, es paradigmático en cuanto a la fusión entre los poderes públicos y privados en este nuevo régimen financiero. Con cada vez mayor frecuencia, los beneficios de las corporaciones estadounidenses no proceden de la industria ni del comercio, sino de las finanzas, lo que significa, en definitiva, de las deudas de otras personas. Estas deudas no ocurren por accidente. En gran medida están diseñadas y, precisamente, por este tipo de fusión entre poderes públicos y privados. La privatización de la enseñanza; el resultante aumento de tasas, del que se espera que financie gigantescos estadios de fútbol y otros proyectos similares de ejecutivos de consejos, o que contribuyan a los cada vez mayores salarios de una creciente nómina de funcionarios universitarios; la demanda cada vez mayor de títulos y grados para obtener cualquier trabajo que prometa la entrada a algo parecido a los estándares de vida de la clase media; las consecuencias: niveles cada vez más altos de endeudamiento… todo ello forma parte de una misma telaraña. Una de las consecuencias de toda esta deuda es que el gobierno se convierte en el mayor mecanismo de extracción de beneficios privados. Pensemos, por ejemplo, qué ocurre si uno intenta declararse en bancarrota con respecto a los préstamos estudiantiles: el aparato legal al completo entra en acción amenazando con embargar bienes, secuestrar nóminas y aplicar miles de dólares en concepto de penalizaciones adicionales. Otro resultado es que obliga a los deudores a burocratizar cada vez más dimensiones de sus vidas, que deben gestionar como si ellos mismos fueran una minúscula corporación, midiendo ingresos y gastos y luchando continuamente por equilibrar sus cuentas.

Es también importante enfatizar que mientras que este sistema de extracción viene disfrazado por el lenguaje de normas y regulaciones, no tiene casi nada que ver con el imperio de la ley. Más bien el sistema legal se ha convertido en el medio para un sistema de extracciones cada vez más arbitrarias. Conforme los beneficios de bancos y compañías de crédito proceden cada vez más de «tarifas y penalizaciones» impuestas a sus consumidores (tanto que quienes viven de nómina a nómina saben que les pueden imponer regularmente ochenta dólares de penalización por un descubierto de cinco) las empresas financieras han acabado por jugar bajo un conjunto de reglas completamente diferente. Una vez asistí a una conferencia acerca de la crisis del sistema bancario durante la cual tuve ocasión de charlar de modo informal con un economista de una de las instituciones de Bretton Woods (mejor que no diga su nombre). Le pregunté por qué aún estábamos esperando que se llevase a juicio por fraude al menos a un directivo bancario por cualquier acto de fraude de los que llevaron al crash de 2008.

FUNCIONARIO: Bueno, tiene usted que comprender que el enfoque de los fiscales estadounidenses hacia el fraude financiero es intentar siempre llegar a un acuerdo. No quieren llegar a juicio. El resultado es que siempre la institución financiera ha de pagar una multa, digamos que de cientos de millones, y a cambio no admiten ninguna responsabilidad criminal. Sus abogados dicen que sencillamente no van a discutir sobre su inocencia o culpabilidad, pero si pagan, técnicamente no se los ha hallado culpables de nada.
YO: Está usted diciendo que si el gobierno descubre que Goldman Sachs, por ejemplo, o Bank of America, han cometido fraude… lo que hace es aplicarles una tarifa de penalización.
FUNCIONARIO: Exacto.
YO: En tal caso… Vale, supongo que la verdadera pregunta es: ¿ha habido algún caso en que la cantidad a pagar por la compañía haya sido mayor que la que obtuvo con el fraude?
FUNCIONARIO: Oh, no, no, que yo sepa. Suele ser mucho menor.
YO: ¿De qué cifras hablamos, de un 50 por ciento?
FUNCIONARIO: Diría más bien que alrededor de un 20, 30 por ciento de media, pero varía en cada caso.
YO: Eso significa… Corríjame si me equivoco, pero ¿no significa eso que el gobierno está diciendo «cometan todos los fraudes que quieran, pero si los atrapamos, van a tener que darnos nuestra parte»?
FUNCIONARIO: Bueno, obviamente no puedo decirlo de esa manera mientras siga teniendo este empleo…

Y, por supuesto, el poder de esos bancos para cobrar a sus clientes ochenta pavos por un descubierto procede del mismo sistema judicial que se contenta con apenas hacer nada si es el propio banco el que comete el fraude.

Por una parte, esto puede parecer un ejemplo más de una historia conocida: a los ricos siempre se les aplica un tipo diferente de reglas. Si los hijos de los banqueros pueden librarse habitualmente de problemas por llevar cantidades de cocaína que les habrían costado décadas en una cárcel federal si fueran pobres o negros, ¿por qué debería ser diferente cuando crecen hasta convertirse en banqueros? Pero me parece que aquí hay algo más profundo, que gira en torno a la naturaleza misma de los sistemas burocráticos. Estas instituciones crean siempre una cultura de la complicidad. No es sólo que alguna gente consiga romper las reglas, es que la lealtad a la organización se mide, hasta cierto punto, por la disposición de uno a pretender que esto no está ocurriendo. Y en tanto la lógica burocrática se extiende a la sociedad como conjunto, todos acabamos haciendo el paripé.

Vale la pena extenderse en este punto. Lo que estoy diciendo es que no nos enfrentamos tan sólo a un doble rasero, sino a un tipo muy particular de doble rasero propio de los sistemas burocráticos. Todas las burocracias son hasta cierto punto utópicas, en el sentido de que proponen un ideal abstracto al que los humanos reales nunca pueden llegar. Veamos, por ejemplo, el punto de inicio del credencialismo. Desde Weber, los sociólogos han señalado que uno de los rasgos característicos de la burocracia es que quienes la forman sean escogidos a través de criterios formales e impersonales, muy a menudo, algún tipo de prueba escrita. Es decir: a los burócratas no se los escoge como, por decir algo, a los políticos, pero tampoco deberían obtener el empleo por ser sobrinos de alguien. En teoría, las burocracias son meritocracias. En la práctica, todo el mundo sabe que este sistema está comprometido de mil y una maneras. Gran parte de la plantilla está ahí porque son sobrinos de alguien, y todo el mundo lo sabe. El primer criterio de lealtad a la organización es la complicidad. Los avances en la carrera no están basados en los méritos; ni siquiera, necesariamente, en ser el sobrino de alguien: por encima de todo se basan en la disposición a pretender que los ascensos en la carrera se basan en los méritos, aunque todo el mundo sepa que no será así. O a creer en la ficción de que normas y regulaciones se aplican por igual a todo el mundo cuando, en realidad, se administran como medio de conseguir un poder personal completamente arbitrario.

Así es como las burocracias han tendido siempre a funcionar. Pero durante la mayor parte de la historia, esto sólo ha resultado importante para quienes en realidad operaban dentro de los sistemas administrativos: digamos, por ejemplo, aspirantes a maestros confucianistas en la China medieval. Casi todos los demás apenas tenían necesidad de pensar en organizaciones; lo habitual era que se las encontraran cada cierto número de años, cuando tocaba registrar sus campos y ganado para las autoridades tributarias locales. Pero, como ya he señalado, en los dos últimos siglos hemos vivido una explosión de la burocracia, y en los últimos treinta o cuarenta años, en especial, hemos visto cómo los principios burocráticos se extendían a todos los aspectos de nuestra existencia. En consecuencia, esta cultura de la complicidad también se ha extendido. Muchos de nosotros actuamos como si creyéramos realmente que los tribunales están tratando al establishment financiero como se merece, que incluso lo están haciendo con dureza; y que los ciudadanos de a pie merecen realmente ser castigados cien veces más duramente por un descubierto. Conforme las sociedades han acabado representándose a sí mismas como gigantescas meritocracias credencializadas en lugar de como sistemas de extracción arbitraria, todo el mundo se comporta como es debido, intentando ganarse el favor y simulando que realmente cree que la meritocracia es real.

Así pues: ¿cómo sería una crítica, desde la izquierda, de la burocracia total o depredadora?

Creo que la historia del Movimiento por la Justicia Global nos proporciona alguna pista, porque fue un movimiento que (para su propia sorpresa) descubrió que era de esto de lo que se trataba. Lo recuerdo bastante bien porque, por aquella época, yo estaba bastante implicado en él. En la década de los noventa, la «globalización», como la llamaron periodistas como Thomas Friedman (y, en realidad, todo el establishment periodístico de los Estados Unidos y la mayor parte del de otros países desarrollados) se presentaba como casi una fuerza natural. Los avances tecnológicos (especialmente Internet) estaban interconectando el mundo como nunca antes; el aumento de la comunicación traía un incremento del comercio y las fronteras nacionales eran cada vez más irrelevantes conforme tratados de libre comercio unían el mundo en un solo mercado a escala planetaria. En los debates políticos de la época de los medios de comunicación tradicionales se hablaba de todo esto como de una realidad tan evidente que a cualquiera que pusiera objeciones al proceso se lo podía tachar de estar objetando a las leyes de la naturaleza: era un defensor de la tierra plana, un payaso, el equivalente izquierdista a los fundamentalistas bíblicos que creían que la evolución era un bulo.

Por lo tanto, cuando comenzó el Movimiento por la Justicia Global, la cantinela de los medios era que se trataba de una acción de retaguardia de viejos y apestados izquierdistas que querían restaurar el proteccionismo, la soberanía nacional, las barreras al comercio y la comunicación y, en general, interponerse en vano en la Inevitable Marea de la Historia. El problema consistía en que todo ello era evidentemente mentira. Por lo pronto, estaba el hecho de que la media de edad de quienes protestaban, especialmente en los países desarrollados, era de unos diecinueve años. A otro nivel estaba el hecho de que el movimiento mismo parecía ser también una forma de globalización: una heterogénea alianza de gente de todos los rincones del mundo, que incluía organizaciones que abarcaban desde asociaciones de agricultores indios al sindicato postal canadiense, grupos indígenas de Panamá o colectivos anarquistas de Detroit. Es más, sus miembros aseguraban sin cesar que pese a las protestas que insistían en lo contrario, lo que los medios de comunicación llamaban «globalización» no tenía casi nada que ver con el fin de las fronteras y la libre circulación de personas, productos e ideas. Se trataba, en realidad, de atrapar una parte cada vez mayor de la población mundial tras fronteras altamente militarizadas, dentro de las cuales se podía ir recortando sistemáticamente protecciones sociales para crear una reserva de trabajadores tan desesperados como para trabajar por casi nada. Contra todo ello, proponían un mundo realmente sin fronteras.

Como es evidente, estas ideas no consiguieron ninguna repercusión en televisión ni en ningún gran diario (al menos no en países como los Estados Unidos, cuyos medios de comunicación están estrictamente vigilados por sus propios burócratas corporativos internos). Estos argumentos eran, en la práctica, un tabú. Pero descubrimos que había algo más que podíamos hacer que funcionaba casi igual de bien. Podíamos asediar las cumbres en donde se negociaban los tratados de comercio y los encuentros anuales de las instituciones en que se cocía, codificaba y forzaba la puesta en marcha de los términos de lo que llamaban globalización. Hasta que el movimiento llegó a los Estados Unidos, con motivo del Encuentro Mundial del Comercio en Seattle, en 1999 (y las consiguientes barricadas contra los encuentros del FMI/Banco Mundial en Washington), la mayoría de los estadounidenses sencillamente no tenía ni idea de que estas organizaciones ni siquiera existiesen. Las acciones funcionaron como una especie de conjuro mágico que sacó a la luz todo aquello que se suponía que debía quedar oculto: lo único que debíamos hacer era estar presentes e intentar bloquear el acceso a la reunión e instantáneamente revelábamos la existencia de una vasta burocracia global de organizaciones interconectadas en las que se suponía que nadie debía pensar. Y, por supuesto, al mismo tiempo mostrábamos a miles de policías antidisturbios con armamento pesado para revelar lo que esos burócratas estaban dispuestos a desatar contra cualquiera (no importa lo pacífico que fuese) que intentase interponerse en su camino.

Fue una estrategia sorprendentemente eficaz. En el plazo de dos o tres años, habíamos hecho fracasar casi todos los nuevos pactos comerciales globales propuestos, e instituciones como el FMI habían sido de facto expulsadas de Asia, Latinoamérica y, en realidad, de la mayor parte de la superficie del planeta.

La imagen simbólica funcionó porque demostró que todo lo que se había dicho a la gente acerca de la globalización era mentira. No se trataba de un pacífico proceso natural de comercio, facilitado por las nuevas tecnologías. Aquello de lo que se hablaba en términos de «libre mercado» y «libre comercio» implicaba en realidad la finalización autoconsciente del primer sistema burocrático-administrativo eficaz a escala planetaria. Sus cimientos se habían puesto en la década de los cuarenta pero sólo con el final de la guerra fría se había hecho realmente efectivo. En el proceso, había acabado por estar compuesto (como la mayoría de los sistemas burocráticos de la época a escala menor) por un entramado tan denso de elementos públicos y privados que a menudo resultaba imposible distinguirlos, siquiera conceptualmente. Pensemos en ello de esta manera: en la cima estaban las burocracias de comercio como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y el G-8, junto a organizaciones-tratado como NAFTA o la UE. Éstas, en realidad, desarrollaban las políticas económicas (e incluso sociales) que seguían gobiernos supuestamente democráticos en el hemisferio sur. Justo debajo estaban las grandes compañías financieras como Goldman Sachs, Lehman Brothers, American Insurance Group o, tanto monta, instituciones como Standard & Poors. Debajo de ellas quedaban las megacorporaciones multinacionales (gran parte de lo que se daba en llamar «comercio internacional» consistía meramente en el intercambio de materiales de un lado a otro entre ramas diferentes de la misma organización). Finalmente había que incluir a las ONG, que en muchas partes del mundo venían a proporcionar muchos de los servicios sociales anteriormente proporcionados por el gobierno, con lo que muchas veces la planificación urbana de una ciudad en Nepal o la política sanitaria de una ciudad en Nigeria se desarrollaban en despachos de Zúrich o Chicago.

Por aquella época no hablábamos de las cosas en estos términos: no decíamos que «libre comercio» y «libre mercado» significaban en realidad la creación de estructuras administrativas a escala global diseñadas explícitamente para extraer beneficios para los inversores; que «globalización» significaba, en realidad, burocratización. A menudo nos acercábamos. Pero muy rara vez lo decíamos alto y claro.

Mirando hacia atrás, creo que eso es exactamente lo que deberíamos haber subrayado. Incluso el énfasis en inventar nuevas formas de procesos democráticos que había en el núcleo del movimiento (las asambleas, los consejos de portavoces, etcétera) era, más que nada, una manera de demostrar que la gente podía entenderse entre sí, e incluso tomar decisiones importantes y llevar a cabo complejos proyectos colectivos, sin que nadie tuviese que rellenar un formulario, recurrir a un dictamen o amenazar con telefonear a la policía o a Seguridad.

El Movimiento por la Justicia Global fue, a su manera, el primer movimiento izquierdista antiburocrático de la era de la burocratización total. Como tal, creo que ofrece importantes lecciones a cualquiera que intente desarrollar una crítica similar. Déjeme acabar delineándolas:

1. No subestime la importancia de la violencia física
Los ejércitos de policías altamente militarizados que aparecían para atacar a quienes protestaban contra las cumbres no eran ningún tipo de extraño efecto colateral de la «globalización». Siempre que alguien comienza a hablar del «libre mercado» es buena idea buscar alrededor al tipo con la pistola. Nunca está lejos. El liberalismo de libre mercado del siglo XIX se correspondió con la invención de las modernas policías y agencias de detectives privadas, y gradualmente, con la noción de que esa policía tenía al menos la jurisdicción definitiva sobre todos los aspectos de la vida urbana, desde la regulación de la venta ambulante a los niveles de ruido de las fiestas privadas, o incluso la resolución de amargas peleas con cuñados violentos o compañeros de habitación en la Universidad. Hoy en día estamos tan habituados a la idea de que al menos podríamos llamar a la Policía para resolver virtualmente cualquier circunstancia difícil, que a muchos de nosotros nos cuesta imaginar qué habría hecho la gente antes de que esto fuera posible. Porque, en realidad, para la vasta mayoría de la gente a lo largo de la historia (incluso quienes vivían en grandes ciudades)

no había a quién llamar en tales circunstancias. O, al menos, nadie tan impersonal y burocrático que, como la policía moderna, tuvieran el poder de imponer resoluciones arbitrarias respaldados por el uso de la fuerza.

Creo que es aquí posible añadir una especie de corolario a la ley de hierro del liberalismo. La historia revela que las políticas que favorecen al «mercado» han implicado siempre más gente en despachos para administrar cosas, pero también que hay un incremento en la amplitud e intensidad de las relaciones sociales, que acaban siendo reguladas, en última instancia, por la amenaza de la violencia. Esto, obviamente, contradice flagrantemente todo lo que nos han enseñado acerca del mercado, pero si uno observa lo que realmente ocurre, se hace evidente. En cierto sentido, llamar a esto «corolario» es engañoso, puesto que en realidad estamos hablando de dos maneras diferentes de denominar lo mismo. La burocratización de la vida cotidiana implica la imposición de normas y regulaciones impersonales; normas y regulaciones impersonales que, a su vez, sólo pueden funcionar si están respaldadas por la amenaza de la fuerza. Y, en efecto, en esta fase reciente de la burocratización total hemos visto aparecer por todas partes (incluso en lugares como parques infantiles, escuelas de primaria, campus universitarios, hospitales, bibliotecas, parques o playas, lugares en que cincuenta años atrás su presencia hubiese resultado escandalosa, o sencillamente inconcebible), cámaras de seguridad, policías en escúter, emisores de documentos de identificación temporales y hombres y mujeres en distintos uniformes actuando a título público o privado, entrenados en tácticas para amenazar, intimidar, y, en definitiva, emplear violencia física.

Todo esto se da mientras los teóricos sociales siguen insistiendo en que el recurso directo a la fuerza bruta desempeña un papel cada vez menor en el mantenimiento de las estructuras de control social. En realidad, cuantos más informes lee uno de estudiantes universitarios reducidos con tásers por uso no autorizado de la biblioteca, o profesores de inglés encarcelados y acusados de delitos por cruzar imprudentemente una calle en el campus, más fuerte es la insistencia en que lo que realmente importa son los tipos de poder simbólico sutil que analizan esos mismos profesores. Cada vez más está empezando a sonar como el desesperado intento de negar que los mecanismos del poder puedan ser tan crudos y simples como lo demuestra la experiencia cotidiana.

En mi Nueva York natal, he observado la multiplicación infinita de sucursales bancarias. Cuando era niño, las oficinas bancarias eran grandes edificios enteros, habitualmente diseñados para parecer templos griegos o romanos. A lo largo de los últimos treinta años, se han abierto sucursales de los mismos tres o cuatro grandes bancos cada tres manzanas, por así decir, en las partes más prósperas de Manhattan. En la Gran Nueva York hay hoy en día miles de ellas, todas reemplazan una tienda que antaño ofrecía productos y servicios de algún tipo. En cierto modo son perfectos símbolos de nuestra era: tiendas que venden la abstracción pura, cajas inmaculadas que contienen poco más que tabiques de vidrio y acero, pantallas de ordenador y seguridad armada. Definen a la perfección la unión entre armas e información, puesto que eso es, en realidad, lo único que hay en ellas. Y esa unión ha proporcionado el marco para casi todos los demás aspectos de nuestras vidas.

Cuando pensamos en estos asuntos, solemos actuar como si todo esto fuera sencillamente un efecto de la tecnología. Éste es un mundo movido por los ordenadores. Incluso parece un ordenador. Y, en efecto, todos estos nuevos vestíbulos de bancos guardan un sorprendente parecido a la realidad virtual minimalista que abundaba en los videojuegos de la década de los noventa. Es como si finalmente hubiésemos alcanzado la capacidad para hacer que ese tipo de virtualidades se materializase y, al hacerlo, redujéramos nuestras vidas, también, a una especie de videojuego, conforme vamos negociando los diferentes laberintos de las nuevas burocracias. Como en esos videojuegos, no se produce nada, sencillamente es algo que surge de la nada, y nos pasamos nuestras vidas ganando puntos y evitando a la gente que lleva armas.

Pero esta sensación de que vivimos en un mundo creado por ordenadores es, en sí misma, una ilusión. Creer que todo esto es el resultado inevitable del desarrollo tecnológico, más que de fuerzas sociales y políticas, es un error. También en este caso, las lecciones de la «globalización», que se suponía de algún modo creada por Internet, son de una importancia crucial:

2. No sobreestime la importancia de la tecnología como factor causal
Del mismo modo en que lo que se dio en llamar «globalización» fue en realidad la creación de nuevos alineamientos políticos, decisiones en cuanto a políticas y nuevas burocracias (a la que tan sólo después le siguieron tecnologías físicas como el transporte marítimo dentro de contenedores o Internet), de igual manera la cada vez más invasiva burocratización de la vida cotidiana posibilitada por los ordenadores no es, en sí, consecuencia del desarrollo tecnológico. Es más bien al revés. Sencillamente, el cambio tecnológico no es una variable independiente. La tecnología avanzará, y a menudo de maneras sorprendentes e inesperadas. Pero la dirección general que tome dependerá de factores sociales.

Es fácil olvidar esto porque nuestra experiencia inmediata de la burocratización cotidiana está completamente atrapada por las nuevas tecnologías (Facebook, operaciones bancarias desde el smartphone, Amazon, PayPal, incontables dispositivos de mano que reducen el mundo que nos rodea a mapas, formas, códigos y gráficos). Aun así, los alineamientos clave que hicieron que todo esto fuera posible son precisamente los que he venido describiendo en este ensayo, y que tuvieron lugar primero en las décadas de los setenta y los ochenta, con la alianza entre finanzas y burócratas corporativos, la nueva cultura corporativa que surgió de ella y su habilidad para invadir los círculos educativo, científico y gubernamental de tal manera que las burocracias privada y pública se fundieron finalmente en una masa de papeleo diseñada para facilitar la extracción de riqueza. Esto no fue producto de nuevas tecnologías. Al contrario, a esas tecnologías les costó décadas surgir. En los años setenta, los ordenadores eran algo similar a un chiste. Bancos y gobiernos estaban dispuestos a ponerlos en funcionamiento, pero para la mayoría de los afectados, eran la definición misma de la estupidez burocrática; cada vez que algo salía terriblemente mal, la reacción era poner los ojos en blanco y culpar a «algún ordenador». Cuarenta años después y tras una interminable inversión en tecnologías de la información, hemos llegado al punto de que los tipos de ordenadores que emplean (y proporcionan) los banqueros son nuestra definición misma de eficacia mágica e infalible.

Veamos, por ejemplo, el cajero automático. En los últimos treinta años no recuerdo una sola vez que le haya solicitado dinero y obtenido una cantidad incorrecta. Ni he sido capaz de hallar a nadie a quien le haya pasado. Esto es tan cierto que, como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2000, cuando se presentaban estadísticas al público acerca del grado de error del 2,8 por ciento que se esperaba de tal tipo de máquina, o del 1,5 por ciento previsible de tal otro tipo, alguien tuvo la temeridad de señalar que en un país que se define a sí mismo como la democracia más grande del mundo, en que las elecciones son su sacramento absoluto, parecemos dispuestos a aceptar que las máquinas de voto automáticas contarán mal los votos, mientras que a diario se realizan cientos de millones de transacciones por cajero automático con un porcentaje de error cercano a cero. ¿Qué dice esto acerca de lo que realmente importa a los estadounidenses como nación?

La tecnología financiera ha pasado de chiste común a algo tan fiable que puede formar la columna vertebral de nuestra realidad social. Uno no tiene siquiera que pensar en si el cajero le entregará la cantidad correcta de dinero. Si funciona, no cometerá un error. Esto proporciona a las abstracciones financieras un aire de total certeza (una cualidad de «estar disponibles», en palabras de Martin Heidegger), de parte tan esencial de la infraestructura práctica de nuestros proyectos y asuntos cotidianos que nunca tenemos la necesidad de pensar en ello como algo en sí mismo. Entre tanto, infraestructuras físicas como carreteras, escaleras mecánicas, puentes y túneles del metro se caen en pedazos, y el paisaje que rodea a las grandes ciudades está salpicado de visiones futuristas de generaciones pasadas, ahora malolientes, sucias o abandonadas. Nada de esto ha ocurrido porque sí. Se trata, precisamente, de un asunto de prioridades nacionales: el resultado de una política de decisiones que asignan financiación a todo, desde la conservación del paisaje a ciertos tipos de investigación científica. Éste es el mundo que esos infinitos documentos que tratan de «visión»,

«calidad», «liderazgo» e «innovación» han creado en realidad. Más que causa de nuestra situación actual, la dirección que ha tomado el cambio tecnológico existe en función del poder de las finanzas.

3. Recuerde siempre que todo gira, en definitiva, alrededor del valor (o: siempre que oiga a alguien decir que su valor más importante es la racionalidad, es que no quiere admitir cuál es su verdadero valor)
La filosofía de la «auto-actualización» de la que surgió la mayor parte de este nuevo lenguaje insiste en que vivamos un presente atemporal, en el que la historia no significa nada, que sencillamente creamos el mundo que nos rodea con el poder de nuestra voluntad. Es una especie de fascismo individualista. Para cuando esta filosofía se hizo popular, en los años setenta, ciertos teólogos cristianos conservadores pensaban en una línea muy similar: veían el dinero electrónico como algún tipo de extensión del poder creativo de Dios, que se transformaba luego en realidad material mediante las mentes de emprendedores inspirados. Es fácil ver cómo esto podía llevar a la creación de un mundo en el que las abstracciones financieras pudieran parecer la base misma de la realidad, y en la que tantos de nuestros entornos parecieran impresiones en 3D surgidas de la pantalla del ordenador de alguien. El sentido de un mundo generado digitalmente podría tomarse para ilustrar perfectamente otra ley social (al menos, me parece que debería reconocerse como ley social): que si uno da suficiente poder a una clase social que posea incluso las ideas más estrafalarias, esta clase, conscientemente o no, planeará cómo crear un mundo organizado de tal manera que vivir en él reforzará de mil maneras sutiles la impresión de que esas ideas son verdades evidentes.

En los países del Atlántico Norte, todo esto es la culminación de un larguísimo esfuerzo por transformar las ideas populares acerca de los orígenes del valor. La mayoría de los estadounidenses, por ejemplo, solían defender una versión bastante elemental de la teoría del valor-trabajo. Tenía sentido de manera intuitiva en un mundo en que la mayoría de la población estaba formada por agricultores, mecánicos o tenderos: se asumía que las cosas buenas de la vida existían porque la gente se tomaba la molestia de producirlas; hacer eso, se percibía, era cuestión de músculos y de cerebro, habitualmente en proporciones más o menos equivalentes. A mediados del siglo XIX incluso los políticos más tradicionales empleaban a menudo un lenguaje que parecía sacado directamente de Karl Marx. Uno de ellos era Abraham Lincoln:

El trabajo es previo a, e independiente de, el capital. El capital es tan sólo el fruto del trabajo, y nunca podría haber existido si no hubiera existido antes el trabajo. El trabajo es superior al capital, y merece un reconocimiento mucho mayor.

Al auge del capitalismo burocrático durante la «edad chapada en oro» le acompañó un esfuerzo consciente, por parte de los nuevos industriales del momento, por dejar de lado ese lenguaje y promulgar la que consideraban su atrevida nueva filosofía (el magnate del acero Andrew Carnegie la llegó a calificar de «evangelio de la riqueza»), según la cual es el trabajo el que deriva del capital. Carnegie y sus aliados se embarcaron en una campaña bien dotada económicamente para promover el nuevo evangelio, no sólo en clubes rotarios y cámaras de comercio de toda la nación, sino también en escuelas, iglesias y asociaciones cívicas. La argumentación básica era que la propia eficacia de las gigantescas nuevas empresas que esos hombres dirigían era capaz de producir tal cantidad de riqueza material que permitiría a los estadounidenses realizarse a través de lo que consumían, y no de lo que producían. En esta nueva visión, el valor era, en definitiva, un producto de la propia organización burocrática de los nuevos conglomerados.

Una cosa que nos enseñó el movimiento por la justicia global es que la política trata, en definitiva, del valor; pero también que quienes crean vastos sistemas burocráticos jamás admitirán cuáles son sus valores en realidad. Esto era tan válido para los Carnegie de la época como lo es hoy. Por regla general, insistirán (como aquellos industriales explotadores de principios del siglo XX) en que actúan en nombre de la eficacia o de la «racionalidad». Pero en realidad este lenguaje resulta siempre intencionadamente vago, incluso sin sentido. La palabra «racionalidad» es un ejemplo excelente al respecto. Una persona «racional» es alguien capaz de efectuar conexiones lógicas básicas y evaluar la realidad de un modo realista. En otras palabras, es alguien que no está loco. Todo aquel que asegure basar sus políticas en la racionalidad (y esto vale tanto para la izquierda como para la derecha) está asegurando que alguien que no coincida con él puede estar loco, lo que constituye la postura más arrogante que se puede adoptar. O bien están empleando «racionalidad» como sinónimo de «eficacia técnica», y, así, centrándose en cómo piensan acerca de algo porque no quieren hablar de qué es lo que, en realidad, quieren. La economía neoclásica se distingue por efectuar este tipo de maniobra. Cuando un economista intenta demostrar que es «irracional» votar en elecciones nacionales (porque el esfuerzo realizado por cada individuo votante es mayor que el eventual beneficio que se obtiene) emplean el término porque no quieren decir «irracional para actores para quienes la participación cívica, los ideales políticos o el bien común no constituyen valores por sí mismos, sino que ven el bien común en términos de beneficio personal». No hay absolutamente ninguna razón por la que uno no pueda calcular racionalmente la mejor idea de impulsar sus ideales políticos a través del voto. Pero según las aseveraciones de los economistas, cualquiera que lo haga está mal de la cabeza.

En otras palabras, hablar de eficacia racional se convierte en una manera de evitar hablar de para qué sirve realmente la eficacia, es decir los, en definitiva, irracionales objetivos que asumimos como fines últimos de la conducta humana. He aquí otro lugar en el que mercados y burocracias hablan el mismo lenguaje. Ambos aseguran estar actuando, en gran medida, en nombre de la libertad individual y de la autorrealización a través del consumo. Incluso los partidarios del viejo Estado burocrático prusiano del siglo XIX, como Hegel o Goethe, insistían en que sus medidas autoritarias se justificaban porque permitían a los ciudadanos estar del todo seguros en sus propiedades, y, por tanto, ser del todo libres de hacer lo que quisieran en sus casas (ya fuese dedicarse al arte, la religión, el romance, la especulación filosófica o sencillamente decidir qué tipo de cerveza beber, qué tipo de música escuchar o qué ropas vestir). El capitalismo burocrático, cuando surgió en los Estados Unidos, se justificaba a sí mismo con similares criterios consumistas: uno podía justificar exigir que los trabajadores abandonasen todo tipo de control sobre sus condiciones laborales si podía garantizarles una gama de productos más amplia y barata para usar en casa. Se dio siempre por sentado que había una sinergia entre la organización impersonal y tendente a las normas (ya en la esfera pública, ya en la de producción) y la absoluta libertad de expresión en el club, el café, la cocina o el paseo familiar (al principio, claro, esta libertad sólo se dio para los padres de familia; con el tiempo, se acabó otorgándosela a todo el mundo).

La herencia más profunda del dominio de las formas de organización burocráticas a lo largo de los últimos doscientos años es que ha conseguido que esta división intuitiva entre los medios técnicos y racionales y los fines básicamente irracionales para los que se emplean parezca algo de sentido común. Esto es así a escala nacional, en que los funcionarios se congratulan de saber hallar los medios más eficaces de conseguir el destino nacional con el que los gobernantes del país sueñen, ya se base en la búsqueda de la excelencia cultural, la conquista imperial, el establecimiento de un orden social realmente igualitario o en la aplicación literal de la ley bíblica. Y es igualmente cierto en el plano individual, en el que todos damos por sentado que los seres humanos salen al mercado tan sólo para calcular el modo más eficaz de enriquecerse, pero una vez tienen el dinero, no hay manera de saber qué pueden querer hacer con él: comprarse una mansión, un coche de carreras, dedicarse personalmente a la investigación de abducciones por ovnis o sencillamente dar el dinero a los propios hijos. Parece todo tan obvio que nos resulta difícil recordar que, en la mayoría de las sociedades humanas que han existido, históricamente, una división así no tendría ningún sentido. En casi todas las épocas y lugares, se asumía que la manera en que alguien se desempeñaba en algo era la expresión definitiva de quién era. Pero también parece que en el momento en que uno divide el mundo en dos esferas (la de la mera competencia técnica y un mundo aparte de valores definitivos) cada esfera acabará, inevitablemente, por invadir la otra. Hay quien dirá que la racionalidad, o incluso la eficacia, son en sí mismas valores, y que deberíamos crear de algún modo una «sociedad racional» (sea lo que sea que eso signifique). Otros insistirán en que la vida debe convertirse en arte, o incluso más: en religión. Pero todos estos movimientos se basan en la premisa de la misma división que aseguran superar.

A grandes rasgos poco importa, pues, que uno busque reorganizar el mundo en función de la eficiencia burocrática o de la racionalidad del mercado, las asunciones fundamentales son las mismas. Esto contribuye a explicar por qué resulta tan fácil saltar de la una a la otra, como aquellos funcionarios exsoviéticos que pasaron tan alegremente de apoyar el control total de la economía por parte del Estado a la mercantilización absoluta (y en el proceso, fieles a la ley del hierro, se las ingeniaron para aumentar drásticamente el número total de burócratas en su país). O cómo ambas pueden fundirse en un solo e indistinguible todo, como en la actual era de la burocratización total.

Para cualquiera que haya sido alguna vez refugiado, o que, por cualquier otra razón, haya tenido que rellenar la solicitud de cuarenta páginas exigida para que la hija de uno pueda ser admitida en una academia musical de Londres, la idea de que la burocracia pueda tener algo que ver con la racionalidad (menos aún con la eficacia) puede parecer extraña. Pero es lo que parece desde arriba. En realidad, desde dentro del sistema, los algoritmos y fórmulas matemáticas desde los que se evalúa el mundo se convierten, en definitiva, no en medidas de valor, sino en la fuente misma de este valor. Gran parte de lo que hacen los burócratas, al fin y al cabo, es evaluar cosas. Están continuamente valorando, auditando, midiendo, sopesando los méritos relativos de diferentes planes, propuestas, solicitudes, rutas de acción o candidatos a promoción. Las reformas de mercado no hacen sino reforzar esta tendencia. Esto ocurre en todos los ámbitos. Los pobres son quienes lo sienten en toda su crueldad, constantemente vigilados por un ejército de chupatintas moralistas que vigilan sus capacidades para criar hijos, inspeccionan sus alacenas para ver si realmente conviven con sus parejas, determinan si se han esforzado lo suficiente por encontrar un empleo o si sus enfermedades son lo suficientemente graves para impedirles realizar un trabajo físico. Hoy en día todos los países ricos emplean legiones de funcionarios cuya función primordial es hacer que la gente pobre se sienta mal por serlo. Pero la cultura de la evaluación es incluso más invasora en el mundo hipercredencializado de las clases profesionales, en las que reina la cultura de la auditoría y nada es real si no puede ser cuantificado, tabulado o introducido en alguna interfaz o informe quincenal.

No sólo este mundo es un producto final de la financialización, es que en realidad es una continuación de ella. ¿Qué es el mundo de la titulización de derivados, obligaciones de deuda garantizadas y otros exóticos instrumentos financieros por el estilo sino la apoteosis del principio de que el valor es, al fin y al cabo, un producto del papeleo; la cima misma de una montaña de formularios de evaluación que comienza con el irritante asistente social determinando si eres realmente lo suficientemente pobre para merecer un cheque para las medicinas de tu hijo y acaba en hombres trajeados apostando a toda velocidad acerca de cuánto tardarás en no poder pagar tu hipoteca?

Una crítica de la burocracia adaptada a los tiempos que corren debería mostrar todos estos hilos (financialización, violencia, tecnología, la fusión de lo público con lo privado) unidos en una sola telaraña autosostenible. El proceso de financialización ha implicado que una proporción cada vez mayor de los beneficios privados procedan de algún tipo de extracción de rentas. Dado que, al final, esto es apenas poco más que extorsión legalizada, se acompaña de una acumulación cada vez mayor de normas y regulaciones, y cada vez más sofisticadas y omnipresentes amenazas del uso de la fuerza física para que se cumplan. En efecto, son tan omnipresentes que ya no nos damos cuenta de que nos están amenazando, dado que no podemos imaginar cómo sería de no ser así. Al mismo tiempo, una parte de los beneficios de la extracción se reciclan para seleccionar parte de las clases profesionales, o para crear nuevos cuadros de chupatintas burócratas corporativos. Esto contribuye a un fenómeno que ya he descrito con anterioridad: el continuo crecimiento, en las últimas décadas, de trabajos «falsos», aparentemente sin sentido, de calentar la silla (coordinadores de visión estratégica, asesores de recursos humanos, analistas legales, etcétera), pese a que incluso quienes ocupan esos puestos están convencidos en secreto, la mitad de las veces, de que no contribuyen en nada a la empresa. Al final, es tan sólo una extensión de la lógica básica

de realineamiento de clase que empezó en los años setenta y ochenta conforme las burocracias corporativas se convertían en extensiones del sistema financiero.

Cada cierto tiempo aparece una oportunidad de ver un ejemplo que lo liga todo. En septiembre de 2013 visité una fábrica de té en las afueras de Marsella que se encontraba, en aquel momento, ocupada por sus trabajadores. Se había llegado a un punto muerto con la policía local desde hacía un año. ¿Qué había ocurrido para llegar a ese extremo? Un trabajador de la fábrica de mediana edad, que me guió por la planta, me explicó que aunque evidentemente el problema era la decisión de trasladar la fábrica a Polonia, para beneficiarse de la mano de obra más barata, el problema crucial tenía que ver con la reinversión de los beneficios. El más antiguo y experimentado del centenar aproximado de trabajadores de allí había pasado años trasteando y mejorando la eficacia de las gigantescas máquinas empleadas para embalar bolsitas de té. La producción había aumentado y con ella los beneficios. Y sin embargo, ¿qué hicieron los dueños con el dinero extra? ¿Otorgaron a los trabajadores un aumento para recompensar la mayor productividad? En las keynesianas décadas de los cincuenta y los sesenta casi seguro que lo hubieran hecho. Ya no. ¿Contrataron más trabajadores y expandieron la producción? Tampoco. Lo que hicieron fue contratar cuadros intermedios.

Durante años, explicó, sólo había habido dos ejecutivos en la fábrica: el jefe y un encargado de recursos humanos. Conforme los beneficios aumentaban, cada vez aparecieron más hombres en traje, hasta que hubo casi una docena. Todos ellos tenían elaborados cargos pero casi nada que hacer, así que se pasaban una gran parte del tiempo paseándose por las pasarelas mirando a los trabajadores, ideando métricas con las que medirlos y evaluarlos, escribiendo planes e informes. Finalmente, dieron con la idea de trasladar todo al extranjero (en parte, especulaba él, porque diseñar el plan creaba una excusa en retrospectiva para su existencia, aunque, añadió, probablemente algo influyó el que, aunque los obreros perderían sus puestos de trabajo, a los ejecutivos que diseñaron el plan los recolocarían en una empresa más atractiva). Los trabajadores no tardaron mucho en ocupar el edificio y el perímetro pronto estuvo infestado de agentes de policía.

Por lo tanto, una crítica de la burocracia desde la izquierda es dolorosamente necesaria. Este libro no es, precisamente, una hoja de ruta para esa crítica. Tampoco intenta, en modo alguno, desarrollar una teoría general de la burocracia, una historia de la burocracia o siquiera explicar la edad contemporánea de la burocracia total. Es una colección de ensayos, cada uno de los cuales apunta a diferentes direcciones que una crítica desde la izquierda podría tomar. El primero se centra en la violencia; el segundo, en la tecnología, y el tercero, en la racionalidad y el valor.

Los capítulos no conforman una sola argumentación. Se podría decir, quizás, que giran en torno a una, pero, sobre todo, son un intento de generar un debate que está pendiente desde hace tiempo.

Todos nos enfrentamos a un problema. Las prácticas, hábitos y sensibilidades burocráticas nos ahogan. Nuestras vidas han acabado organizándose en torno a rellenar formularios. Sin embargo, el lenguaje que tenemos para hablar de estas cosas es no sólo deplorablemente inadecuado, sino que puede que lo hayan diseñado para empeorar el problema. Tenemos que hallar una manera de hablar de esto que, de hecho, objetamos en este proceso, de hablar sinceramente acerca de la violencia que conlleva, pero al mismo tiempo comprender qué es lo que lo hace atractivo, qué lo mantiene, qué elementos llevan dentro de sí cierto potencial de redención en una sociedad realmente libre, cuáles se pueden considerar el inevitable precio que hay que pagar por vivir en una sociedad compleja, y cuáles pueden y deberían ser eliminados completamente. Si este libro desempeña siquiera un papel modesto a la hora de iniciar ese debate, habrá hecho una contribución genuina a la vida política contemporánea.

Índice

Introducción.
La Era de Hierro del liberalismo y la era de la burocratización total
1. Zonas muertas de la imaginación: un ensayo sobre la estupidez estructural
2. De coches voladores y el índice en declive de ganancias
3. La utopía de las normas, o por qué en realidad, después de todo, amamos la burocracia
Apéndice
Notas

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