Prólogo
Mientras la democracia existe como régimen de gobierno y como expresión de la soberanía popular, las elecciones son el motor que permite que esa voluntad popular se ponga en movimiento. Ellas son el mecanismo procedimental que da un sentido concreto al ideal democrático, permiten expresar el consentimiento de los gobernados con proyectos y líderes políticos, y por ello, son un pilar esencial para construir legitimidad. La democracia no se agota, por cierto, en las elecciones, pero sin elecciones libres, transparentes, genuinamente competitivas, no puede existir un régimen democrático, una democracia representativa. Y si bien esta dimensión de la democracia ha logrado transformarse en una constante a nivel global, en las últimas décadas enfrenta nuevas y más complejas tensiones que vuelven a poner el foco en la integridad de los procesos electorales.
Solo en 2024, el mundo experimentó un ciclo de elecciones sin precedentes, con más de 3 mil millones de personas convocadas a votar. Una realidad que, de acuerdo con los datos producidos desde IDEA Internacional, estuvo acompañada por una caída de la participación electoral y con una creciente conflictividad en torno a los resultados y procesos electorales. El 23 por ciento de las elecciones terminó en algún tipo de disputa o conflicto, ya fuera a través de la judicialización, el boicot o las protestas.
Son momentos difíciles, pero la mayoría de la población global sigue prefiriendo vivir en democracia (el 86 por ciento de acuerdo con Open Society Barometer) y los países siguen organizando elecciones. Pero ¿Cómo asegurarnos que los procesos electorales puedan enfrentar nuevas y viejas amenazas, y también oportunidades? Esta es la pregunta que guía el proyecto regional “Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para la protección de la democracia en América Latina”, implementado por IDEA Internacional con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.
Este busca contribuir al fortalecimiento de la democracia en torno a los procesos electorales y los ecosistemas que los rodean, de modo de apoyar a que los organismos electorales de la región estén mejor preparados para enfrentar los riesgos políticos y tecnológicos que enfrentan.
También promover diálogos multiactor y alianzas con órganos electorales, la sociedad civil, los medios de comunicación, verificadores de hechos y plataformas digitales para proteger la integridad electoral, de tal modo de contribuir a prevenir y erradicar la desinformación tóxica y la violencia política de género en los entornos digitales. Por ello, también hemos apuntado a consolidar las condiciones para la participación segura de las mujeres en política. Todo, mediante la firme convicción de la importancia de la colaboración y la corresponsabilidad multisectorial para la construcción de instituciones resilientes y con enfoque de género.
Las democracias latinoamericanas han sido, sin duda, resilientes. Las últimas cuatro décadas han consolidado a las elecciones como el mecanismo central de resolución pacífica del conflicto político, como lo demuestra la realización exitosa de más de 170 elecciones presidenciales desde fines de los años setenta. Hay que señalar que no es poco que las elecciones funcionen. De hecho, en tiempos pasados la noción de una alternancia pacífica de poder, mediante mecanismos donde los perdedores reconocen su derrota y abandonan el gobierno, parecía utópica o, al menos, inestable por definición.
Pero asegurar la integridad de los procesos electorales requiere de condiciones desafiantes: (i) la existencia de instituciones capaces de organizar elecciones con neutralidad política y competencia técnica; (ii) que existan registros (censos) electorales confiables y permanentemente actualizados; (iii) que se garantice el acceso equitativo al voto, sin barreras materiales ni discriminaciones; (iv) que las reglas del juego sean claras, estables y conocidas por todos los actores; (v) que los partidos acepten competir bajo esas reglas y que las campañas se desarrollen en condiciones razonablemente justas, sin violencia, sin abusos de poder ni financiamiento opaco que distorsione la competencia; (vi) que los derechos civiles y políticos sean plenamente respetados y asegurados, incluyendo la libertad de prensa y derechos efectivos a la expresión y asociación; (vii) que exista un entorno informativo plural, donde la información verídica sea protegida y se enfrente la desinformación; (viii) que existan mecanismos eficaces de fiscalización, justicia electoral y resolución de controversias;(ix) que las fuerzas de seguridad resguarden el proceso sin interferir en la voluntad popular; y (x) que los resultados puedan ser contados, verificados y transmitidos con rapidez, transparencia y permitan su trazabilidad.
Incluso si se logra cumplir con estos requisitos, también es necesario que la ciudadanía confíe lo suficiente en el proceso y las autoridades responsables como para participar y aceptar el veredicto de las urnas y que se imponga un acuerdo básico sobre el valor de las reglas compartidas.
Solo entonces el acto aparentemente simple de votar puede sostener la democracia. El hecho de que las elecciones hoy parezcan algo tan cotidiano es, en realidad, uno de los logros más extraordinarios de la vida política moderna. Sin embargo, este andamiaje está lejos de estar garantizado, o ser inmune a su debilitamiento o subversión. La evidencia comparada muestra señales que debemos tomar en consideración. Dimensiones como el financiamiento de campañas y la cobertura mediática continúan siendo puntos débiles a nivel global. El espacio cívico y la libertad de prensa, son indicadores clave de elecciones creíbles que han experimentado retrocesos en los últimos años. Más aún, en América Latina en numerosos países, menos de la mitad de la población cree que las elecciones son libres y justas, lo que erosiona la confianza de los resultados y, al mismo tiempo, del sistema político como un todo.
Puesto que no queremos conformarnos con que las elecciones funcionen, sino que además lo hagan con los mejores estándares de calidad, es que este estudio pone su foco en la creciente tensión entre procesos electorales institucionalizados y la persistencia de vulnerabilidades estructurales que comprometen su integridad en América Latina. Allí yace la necesidad de aproximarse al funcionamiento de las elecciones desde un enfoque integral, deshilvanando con precisión los hilos que componen un entramado complejo de instituciones, actores políticos, tecnologías, normas y dinámicas sociales. La integridad electoral, al fin y al cabo, se sostiene en verdaderos ecosistemas que permiten su consolidación.
Pero frente a estos desafíos también es necesario destacar que en América Latina se ha logrado consagrar la dimensión electoral de la democracia. Esto es apreciable en la rutinización de elecciones competitivas, la profesionalización de las autoridades electorales y la mejora de los procedimientos técnicos.
Así, el recorrido por los ecosistemas de integridad electoral en América Latina revela un mapa heterogéneo, donde en cada país se observan relaciones diferentes entre instituciones, actores y legitimidad democrática. Casos como Chile y Uruguay representan configuraciones de alta estabilidad, donde la confianza en las reglas del juego se ha sedimentado a lo largo del tiempo y permite que incluso elecciones muy competitivas se desarrollen sin cuestionamientos sustantivos.
En otros países como Colombia y México la integridad electoral se desarrolla en panoramas más complejos, marcados por conflictividad y polarización tóxica, además de la violencia política en aumento. Allí, el equilibrio requiere la búsqueda de innovaciones institucionales capaces de romper trayectorias de largo plazo. Surgen entonces respuestas como modelos de gestión colaborativa del riesgo, ciudadanización de los procesos electorales, profesionalización del aparato técnico y estrategias de coordinación multinivel. Sin duda, se trata de procesos desafiantes, pero también ejemplos concretos de que la integridad es todavía posible bajo presión.
Escenarios de fragilidad estructural donde la competencia técnica de los organismos electorales coexiste con crisis de gobernabilidad o subversión de las instituciones de contrapeso como Guatemala y Perú son, quizás, los más demandantes. Hemos visto cómo la integridad electoral puede sobrevivir en escenarios de este tipo, pero puede verse desafiada por la judicialización, la fragmentación partidaria o la interferencia de otros poderes del Estado; lo que requiere otro tipo de respuestas. Con todo, incluso en tales situaciones, pueden realizarse elecciones limpias verificadas tanto por la ciudadanía como por observadores internacionales.
El aporte de este informe radica, sobre todo, en ofrecer un lente analítico que permite identificar patrones de vulnerabilidad, capacidades de adaptación y mecanismos concretos que fortalecen o erosionan la legitimidad democrática. En esa medida, busca poner a disposición de todos los actores comprometidos con la democracia, herramientas concretas para proteger la integridad electoral. Así, permite a los tomadores de decisiones diseñar políticas más integrales que trasciendan reformas técnicas fragmentadas. Ofrece a la sociedad civil y a los organismos internacionales criterios para monitorear riesgos emergentes. Contribuye a elevar la calidad del debate público al situar la discusión más allá de narrativas coyunturales o disputas partidarias. En definitiva, nos ayuda a estructurar un lenguaje común basado en la evidencia para intervenir en el problema desde una perspectiva multidimensional que abarque lo institucional, lo político y lo cultural. Actuar a tiempo requiere anticiparse. No implica solo corregir fallas visibles, sino pensar en las dinámicas que, de consolidarse, pueden vaciar de contenido a la democracia desde dentro.
IDEA Internacional reconoce especialmente el aporte de quienes participaron en este estudio. Un camino que agrupó autoridades electorales, personas expertas, representantes de la sociedad civil y del mundo académico, así como el análisis y mirada reflexiva de los datos y experiencias que fueron decisivas para nutrir este trabajo desde la evidencia comparada de distintos países de la región. Quisiera agradecer especialmente a las académicas Flavia Freidenberg y Karolina Gilas, autoras de este estudio, por su riguroso y generoso trabajo de investigación, así como al equipo de IDEA Internacional, Alejandra Sepúlveda, Nicolás Liendo, Carolina da Silva y Marcelo Vera, que contribuyeron con revisiones, comentarios y seguimiento del proceso. Nuestro objetivo con su publicación no es solo invitar a seguir profundizando nuestros diagnósticos, sino, sobre todo, abrir un espacio de diálogo y un llamado a la acción, indispensables para comprender y actuar de manera conjunta, respecto de los desafíos y las posibilidades que enfrentan hoy la integridad electoral y los sistemas democráticos en América Latina.
Marcela Ríos Tobar
Directora Regional para América Latina y El Caribe de IDEA Internacional
RESUMEN EJECUTIVO
Este estudio se inscribe en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para la protección de la democracia en América Latina”, implementado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia. El proyecto tiene como objetivo analizar y comprender los desafíos contemporáneos que enfrenta la integridad electoral en América Latina, en un contexto marcado por la acelerada transformación del entorno informativo, la erosión de los compromisos normativos con la democracia, el incremento de la polarización y de las manifestaciones de la violencia política, y el creciente uso de modernas tecnologías digitales. El proyecto tiene como objetivo examinar de manera sistemática cómo la violencia política, la polarización y la inteligencia artificial —y, en particular, las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa— inciden hoy en día en la creación, la circulación y la amplificación de la información durante los procesos electorales, y cómo afectan la calidad del debate público y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. A partir de una estrategia analítica comparativa, el objetivo de esta investigación es identificar patrones emergentes, riesgos específicos y vacíos normativos, con especial atención en sus efectos diferenciados sobre los grupos históricamente marginados, a fin de aportar evidencia y recomendaciones de política pública para fortalecer la integridad electoral y la resiliencia democrática en la región.
En esta investigación se analizan los ecosistemas de integridad electoral de América Latina, se identifican patrones regionales y divergencias entre los distintos casos, se sistematizan buenas prácticas y se formulan recomendaciones para los actores que intervienen en los ecosistemas electorales. El estudio se basa en un enfoque comparado que integra el análisis cuantitativo de 25 indicadores especializados, la revisión de 60 informes de misiones de observación electoral y los resultados de 23 entrevistas en profundidad con actores clave. Como resultado de la etapa inicial de análisis, se abordaron seis casos —Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay—, elegidos por presentar niveles de desempeño institucional y contextos políticos diferentes. La investigación adopta una perspectiva sistémica que define a los ecosistemas de integridad electoral como entramados complejos de interacciones entre múltiples actores estratégicos que participan de las dinámicas propias de la celebración de elecciones. Esta visión supera los análisis tradicionales que evalúan la integridad electoral de manera unidimensional.
El marco analítico comprende cuatro dimensiones interrelacionadas: (a) la dimensión normativa-procedimental, relativa a las reglas formales que regulan el proceso electoral; (b) la dimensión institucional, referida a las capacidades y la autonomía de los organismos electorales; (c) la dimensión competitiva, relativa a las condiciones para una competencia equitativa, y (d) la dimensión participativa, referida a la inclusión y la participación ciudadana. Esta aproximación multidimensional reconoce que los desafíos de la integridad electoral son sistémicos y requieren respuestas coordinadas que involucren el trabajo colaborativo de múltiples actores.
El análisis realizado permite agrupar los ecosistemas de integridad electoral de los países analizados en tres categorías. Los ecosistemas con un alto nivel de integridad, como los de Chile y Uruguay, se caracterizan por niveles sostenidos de confianza ciudadana, una baja conflictividad poselectoral y una legitimidad histórica construida mediante consensos políticos consolidados entre los diferentes actores. Estos países cuentan con capacidades excepcionales para mantener la aceptación universal de los resultados electorales, incluso en elecciones altamente competitivas en las que los márgenesde victoria han sido estrechos. También han demostrado cierta resiliencia institucional y adaptabilidad decisional y organizativa para hacer frente a los desafíos que enfrenta el sistema electoral.
Los ecosistemas en transformación, como los de Colombia y México, experimentan procesos de fortalecimiento institucional en contextos polarizados, que combinan innovaciones técnicas con tensiones políticas persistentes. México ha desarrollado un modelo único de participación ciudadana institucionalizada que integra a la ciudadanía en todas las etapas de la organización electoral, y durante mucho tiempo ha tenido la capacidad de procesar las tensiones y los desafíos generados por diversos actores políticos. Colombia ha construido mecanismos de gestión colaborativa del riesgo electoral que son implementados por múltiples actores estatales y sociales para enfrentar las amenazas específicas derivadas del conflicto armado, la polarización y la violencia política.
Los ecosistemas que presentan una fragilidad persistente, como los de Guatemala y Perú, exhiben una configuración paradójica, caracterizada por la disociación entre las competencias técnicas y la legitimidad política. En dichos países, organismos electorales profesionalizados operan en contextos caracterizados por una extrema fragmentación política y crisis recurrentes de gobernabilidad. En Perú las instituciones del ecosistema de integridad electoral son mucho más profesionales y tienen la capacidad necesaria para coordinar las tareas de gobernanza y procesar conflictos significativos, como las acciones de actores partidistas que se niegan a reconocer los resultados electorales o promueven campañas de desinformación. En ambos países, el contexto político y el comportamiento de algunos actores estratégicos han afectado la estabilidad institucional, necesaria para fortalecer el ecosistema de integridad electoral. Estos casos evidencian la importancia de contar con el compromiso y la lealtad institucionales de todos los actores involucrados en el proceso. Esta configuración demuestra, además, que la profesionalización técnica, aunque necesaria, resulta insuficiente para garantizar la estabilidad cuando el sistema político carece de niveles básicos de institucionalización.
La profesionalización técnica, aunque necesaria, resulta insuficiente para garantizar la estabilidad cuando el sistema político carece de niveles básicos de institucionalización.
Entre los desafíos transversales detectados en el proceso de evaluación de los ecosistemas de integridad electoral destacan la injerencia de los intereses partidistas en la gobernanza electoral, el financiamiento opaco de las campañas, el desarrollo de estrategias políticas deliberadas para cuestionar la integridad de las elecciones —lo que se conoce como “negacionismo electoral”— y diversas manifestaciones de la violencia política, especialmente de la violencia digital de género. La aceleración tecnológica introduce vulnerabilidades adicionales en materia de ciberseguridad y el uso de la inteligencia artificial generativa promueve la desinformación electoral. Además, las brechas de representación política que afectan a las mujeres, a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes ponen en evidencia la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional en todas las dimensiones de la integridad electoral.
Cuatro décadas de institucionalidad democrática en la región y el compromiso de diversos actores con la construcción democrática han promovido la innovación electoral.
La desinformación, el negacionismo electoral, la polarización afectiva y la violencia política contra las mujeres constituyen las amenazas emergentes más graves, que requieren respuestas multilaterales que incluyan a las plataformas digitales, los partidos políticos y la ciudadanía. Los casos más exitosos corresponden a países que han desarrollado alianzas estratégicas con plataformas tecnológicas y han implementado programas de alfabetización digital electoral, como evidencian las experiencias de Brasil y México en materia de cooperación con las redes sociales en procesos electorales críticos.
Las buenas prácticas identificadas trascienden las reformas aisladas y conllevan transformaciones sistémicas. Cuatro décadas de institucionalidad democrática en la región y el compromiso activo de diversos grupos e individuos con la construcción democrática han promovido la innovación electoral. Por ejemplo, la creciente profesionalización de los servicios electorales en México y Perú demuestra la efectividad de sistemas de carrera que garantizan la especialización técnica mediante mecanismos de evaluación del desempeño. Los programas de integridad electoral implementados en Perú por la Oficina Nacional de Procesos Electorales constituyen marcos sistémicos que articulan múltiples dimensiones en torno a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
La experiencia uruguaya, en tanto, demuestra que la integridad electoral sostenida depende menos de la incorporación de innovaciones tecnológicas constantes que de la consolidación de consensos políticos básicos y de la construcción paciente de la legitimidad democrática. Este caso evidencia que los ecosistemas más resilientes equilibran la estabilidad institucional con procesos de adaptación graduales. Así, preservan fortalezas consolidadas mientras incorporan los ajustes necesarios para enfrentar nuevos desafíos, sin incurrir en gastos financieros excesivos.
El estudio llega a cuatro conclusiones centrales. Primero, la integridad de los comicios depende menos de reformas aisladas que de una sinergia estable entre las normas, las instituciones y los actores, por lo que el enfoque ecosistémico ofrece una mayor potencia analítica y predictiva. Segundo, la resiliencia institucional se refuerza mediante sistemas de nombramiento que aseguren las competencias técnicas, el pluralismo político, la profesionalización técnica, la autoevaluación constante, la autonomía presupuestal y los esquemas de transparencia colaborativa. Tercero, la igualdad sustantiva es una condición indispensable: sin la institucionalización del enfoque de género y del enfoque interseccional, los avances resultan parciales y transitorios. Finalmente, ningún actor puede preservar por sí solo la integridad democrática: únicamente una gobernanza electoral multidimensional, colaborativa y basada en evidencia permitirá que los ecosistemas electorales latinoamericanos mantengan su función de canalizar la competencia política de manera equitativa, transparente e inclusiva.
INTRODUCCIÓN
Las democracias latinoamericanas han atravesado profundas transformaciones en las últimas cuatro décadas. Si bien los procesos de democratización iniciados a partir de 1978 establecieron las elecciones como el mecanismo fundamental para la resolución pacífica de los conflictos políticos y la alternancia en el poder, los ecosistemas electorales contemporáneos enfrentan desafíos cada vez más complejos que trascienden la mera organización técnica de los comicios. La celebración de 171 elecciones presidenciales nacionales entre 1978 y 2025 en 18 países de la región ha demostrado el grado de institucionalización de los procedimientos electorales, pero también ha revelado la persistencia de vulnerabilidades estructurales que requieren una comprensión más profunda y sistémica de los factores que determinan la integridad electoral.
El concepto de integridad electoral ha evolucionado significativamente desde sus primeras formulaciones y ha trascendido la evaluación técnico-procedimental para convertirse en un instrumento de análisis crítico de las relaciones de poder, de la distribución de recursos y oportunidades, y de la efectiva materialización del principio democrático fundamental de la igualdad política sustantiva. Esta evolución conceptual refleja la creciente comprensión de que las elecciones no se desarrollan de manera aislada, sino que integran ecosistemas complejos e interconectados en los que múltiples actores, normas, procesos y relaciones interactúan de manera dinámica para garantizar —o comprometer— el desarrollo de los procesos electorales de acuerdo con los principios democráticos fundamentales de transparencia, equidad, inclusión y legitimidad.
Contexto y justificación del estudio
La aproximación ecosistémica adoptada en este estudio reconoce que la integridad electoral no depende únicamente de los marcos normativos, ni de la voluntad de diversos liderazgos, ni de la labor de instituciones específicas. En cambio, la integridad electoral depende de las complejas interacciones y equilibrios que facilitan la gobernanza electoral efectiva y promueven oportunidades de colaboración entre las autoridades electorales y otros actores estratégicos, como los medios de comunicación, la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil, las redes sociales, las universidades, el sector empresarial y los partidos políticos. Esta perspectiva permite superar las limitaciones de los análisis unidimensionales clásicos, que se concentran exclusivamente en el desempeño de los organismos electorales, para examinar cómo estos elementos se articulan en redes de gobernanza que pueden ser resilientes o vulnerables ante presiones de diversa naturaleza (ya sean sistémicas o generadas por los partidos políticos o la ciudadanía).
Actualmente, los ecosistemas electorales latinoamericanos enfrentan nuevos desafíos y riesgos, principalmente en tres ámbitos, lo que justifica la necesidad de esta investigación especializada. En el ámbito político-institucional, la erosión democrática, el debilitamiento de las instituciones representativas, la desconfianza ciudadana en las elecciones y en los procesos electorales vinculados, la perniciosa estrategia de polarización impulsada por liderazgos electos en las urnas y las tensiones creadas por el poder político para minar las posibilidades de autonomía y profesionalización de los árbitros electorales representan riesgos significativos para los ecosistemas electorales (Freidenberg, 2024a; Levitsky y Way, 2023). La manipulación estratégica de las reglas electorales, las interferencias políticas, las prácticas de desinformación, el negacionismo electoral y la persistencia de irregularidades en el financiamiento político constituyen manifestaciones concretas de estos desafíos estructurales, que comprometen la integridad electoral.
En el ámbito tecnológico, la digitalización acelerada de los procesos electorales ha introducido oportunidades y riesgos sin precedentes (IDEA Internacional, 2025a). La incorporación de tecnologías digitales, como los sistemas biométricos o las plataformas de transmisión de resultados, ha permitido modernizar y agilizar procedimientos tradicionales, pero también ha generado nuevos riesgos relacionados con la ciberseguridad, la desinformación masiva y la manipulación algorítmica (Tullio, 2024; Van der Staak y Wolf, 2019; IDEA Internacional, 2025d; Fernández Gibaja, Becker Castellaro y Hammar, 2024). La emergencia de la inteligencia artificial generativa y el uso intensivo de las redes sociales en las campañas electorales han reconfigurado por completo las estrategias de comunicación política y los sistemas de información electoral, y plantean desafíos inéditos para la regulación y la supervisión de los contenidos electorales (IDEA Internacional, 2025d, 2025e).
En materia de inclusión las desigualdades persistentes, que afectan en particular el acceso y el ejercicio del poder político por parte de las mujeres, los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados, constituyen barreras estructurales para la integridad electoral. La violencia política contra las mujeres por ser mujeres, que incluye tanto manifestaciones físicas como digitales, representa una de las amenazas más graves y opera como un mecanismo de control para expulsar a las mujeres del espacio público-político y mantener las estructuras patriarcales de poder (IDEA Internacional, 2025c; ONU Mujeres y Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, 2022; Albaine, 2020).
A pesar de los desafíos, los ecosistemas electorales latinoamericanos muestran una notable capacidad de adaptación y resiliencia.
A pesar de estos desafíos, los resultados del análisis señalan que los ecosistemas de integridad electoral latinoamericanos son resilientes y presentan una notable capacidad de adaptación y resistencia ante las crisis y las transformaciones. La gestión exitosa de los procesos electorales durante la pandemia de la COVID-19 demostró la capacidad de adaptación y resiliencia de las instituciones que organizan las elecciones en la región (Freidenberg, 2024b; IIDH, 2021; Birch et al., 2020), mientras que diversos organismos electorales han demostrado su capacidad institucional para resistir ataques sistemáticos destinados a erosionar su legitimidad, como los registrados en Perú en 2020 y 2021, en Brasil en 2022, o en México y en Guatemala en 2022 y 2023 (Fuchs y Querido, 2021; informes de las Misiones de Observación Electoral de la OEA, 2013-2025).
Objetivos y preguntas de investigación
El objetivo general de esta investigación consiste en evaluar los ecosistemas de integridad electoral de América Latina e identificar patrones comunes, divergencias y buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento democrático de la región. Específicamente, el estudio tiene los siguientes objetivos: (a) diagnosticar el estado actual de los ecosistemas de integridad electoral en seis países seleccionados (Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay); (b) identificar los principales desafíos que enfrentan estos ecosistemas de integridad electoral en el ámbito político, tecnológico y de la igualdad de género; (c) analizar las respuestas institucionales y ciudadanas ante las amenazas y los riesgos que afectan la integridad electoral, y (d) formular recomendaciones estratégicas para los organismos electorales, los partidos políticos, la sociedad civil y los organismos internacionales.
Este estudio se ha desarrollado a partir de tres preguntas de investigación. En el nivel empírico-descriptivo, ¿cuáles son los patrones comunes de los ecosistemas de integridad electoral de América Latina, en qué medida presentan características específicas, es decir, propias de cada contexto, y cómo han logrado adaptarse a los desafíos de las últimas décadas?
En el nivel empírico-explicativo, ¿cuáles son los factores institucionales, políticos y sociales que permiten explicar la variación de los niveles de integridad electoral entre los países analizados? En el nivel aplicado, ¿qué buenas prácticas de cada uno de los ecosistemas analizados podrían contribuir a fortalecer la integridad electoral en la región, particularmente en contextos caracterizados por la polarización y la erosión democrática?
El análisis se estructura a partir de cuatro dimensiones interrelacionadas que constituyen las categorías de análisis centrales: la dimensión normativa-procedimental, que evalúa la existencia y la calidad del marco legal que regula los procesos electorales; la dimensión institucional, que examina las capacidades y la autonomía de los organismos electorales; la dimensión competitiva, que analiza las condiciones necesarias para una competencia equitativa, y la dimensión participativa, que aborda los mecanismos de inclusión y participación ciudadana más allá del voto.
Metodología
La investigación se basó en un diseño metodológico mixto de carácter convergente secuencial que combinó análisis cuantitativos y cualitativos, desde un enfoque neoinstitucionalista empírico de tipo comparativo. La selección de los casos siguió una estrategia de muestreo teórico, según el principio de máxima variación. Los seis países seleccionados para realizar los estudios de caso fueron elegidos sobre la base de múltiples criterios: la diversidad geográfica, la variación de los niveles de desarrollo institucional, las diferentes trayectorias democratizadoras, la heterogeneidad de los desafíos actuales y la disponibilidad de datos comparables.
La recolección de datos se estructuró en tres fases secuenciales e iterativas que siguieron el principio de triangulación metodológica. La primera fase consistió en un análisis documental sistemático de 93 informes de Misiones de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del período 2013-2025, documentos normativos de organismos electorales, reportes de organizaciones de la sociedad civil, y bases de datos especializadas elaboradas por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el Proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem) y el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, con series temporales de 1978 a 2025.
La segunda fase incluyó 29 entrevistas en profundidad con actores clave: funcionarios de organismos electorales (n = 14), académicos especialistas (n = 6), representantes de organizaciones de la sociedad civil (n = 4), políticos (n = 1) y funcionarios de organismos internacionales (n = 4). En la tercera fase se procesaron indicadores cuantitativos especializados mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, incluidos datos de IDEA Internacional, del Proyecto V-Dem y de la sistematización de información del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
Estructura del documento
El estudio consta de seis capítulos que reflejan la aproximación sistémica y comparativa adoptada durante el análisis. Luego de la introducción se presenta el primer capítulo del trabajo, en el cual se desarrolla el marco conceptual de los ecosistemas de integridad electoral, se definen sus componentes y se presentan las dimensiones del análisis mediante un diagrama que integra las variables constitutivas de dichos ecosistemas.
En el segundo capítulo se describe el estado regional de la integridad electoral, se presenta un panorama histórico de América Latina (1978-2025) y se identifican tendencias regionales comunes y desafíos transversales. En el tercer capítulo se presenta el análisis de los casos nacionales.
El examen de las especificidades de cada uno de los seis países seleccionados se estructura sobre la base de las características distintivas de cada país: las fortalezas institucionales y los desafíos que plantea la participación en el caso de Chile; la gestión colaborativa del riesgo electoral en el caso de Colombia; la fragilidad institucional y los actores con capacidad de veto en el caso de Guatemala; la inclusión ciudadana, la polarización y la debilidad institucional en el caso de México; la fragmentación institucional, la polarización y la profesionalización de la gobernanza electoral en el caso de Perú, y la estabilidad electoral y la transparencia en el caso de Uruguay.
En el cuarto capítulo se sistematizan las buenas prácticas regionales identificadas, que se clasifican en cuatro dimensiones: fortalecimiento institucional, innovación tecnológica, participación ciudadana y protección de los derechos.
La descripción de cada una de las prácticas consta de dos partes: la descripción del caso y la enumeración de los factores de éxito. En el último capítulo se presentan las conclusiones; se sintetizan los principales hallazgos, clasificados por dimensión; se mencionan los patrones regionales identificados, y se describen los factores de la resiliencia democrática. Finalmente se presentan recomendaciones estratégicas para los organismos electorales, los poderes públicos, los partidos políticos, la sociedad civil y la academia, el sector privado y las plataformas digitales, que proporcionan orientaciones concretas para el fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral en la región.
Índice
Prólogo
Agradecimientos
Resumen ejecutivo
Introducción
Contexto y justificación del estudio
Objetivos y preguntas de investigación
Metodología
Estructura del documento
Capítulo 1
Marco conceptual: los ecosistemas de integridad electoral
1.1. Definición y alcance de la integridad electoral
1.2. Componentes del ecosistema de integridad electoral
1.3. Variables constitutivas del ecosistema regional
1.4. Categorías de análisis y dimensiones de evaluación
Capítulo 2
Estado regional de la integridad electoral
2.1. Panorama general: América Latina en el período 1978-2025
2.2. Tendencias regionales
2.3. Desafíos transversales
Capítulo 3
Los ecosistemas de integridad electoral en América Latina
3.1. Chile: fortalezas institucionales y desafíos en materia de participación
3.2. Colombia: gestión colaborativa del riesgo electoral
3.3. Guatemala: fragilidad institucional y actores con capacidad de veto
3.4. México: inclusión ciudadana, polarización y debilidad institucional
3.5. Perú: fragmentación institucional, polarización y profesionalización de la gobernanza electoral
3.6. Uruguay: estabilidad electoral y transparencia
3.7. Los ecosistemas de integridad electoral en perspectiva comparada
Capítulo 4
Buenas prácticas regionales
4.1. Fortalecimiento institucional
4.2. Innovación tecnológica
4.3. Participación ciudadana
4.4. Protección de los derechos
Capítulo 5
Conclusiones
5.1. Factores de resiliencia de los ecosistemas de integridad
Capítulo 6
Recomendaciones
6.1. Para los organismos electorales
6.2. Para los gobiernos y las instituciones estatales
6.3. Para el sector empresarial
6.4. Para las organizaciones no gubernamentales
6.5. Para los medios de comunicación y las plataformas digitales
6.6. Para las universidades y los centros de investigación
6.7. Para los partidos políticos y los movimientos sociales
Bibliografía
Acerca de las autoras
Acerca de IDEA Internacional